Los actores que intervienen en la distribución de la droga están sumamente fragmentados. La estabilidad del negocio de la distribución se basa en la ‘desorganización’. El crimen organizado no tiene ni la capacidad ni la voluntad de desestabilizar el sistema financiero internacional.

El concepto de crimen organizado es problemático. Intenta aproximarse a una realidad más compleja de lo que parece. La razón es que un grupo de delincuentes que actúan conjuntamente puede concebirse de dos formas. O bien como una organización estructurada de forma similar a un ejército, o bien como una simple suma de individuos que se dividen el trabajo de forma análoga a como una familia se reparte las tareas domésticas. Las condiciones legales que se tienen que dar para que un grupo de delincuentes sea considerado un grupo de criminales organizados, la división del trabajo, la perdurabilidad y la existencia de algún tipo de jerarquía, son aplicables tanto a la familia que lava los platos todos los días de forma cooperativa, como a los grupos de delincuentes. Grupos como las células yihadistas no perduran en el tiempo sino que se crean y se disuelven, no funcionan siempre siguiendo una división del trabajo y no tienen un funcionamiento realmente jerárquico. ¿Han dejado de ser grupos de criminales organizados? El carácter ambiguo de una realidad tomada por objetiva permite utilizarla como arma política y como relleno mediático. Su dimensión económica forma parte de esta ambigüedad y de ese relleno.
En los años noventa, bajo el impacto del asesinato de los jueces italianos antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los países de la Unión Europea adoptaron las tesis norteamericanas sobre la naturaleza del crimen organizado y su presunta capacidad de desestabilizar el orden económico y financiero internacional por medio de sus extraordinarias finanzas. Desde entonces y en pleno derrumbe del peligro soviético, se sucedieron las publicaciones que pretendían confirmar esta hipótesis a pesar de no basarse en ningún trabajo de investigación independiente. Incluso las Naciones Unidas asumió los informes de la norteamericana Drug Enforcement Administration (DEA, la agencia antidroga de EE UU), en un momento en el que el poder unilateral estadounidense alcanzaba su cénit. A través de aquellos primeros informes de la ONU, estas hipótesis se difundieron como certezas tanto entre los ambientes críticos con el neoliberalismo como entre los más conservadores. En el Informe sobre Desarrollo Humano publicado por la ONU en 1999 se menciona “la influencia cada vez mayor de la delincuencia organizada, que se estima que recauda 1,5 billones de dólares por año, rivalizando con las empresas multinacionales en cuanto a poder económico. Grupos de delincuentes a escala mundial tienen poder para contagiar la política, las empresas y la policía, desarrollando redes eficientes, ampliando su campo en profundidad y alcance.” [...] Según estos informes, que son contradictorios con algunos otros realizados por la propia ONU años después, el tráfico de drogas ilegales, que representaba el grueso de lo que entonces se entendía por dinero criminal en el mundo, genera entre 400.000 y 500.000 millones de dólares anuales. Cifras superiores al dinero generado por el comercio mundial de hierro y acero (unos 150.000 millones) y casi tan importantes como el comercio de automóviles (600.000 millones).
La siguiente suposición tratada como una certeza era considerar que una parte sustancial de ese dinero tenía/tiene que ser blanqueado. Para lograrlo, los delincuentes utilizarían técnicas relativamente sofisticadas como la compra de bonos del Tesoro o incluso la de activos financieros especulativos, generando un grave peligro para la estabilidad del sistema financiero internacional. Durante la crisis monetaria de 1992-93 algunos periodistas lanzaron la teoría de que la mafia era responsable de la desestabilización de la lira italiana e, indirectamente, de la quiebra del Sistema Monetario Europeo. En consecuencia y según esta línea argumental, existe la posibilidad real de que los narcotraficantes, organizados en carteles o aliados con las mafias, tomen en sus manos la economía de países enteros cuando deciden poner a trabajar sus ingentes y subterráneas fortunas. Las actividades especulativas de actores financieros legales como George Soros, que consiguió hundir la libra esterlina con operaciones especulativas conocidas y confirmadas, no eran tenidas verdaderamente en cuenta hasta el derrumbe financiero de 2007-08. Al menos hasta ahora la línea argumental era la siguiente: el principal peligro que emana para un sistema financiero cada vez más desregulado no se origina en dicha desregulación, sino en factores exógenos; los Estados son víctimas y no cómplices del crimen organizado; el poder de éste último es inmenso y los gobiernos deben declararle la guerra.
A pesar de que estamos hablando de porcentajes sustanciales del PIB y del comercio mundial, de cuestiones por tanto estratégicas, y con la excepción de Holanda que desarrolla una política pionera en este sentido, apenas ningún gobierno se ha tomado la molestia de contrastar las tesis y las cifras. Los firmantes de los informes en los que se basan son instituciones que no dan a conocer las metodologías empleadas, a veces ni siquiera a sus autores, y que se limitan a citarse mutuamente. Al final de la cadena siempre reaparece una parte de los informes de la ONU, es decir, los realizados por la DEA.
En más de una ocasión la mayoría de los expertos contratados para estudiar estos asuntos no dieron su visto bueno a los informe finales. Cuando se citan fuentes estadísticas son casi siempre de origen policial. Éstas son muy respetables pero ni reúnen las garantías metodológicas aceptadas por la comunidad científica internacional, ni pueden ser verificadas por investigadores independientes, ni sus autores tienen una formación apropiada para generarlas. Sus responsables ni siquiera utilizan el mismo criterio para clasificar datos dentro de un mismo país a lo largo de un número razonable de años. Incluso las cifras de confiscaciones por delitos de blanqueo de capitales, que son relativamente fáciles de sistematizar, son problemáticas y difíciles de comparar entre sí por la falta de criterios únicos de clasificación dentro de la propia UE.
La valoración de los activos incautados a los grandes blanqueadores ofrece un amplio margen para la creatividad del evaluador. Así, un vehículo de lujo de segunda o tercera mano incautado a un narcotraficante puede ser valorado, o bien como nuevo o bien a precios de mercado, pero prácticamente siempre se apuesta por la primera de las alternativas, que puede llegar a triplicar su precio. En la mayoría de los casos y países las cifras económicas de la policía están sustancialmente por encima de las que figuran en las sentencias.
Los estudios fiables no son muchos, pero existen. Según ellos, ¿cuánto dinero mueve realmente el crimen organizado y cuál es el peligro que emana de sus finanzas para el sistema económico y financiero internacional? ¿Qué sabemos realmente de las dimensiones del dinero ilegal generado con delitos de cuello azul? ¿De qué forma circula por la economía internacional y cuál es su impacto?
Existe un fundado consenso de que mucho más de la mitad del dinero ilegal procedente de delitos de cuello azul lo genera el narcotráfico. El problema es definir cuáles son los delitos que entran en esta categoría. Según Raymond Baker, de los entre 300.000 y 500.000 millones de dólares de dinero criminal en el mundo y que para él incluye la venta de marcas falsas, el contrabando y el pago de sobornos, pero no otros delitos importantes de cuello azul como la extorsión, entre 120.000 y 200.000 millones se corresponden al comercio de drogas ilegales. Si utilizamos una definición más restrictiva de delito de cuello azul, el peso del dinero del narcotráfico aumentaría a más de dos tercios del total, seguido muy de lejos por el dinero procedente del tráfico de personas (15.000 millones) y del tráfico ilegal de armas (10.000 millones).1 Estas cifras son un buen punto de partida aun cuando la primera tienda a aumentar. La extorsión puede ser importante en espacios locales como los territorios controlados por las tres organizaciones de tipo mafioso en Italia, pero no a nivel global. El terrorismo genera cantidades poco importantes de dinero ilegal, la mayor parte del dinero que emplea es de origen legal. Así, el problema de las finanzas del crimen organizado se resuelve, principalmente, en el análisis de las finanzas del (gran) narcotráfico.

Las cifras del narcotráfico
A medida en que los estudios se hacen más sistemáticos y depurados metodológicamente, se van reduciendo las cifras que dábamos arriba. En el informe de la ONU de 1998 se habla de 85.000 millones de dólares y Reuter y Greenfield reducen esta cifra a entre 20.000 y 25.000 millones a precios mayoristas de desembarco en el país de destino.2 Son cifras importantes que equivalen al comercio internacional de café, de té o de especias; pero distantes de las propuestas a mitad de los años noventa.
En el mundo de la economía legal las discrepancias entre precios de importación y exportación llegan del 12% debido a que el valor declarado de las mercancías puede ser el del puerto de destino que incluye seguro y flete, o el valor del puerto de salida, que no lo incluye. Sin embargo, a pesar de que (o mejor, precisamente porque) esas discrepancias pueden ascender a más del 2.000% en el transporte de drogas ilegales, no es admisible mezclar los precios de destino y de origen suponiendo que todos los actores de la cadena (tanto los exportadores como los importadores) cobran en función del primero. Además, en vez de partir de una media del precio de consumo final en el mundo, la mayoría de los cálculos se realizan sobre la base de los precios por gramo donde éstos son especialmente elevados (Nueva York, Londres). También esto contribuye a inflar las cifras de las ventas finales de droga que mueve el mundo.
Pero las cifras no son suficientes para evaluar el impacto social de su circulación por la economía del planeta. Lo fundamental para evaluar la peligrosidad del narcotráfico son dos cosas: en primer lugar, es importante partir del excedente neto y no tanto de las ventas totales, pues sólo el excedente genera una capacidad notoria de acumulación de poder económico y político, aunque las ventas también son importantes en sí mismas pues el mero hecho de dar trabajo se traduce en poder social a nivel local. En segundo lugar, hay que evaluar la distribución del excedente entre los diferentes actores de la cadena de valor añadido de la droga. La teoría del cartel sugiere el control de una parte sustancial de la cadena de valor añadido por parte de un solo actor. Sin embargo, los estudios independientes apuntan a la existencia de cadenas sumamente fragmentadas en varios tramos diferentes. Muchos de los actores de estos tramos no desarrollan relaciones cooperativas entre sí, sino más bien competitivas, lo que explica la caída constante del gramo a precios reales, un fenómeno incompatible con la idea del cartel.
Los actores que intervienen en la distribución de la droga están sumamente fragmentados y, además, son cambiantes. Es más: la clave para explicar la estabilidad del negocio de la distribución es que está muy  “desorganizado”. Cuando los traficantes desarrollan redes estables de funcionamiento siguiendo el modelo organizativo –división del trabajo estable, estructura jerárquica etcétera–  se hacen visibles y son apresados más fácilmente por la policía. Excepto en aquellos casos en los que la policía es corrupta o colabora con el narcotráfico. O bien por falta de maniobra económica de sus gobiernos como en el caso de México en la actualidad. O en los casos en los que los servicios secretos organizan o protegen redes de distribución ellos mismos para financiar operaciones encubiertas, como el de la french connection destinada a seguir financiando la guerra en Indochina declarada ilegal por el Parlamento francés en los años cincuenta del pasado siglo, entre otros.
Los narcotraficantes se dividen en tres categorías: los pequeños distribuidores y productores de hoja de coca, los distribuidores medios y pequeños productores de polvo de coca y los grandes distribuidores y productores de polvo. Cada uno de los tres acapara un porcentaje distinto de los excedentes totales, y está integrado por un número diferente de actores. Cada uno de dichos actores está vinculado de forma distinta a la producción y al tráfico de drogas ilegales y obtiene unos ingresos distintos que traduce en consumos también distintos. Sólo una parte de las ventas totales recae sobre los grandes narcotraficantes: unos 9.000 millones de dólares según los datos de Reuter y Greenfield y aproximadamente un tercio de todo el excedente. El resto se reparte entre los otros dos grupos, cuyo número va exponencialmente en aumento a medida que nos acercamos a la zona de la distribución final y que incluye muchos narcotraficantes ocasionales. Traficantes medios y pequeños dedican sus excedentes preferentemente a consumo: ostentoso y dispendiador los primeros, consumo diario de subsistencia los últimos, y muchas veces destinado al pago de deudas, por ejemplo para evitar embargos. Algo parecido pasa con los pequeños cultivadores de hoja de coca, que son los que más materia prima lanzan al mercado, y con los pequeños productores de polvo que preparan la droga en sus domicilios o cocinas.

Canalización del dinero de la droga
Sólo una parte de las cantidades a precio mayorista de desembarco tiene que ser blanqueada. Es la parte que, con la prudencia que hay que aplicar siempre a este tipo de cálculos, pues el tráfico ilegal de drogas es muy cambiante y las luchas entre clanes y la modificación de las rutas, constante, recae sobre los mayoristas y sobre los traficantes medios. El resto de los actores de la cadena no tiene tanto que blanquear, simplemente gastan el excedente en consumo diario o de lujo, o lo reinvierten en adquirir otro pequeño cargamento.
Analicemos la circulación del valor que pasa por las manos de los traficantes medios y grandes. Una parte importante de sus ventas se reinvierte en pagar la cadena delictiva, con lo que no sale de la economía sumergida. Hay que pagar sicarios, confidentes, funcionarios, distribuidores, infraestructuras logísticas etcétera, y obviamente nadie necesita blanquear dinero para hacer estos pagos. Un cargamento de cocaína de un par de cientos de kilos que pretende atravesar el Atlántico cuesta un millón de euros, lo cual reduce los beneficios obtenidos por los grandes mayoristas. Tal es así que, dado unos niveles de interceptación relativamente altos de estos cargamentos (del 33% en EE UU, del 25% en las mucho más complejas costas europeas), los grandes empresarios de la coca juntan recursos para minimizar riesgos económicos, de forma que esos grandes cargamentos suelen pertenecer a varios empresarios.
Una parte importante del excedente que no retorna a la cadena delictiva en forma de inversión tampoco tiene que ser blanqueada, ya que se transporta físicamente a los lugares de residencia de los empresarios, normalmente en maletines llenos de efectivo en altas denominaciones. La mayor parte de estos empresarios de la droga son muy poco sofisticados, su nivel cultural es medio y medio-bajo, son dados al juego, a los burdeles y a las grandes casas ostentosas antes que a la inversión productiva o a la maximización económica del dinero obtenido ilegalmente:  son más “arribistas primitivos que capitalistas primitivos”#.3 El tipo de riqueza que valoran y saben manejar estos individuos no es la abstracta nacida de los movimientos financieros sofisticados y tampoco de las actividades empresariales regulares. Cuando invierten en empresas, éstas se convierten generalmente en tapaderas contables para ser utilizadas en operaciones posteriores. Los estudios de los “grandes ganadores” del narcotráfico apuntan todos en una dirección similar.
Por desgracia en España no ha sido posible realizar este tipo de estudios desmitificadores, en buena medida por culpa de una ley de protección de datos que acaba beneficiando a las grandes fortunas obtenidas tanto de forma legal como ilegal. Pero la información disponible apunta en un sentido idéntico. Prácticamente el 100% de los 24 grandes casos de blanqueo condenados en España por la Audiencia Nacional tienen su origen en el narcotráfico, la mayoría de ellos en el tráfico de cocaína. La suma total de dinero blanqueado en España a lo largo de 10 años (1997-2008) que aparece en dichas sentencias es de 170 millones de euros, 1,7 millones de media anual. A estas cantidades hay que añadir el valor de los dos centenares de bienes inmuebles incautados: algún que otro lujoso pazo valorado en ocho millones de euros, pequeñas parcelas de tierra rústica sin mucho valor económico, unos 80 coches, dos terceras partes de ellos utilitarios, y unos cinco millones de euros en dinero en efectivo confiscado por la policía.
La sofisticación financiera de la mayoría de estos casos es baja o inexistente. En seis de los 24 casos, el dinero es almacenado en efectivo, en ocho es transportado físicamente a los lugares de producción (casi siempre Colombia y Turquía) y en 19 casos el sistema financiero es utilizado simplemente para transferir los activos, o bien directamente, o bien en zig-zag al punto de destino. Sólo en la mitad de los casos el dinero pasa por una jurisdicción offshore. La mayor parte de las veces (10 casos) no se trata de un oscuro paraíso fiscal de una isla caribeña, sino en EE UU (Delaware, Florida y Nueva York). Dichos paraísos fiscales son utilizados  para abrir cuentas corrientes destinadas a recibir transferencias desde España, o para crear empresas tapadera asociadas a una cuenta corriente y a una actividad inexistente. Sólo en tres ocasiones los narcotraficantes invierten en los mercados de capitales (pagarés y bonos del Tesoro y fondos de inversión), en uno de estos casos se trata de cantidades importantes y su objetivo es siempre el de ahorrar para un futuro retiro y no realizar operaciones arriesgadas y especulativas con sumas colosales de dinero.
La mayor parte de las inversiones no financieras fueron realizadas para crear empresas que o son meras tapaderas contables sin actividad alguna, o son casi siempre deficitarias. Sólo en ocho casos hay alguna empresa implicada en alguna forma de actividad regular, casi siempre de compraventa de bienes inmuebles. En resumen: tampoco en España, un país tenido por un gran consumidor de drogas ilegales y lugar de tránsito de droga hacia Europa, existen indicios que permitan afirmar que el narcotráfico puede amenazar su sistema económico y político, si exceptuamos, tal vez, algunas manchas costeras en la provincia de Cádiz y Pontevedra donde, por lo general, se dan altísimos niveles de desempleo.
En algún caso puntual se puede hablar de un comportamiento medianamente profesional en la canalización del dinero de la droga. Estos casos (en España la operación Nécora, fuera de España la Pizza Connection o el caso del Bank for Credit and Commerce International), son muy a menudo utilizados para ilustrar una alta sofisticación profesional que existe, pero que no es en absoluto representativa. Algunos casos aún no juzgados como el vinculado a la operación Hidalgo o a las operaciones Ballena Blanca o Malaya parece que obedecen a un patrón más complejo. Pero en ellos el narcotráfico o no tiene ninguna presencia, o la tiene sólo de forma muy remota y tangencial.
Es cierto, las investigaciones que acaban en detenciones y en sentencias son sólo una parte de la realidad de las grandes finanzas criminales en España y en el mundo. Pero tampoco si multiplicamos las cifras de apresamientos en la UE por cinco obtendremos cantidades susceptibles de desestabilizar ni siquiera la economía productiva de países de tamaño medio. Mucho menos aún el sistema financiero internacional, donde se negocian cantidades extraordinarias de capitales.
Es verdad que hay grandes barones de la droga, especialmente en algunos países latinoamericanos, Oriente Próximo, Asia y en los Balcanes. Es verdad que muchos de ellos tienen buenas conexiones políticas y que los gobiernos locales y nacionales endeudados o arruinados no rechazan su colaboración a cambio de relajar la persecución del narcotráfico y, sobre todo, del libre movimiento de sus finanzas. Sin embargo, cuando son detenidos, sus fortunas resultan ser casi siempre considerablemente menores de lo esperado. Esto se puede interpretar de dos formas. La primera es que son más astutos que las fuerzas policiales y que están rodeados de una gran cantidad de expertos financieros. La segunda es que su poder económico realmente no es tan grande. Tanto la investigación de las fortunas de los grandes narcos detenidos en Holanda y Gran Bretaña como las sentencias de la Audiencia Nacional española confirman la segunda y refutan la primera. Casi la totalidad de los excedentes generados por los traficantes no europeos grandes o medios (colombianos, turcos y marroquíes) son transportados o transferidos a sus países de origen donde son gastados tranquilamente en edificios, consumo personal u objetos de lujo sin necesidad de blanquearlos. Son sociedades hambrientas de dinero y puestos de trabajo donde nadie pregunta si el dinero que llega de Europa o EE UU tiene un origen lícito o ilícito. El resto de dicho excedente, es decir, la mayor parte, se lo llevan o los miles de pequeños productores e intermediarios en origen (campesinos, comerciales etcétera) o el pequeño traficante y el traficante medio en destino. Esta distribución del dinero ilegal no produce grandes poderes económicos. Estimula el consumo de bienes de primera necesidad, crea puestos de trabajo inestables en la economía informal o proporciona unos ingresos añadidos a ciertas economías domésticas con dificultades de llegar a fin de mes. En definitiva, genera una demanda adicional de productos y servicios legales en sustitución de los bajos salarios pagados en sectores de actividad legales o en ausencia de trabajo. También genera alguna que otra fortuna personal que no siempre dura toda la vida, pero sobre todo alimenta la economía de rentas inmobiliarias, la cultura del dinero fácil y, aunque menos de lo que se piensa, también la violencia que, en países como Colombia, tiene un origen muy anterior a la irrupción del narcotráfico a gran escala hacia principios de los años ochenta del pasado siglo.

Conclusión
El crimen organizado ni genera excedentes suficientes ni sus protagonistas tienen la capacidad y la voluntad de desestabilizar el sistema financiero internacional. Los delitos de cuello azul generan cantidades importantes de dinero ilegal, pero los grandes narcotraficantes son, si acaso, actores oportunistas de un sistema financiero cada vez menos regulado. Cuando se habla de su capacidad de influir sobre gobiernos nacionales o regionales tampoco  parece razonable aplicar argumentos de tipo conspirativo. El verdadero peligro de la arquitectura financiera internacional no es exógeno sino endógeno y tiene que ver con su funcionamiento regular y legal. El desplome financiero de 2007 es la mejor prueba de ello.