El órdago militarista de Abe

La madrugada del 19 de septiembre fue sin duda complicada para los parlamentarios japoneses. La votación de la polémica ley que permitirá usar la fuerza al ejército japonés en el exterior, sacada adelante gracias a la fortaleza de la coalición del gobierno de Shinzo Abe, terminó con una violencia inusitada para un país, Japón, donde el pacifismo es parte de la Constitución.

Quizá no sea de extrañar que los políticos nipones llegaran a las manos en el transcurso de la votación, puesto que se trata de una ley histórica que puede marcar un antes y un después en la política exterior japonesa. La Constitución, que más bien sería una Carta Otorgada por parte de las fuerzas ocupantes –Estados Unidos– al terminar la Segunda Guerra mundial, incluye desde su inicio una declaración de pacifismo y renuncia a la resolución de los conflictos mediante la fuerza militar. Por este motivo, las Fuerzas de Autodefensa –nombre con el que se denominan las Fuerzas Armadas en Japón–, solo estaban autorizadas a emplear la violencia para defender directamente territorio nacional o a sus ciudadanos.

La aprobación de esta ley puede considerarse la culminación de los esfuerzos militaristas del presidente Abe, que ha expresado en varias ocasiones la necesidad de reformar el artículo 9 de la Constitución para dotar a Japón de una mayor presencia internacional y para reducir la dependencia de su aliado estadounidense. Sin embargo, puede que esta ley se le atragante, ya que la mayoría de los expertos constitucionalistas cree que se trata de una ley inconstitucional, lo que puede servir de base a la oposición para recurrirla ante los tribunales.

La nueva ley responde a un interés por reforzar la presencia japonesa en la región de Asia Pacífico, con el fin de reafirmar su estatus como potencia regional frente al creciente imperialismo chino. La renuencia de EE UU a la hora de enfrentarse al gigante asiático ha podido impulsar a Japón a adoptar un enfoque más independiente, sobre todo con asuntos como el de las islas Senkaku/Diaoyu sobre la mesa. Es previsible que Abe quiera realizar demostraciones de fuerza creíbles para intimidar no solo a China, sino también a Corea del Norte, a quien considera una amenaza para el país. No está claro, sin embargo, qué puede resultar de esta política exterior más agresiva.

Guerras lejanas

Al margen de las quejas por la inconstitucionalidad de la nueva ley, la principal preocupación de la oposición es la posibilidad de que Japón se vea arrastrado a guerras “ajenas” en las que no se defiendan sus intereses directos. Diversos parlamentarios han expresado el miedo de que la nueva política exterior japonesa les lleve a convertirse en un peón de EU UU no solo en la región de Asia Pacífico, sino también en territorios más alejados. Estos miedos se sintetizan en las palabras de Mizuho Fukushima, del Partido Social Demócrata: “No podemos convertirnos en cómplices de asesinato”. Japón no quiere verse arrastrado a un nuevo Irak.

Sin saber aún si la ley será recurrida en los tribunales, se pueden sacar sin embargo algunas conclusiones de su elaboración. La fundamental y más clara es que Japón, bajo el gobierno de Abe, busca incrementar su presencia y poder regional, en respuesta al expansionismo chino. Este giro en la política exterior japonesa también parece reflejar una presión por parte de los Washington para que sus socios en el extranjero adopten una postura más independiente en sus relaciones exteriores y dejen de ampararse en el paraguas americano. De esto se desprende que EE UU busca fortalecer a sus aliados y reducir su presencia directa en los conflictos.

Por último, el giro hacia el militarismo y una política exterior más agresiva después de décadas de pacifismo es un síntoma de que la conflictividad en el Lejano Oriente aumenta. El mayor riesgo es que nos encontramos frente a una pendiente resbaladiza, y que comenzar a fomentar el uso de las armas y la confrontación en lugar de la diplomacia y el diálogo puede llevar a escenarios indeseables.