En el pozo legal de Guantánamo ninguna solución será fácil. John McCain y Barack Obama se han comprometido a cerrar la prisión situada en la base de EE UU en la isla de Cuba. La detención preventiva indefinida de centenares de hombres sin cargos no contribuye a la seguridad y ha dañado la reputación y el Estado de Derecho en EE UU.

Prácticamente todos los involucrados de una manera u otra en el asunto de Guantánamo han expresado el deseo de que se cierre la base estadounidense situada en el extremo suroriental de la isla de Cuba. Allí permanecen todavía 270 detenidos, la mayoría llevan seis o más años retenidos sin cargos y sin la posibilidad de recurrir la base de su detención.
Ante la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca en enero de 2009, se presenta la ocasión para que el objetivo de cerrar Guantánamo sea una realidad. Tanto el republicano John McCain como el demócrata Barack Obama coinciden en que el centro de detención debería cerrarse.

Pero hacerlo es complicado. Si en marzo de 2007, el secretario de Defensa, Robert Gates, declaró ante el comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que Guantánamo era una “mancha” y que había que cerrarlo, el pasado 20 de mayo reconoció al subcomité de Asignaciones del Senado que se había llegado a un “punto muerto” ante las dificultades que entrañaba el proceso. George W. Bush, que anunció en junio de 2006 que “le gustaría” ver el cierre de Guantánamo, ya ha reconocido que legará el problema a su sucesor.

El hecho es que no hay una solución clara para el problema legal creado en Guantánamo. Al parecer, sacar a una persona del marco de protección que proporciona el Estado de Derecho es más sencillo que su reintegración en un régimen legal que respete los derechos. Cualquier solución implicará decisiones difíciles y requerirá un apoyo internacional coordinado, así como la asunción de un alto riesgo.
En palabras del ex secretario de Estado, Colin Powell, en junio de 2007: “Guantánamo se ha convertido en un problema muy, muy grave (…) Si estuviera en mi mano, cerraría Guantánamo no mañana, sino esta tarde”.

El censo de detenidos

El 11 de enero de 2002 aterrizó en la bahía de Guantánamo el primer avión con 20 detenidos. Durante los meses siguientes, EE UU llevó a cientos de detenidos a la base, algunos supuestamente asociados con los talibanes de Afganistán o con Al Qaeda, y otros arrestados en lugares tan remotos como Gambia, Tailandia y Bosnia-Herzegovina. La administración Bush eligió ese lugar porque pensó que estaría fuera del alcance de los tribunales estadounidenses.

Sin embargo, en 2004 se produjo la primera sentencia del Tribunal Supremo que dictaminó que, en contra de las afirmaciones del gobierno, el sistema judicial tenía autoridad para considerar si los ciudadanos no estadounidenses que se encontraban en Guantánamo estaban encarcelados en condiciones legales. El segundo varapalo a la administración Bush se produjo en junio de 2006, cuando el Tribunal Supremo determinó que las comisiones militares eran ilegales y que el gobierno tenía que considerar prisioneros de guerra a los detenidos de Guantánamo y, por tanto, cumplir las Convenciones de Ginebra. El Congreso, en manos entonces de los republicanos, reaccionó a esta sentencia aprobando una ley que sostenía que los “combatientes enemigos” serían juzgados por tribunales militares especiales y les privó de su derecho al hábeas corpus junto a otras limitaciones procesales. Así las cosas, y pese a otra sentencia del pasado junio en la que el Tribunal Supremo dictaminaba que los presos de Guantánamo podían recurrir a la justicia ordinaria federal, el 21 de julio comenzó el primer juicio por crímenes de guerra ante una comisión militar en la base estadounidense.

Bush calificó a todos los detenidos como “combatientes enemigos” y el vicepresidente, Dick Cheney, describió a los detenidos como “los peores de un grupo muy malo. Son muy peligrosos. Están decididos a asesinar a millones de estadounidenses”. El entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aseguró que eran los “asesinos más peligrosos, mejor entrenados y más sangrientos sobre la faz de la Tierra”.
Expertos en antiterrorismo y militares de alta graduación tienen una opinión diferente. A pesar de las afirmaciones de la administración Bush, muchos de los detenidos no eran más que luchadores de bajo nivel y algunos no deberían haber sido detenidos en ningún caso. Como explicaba en un artículo en The New York Times en octubre de 2004 el teniente coronel Thomas S. Berg, que formó parte del primer equipo legal para acciones judiciales militares, “a medida que fuimos revisando las pruebas nos quedó claro que, en muchos casos, simplemente habíamos pillado a los más lentos en el campo de batalla”. Michael Scheuer, jefe de la Unidad Bin Laden de la CIA entre 1999 y 2004, lo reconocia abiertamente en 2006: “Hemos pillado a la gente que no era”.

Nada de esto resulta sorprendente. En 2002, EE UU repartió millones de panfletos por todo Pakistán en los que ofrecía recompensas de miles de dólares por cada detenido. Los panfletos prometían “dinero suficiente para mantener a su familia, a su pueblo y a su tribu durante el resto de su vida”, por entregar a terroristas de Al Qaeda y talibanes. Como afirmó en febrero de 2006 Mark Jobson, asesor en política para detenidos de la oficina de Rumsfeld entre noviembre de 2002 y agosto de 2003, “creo que los criterios para enviar a alguien a Guantánamo en 2002 y a principios de 2003 no eran todo lo estrictos que deberían haber sido”. Aun así, cerca de 750 presos pasaron por Guantánamo en esos primeros años, y el censo de detenidos alcanzó su nivel máximo en mayo de 2003, con 680 personas.

Desde entonces el gobierno estadounidense no ha podido más que reconocer que no todos los internados en Guantánamo encajan en su definición inicial de “lo peor de lo peor”. Así, hasta la fecha, más de 500 detenidos han sido liberados o trasladados a su país de origen. Otros ocho –cinco uigures chinos, un argelino, un egipcio y un uzbeco de Rusia– han sido “reubicados” en Albania, ante el temor de que fueran torturados si se les devolvía a su país. Éste es hoy día uno de los grandes problemas de Guantánamo: cómo deportar a los detenidos y garantizar su seguridad, cuando en muchos casos los países de origen tienen estándares nulos en derechos humanos.

Existe también el temor a que los deportados no sean juzgados en sus países y se conviertan –ahora sí– en una amenaza terrorista. Es el caso de los 100 detenidos de Yemen que permanecen en Guantánamo. Los yemeníes son el mayor grupo nacional entre los 270 prisioneros que quedan hoy en la base. EE UU no confía en el gobierno de Yemen a la hora de enjuiciar y “rehabilitar” a los deportados. Según informaba el International Herald Tribune, una delegación de EE UU se reunió el 3 de julio con representantes del gobierno de Yemen con el fin de obtener garantías de que no sucederá lo mismo que con los 13 repatriados desde Guantánamo en el pasado, y que finalmente fueron puestos en libertad tras ser interrogados por las autoridades del país, que no los considera criminales. Para el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, se trata de una cuestión que puede poner en peligro su alianza con los partidos fundamentalistas.

En Guantánamo también hay unos 80 detenidos a los que EE UU afirma querer juzgar en última instancia. Por otra parte, se ha autorizado el excarcelamiento de varios prisioneros que no pueden volver a su país de origen porque serían torturados. Por el momento, ni EE UU ni ningún otro país se ha mostrado dispuesto a reubicar a estos hombres. “Estamos atascados. No podemos deshacernos de Guantánamo”, declaraba Gates el pasado 26 de mayo.

¿Quién debería estar preso?

Antes de decidir qué hacer con los detenidos de Guantánamo, el próximo presidente de EE UU tiene que reconsiderar a quién encarcelar como parte de una razonable estrategia antiterrorista. En 2001 y 2002, EE UU respondió a esta pregunta sin haber establecido unos criterios claros. Además de los soldados de infantería que luchaban en el Afganistán de los talibanes, EE UU trasladó a Guantánamo a todos los que pudieran haber estado alguna vez en un campamento de entrenamiento de Al Qaeda o que tuvieran algún tipo de relación con un miembro de la organización.
Pero, como ha demostrado Guantánamo, detener a todo aquel que pueda llegar a apoyar el terrorismo no es una buena política antiterrorista. Desde el punto de vista práctico, simplemente no es factible. Si EE UU intentara detener a todos los jóvenes “enfadados” con el país y que quieran perjudicarlo de alguna manera, o a aquellos que han pasado una noche en un refugio de Al Qaeda, necesitaría miles de Guantánamos.

Además, encarcelar a unos cientos de personas potencialmente peligrosas en entornos como el de Guantánamo no contribuye a contrarrestar la amenaza terrorista, una lección que nos ha enseñado la historia. En los años setenta, el ejército británico detuvo a unos 2.000 individuos que consideraba que tenían relación con el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y los internó en campos de prisioneros, donde los retuvieron sin cargos. Años después, el secretario de Interior, Reginald Maudling, que había aprobado los internamientos, afirmó que la experiencia de 1971-75 “fue, según un consenso casi universal, una catástrofe sin paliativos que ha dejado una marca indeleble en la historia de Irlanda del Norte”. En palabras del ex agente de los servicios secretos británicos Frank Steele, que sirvió en Irlanda del Norte durante este periodo, “[El internamiento] apenas hizo daño alguno a la estructura de mando del IRA y tuvo como consecuencia un torrente de reclutamientos, de dinero y de armas”.

Tal y como explica el nuevo manual de campo del ejército estadounidense sobre operaciones de contrainsurgencia (U.S. Army, Counterinsurgency Field Manual), luchar contra un enemigo no tradicional como Al Qaeda exige un enfoque contrario a la intuición. No es posible asesinar o capturar a todos los enemigos en una batalla así. Ni tampoco tiene por qué ser una buena idea. “Las insurgencias dinámicas pueden reemplazar las pérdidas con mucha rapidez”, advierte el manual. Por consiguiente, la única forma de ganar es “eliminar las fuentes de ese poder de recuperación”, reduciendo la legitimidad y el atractivo del enemigo al tiempo que se incrementan los propios. El manual advierte que EE UU está perdiendo su legitimidad y, al incurrir en acciones ilegales pierde también su capacidad para ganar la lucha contra Al Qaeda. Entre las acciones que es preciso evitar se mencionan “la detención ilegal, la tortura y el castigo sin juicio”.

Además, cuando los criterios para las detenciones a largo plazo en EE UU no están claros y apenas se someten a revisión –como ocurre en Guantánamo–, la posibilidades de cometer un error son muy altas. Y es difícil y muy costoso deshacer dichos errores, si no imposible.

Analicemos el caso de los uigures, una minoría étnica de la provincia de Xinjiang, en el oeste de China. Cuando comenzó el bombardeo de EE UU sobre Afganistán en noviembre de 2001, había 18 uigures en un campamento en el país. Huyeron a las montañas afganas y, a través de la frontera con Pakistán, fueron conducidos y después vendidos por otros viajeros a EE UU a cambio de una recompensa. Otros cinco uigures también terminaron en Guantánamo como resultado de una venta. La mayoría de estos hombres han sido absueltos y puestos en libertad en 2003. Sin embargo, no pueden ser devueltos a China por el riesgo de que sean torturados [existe un nacionalismo uigur en la provincia de Xinjiang duramente reprimido por Pekín]. En 2007, el consejero legal del departamento de Estado, John Bellinger, reconocía que “EE UU ha llevado a cabo esfuerzos importantes y de alto nivel durante cuatro años para intentar reubicar a los uigures en países de todo el mundo”. Desde entonces, estos esfuerzos han continuado, e incluso se han intensificado, con delegaciones de alto nivel a todas las capitales europeas para intentar convencer a los aliados de que acojan en su territorio a estos y otros prisioneros absueltos. Aunque cinco uigures fueron reubicados en Albania en 2005 y uno en Arabia Saudí, quedan otros 17 de la misma nacionalidad entre los aproximadamente 70 liberados que están atrapados en Guantánamo, a la espera de un país que los acoja.

Una política antiterrorista razonable precisa una concreción respecto a quién se debería detener, a largo plazo, bajo custodia de EE UU, al tiempo que limitaría las detenciones a aquellos que proporcionen un valor añadido a las redes de terroristas y que no puedan ser fácilmente sustituidos. Los objetivos de las detenciones deben ser los líderes ideológicos, los expertos tecnológicos y los principales apoyos económicos, así como los soldados de infantería responsables de actos terroristas concretos (como los bombardeos de las embajadas en Tanzania y Kenia en 1998, el atentado contra el USS Cole y los atentados del 11-S), en lugar de cualquier joven yemení o pakistaní que pudiera estar asociado en algún momento con un grupo extremista y desee algún daño a EE UU.

Hasta cierto punto, en Washington ya se ha empezado a producir este cambio. En los últimos dos años, sólo se han trasladado a Guantánamo 20 detenidos: 14 prisioneros de la CIA fueron enviados a la base en septiembre de 2006, después de que Bush reconociera la existencia de centros de detención secretos y asegurara que, al menos por el momento, estaban vacíos. [Hoy se sabe, no obstante, que EE UU dispone de barcos que funcionan como prisiones secretas, al margen de cualquier legislación.] Según la administración Bush, todos estos hombres estuvieron implicados en los atentados del 11-S o desempeñaban algún papel de alto nivel en Al Qaeda.

Otros seis hombres han llegado a Guantánamo desde 2006. Según los comunicados de prensa del departamento de Defensa, uno estuvo implicado en un atentado en 2002 en Kenia en el que murieron 13 personas; dos sirvieron como mensajeros para operarios de alto nivel de Al Qaeda; el cuarto planeó y dirigió operaciones de Al Qaeda; el quinto es catalogado como “uno de los agentes de más alto rango y más experimentados de Al Qaeda”; y el sexto, como “uno de los facilitadores y especialistas en adquisiciones en los que más confía Bin Laden”. Aunque ninguna de las pruebas contra estos hombres se ha verificado en un juicio, todos han sido acusados de cometer actos terroristas concretos o de apoyar el terrorismo. Presumiblemente, a todos se les podría –y se les debería– acusar y juzgar por sus supuestos delitos.

Opciones jurídicas

Los detenidos que hayan cometido, planeado, facilitado o inducido actos terroristas o conspirado para cometerlos deben ser acusados y juzgados. Con un juicio, EE UU legitimaría su detención y proporcionaría, además, cierta sensación de punto final a sus víctimas. Cualquier procedimiento legal requiere los criterios básicos de justicia. En caso contrario, el veredicto carecería de legitimidad y perjudicaría gravemente al sistema judicial.

Las comisiones militares supuestamente diseñadas para llevar rápidamente ante la justicia a los detenidos de la bahía de Guantánamo no han pasado esta prueba. Después de ser anunciada a bombo y platillo en noviembre de 2001, la primera ronda de comisiones fue revocada por el Tribunal Supremo por ser ilegal según el derecho de EE UU y el Derecho Internacional. Cuatro meses después, el Congreso autorizó una segunda serie de comisiones ahora en marcha. Pero hasta la fecha, sólo han concluido un caso: la condena en abril de 2007 del talibán de nacionalidad australiana David Hicks, que se declaró culpable y fue enviado a su país, donde está en libertad condicional tras cumplir nueve meses de prisión. El 21 de julio pasado comenzó el juicio contra el chófer de Bin Laden, Salim Hamdan. El proceso lo lleva a cabo un tribunal de excepción (comisión militar) que no está sujeto al Derecho Internacional ni estadounidense.

Por el contrario, el departamento de Justicia ha procesado con éxito en los últimos seis años docenas de casos de terrorismo internacional. Algunos acusados son conocidos: Richard Reid, el terrorista que llevaba una bomba en el zapato arrestado en el aeropuerto Logan de Boston, y Zacarias Musaui, condenado por conspirar en los atentados del 11-S, cumplen ya condena a perpetuidad. Otros son menos conocidos pero igual de significativos: Ahmed Omar Abu Ali, condenado a 30 años por entrenar con Al Qaeda y apoyar a la organización; Mohamed Ali Hasan Al Moayad y Mohammed Zayed, condenados a 75 y a 45 años, respectivamente, por canalizar dinero hacia Al Qaeda y Hamás. Estos hombres están ahora encarcelados en EE UU cumpliendo sus penas, después de haber sido condenados por un sistema judicial federal establecido y respetable.

La administración Bush asegura que, a pesar del historial de éxitos de los tribunales federales, los militares son necesarios, pues la mayoría de los detenidos en la bahía de Guantánamo no pueden ser juzgados en un tribunal civil federal por las estrictas normas que rigen las pruebas y porque exigiría hacer pública información secreta. Sin embargo, como han afirmado varios ex fiscales y jueces federales, muchas de estas preocupaciones se han exagerado y llevan a confusión.

Así, la ley de Tramitación de Información Secreta (CIPA, en inglés), que controla el uso de pruebas secretas en tribunales federales, proporciona amplias protecciones para pruebas delicadas que afectan a la seguridad nacional. Aunque el gobierno debe asegurar que cualquier prueba se presente también al acusado, se pueden utilizar reseñas alternativas de pruebas en lugar del material secreto que el gobierno desea proteger (las normas de la comisión militar incluyen una versión ampliada del mismo requisito). Si no se pueden cumplir los estándares de un procesamiento legal sin revelar información secreta, el gobierno debe retirar las acusaciones relevantes o hacer pública dicha información. Curiosamente, las normas de la CIPA no han obligado al gobierno a abandonar uno solo de los más de 100 casos de terrorismo internacional que han tenido lugar durante los últimos 15 años.

Muchas otras alegaciones en torno a las pruebas parecen estar destinadas a desviar la atención del verdadero problema. Richard Zabel y James Benjamin, dos ex fiscales federales que han completado recientemente una revisión de los casos de terrorismo internacional en los tribunales estadounidenses durante los últimos 15 años, han llegado a la siguiente conclusión: “Las normas federales sobre las pruebas, incluidas las normas que rigen la autenticación de las pruebas físicas, suelen proporcionar un marco flexible y de sentido común que guía la decisión de si la prueba es admisible en el tribunal o no. No hemos sabido de ningún caso de terrorismo en el que una prueba importante se haya excluido por la autenticación o por otros motivos”.

La verdadera preocupación de la administración Bush sería en realidad el hecho de que gran parte de las pruebas están manchadas por la coacción y el abuso a los detenidos. En mayo pasado, el gobierno de EE UU acusó formalmente ante las comisiones militares de Guantánamo a cinco detenidos entregados en 2006 por la CIA. Entre ellos, se encontraba Jalid Sheij Mohamed, el supuesto cerebro del 11-S que, según ha reconocido el gobierno estadounidense, fue sometido al método de tortura del “ahogamiento fingido”. Al parecer, los cinco sufrieron técnicas abusivas durante los interrogatorios, entre ellas una exposición prolongada al frío extremo, la obligación de permanecer despiertos mucho tiempo, el uso de dolorosas posiciones en tensión y el aislamiento total indefinido. Según un informe del departamento de Justicia dado a conocer en mayo pasado, otros detenidos de Guantánamo habrían sufrido las mismas prácticas ilegales.

Las comisiones militares resuelven este problema al permitir pruebas obtenidas mediante métodos de interrogación crueles e inhumanos siempre que se obtuvieran antes de 2006 (cuando el Congreso aprobó la enmienda McCain que prohibía el trato cruel e inhumano de los detenidos), no lleguen al nivel de tortura y un juez militar considere que son “fiables” y “concluyentes”. Si a esto se añade la laxitud en cuanto a los testimonios de acusación, las acciones legales de las comisiones militares se fundamentarían únicamente en reseñas juradas de pruebas obtenidas a través del abuso, sin que el acusado tenga la oportunidad de enfrentarse a su interrogador o al acusador.

EE UU ha reconocido de forma tácita la ilegitimidad de estos procesos al volver a entrevistar a algunos detenidos utilizando “métodos limpios”, en un intento por recuperar su credibilidad. El coronel Morris Davis, ex fiscal jefe de las comisiones militares, ha sumado hace poco su voz al coro de detractores de las comisiones militares. Los Angeles Times recogía en diciembre de 2007 la justificación de Davis tras su dimisión en octubre de ese año: “Llegué a la conclusión de que no puede haber juicios completos y justos con el sistema actual”. Davis sostenía que le dijeron que no cabía la opción de absolver a los acusados, que recibió presiones para iniciar procesos antes de que estuvieran preparados y órdenes para no cuestionar a posteriori el uso de pruebas obtenidas mediante “el ahogamiento fingido” (u otras técnicas de tortura aprobadas).

Tratar a los terroristas como criminales y no como combatientes sometidos a juicios militares tiene también otro objetivo: les niega cualquier legitimidad. El procedimiento militar refuerza su razonamiento de que son guerreros y que, por tanto, tienen derecho a matar a sus enemigos. Como publicó The Washington Post cuando Jalid Sheij Mohamed fue llevado por primera vez ante el consejo de revisión militar reunido para confirmar la condición de “combatientes enemigos” de los detenidos, llevaba esta clasificación como una medalla al honor. Se comparó incluso con George Washington y dijo al ejército estadounidense que si los británicos hubiesen capturado a Washington, a él también lo habrían calificado de “combatiente enemigo”.

EE UU debería utilizar la misma argumentación que el juez federal William Young ante el terrorista Richard Reid, en su veredicto: “Usted no es un combatiente enemigo. Es un terrorista. No es soldado de ninguna guerra […] Referirse a usted de ese modo, llamarle soldado, le da una categoría demasiado elevada”.

Un marco legal para Guantánamo

Según la administración Bush, los 270 detenidos que quedan en Guantánamo pertenecen a tres categorías: cerca de 70 han sido absueltos para su puesta en libertad o para su traslado, pero no pueden ser devueltos a su país porque pueden sufrir torturas o malos tratos o porque su país de origen no los quiere o pone trabas a la seguridad y a otras condiciones que exige EE UU; unos 80 serán procesados por tribunales estadounidenses; 120 están considerados peligrosos pero no pueden ser juzgados. No obstante, la información sobre los detenidos en Guantánamo se matiene bajo secreto, y sólo 15 de los 270 están acusados en la actualidad de algún delito.

En esta situación, el próximo gobierno de EE UU tendrá que evaluar de nuevo las pruebas contra los detenidos y su categorización. Si se limita la detención a largo plazo a los individuos de alto rango y a aquellos que hayan cometido personalmente actos concretos de terrorismo, el grupo de los que podrían ser puestos en libertad o trasladados a otros países aumentará casi con seguridad.

Será preciso, asimismo, redoblar los esfuerzos para repatriar o reubicar a estos hombres, para lo que será necesario el apoyo internacional. Hasta la fecha sólo una nación (Albania) ha accedido a aceptar a prisioneros liberados de Guantánamo que no tuvieran nacionalidad albanesa ni residieran en Albania. En 2007, Reino Unido aceptó la devolución de cuatro ex residentes legales británicos, lo que señaló un cambio radical en la postura anterior de no responsabilizarse de detenidos que no tuvieran la ciudadanía británica.

EE UU, por su parte, debería dar ejemplo y aceptar a algunos de los detenidos. Es poco probable que el país los acoja a todos, teniendo en cuenta el coste político de una medida de ese tipo. Los países europeos que han condenado las detenciones de Guantánamo tienen un papel importante a la hora de reubicar a los detenidos que no pueden volver a su país.

La cooperación y el apoyo internacional son también necesarios para negociar con los países reticentes a aceptar el retorno de los ciudadanos y residentes legales que quieran regresar. Los aliados europeos podrían desarrollar medios para compartir información y seguir los movimientos de los detenidos liberados, con el fin de controlar cualquier amenaza futura que puedan representar.

En cuanto a los detenidos que EE UU quiere procesar, es preciso que pasen al sistema judicial federal, donde la atención se centre en los acusados y en sus supuestos delitos y no en la injusticia de la política de detención estadounidense. Algunos de los detenidos, como Jalid Sheij Mohamed y Ahmed Jalfan Galaini –supuesto conspirador de los atentados contra las embajadas de EE UU en Kenia y Tanzania en 1998– ya han sido acusados en un tribunal federal. La aplicación rigurosa de leyes de conspiración, de apoyo y de instigación, cubriría probablemente a la mayoría, si no a todos, de los detenidos que, según Washington, son agentes clave a los que hay que controlar.

Es probable que algunos detenidos no puedan ser procesados, ya sea porque las pruebas son insuficientes, por su carácter secreto (y las formas alternativas de probación no basten para proteger los derechos de los acusados) o porque estén tan manchadas por la tortura que sean inutilizables.

Para abordar esta categoría, algunos han insinuado que EE UU podría aprobar una ley sobre detención administrativa que permita retener a los detenidos sin juzgarlos, pero con un procedimiento más adecuado que el de Guantánamo. Las fronteras precisas de un sistema así varían de una propuesta a otra, pero casi todas dan por sentado el hecho de que se utilicen pruebas secretas que nunca se presentarán a la defensa, como sucede en los procedimientos actuales de revisión administrativa utilizados para establecer la condición de los presos en Guantánamo. Con este procedimiento, al acusado le resultaría imposible desafiar de forma significativa las pruebas contra él y permitiría “disimular” las declaraciones obtenidas por coacción.

Una “solución” así daría al mundo la impresión de que EE UU traslada Guantánamo a territorio nacional, y convierte su sistema de detención sin cargos en una parte más del sistema judicial del país. La tentación de perseguir y detener a personas con conexiones difusas con actividades terroristas sería enorme y, como pasa con cualquier sistema de detención basado en pruebas no verificadas, la probabilidad de cometer un error sería altísima.

Este sistema sentaría un peligroso precedente para países como Egipto, Rusia y China, en los que Washington lleva años oponiéndose al uso de la detención preventiva sin juicio para tratar a sospechosos de terrorismo. Por último, socavaría definitivamente la posición de EE UU como nación comprometida con el Estado de Derecho.

Cerrar Guantánamo no significa únicamente clausurar el centro de detención en la base naval estadounidense de Cuba. Implica poner fin al sistema de detención preventiva a largo plazo sin cargos, un sistema que, todos coinciden, se ha convertido en un punto negro en la reputación de EE UU y en una gran ayuda para los que reclutan a terroristas en todo el mundo.

El uso implacable de las leyes penales federales, junto con una revisión de los niveles de riesgo de los detenidos, evitaría que EE UU tuviera que liberar a alguien que considera debe seguir en prisión. Pero si no puede haber ni un juicio ni un acuerdo con la acusación, eso es lo que debe hacer.

Esto no quiere decir que EE UU esté indefenso frente al peligro. Podría hacer todo lo que esté en su mano para mitigar el riesgo que representa la puesta en libertad de detenidos que considera peligrosos. Debería presionar al país de origen para supervisar legalmente las actividades de los detenidos puestos en libertad y para acusar o detener a cualquiera que cometa un delito. Y si se diera el desafortunado caso de que el detenido puesto en libertad cruza la frontera y vuelve al campo de batalla para disparar a soldados estadounidenses, se le puede –según las leyes de la guerra– disparar en el acto.

Está claro que ninguna solución es perfecta ni fácil. Pero McCain y Obama se han comprometido a cerrar Guantánamo por una razón: la detención indefinida de centenares de hombres sin cargos ha dañado la reputación de su país, no contribuye a hacerlo más seguro y aumenta el resentimiento frente al poder estadounidense en todo el mundo. Es hora de que Guantánamo se convierta en una reliquia del pasado.