Siete años después de que el ejército estadounidense y sus aliados invadiesen Irak para traer “libertad y democracia”, como proclamó el entonces presidente George W. Bush, ambos principios están muy lejos de hacer honor a su definición, al menos según los estándares aceptados en el Occidente libre y democrático.

A las puertas de las elecciones legislativas del 7 de marzo, varios interrogantes se ciernen sobre estos comicios. Sobre la “libertad”, concepto previo necesario para un buen funcionamiento democrático, sólo apuntar que en Irak hasta 2009 no había libertad de movimiento, ya que la segregación sectaria impuesta tras 2003 hizo que los suníes se jugasen la vida al pasar los controles de policía de las milicias chiíes, o que un ciudadano chií no pudiese cruzar los barrios controlados por Al Qaeda. Aun con la relativa mejora de la seguridad, no hay libertad de movimientos en el “nuevo Irak”, pues cualquier ciudadano no residente en las tres provincias del Kurdistán iraquí necesita una invitación para poder visitar esa región de su país. Esta mejora de la seguridad no ha permitido la vuelta de los cinco millones de desplazados iraquíes, entre internos y refugiados en el exterior, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que sitúan a Irak como el país del mundo con mayor número de personas que han tenido que abandonar sus hogares.

Irak se ha convertido en estos seis años en el país más peligroso de la historia para los periodistas, con al menos 140 muertes y constantes acosos e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad y de las distintas milicias que actúan en su territorio, como denunció el representante de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra a mediados de febrero de 2010. La libertad de cátedra no existe a golpe de asesinato de académicos: 297 desde 2003, se calcula que más de 10.000 han huido del país.

El pluralismo político también se cobra sus víctimas en medio del caos que sigue reinando en el día a día. Según el Observatorio de Derechos y Libertades Constitucionales de Irak, a medida que se aproxima la cita electoral aumentan los asesinatos de políticos y personalidades con peso en el país (46 sólo en la provincia de Nínive). El 13 de febrero murieron cinco personas en distintos ataques contra partidos laicos en Bagdad. En Mosul, Suha Abdlá Yaralá, candidata de la lista no sectaria Al Iraquiya, fue asesinada el 7 de febrero. Este asesinato es un símbolo de los grandes perdedores del nuevo Irak: las mujeres y los grupos no sectarios oprimidos por los partidos islamistas vinculados a Irán y las milicias más radicales que imponen su ley en el caos de las calles iraquíes.

El debate durante los primeros años de ocupación sobre la intencionalidad o no de EE UU de provocar el caos en el país parece superado. Todo indica que la desarticulación que ha vivido Irak en todos sus ámbitos es producto de una mala planificación de la ocupación y un cúmulo de errores en las decisiones tomadas. El primero de estos errores fue la primera ley del gobernador Paul Bremer, conocida como Ley de Desbaazificación, en virtud de la cual se desmantelaron los aparatos de seguridad y se permitió una caza de brujas propia del “macarthismo” contra toda persona vinculada directamente o no con el régimen baazista.

Declaraciones del personal de la embajada estadounidense de aquellos momentos denuncian que la decisión fue tomada sin tener en cuenta los informes y trabajos previos realizados por los expertos que trabajaban a las órdenes de Jay Garner, primer responsable estadounidense de la ocupación hasta la llegada de Bremer. En lugar de seguir con la política de Garner basada en localizar a los oficiales del ejército dispuestos a colaborar con la ocupación y mantener dicha estructura para asegurar cierta estabilidad en la primera etapa de la ocupación, Bremer decidió desmantelar todos los servicios de seguridad e inteligencia del país, en un claro exceso de confianza en la capacidad del ejército estadounidense para controlar el país. La decisión se tomó a pesar de que existían informes militares estadounidenses avisando sobre la insuficiencia del número de efectivos, así como la falta de adecuación del armamento y los vehículos de los que disponían las tropas estadounidenses, pensados para una invasión pero no para una ocupación ni para una guerra no convencional.

También se ha demostrado que se menospreció la capacidad del pueblo iraquí de construir una resistencia armada efectiva, que desde los primeros meses ha condicionado, más que ningún otro factor, la política de EE UU en Irak, por lo menos hasta finales de 2008. Todos los informes y declaraciones de la resistencia apuntan a que la mayoría de los líderes militares de los distintos grupos de la resistencia son antiguos oficiales del ejército desmantelado por Bremer.

La rápida extensión de las acciones de la resistencia contra las tropas estadounidenses y sus aliados obligó no sólo a congelar la retirada prevista de buena parte de las tropas, sino a buscar aliados locales en los que apoyarse para intentar controlar la situación sobre el terreno. Una vez descartado el antiguo ejército para esta labor, sólo les quedaba una opción: las milicias de los partidos chiíes creadas, armadas y entrenadas por Irán en los años ochenta. Una decisión incoherente con la estrategia global, pues entregaba la llave del país a su más feroz enemigo en la zona, pero la única posible a corto plazo porque Washington estaba acuciado por el constante aumento de bajas y la total incapacidad para moverse e iniciar la reconstrucción del país.

Paralelamente, el 13 de julio de 2003 se creó el Consejo de Gobierno Iraquí, en el que se materializó el segundo gran error de la política de la ocupación: la división sectaria del poder en Irak. Siguiendo la lógica de dividir al enemigo para debilitarlo, se llegó a situaciones tan absurdas como contabilizar en la cuota chií del consejo al representante del Partido Comunista Iraquí, Hamid Mayid Musa o a un liberal como Iyad Alawi. Fue un segundo error porque esta división sectaria ha beneficiado sobre todo a un grupo de poder que se escapa del control estadounidense: los chiíes vinculados a Irán. La labor en este sentido de los referentes religiosos chiíes ha sido fundamental para dirigir el voto de las capas más populares de la población chií. La Constitución aprobada el 15 de octubre de 2005 en referéndum otorga rango de ley fundamental del Estado a estos principios sectarios.

La reconstrucción de las fuerzas de seguridad sobre la base de las milicias chiíes proiraníes se ha demostrado rotundamente ineficaz para controlar la actividad resistente. A pesar de la simbiosis contra natura que se ha producido entre los gobiernos proiraníes de Bagdad y el ocupante estadounidense, nunca ha estado entre las prioridades de las nuevas fuerzas de seguridad enfrentarse a los grupos bien organizados de la resistencia (como ocurrió en Nayaf y Faluya en 2004 o en Basora en 2008) que mantienen ocupadas a las tropas estadounidenses impidiendo a Washington controlar el país y gobernarlo a su antojo. Hasta finales de 2006 se repitieron sin éxito distintas operaciones del ejército estadounidense para intentar controlar Bagdad y otras ciudades como Baquba o Faluya.

La lucha contra la resistencia ha sido hasta 2009 la prioridad absoluta de la administración estadounidense, teniendo que desentenderse en buena medida de otras cuestiones más concretas como el control político, económico y administrativo del país, aspecto que ha sabido aprovechar excepcionalmente Irán, como ha quedado patente en la lucha preelectoral de estos últimos meses.

El punto de inflexión para las tropas estadounidenses se produjo a partir de mayo de 2007. Coinciden varios factores en un radical descenso de muertos estadounidenses en combate, ejemplarizado en diciembre de 2009, primer mes desde la invasión de 2003 sin ningún muerto en combate. Las matanzas sectarias que desencadenó el atentado contra la mezquita de Samarra en febrero de 2004 convirtieron Irak en un caos aún mayor. Por una parte, las milicias chiíes, sobre todo las Brigadas Báder (milicia del Consejo Supremo Islámico Iraquí) y el Ejército del Mehdi (bajo las órdenes de Muqtada al Sáder), asesinando suníes si el nombre que aparecía en su carné de identidad sugería su pertenencia a esta confesión; por otra, los grupos vinculados a Al Qaeda, colocando bombas y suicidas en zonas abarrotadas de chiíes.

En este caos generalizado la resistencia iraquí perdió áreas que antes estaban bajo su control, fruto de la limpieza étnica que se produjo. A pesar de que la mayoría de los grupos resistentes denunciaron los ataques sectarios de ambos bandos contra civiles, al igual que hacen cada vez que se produce un atentado indiscriminado, perdieron parte de su base popular en medio de la anarquía que se extendió por todo el país. Los líderes de la resistencia denunciaron que las tropas estadounidenses y los iraníes favorecieron la expansión de grupos fieles a Al Qaeda, que llegaron a controlar barrios como Addamiya o Dora en Bagdad.

La decisión de no combatir a estos grupos radicales, que según distintas fuentes militares estadounidenses nunca han representado más del 5-10 por cien de las fuerzas que se enfrentan a los ocupantes, ha sido el error estratégico más importante de la resistencia. La lógica de no desviar su atención del enemigo principal, el ocupante estadounidense, se ha mostrado errónea a la luz de los acontecimientos, pues habría sido relativamente sencillo para la resistencia neutralizar a los pequeños grupos fieles a Osama bin Laden y hacerse con el control de sus zonas.

EE UU aprovechó este momento de indecisión para crear los Consejos del Sahua o Consejos del Despertar. Apoyándose en jeques de tribus locales reclutó un ejército de casi 100.000 mercenarios al que armó y pagó para luchar contra Al Qaeda, que por entonces había llegado no sólo a asesinar chiíes, sino también a líderes suníes de la resistencia, que en su mayoría han rechazado unirse al autoproclamado Estado Islámico de Irak. Sin duda, se trata de la medida más acertada de la política estadounidense desde 2003 en Irak.

La lucha contra Al Qaeda fue una primera fase para que los jeques locales se hiciesen con el control de áreas donde ni el ejército estadounidense –ni mucho menos el iraquí– podía patrullar. Muchos de los integrantes de estos consejos eran antiguos combatientes de la resistencia, sobre todo procedentes del Ejército Islámico de Irak y de las Brigadas de la Revolución de 1920.

El pacto no escrito de evitar confrontaciones directas entre la resistencia y los Consejos del Sahua ha sido defendido por los primeros con los mismos argumentos de por qué no atacan a las fuerzas de seguridad iraquíes: eso rompería definitivamente la estructura social de Irak. Por su parte, los jefes del Sahua llevaron a cabo una guerra silenciosa desvelando nombres de antiguos compañeros de filas, pero evitando los enfrentamientos armados, pues sabían de la precariedad de su acuerdo con Washington y de la popularidad de la resistencia, ya que una cosa es combatir a Al Qaeda y otra a iraquíes que luchan contra tropas ocupantes. En cualquier caso, el resultado de los Sahua ha sido nefasto para la resistencia que, al no disputarle a Al Qaeda ciertos espacios, terminó perdiéndolos a manos de estos grupos ligados a la ocupación y que a su vez los han entregado a las fuerzas de seguridad iraquíes, en las que se supone que se tienen que integrar 20.000 milicianos de estos grupos.

A raíz de esta nueva estrategia, que el general David Petraeus compaginó con un aumento de las tropas estadounidenses desplazadas en Irak y la firma del Acuerdo de Seguridad (SOFA, en sus siglas en inglés) con el gobierno iraquí, Washington empezó a vislumbrar una posible salida del atolladero iraquí. El calendario de retirada marca el final de 2011 como la fecha máxima para la salida del último soldado de combate estadounidense, aunque se quedarán cerca de 50.000 militares en labores de formación y para la protección de las instituciones estadounidenses en Irak. Esta retirada, en cualquier caso, está planeada para un entorno de mejora real de la seguridad iraquí y una profesionalización efectiva de sus fuerzas de seguridad, así como un gobierno en el que pueda confiar para salvaguardar los intereses por los que Washington se lanzó a la aventura iraquí.

El quinto gobierno de Irak tras la caída de Sadam Husein que saldrá de las elecciones del 7 de marzo será crucial para el futuro a corto y medio plazo del país. Dicho gobierno será el que gestione la retirada de las tropas de combate iraquíes que, si se cumple el calendario impuesto por Barack Obama, tendrán que reducirse de los actuales 98.000 (la cifra más baja desde la invasión) hasta 50.000 soldados para finales de agosto de 2010 y retirada total de las tropas de combate para finales de 2011.

Tras siete años ocupados principalmente en la lucha contra la resistencia armada, los políticos estadounidenses están intentando recuperar el tiempo perdido en el control de las instituciones políticas y administrativas del país. En la actualidad, Washington trata de cambiar el actual modelo de ocupación militar directa por un modelo de neocolonialismo, vinculando los intereses económicos políticos y de seguridad entre Irak y EE UU, reflejado más que en el Acuerdo de Seguridad de 2008 en la Declaración de Principios para una Relación a Largo Plazo de Cooperación y Amistad. Firmado el 26 de noviembre de 2007 entre Bush y Nuri al Maliki, es un acuerdo más profundo y estratégico que el polémico SOFA.

A pesar de que Washington se encuentra es su mejor situación desde que llegó a Irak, el escenario dista de ser el idóneo para lograr su objetivo. Una vez neutralizada parcialmente la resistencia armada, debe hacer frente a las consecuencias derivadas de sus errores, entre ellos la desbaazificación y la sectarización de la política iraquí, así como su principal implicación: la entrega de la gestión del país a sectores vinculados directamente a Irán.

El proceso preelectoral ha sido un constante mercadeo entre los distintos bloques políticos, que se ha traducido en incontables crisis que siempre apretaban sin terminar de ahogar un proceso político que conviene a todas las partes implicadas en él, pero del que todas quieren sacar el mayor provecho a corto plazo ante la imprevisibilidad del futuro. Hay que recordar que Irak es el cuarto país más corrupto del mundo en el ranking de 2009 de Transparencia Internacional.

La discusión de la ley electoral (una revisión de la que rigió los comicios de 2005) duró más de cuatro meses. Tras varios textos ratificados por el Parlamento (el que se aprobó el 5 de octubre de 2009 llegó al Consejo Presidencial pero fue enviado de vuelta al Parlamento ante la amenaza de veto del vicepresidente, Tareq al Hashemi), el 9 de diciembre se aprobó el texto que va a servirá de marco para las próximas elecciones. La fecha es inconstitucional, pues según lo estipulado las elecciones tendrían que haberse celebrado antes de finales de enero de 2010. Estos detalles, una vez asumidos por la clase política, nadie los comenta, como el hecho de que no haya tenido lugar el referéndum para aprobar el Acuerdo de Seguridad con EE UU, que según estipula la ley debería haberse celebrado antes de finales de julio de 2009. La ley aprobada perpetuará, como sostiene Yahya al Kubaisi, del Centro de Estudios Iraquíes de Ammán, “la priorización de la confesión y la etnia frente a la identidad nacional, construyendo un Estado de entidades y no de ciudadanos, pues el sistema político; y con él la construcción del Estado; será gobernado por un sistema de cuotas demográficas y no políticas”.

La batalla por el control del Irak poselectoral se centra actualmente entre las dos listas sectarias chiíes, vinculadas directamente a Irán: la Alianza Unida Iraquí y la Lista del Estado de Derecho (del primer ministro Al Maliki). Frente a ellas están las listas no sectarias apoyadas por EE UU: Al Iraquiya (del ex primer ministro Alawi, Saleh al Mutlak y el vicepresidente Tareq al Hashemi) y la Alianza de la Unidad de Irak (del ministro de Interior Yawad al Bulani).

La batalla preelectoral se ha centrado en torno a un instrumento, un bumerán lanzado por Bremer: la desbaazificación. La Institución Responsabilidad y Justicia (heredera del Organismo de Desbaazificación de Bremer) ha emitido la orden de excluir del proceso electoral a importantes miembros de las listas proestadounidenses, el más destacado de ellos Al Mutlak, parlamentario durante los últimos cuatro años, en los que nadie parece haberse percatado de sus supuestos vínculos con el prohibido Partido Baaz. Las artimañas administrativas, presiones políticas y piruetas judiciales de dudosa legalidad han convertido la etapa preelectoral en un sinfín de incongruencias que han llevado a analistas como Marc Lynch a escribir en Foreign Policy: “La legitimación del proceso electoral y la independencia de las instituciones iraquíes han sido seriamente puestas en cuestión, tanto ante los iraquíes como ante la comunidad internacional”. Este análisis coincide con las recientes declaraciones de los máximos mandos militares estadounidenses en Irak, los generales Petraeus y Odierno, así como los editoriales de los más importantes diarios estadounidenses, lo que es un claro síntoma de que EE UU está perdiendo la batalla política preelectoral y puede que con ella la guerra electoral, pues como ha indicado el parlamentario Mizal Alusi, “esto no son unas elecciones, es una guerra”.

Una guerra en la que no participa la tercera fuerza armada en cuestión: la resistencia armada iraquí, que acusa al proceso político de ser ilegal de acuerdo al Convenio de la Haya de 1907. El proceso de unificación que vive la resistencia política iraquí desde mediados de 2009 converge en un discurso oficial de rechazo de las elecciones, pero de apoyo discreto a la lista de Alawi y Al Mutlak como mal menor. En el supuesto de que esta lista consiguiese suficientes votos para liderar el nuevo gobierno, significaría atajar la sectarización del ejército, lo que necesariamente implica la vuelta de más oficiales del antiguo ejército a puestos de mando (según Al Hayat en la actualidad son ya el 75 por cien de los oficiales, pero sin capacidad de mando real ni cohesión entre ellos). Así se entiende que tanto la resistencia como EE UU, apuesten por esta lista que les garantizaría a los primeros un estamento militar proclive, asegurando a Washington a corto y medio plazo una mayor seguridad para el país y para las tropas estadounidenses, cuyas bases son bombardeadas a diario por la resistencia.

La opción de una victoria contundente de los partidos proiraníes en un entorno de salida de las tropas estadounidenses plantea muchos interrogantes. La resistencia armada ya ha avisado de que podría romper su decisión de no enfrentarse a las fuerzas de seguridad iraquíes ante la previsión de cuatro años más de régimen sectario proiraní. En este escenario será crucial la labor de las tropas estadounidenses, pues como han comentado varios dirigentes de la resistencia iraquí, es la superioridad aérea y tecnológica estadounidense lo que les impide volver a controlar barrios y ciudades iraquíes, además del mencionado compromiso de no combatir contra iraquíes.

Quizá el peor escenario sea el tercero: un reparto de los escaños en los que no haya una fuerza predominante entre kurdos, proiraníes y las listas no sectarias. Se repetiría así un gobierno inoperante como el actual, basado en un reparto de intereses económicos y políticos de cuotas, que mantenga el actual statu quo de calma en la superficie, mientras se sigue ahondando en la segregación sectaria de Irak, convirtiendo el país en una bomba de relojería que nadie podrá controlar cuando estalle.