La actuación de Estados Unidos tras el golpe de Estado en Honduras y el acuerdo militar con Colombia han minado las expectativas de América Latina hacia Barack Obama. Desconfianza y división siguen siendo los principales obstáculos para una mayor cooperación.

El primer año de la administración de Barack Obama ha dejado claro lo difícil que será cambiar de forma significativa la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. En el mejor de los casos, serán necesarios años y modificaciones importantes en las políticas y actitudes tanto de EE UU como de la región.

Es posible que ningún acontecimiento desde la elección de John F. Kennedy en 1960 haya sido más celebrado en Latinoamérica o haya generado mayores expectativas de estrechar los lazos con Washington que la victoria electoral de Obama en noviembre de 2008. Sin embargo, un año después de asumir el cargo, la política estadounidense sigue siendo en gran medida la misma y resulta difícil señalar a algún país latinoamericano que tenga hoy una relación con EE UU mejor que cuando George W. Bush dejó el cargo.

El debut del presidente Obama en el divisivo mundo de la política continental –en el que prácticamente no tenía experiencia– fue la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2009 en Trinidad y Tobago, donde se reunió con los otros 34 jefes de Estado electos del continente. Y fue un buen comienzo. Obama aprovechó al máximo la reunión de dos días para demostrar sus aptitudes políticas y personales, así como su intención de cambiar la dinámica de los lazos de EE UU con América Latina. No presentó una visión grandiosa ni una nueva estrategia de la política de EE UU en el continente. En lugar de eso, prometió un cambio de estilo y de énfasis (fundamentalmente, un giro hacia el multilateralismo y un refuerzo de la cooperación, así como una aproximación de los programas políticos de EE UU y Latinoamérica). Los dirigentes reunidos aplaudieron su promesa de “tratar de establecer una asociación en pie de igualdad” y se alegraron de que reconociese que Washington se ha “desvinculado” a veces y ha “tratado de imponer sus condiciones”. Se produjo un cambio palpable en el ambiente de las relaciones entre EE UU y América Latina. Obama salió de Puerto España con mejor imagen y mayor credibilidad para su país. El presidente venezolano, Hugo Chávez, y sus aliados de la antiestadounidense Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) tuvieron que callarse de momento.

Después de la cumbre, sin embargo, Obama se dio de bruces con las muchas barreras que han frustrado el cambio en las relaciones hemisféricas. El intenso y amargo partidismo de Washington, reflejo de la cada vez más polarizada política estadounidense, retrasó unos seis meses dos de los nombramientos diplomáticos cruciales de Obama: el del máximo responsable de la política hacia Latinoamérica, Arturo Valenzuela, y el de Tom Shannon como embajador en Brasil. Las batallas partidistas en el Congreso también paralizaron los esfuerzos de la administración por esbozar una respuesta coherente para la crisis hondureña y otros retos que plantean los asuntos continentales.

La minoría republicana ha bloqueado el estudio de cualquier posible paquete de reformas sobre inmigración, que sigue siendo el problema político más peliagudo para México y la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe. Por su parte, los demócratas del Congreso y sus aliados del movimiento sindical estadounidense han hecho que al gobierno le sea imposible abordar de forma responsable los problemas comerciales. Han impedido la aprobación de los acuerdos de libre comercio firmados con dos estrechos aliados, Colombia y Panamá, y –violando el acuerdo de libre comercio entre EE UU y México– siguen prohibiendo a los camiones mexicanos circular por las autopistas estadounidenses. La administración tuvo que trabajar duro para limitar el alcance de la cláusula Buy American que los demócratas exigían en las leyes de estímulo económico. Demócratas y republicanos son responsables de haber bloqueado las leyes destinadas a modificar la política respecto a Cuba y ninguno de los dos grupos ha mostrado demasiado interés en plantearse cambios en la estrategia antidroga de EE UU.

Es más, el sobrecargado programa político nacional e internacional de la administración Obama ha dejado poco sitio para los asuntos latinoamericanos. Las elecciones al Congreso de noviembre de este año se sumarán a la congestión legislativa y exacerbarán la división política. Obama dedicó la mayor parte de su discurso sobre el estado de la Unión del 27 de enero a problemas nacionales: la vacilante economía estadounidense, el persistente récord de paro y la asistencia sanitaria. Sólo el 15 por cien de su discurso trataba sobre asuntos de política exterior. Por tanto, no es de extrañar que Latinoamérica –dejando a un lado Haití– sólo fuese mencionada en un comentario de pasada sobre los acuerdos comerciales. En estos momentos, la región no puede competir por la limitada atención que presta Washington a la política exterior con las guerras de Irak y Afganistán, otros peligros para la seguridad en Asia y Oriente Próximo, o problemas mundiales como la persistente incertidumbre financiera y el cambio climático.

Honduras y la política reactiva

Dadas las circunstancias, no es sorprendente que la política de EE UU hacia Latinoamérica haya consistido principalmente en reaccionar, responder a acontecimientos inesperados como el trágico terremoto de Haití del 12 de enero, la crisis política de Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, las críticas que suscitó en Suramérica el acuerdo sobre bases militares entre EE UU y Colombia, o los plazos impuestos por las visitas, elecciones o reuniones programadas, como la Cumbre de las Américas o la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En su primer año, la administración no ha desarrollado una estrategia clara, unos objetivos concretos o un nuevo rumbo para su política hacia Latinoamérica (y cada vez parece menos probable que lo haga). De hecho, con la excepción de Cuba, apenas ha emprendido ninguna iniciativa nueva respecto a la región.

Por último, una Latinoamérica cada vez más enérgica y políticamente dividida también ha complicado la puesta en marcha de políticas por parte de Washington. La mayoría de los países afirman que desean reforzar su cooperación con EE UU, pero unos cuantos se muestran abiertamente hostiles, mientras otros siguen desconfiando de los motivos que subyacen tras las políticas y las acciones estadounidenses (incluidas muchas que tratan de reforzar la cooperación).

En 2009 surgieron varias tensiones en las relaciones entre EE UU y Latinoamérica –a raíz de la evolución de los acontecimientos en Honduras, los intentos regionales por volver a integrar a Cuba en la OEA, y los duros ataques al pacto sobre defensa entre Washington y Bogotá–, todo lo cual irritó a los funcionarios estadounidenses y agravó el conflicto entre republicanos y demócratas.

No fue mucho después de la cumbre de abril de 2009 cuando los gobiernos latinoamericanos empezaron a complicarle la vida más de lo previsto a la nueva administración en Washington. En la reunión de la Asamblea General de la OEA, a principios de junio, EE UU aceptó a regañadientes –con una presión considerable por parte de varios gobiernos latinoamericanos– una resolución aprobada por unanimidad que sentaba las bases para que Cuba regresase a la organización continental. La resolución era un paso constructivo y plenamente coherente con la política de Obama. Pero los diplomáticos estadounidenses se sentían excesivamente presionados para firmar un documento que consideraban podría interferir con su planteamiento cauto y bilateral de la tarea políticamente peligrosa de reintegrar a Cuba. Esta política ya había producido algunos cambios, pequeños pero importantes.

El hecho de que la respuesta inicial de la OEA, respaldada por todos los gobiernos que la integran (incluido el estadounidense), no lograra dar marcha atrás al golpe en Honduras y devolver el poder al presidente Manuel Zelaya, llevó a una ruptura del consenso, y la opinión pública de EE UU y del resto del continente se polarizó rápidamente respecto a lo que debía hacerse a continuación. La administración Obama, por entonces sin su máximo responsable para asuntos latinoamericanos, se vio sometida a una presión intensa e indeseada por parte de todos. Cuando decidió reconocer la elección de Porfirio Lobo, el claro ganador de las elecciones del 29 de noviembre, Washington se encontró enfrentado a la mayoría de los gobiernos del continente.

Aunque sigue quedando un resquemor considerable, la crisis hondureña podría estar, por fin, a punto de resolverse, ahora que Lobo se ha comprometido a establecer un genuino gobierno multipartidista (que incluirá a seguidores de Zelaya) y a crear una “comisión de la verdad” independiente que investigue los acontecimientos anteriores y posteriores al derrocamiento de Zelaya. Pero sea cual sea el resultado, los acontecimientos de Honduras han demostrado lo difícil que le resultará a la administración Obama desarrollar una estrategia multilateral en una Latinoamérica políticamente tensa y dividida. Sin duda, EE UU podría haber gestionado mejor el asunto de Honduras.

Washington ha dado a menudo la impresión de inseguridad e incoherencia en su toma de decisiones. A veces, se tenía la sensación de que nadie llevaba las riendas en el día a día. El multilateralismo exigirá una gestión política más ágil dentro del país y una diplomacia amable en el extranjero.

Permanente desconfianza

En medio del conflicto de Honduras, prácticamente todos los gobiernos suramericanos condenaron con vehemencia un nuevo acuerdo entre EE UU y Colombia que permitía a las tropas estadounidenses la utilización de siete bases militares colombianas para luchar contra la droga y la guerrilla. La profunda desconfianza de Latinoamérica respecto a Washington (a pesar de sus simpatías hacia Obama) se puso de manifiesto cuando los demás gobiernos del continente exigieron revisar cada detalle del acuerdo y trataron de obtener garantías formales de que las actividades militares estadounidenses estarían restringidas a Colombia.

Es posible que la reacción de los vecinos suramericanos de Colombia haya sido exagerada. Después de todo, hace unos 10 años que hay tropas estadounidenses emplazadas en Colombia sin que hayan sido acusadas ni una sola vez de violar la soberanía de ningún otro país. Pero también es cierto que Bogotá y Washington gestionaron muy mal el anuncio del acuerdo. Con mayor transparencia y consultas más amplias desde el principio, las críticas se habrían silenciado o incluso evitado. Sin duda, los funcionarios estadounidenses deberían haber mostrado más sensibilidad hacia la incomodidad instintiva de los latinoamericanos respecto a la presencia de tropas en la región.

Durante los primeros meses, la administración Obama consideraba a Brasil un socio prometedor a la hora de abordar problemas tanto regionales como internacionales, pero ambos gobiernos no han alcanzado ningún acuerdo en asuntos prioritarios. Aunque han cooperado eficazmente en Haití (antes y después del terremoto), estadounidenses y brasileños se han sentido frecuente y mutuamente desilusionados y frustrados en una serie de asuntos. A EE UU le molestaron las duras y persistentes críticas de Brasil respecto al acuerdo militar con Colombia y la postura de Washington en cuanto a Honduras (aunque últimamente sus diferencias se han reducido ambas cuestiones).

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha contribuido a moderar puntualmente la beligerancia de Chávez respecto a EE UU, pero no ha hecho frente a los ataques del dirigente venezolano contra la democracia en su país ni a su intervencionismo en Centroamérica y Suramérica. La estrecha relación de Brasil con el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, ha preocupado a Washington, concretamente el cálido recibimiento que brindó Lula a Ahmadineyad en Brasil, su defensa de las políticas nucleares iraníes y su aparente indiferencia ante las enérgicas medidas de Irán contra los disidentes nacionales y sus amenazas a Israel.

La cooperación entre EE UU y Brasil en la Ronda de Doha y en  biocombustibles parece estancada. Un año después de la histórica elección de Obama, Lula afirmó en el Financial Times que EE UU “no estaba prestando atención a Latinoamérica”.

A pesar de los apretones de manos y las sonrisas en Trinidad y Tobago, Chávez se ha ceñido a su programa antiestadounidense en el continente americano. Sigue siendo una fuerza peligrosa y perjudicial en los asuntos interamericanos y un adversario incansable y malicioso de EE UU. A menudo, Chávez menosprecia a Obama porque considera que, a pesar de sus buenas intenciones, es demasiado débil para frenar a organismos como el Pentágono y la CIA e impedirles que lleven a cabo políticas agresivas e “imperialistas”. Pero, cada vez con más frecuencia, Obama es atacado como el principal culpable, apenas distinguible de Bush.

En resumen, la administración Obama tiene por delante un duro panorama en Latinoamérica. Es probable que 2010 no sea más fácil que 2009.

Objetivo: una democracia de mayor calidad

La crisis hondureña es un problema que probablemente esté fuera de la agenda. El nuevo gobierno de Lobo está tomando las medidas exigidas por la comunidad internacional. Washington se mueve para levantar todas las sanciones contra el país. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, está a favor del regreso de Honduras a la organización. Brasil se está replanteando su postura y puede que pronto reconozca a Lobo. Aunque las cosas todavía pueden torcerse, lo más probable es que Honduras deje de ser un problema importante en las relaciones interamericanas en los próximos meses. El episodio de Honduras ha salpicado a casi todos los gobiernos e instituciones implicados. Está claro que el continente necesita una estrategia mejor para responder a los golpes de Estado y otras violaciones de las normas democráticas; pero éste es un reto al que, durante algún tiempo, será extremadamente difícil hacer frente dadas las divisiones políticas e ideológicas de Latinoamérica.

La recuperación de Haití de su descomunal terremoto y la posterior reconstrucción de sus instituciones e infraestructuras seguramente serán durante muchos años una preocupación fundamental de EE UU y de otros países de dentro y fuera del continente. La comunidad internacional había trabajado de manera eficaz en Haití antes del terremoto y todo indica que la cooperación multilateral se prolongará en el futuro inmediato. Aparte de las grotescas afirmaciones de unos cuantos analistas estadounidenses de derechas que aseguran que los haitianos han recibido el castigo que se merecen y de las descabelladas afirmaciones de Chávez y algunos otros dirigentes del ALBA sobre que EE UU está tratando de colonizar Haití, ha surgido un amplio consenso en cuanto a lo que hay que hacer en el país caribeño y de dónde debe provenir el liderazgo externo (principalmente de las Naciones Unidas, como ha sucedido durante los últimos años, pero con EE UU desempeñando un papel destacado, al menos durante el actual periodo de emergencia).

Aunque la situación en Haití pueda desmandarse y dar pie a  problemas inesperados, como a menudo ha ocurrido en el pasado, no hay motivos para creer que los esfuerzos de ayuda y reconstrucción ocasionen demasiados conflictos políticos en el hemisferio o en el interior de EE UU. Haití plantea una serie de retos formidables, pero no es probable que provoque las batallas ideológicas del pasado.

¿Qué relación con Brasil?

Conseguir que las relaciones con Brasil tomen un rumbo más productivo podría ser la tarea más crucial a la que se enfrente la administración Obama en 2010. El trabajo se ha visto facilitado por la confirmación por parte del Senado, después de mucho esperar, de Sannon como embajador en Brasilia; pero 2009 fue profundamente decepcionante –en ocasiones, frustrante– para los gobiernos estadounidense y brasileño. En enero de 2011 habrá un nuevo presidente en Brasil, aunque nadie espera que se produzcan cambios importantes en las políticas o posturas del país (ni en el continente ni fuera de él).

En muchos sentidos, Washington depende de la cooperación y la buena voluntad de Brasil para sacar adelante su programa en Latinoamérica. Brasil es un centro de poder regional en América y desempeña una función especialmente importante en Suramérica, donde en muchos aspectos ha sustituido a EE UU como potencia dominante. En aquellos asuntos en los que Washington y Brasilia puedan formar un frente común, es probable que la mayoría de los países del continente les sigan. EE UU también debe negociar cada vez más a menudo con un Brasil influyente y omnipresente en diversos asuntos internacionales, como el comercio multilateral, el cambio climático, la no proliferación nuclear y la gestión financiera mundial, por ejemplo. Ambos países deberían aprovechar mejor la multitud de oportunidades que les brindaría una relación económica más sólida.

En la actualidad Brasil se sitúa entre el puesto 11-12 como socio comercial de EE UU y, lo que es más significativo, el aumento del comercio bilateral ha sido menor que la expansión comercial de EE UU en los otros países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y con México. Aunque Brasil sigue recibiendo más inversiones directas estadounidenses que estos países, está perdiendo terreno rápidamente respecto a China e India. La nueva inversión estadounidense se dirige más hacia los países asiáticos que hacia Brasil.

El reto de la administración Obama no es sólo llegar a acuerdos con Brasil y desarrollar una cooperación más sólida en los foros regionales e internacionales; consiste, ante todo, en encontrar formas más constructivas de enfrentarse a las posturas divergentes y a los desacuerdos políticos entre ambos, de modo que no generen tensiones recurrentes. A más largo plazo, la calidad de las relaciones bilaterales dependerá de la disposición de los dos países a replantearse leyes y normas perjudiciales desde el punto de vista comercial (y diplomático) en campos como el comercio, la energía y la agricultura.

Mayor colaboración con México

La relación de EE UU con México podría ser un reto aún más importante para la administración Obama. Aunque los dos países están enormemente integrados y han desarrollado una cooperación cada vez más eficaz en muchos asuntos, no progresan de forma clara a la hora de abordar los problemas más críticos. Esto es una fuente de intranquilidad y de cierta tensión. En primer lugar, es necesario replantearse las relaciones económicas. En 2009 México sufrió la crisis económica más profunda de toda Latinoamérica, principalmente debido a su enorme dependencia de los mercados, el turismo y las remesas de EE UU, pero también a causa de sus deslucidos intentos de reforma política.

Washington ha ofrecido algún que otro apoyo a las iniciativas mexicanas para hacer frente a la incesante oleada de crimen y violencia, pero ha sido incapaz de reducir el consumo de droga en EE UU o frenar el contrabando de armas a México, lo cual sería de gran ayuda. En segundo lugar, la incapacidad de EE UU para reformar su sistema de inmigración es una fuente constante de fricción bilateral. Durante algún tiempo, las relaciones tendrán que seguir su rumbo sin que se produzcan reformas importantes en la política estadounidense de inmigración o contra la droga, ya que es difícil que Obama pueda modificarlas en el actual escenario político nacional.

La desilusión de Bogotá

Una tercera tarea que Washington tiene por delante es ofrecer garantías a Colombia de que mantendrá su apoyo mientras lucha contra la guerrilla y el narcotráfico, se enfrenta a las amenazas de la vecina Venezuela y a las duras críticas de toda Suramérica por sus vínculos militares con EE UU. El gobierno colombiano ya está desilusionado porque la administración Obama no ha sido aún capaz de tomar ninguna medida para garantizar la aprobación por parte del Congreso del acuerdo de libre comercio que firmó con Washington hace dos años. Los colombianos agradecieron la referencia favorable al acuerdo que hizo Obama en su discurso sobre el estado de la Unión, pero siguen esperando con impaciencia un indicio de que la administración tiene algún plan para avanzar en su ratificación. Recientemente, el gobierno colombiano se ha molestado por la reducción (aunque pequeña y predecible) en el presupuesto estadounidense de la ayuda militar del plan Colombia solicitada para el año que viene.

A Colombia no le preocupa tanto que Venezuela inicie una guerra como que Chávez refuerce su apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ya disfrutan de refugio seguro en Venezuela, y prolongue el conflicto interno de Colombia. Pero el reto de Obama no es tan sencillo como ayudar a Bogotá a soportar las tácticas agresivas de Caracas, también debe persuadir al gobierno colombiano de que haga un mayor esfuerzo para frenar las violaciones de los derechos humanos, controlar sus servicios secretos y de seguridad y mantener desarmados a los paramilitares. Por otra parte, es preciso que Washington garantice a otros países de Suramérica que el acceso a las bases militares colombianas no representa una amenaza para ninguno de ellos.

De Venezuela a Cuba

Venezuela sufre dificultades internas cada vez más graves –una economía deteriorada, la intensificación de las tensiones y conflictos políticos y un aumento del crimen y la violencia– que amenazan la capacidad para gobernar de Chávez. Pero esto también podría volverle más peligroso y empujarle cada vez más hacia la represión interna y la bravuconería de cara al exterior para conservar el poder. Responder a Venezuela y a sus aliados del ALBA exigirá un malabarismo delicado.

El enfrentamiento con Chávez suele ser contraproducente y, la mayoría de las veces, le envalentona más que le aplaca. Washington tiene que ser precavido para que su actuación frente a Venezuela no perjudique sus relaciones con otros países ni genere simpatías por el gobierno de Chávez. Aun así, será difícil para EE UU hacer caso omiso de las violaciones de las normas democráticas por parte de Chávez, su injerencia en los asuntos de otros países y sus relaciones cada vez más estrechas con Irán.

El acercamiento bilateral de la administración Obama a Cuba había empezado a producir algunos cambios, pequeños pero importantes: una flexibilización de las restricciones impuestas en la era de Bush a las remesas y los viajes familiares de los cubanos estadounidenses, la autorización de nuevas inversiones en el sector de las telecomunicaciones de la isla, un nuevo diálogo sobre la emigración y las negociaciones para establecer un servicio de correos regular. Esta estrategia de pequeños pasos parece haberse estancado ahora.

El gobierno cubano se ha negado a responder a las iniciativas estadounidenses haciendo concesiones por su parte, lo que aumenta el coste político de las nuevas medidas que tome Washington. La detención en La Habana de un contratista del gobierno estadounidense, acusado de trabajar con disidentes, ha complicado aún más la labor de la diplomacia de EE UU. Además, un activo y todavía relativamente poderoso grupo de presión anticastrista ha logrado impedir que el Congreso apruebe cualquier medida legislativa, y la cautela burocrática dentro del gobierno sigue siendo un obstáculo para el cambio.
Sin garantías de ningún avance importante, la administración Obama no estaría dispuesta a asumir la iniciativa y el mayor riesgo político necesarios para reiniciar la política estadounidense respecto a Cuba.

Por una nueva relación económica

Curiosamente, lo que muchos temían que sería el reto más complicado en relación con Latinoamérica, y tal vez más perjudicial para las relaciones de EE UU con la región, la crisis financiera mundial, ha tenido un impacto moderado en Latinoamérica, mucho menos destructivo de lo que se temía. En la mayoría de los países, el daño económico y social se ha mantenido bajo control, y el crecimiento se está reanudando. Y pese al hecho de que la crisis fue básicamente made in the USA, las recriminaciones contra Washington han sido escasas (incluso en México). El mérito es, en su mayoría, de los gobiernos latinoamericanos por haber mejorado de forma constante su gestión económica en los últimos años. De hecho, los países de América Latina en general han dirigido su economía mejor que EE UU.

Aun así, lo que Latinoamérica –una región de países con ingresos medios en su mayoría– más necesita de EE UU en los próximos años es acceder a su economía, de más de 14 billones de dólares, casi el cuádruple del total de las economías de la región. América Latina necesita el capital estadounidense para la inversión, los mercados estadounidenses para las exportaciones y la tecnología estadounidense para conseguir un crecimiento continuado de alrededor del cinco por cien anual.

Hasta ahora, sin embargo, la administración Obama ha guardado cierto silencio sobre cómo se propone abordar el aspecto económico de sus relaciones con Latinoamérica. Ha dicho poco sobre sus planes una vez que consiga la aprobación de los tratados comerciales con Colombia y Panamá (o sobre cómo propone abrir las autopistas estadounidenses a los camiones mexicanos, como exige el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre EE UU, Canadá y México).

Washington ha permanecido callado en cuanto al veredicto de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en un caso presentado por Brasil respecto a la ilegalidad de las subvenciones al algodón estadounidense (y en cuanto a la inminente perspectiva de una represalia por parte de Brasil autorizada por la OMC). La administración Obama no ha dado a conocer lo que piensa sobre las subvenciones, tarifas y cuotas que EE UU aplica a diversos productos agrícolas, entre ellos el etanol, y que han bloqueado la puesta en marcha de un acuerdo sobre biocombustibles con Brasil. Tampoco está claro si EE UU apoyará la ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo, cuya importancia para la región, especialmente en el caso de los países más pequeños y pobres, ha aumentado como consecuencia de las restricciones al crédito tras la crisis.

Más que responder a cada uno de estos problemas, la administración Obama podría tratar de desarrollar un marco más amplio para las relaciones económicas de EE UU con Latinoamérica. No tiene sentido intentar resucitar el Área de Libre Comercio de las Américas, que dominó el pensamiento sobre los tratados económicos continentales durante casi 12 años (pero que perdió su credibilidad en 2003, cuando ni EE UU ni Brasil se mostraron por la labor de llegar a acuerdos, ni siquiera de continuar con las negociaciones). Pero EE UU debería explorar junto con Brasil y otros países latinoamericanos clave, formas alternativas de desarrollar una cooperación económica a largo plazo en el continente. Una nueva estrategia económica proporcionaría a la política estadounidense hacia Latinoamérica la dirección y energía que actualmente le falta.