La comunidad internacional en su conjunto se plantea la supervivencia del actual patrón monetario, basado en el dólar. Durante la Cumbre del G-20 en Londres, Estados Unidos aceptó que el FMI emitiese el equivalente a 250.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro.

La actual crisis global constituye un fenómeno complejo cuya comprensión exacta podrá llevar varios años. La propia evolución de la crisis todavía no está del todo clara. No sabemos si, de hecho, lo peor ya ha pasado y los signos de estabilización de los mercados financieros, la recuperación de los precios de los activos y la incipiente reactivación de la economía en Estados Unidos y en la Unión Europea se consolidarán en los próximos meses o si, por el contrario, nos encontramos en medio de una calma temporal que dará lugar a nuevas rondas de convulsiones en el sistema financiero y en la economía real. Todavía persiste un alto grado de incertidumbre sobre la salud real de las instituciones financieras europeas y norteamericanas, sobre la capacidad de los paquetes de estímulos fiscales adoptados para inducir un ciclo sostenible de actividad económica capaz de revertir el aumento del desempleo, y sobre la reversión efectiva de los grandes desequilibrios macroeconómicos globales.

Ante estas incertidumbres, es difícil emitir juicios definitivos sobre cuál será el nuevo mundo que nacerá de la crisis económica, y qué papel desempeñará Brasil; cómo será la actuación de nuestra diplomacia económica ante los diferentes escenarios posibles de reubicación de los pesos relativos de los países avanzados y emergentes en el sistema internacional, y cómo evolucionará nuestra agenda de intereses.

Establecida esta necesaria cautela, es posible afirmar que, pese a sus altos costes económicos –que en 2009 podrán llegar al 4% del PIB en Brasil en términos de crecimiento que dejó de materializarse– la crisis se está configurando también como una oportunidad para que los países emergentes amplíen su participación en los mecanismos de decisión económicos globales y promuevan una reforma de la arquitectura financiera internacional.

La crisis como oportunidad para la política exterior
La crisis ha humillado a EE UU y, de alguna manera, también a los demás países desarrollados, dejándolos en una posición frágil. Esos países se han visto  forzados a reconocer que su legislación financiera estaba repleta de fallos, sus mecanismos de supervisión bancaria eran poco eficientes y sus agencias reguladoras, inoperantes. Esto es especialmente doloroso porque los sistemas financieros de EE UU y Reino Unido, las dos grandes economías más afectadas, se consideraban los más sólidos, sofisticados y eficientes del mundo. También han tenido que reconocer que la superación de la crisis no será posible sin la cooperación de las economías emergentes. Éstas están aprovechando la situación para exigir modificaciones en los mecanismos internacionales de toma de decisión. El principal instrumento utilizado a partir de la crisis ha sido las cumbres de jefes de Estado y de gobierno del G-20 celebradas en Washington (noviembre de 2008), Londres (abril de 2009) y Pittsburgh (septiembre de 2009).

El G-20 se creó como foro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales por iniciativa de EE UU y con el aval de los demás miembros del G-7 a finales de los 90, siguiendo la estela de las crisis cambiarias y de la balanza de pagos de México (1994), Asia (1997) y Rusia (1998). Existía la percepción de que los llamados países emergentes se integraban cada vez más en la economía mundial y eran considerados inestables, como demostraban las crisis de los años 90, pasando a representar un riesgo sistémico con un potencial creciente de dañar la estabilidad económica de los países avanzados.

El objetivo del G-7 era establecer un diálogo permanente con los países emergentes para darles lecciones sobre las “buenas prácticas” financieras y macroeconómicas en vigor en los países avanzados. Además de los miembros del G-7 y de la presidencia de la UE, fueron invitados a integrar el grupo Suráfrica, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Rusia y Turquía. Los países desarrollados se consideraban maduros y estables, y se suponía que las crisis financieras sólo podrían originarse en las economías emergentes.

Paralelamente, el G-7 creó el Foro de Estabilidad Financiera (FSF, por sus siglas en inglés) compuesto exclusivamente por países desarrollados con importantes centros financieros y varias organizaciones internacionales o regionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Central Europeo (BCE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otras. En este foro se discutieron patrones y normas para fortalecer los sistemas financieros. Además del G-7, integraron el FSF Australia, Holanda y Suiza, y Singapur y Hong Kong, invitados por ser importantes plazas financiera. Es interesante destacar que los países del G-7 tenían tres asientos cada uno, en los que estaban representados sus bancos centrales, ministerios de Finanzas y comisiones de valores mobiliarios. Los demás países sólo contaban con uno.

El FSF se sumó a otras instituciones existentes en las que también participaban únicamente países desarrollados, en especial el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, el Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores Mobiliarios (IOSCO) y el Consejo Internacional de Estándares de Contabilidad (IASB). Esos grupos definían patrones y normas para el funcionamiento de los mercados financieros y la supervisión bancaria, a los que se instaba a adherirse a los países emergentes.

Pasadas las crisis financieras de los años noventa y principios de la década actual, la economía mundial entró en fase de crecimiento durante varios años, con una aparente sostenibilidad y estabilidad. El G-20 siguió reuniéndose a nivel de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales, pero su agenda pasó a abordar asuntos más rutinarios. Cuando, en el verano de 2007, surgió la crisis hipotecaria en EE UU y los mercados financieros internacionales comenzaron a deteriorarse rápidamente, el G-20 parecía un grupo en busca de un argumento que justificase su existencia.

En el segundo semestre de 2008, el agravamiento de la crisis que culminó con la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers el 15 de septiembre llevó a los mercados interbancarios a una casi completa parálisis, como consecuencia de la total falta de confianza entre los bancos. El riesgo de un colapso completo del sistema financiero en EE UU y Europa, con repercusiones imprevisibles, parece haber causado un sentimiento de casi desesperación en Washington y en los gobiernos de algunos países europeos. Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial estaban previstas para el 11 y 12 de octubre. Conforme a la tradición de ese grupo, los ministros de finanzas del G-7 se reunieron el 10, víspera del encuentro del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, y emitieron un comunicado conjunto.

En 2008, Brasil ocupaba la presidencia del G-20, que concluiría con una reunión ordinaria de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales en São Paulo el 8 y 9 de noviembre. El 9 de octubre, sin embargo, el departamento del Tesoro de EE UU solicitó a Brasil que organizase en Washington, al margen de los eventos del FMI y el Banco Mundial, una reunión de emergencia de ministros de Finanzas del G-20, considerando que el tradicional comunicado del G-7 probablemente sería insuficiente para calmar el nerviosismo de los mercados. El encuentro solicitado se celebró en la noche del 11 de octubre. Dos horas antes, la Casa Blanca comunicó a la delegación brasileña que el presidente George W. Bush comparecería. Su intención parecía, ser sobre todo, demostrar a los mercados que EE UU no estaba solo. El ministro de Hacienda de Brasil presidió la reunión, que terminó con un comunicado del G-20. En el documento, los ministros expresaron, entre otras cosas, su decisión de profundizar en la cooperación para superar la crisis, perfeccionar la regulación financiera y asumir el compromiso de que las acciones individuales no deberían emprenderse en detrimento de otros países o del conjunto del sistema.

Los presidentes de Francia, Nicolas Sarkozy, entonces presidente de turno de la UE, y Jose Manuel Durão Barroso, de la Comisión Europea, realizaron un viaje de emergencia a Washington el 18 de octubre para convencer al gobierno Bush de que convocara una reunión de emergencia de jefes de Estado y de gobierno del G-7 y de algunos países emergentes importantes, para discutir una acción conjunta con el fin de hacer frente a la crisis financiera. Paralelamente, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, se refirió públicamente al agotamiento del G-7 y propuso su sustitución por un grupo mayor, con la participación de los países emergentes más destacados. Su idea era crear un steering committee formado por el G-7, además de Brasil, China, India, Rusia, Arabia Saudí, México y Suráfrica.

Tras varias deliberaciones, EE UU optó por invitar a los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros del G-20 a la Cumbre sobre Mercados Financieros y la Economía Mundial, que se celebró el 15 de noviembre de 2008 en Washington. La opción del G-20 se justificó por ser un grupo ya existente y con canales de comunicación bien establecidos entre los ministerios de Finanzas y los bancos centrales, lo que evitaría el desgaste político de seleccionar países.

La Cumbre del G-20 celebrada en Washington adoptó cuatro decisiones importantes: la ampliación de las acciones de política fiscal y monetaria para frenar el deterioro del escenario económico; la definición de principios, junto a un plan de acción, para la reforma de la regulación de los mercados financieros; el compromiso con una economía abierta para evitar la repetición de la experiencia de los años 30 del siglo XX; y la reforma de la arquitectura financiera internacional, dejando margen para una mayor participación de los países emergentes en los mecanismos de toma de decisiones. En cuanto a este último punto, se alcanzó el compromiso de una reforma amplia de las instituciones de Bretton Woods para reflejar la evolución del peso relativo de los países en la economía internacional y el reconocimiento de que los emergentes y en desarrollo deberían tener más voz y representación. El FMI había aprobado una transferencia de cuotas en abril de 2008, y estaba prevista una nueva revisión para 2013.

También se decidió que el FSF debía abrirse con urgencia a la participación de los países emergentes, y que los demás foros definidores de patrones financieros debían revisar su composición. El ingreso en agrupaciones informales como el FSF y el Comité de Basilea, así como la redistribución del poder de voto en el FMI y el Banco Mundial fueron demandas de los países emergentes. La crisis se tradujo en el debilitamiento relativo de los países desarrollados y permitió la aceleración de un proceso que probablemente sucedería en cualquier caso, pero hubiera llevado más tiempo.

En los meses siguientes, a pesar de una cierta resistencia, el FSF se amplió para incluir a todos los países emergentes del G-20, además de España y la Comisión Europea; el Comité de Basilea pasó a incluir a los países emergentes del G-20 y Australia. Brasil, China e India integraron el Comité Técnico de la IOSCO y un brasileño fue elegido por primera vez para el Consejo del IASB.

La Cumbre del G-20 en Londres en abril de 2009 se celebró en un momento en que, a pesar de las sustanciosas inyecciones de capital en los bancos por parte del gobierno norteamericano y de los europeos, así como los paquetes de estímulo fiscal sin precedentes, la confianza de los mercados seguía deteriorándose. Uno de los objetivos centrales de la reunión era revertir las expectativas pesimistas demostrando que los gobiernos seguirían con las medidas de estímulo durante el tiempo que fuese necesario y evitarían la quiebra de instituciones financieras de importancia fundamental para el sistema. Además, a fin de aumentar la liquidez internacional y posibilitar la ayuda a países emergentes en dificultades, los líderes del G-20 anunciaron la triplicación de los recursos del FMI hasta alcanzar los 750.000 millones de dólares,1 la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), por parte del Fondo por valor de 250.000 millones de dólares, la movilización de 250.000 millones de dólares para la financiación del comercio y la instrucción de que los bancos multilaterales de desarrollo deberían ampliar sus préstamos en 100.000 millones de dólares. En materia de reforma de la arquitectura financiera internacional, el FSF se transformó en Consejo de Estabilidad Financiera, con un mayor grado de institucionalización, y se definieron los plazos para la transferencia de poder de voto en el Banco Mundial (abril de 2010) y el FMI (enero de 2011).

La reunión de Pittsburgh (EE UU), en septiembre de 2009, marcó un importante punto de inflexión, pues las discusiones dejaron de enfocarse sólo en la gestión de la crisis y pasaron a abordar también el periodo poscrisis. Se lanzó el Marco para el Desarrollo Robusto, Sostenible y Equilibrado, un mecanismo de peer review entre los países del G-20 para asegurar que las estrategias de crecimiento de cada uno sean coherentes entre sí y no provoquen desequilibrios en la economía mundial. Se profundizó en la reforma de las instituciones de Bretton Woods, con la decisión de que la transferencia del poder de voto a favor de las economías dinámicas subrepresentadas fuera de al menos el 5% en el FMI, y el 3% en el Banco Mundial. La decisión más importante, sin embargo, fue la consolidación del G-20 a nivel de jefes de Estado y de gobierno, en sustitución del G-8, y su designación como principal foro para la cooperación económica internacional entre sus miembros. Tal formulación nunca había sido empleada para caracterizar al propio G-7/G-8, lo que significaba, en la práctica, que el G-20 de líderes nacía con mayor grado de institucionalización que su antecesor.

El grupo crea una nueva instancia permanente de actuación internacional para la diplomacia económica brasileña, que demandará capacidad de articulación de posiciones en el plano interno y flexibilidad de articulaciones en el plano externo. Facilitará la continuidad de las reformas de la arquitectura financiera internacional y la ampliación de la participación de los países emergentes en las decisiones importantes sobre los destinos de la economía mundial. Al mismo tiempo, abre la posibilidad para abordar nuevos desafíos, en especial el creciente papel de China.

Desafíos económicos
Ya en 1996, en el artículo “Reverse Linkages: The Growing Importance of Developing Countries”, S. Ghosh llamaba la atención sobre las evidencias de que la relación tradicional en que los países en desarrollo eran altamente dependientes de los países desarrollados se estaba modificando. La participación de los países en desarrollo en la producción, el comercio y los flujos de capitales estaba aumentando, y esa tendencia iba a acelerarse cada vez más. Como resultado de ese nuevo escenario, estaban surgiendo los “vínculos invertidos”, que traducían el impacto creciente de los países en desarrollo sobre los países desarrollados. Otro estudio, en la misma línea, fue publicado por el Consejo Nacional de Inteligencia del gobierno norteamericano con el título Mapping the Global Future. Este estudio afirmaba que “las nuevas potencias, China, India, y tal vez otras como Brasil e Indonesia, podrán inducir un nuevo conjunto de alineamientos internacionales, con el potencial de marcar una superación definitiva de las prácticas e instituciones surgidas tras la Segunda Guerra mundial”. En cuanto a los países en desarrollo, han llamado la atención sobre los desafíos y consecuencias geopolíticas que representan el envejecimiento de sus poblaciones, especialmente el deterioro de las cuentas públicas derivado de los gastos adicionales en pensiones y salud. En septiembre de 2004, también el FMI dedicó su principal publicación semestral, World Economic Outlook, a la misma cuestión, con el título The Global Demograhic Transition.

Las recomendaciones de esos estudios para los países desarrollados en términos de políticas macroeconómicas coincidían en cuanto a la necesidad de un ajuste fiscal a corto y medio plazo para hacer frente al peso de la transición demográfica a largo plazo. Lo que ha quedado patente con la crisis financiera ha sido que las respuestas para salvar el sistema financiero y estimular la reacción de la economía han evitado un colapso a corto plazo, pero han añadido un coste significativo a las cuentas públicas. La suma del coste del ajuste de corto plazo para enfrentar la crisis y los costes de largo plazo derivados de la transición demográfica, plantea un serio interrogante sobre la posición relativa de los países desarrollados en los próximos años. El FMI estima que, como media, para reducir la deuda pública de los niveles actuales al 60% del PIB en los países avanzados será necesario pasar de un déficit del 3,5% actual a un superávit del 4,5% en 2020, manteniéndolo en este nivel durante toda la década siguiente. Se trata de un ajuste del 8% del PIB en los próximos 10 años. Para los países del G-7, las estimaciones de ajuste se encuentran en la siguiente tabla:

Otros desafíos importantes a los que se enfrentan los países desarrollados son:
– El sistema bancario todavía no se ha saneado completamente. Ann Lee llama la atención sobre el hecho de que, en EE UU, los bancos considerados “demasiado grandes como para quebrar” y que recibieron altas sumas de recursos siguen sin prestar, prefiriendo fortalecer sus balances. En julio de 2009, la oferta de crédito por parte de esos bancos fue 54.000 millones de dólares inferior a la del mes anterior. Paralelamente, los bancos pequeños, sin importancia sistémica, siguen quebrando –115 habrían cerrado en 2009– sin atraer mucha atención de la prensa. Esas instituciones menores son la principal fuente de crédito para las pequeñas y medianas empresas, que a su vez son las que más empleos generan.
– Los paquetes de estímulo parecen no ser suficientes para reactivar el crecimiento, especialmente en EE UU y Reino Unido. Eso se debe en gran parte al alto endeudamiento de las empresas y de las familias y al aumento del desempleo. En lugar de canalizar los recursos de los paquetes de estímulo hacia el consumo o las inversiones, los agentes económicos prefieren ahorrar o pagar deudas, creando un efecto de amortiguación en vez de multiplicación del gasto público. Economistas como Paul Krugman consideran que el paquete de ayuda de 937.000 millones de dólares anunciado por el gobierno de Barack Obama está muy por debajo de lo necesario dadas las proporciones de los problemas económicos de EE UU.
– Las empresas están reduciendo los gastos en I+D, lo que afectará negativamente el crecimiento de la productividad en el futuro.

En virtud de ello, en caso de que los llamados “brotes verdes” de la recuperación económica signifiquen que, efectivamente, lo peor de la crisis ha pasado, muchos creen que no se volverá a la situación anterior, sino que los países desarrollados vivirán una “nueva normalidad”, caracterizada por el alto desempleo y el bajo crecimiento.

En el caso de los países emergentes, tras mucho debate sobre desvinculación y “revinculación”, lo que se tiene de concreto hasta el momento es que, salvo conocidas excepciones, sus sistemas financieros no se han contaminado con los activos de la burbuja hipotecaria. Sus economías están demostrando una capacidad de recuperación del crecimiento mucho más rápida que la de los países desarrollados. Brahmbhatt y Pereira da Silva afirman que, aunque los ciclos económicos en los países emergentes hayan evolucionado de forma similar que en los desarrollados desde 1961, se observa un desplazamiento de la tendencia del crecimiento. Para Otaviano Canuto, vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ese desplazamiento se sustenta en las siguientes razones: después de años de ajustes macroeconómicos, las balanzas nacionales se encuentran en buena forma y en situación sostenible; la existencia de un “hiato de convergencia” permitirá el catch-up tecnológico; hay posibilidad de reducción de la dependencia de las exportaciones hacia los países ricos. Se podría añadir a ese respecto el gran potencial del comercio Sur-Sur. Jim O’Neill, economista de Goldman Sachs y creador del término BRIC comparte esta opinión.

Para los países emergentes con un crecimiento basado en las exportaciones, la reorientación hacia el mercado doméstico no siempre es fácil, como demuestra el caso de China. El gobierno chino anunció a finales de 2008 un paquete fiscal de cerca de 586.000 millones de dólares con el objetivo de estimular el mercado interno. Según evaluaciones preliminares, buena parte de esos recursos se estaría canalizando hacia inversiones, incluso en sectores donde ya existe exceso de capacidad como el siderúrgico. Michael Pettis, profesor en la escuela de Administración y Finanzas de la Universidad de Pekín, argumenta que los mecanismos que transfieren renta de los consumidores a los sectores productivos exportadores siguen vigentes, en especial los tipos de interés y los precios de la energía subsidiados o el cambio artificialmente bajo entre otros. Ese exceso de capacidad productiva con respecto a la posibilidad de consumo doméstico no podrá venderse al consumidor norteamericano, que pasará varios años pagando deudas pasadas. La tentativa de desovar esos stocks en otros mercados, gracias al cambio subvalorado, podrá crear tensiones crecientes en el sistema internacional de comercio.

Una cuestión que se plantea para el conjunto de la comunidad internacional se refiere a la supervivencia del actual patrón monetario internacional basado en el dólar. China viene promoviendo activamente la aceptación internacional de su moneda mediante acuerdos de swap, especialmente en Asia.2 Ante la necesidad de dar mayor liquidez a los mercados internacionales, EE UU modificó una posición histórica al mostrar su acuerdo, durante la Cumbre del G-20 en Londres, respecto a que el FMI emitiese el equivalente a 250.000 millones de dólares en DEG. Si el yuan o los DEG desafiarán algún día la posición del dólar como principal moneda de reserva todavía es difícil de precisar. A medio plazo, China tendrá que escoger entre dar al yuan el estatus de moneda de reserva, lo que implica la eliminación de controles cambiarios y de capitales, o seguir utilizando el tipo de cambio subvalorado para promover exportaciones.

En el caso del FMI, un mayor papel para los DEG exigiría un mandato para emisiones regulares, algo que el Fondo todavía no tiene. Cada nueva emisión exige el acuerdo específico de los países miembros lo que, en algunos casos como EE UU, requiere la aprobación de los Parlamentos. Además de eso, los países emergentes sólo aceptarán conferir mayores poderes al FMI si hay una profunda reforma de la institución, especialmente en lo tocante a la democratización del poder decisorio. El FMI no ha logrado siquiera desempeñar de modo adecuado su función de prestamista de última instancia para los países miembros. Esto se deriva de las opciones de los accionistas mayoritarios que, a partir de los años ochenta, pasaron a imponer a la institución la exigencia de condiciones crecientes para la concesión de préstamos, lo que creó un estigma para los prestatarios. Actualmente sólo recurren al FMI los países sin alternativas. Existe un consenso entre los economistas en que la gran acumulación de reservas por parte de algunos países emergentes como China, India, Brasil, Rusia, Corea del Sur y otros, dificulta el reequilibrio macroeconómico mundial. No obstante, tales países sólo estarán dispuestos a prescindir de una política de “seguro” que ha funcionado muy bien durante la actual crisis financiera, si existe la confianza de que el FMI tendrá un volumen de recursos suficiente; permitirá el acceso de modo automático, es decir, completamente y sin condicionantes; y el coste de los préstamos será menor que el del cargamento de las reservas. No hay, de momento, seguridad en cuanto a ninguna de estas cuestiones.

Riesgos a corto plazo
Después de la Cumbre de Londres del G-20, el primer ministro británico, Gordon Brown, declaró a la prensa que el grupo había creado un nuevo orden económico internacional. Al margen de una cierta exageración, es cierto que las reformas introducidas en la arquitectura financiera se traducen en un mayor peso relativo de los grandes países emergentes miembros del G-20. Si el mundo llegará a un orden económico a través de negociaciones o sólo tras nuevos episodios de crisis, todavía es pronto para precisarlo. Existen riesgos considerables en el corto plazo:

– Una recaída en la recesión (en W) tras el fin del efecto de los paquetes de estímulo fiscal en los países desarrollados. Una nueva desaceleración de la economía podrá elevar los niveles de insolvencia y presionar nuevamente los balances de las instituciones financieras. Dado el acentuado deterioro de las cuentas públicas, los gobiernos de esos países poseen poco margen de maniobra para nuevas intervenciones.
– El continuo rechazo chino a asumir parte de los costes del ajuste económico global a través de una mayor flexibilidad cambiaria tiende a crear tensiones crecientes en el sistema internacional de comercio y puede hacer insostenible mantener los compromisos de no adoptar medidas proteccionistas en varios países, dado que el coste del ajuste global está recayendo de modo desproporcionado sobre los países que adoptan el cambio fluctuante. Además de eso, la insistencia china impedirá el ajuste de la economía mundial y los desequilibrios macroeconómicos permanecerán como fuente de inestabilidad.
– La posible formación de burbujas de activos en los países emergentes, especialmente en Asia. Los inversores están contrayendo deudas en dólares a tipos de interés negativos para aplicar en activos de países emergentes donde la rentabilidad es elevada. Una reversión de las expectativas o el incremento de los intereses por parte de la Reserva Federal estadounidense, podrán conducir al estallido de esa burbuja, con una salida abrupta de capitales de los emergentes, lo que podría desestabilizar a algunos de esos países y provocar nuevos choques en el sector financiero de los países desarrollados.
– Un desmoronamiento desorganizado del dólar con una desconfianza de los mercados con respecto a los activos de EE UU tendría un efecto desestabilizador para la economía mundial, con daños para los países emergentes posiblemente mayores de los experimentados hasta ahora.

En virtud de estos riesgos, Brasil, incluso teniendo un desempeño comparativamente muy bueno durante la crisis hasta la fecha, debe adoptar una postura de extrema cautela, evitando el deterioro de las cuentas públicas, la formación de burbujas de activos y el exceso de valorización del real, y preservando el clima favorable para los negocios. La crisis ha provocado una modificación en la percepción de la posición relativa de los países en materia de riesgos. La dicotomía tradicional “mercados maduros” de las economías avanzadas versus “mercados emergentes” se ha hecho fluida y podrá desaparecer paulatinamente. Se abre una oportunidad histórica para que Brasil deje definitivamente de ser un país periférico para convertirse en un país central en la economía mundial poscrisis. Un desafío que se plantea es cómo maximizará la diplomacia económica brasileña las ganancias ante esta nueva situación.