Una presidencia de solo seis meses, al frente de una de las máquinas más complejas del mundo, la Unión Europea, es difícil de manejar. La inviable idea de las presidencias semestrales data de hace casi 60 años.
De enero a junio de 2010, la presidencia española ha alcanzado algunos objetivos y ha perdido otros. Desde el puesto de observación de esta revista creemos que se han alcanzado objetivos mayores y no se han logrado algunos, pocos, menores.
El Tratado de Lisboa ha empezado a plasmarse en realidades concretas, precisas. Creemos que, más bien que mal, Europa avanza por fin hacia un principio de unión política.
Se han dado dos duros reveses: Barack Obama, decidió, cuando la presidencia cruzaba su ecuador, no asistir a la cumbre programada entre norteamericanos y europeos. Poco después, la UE recibió un segundo golpe, el aplazamiento de la cumbre de la Unión por el Mediterráneo. Hubiera sido necesario y urgente reanudar la relación con Turquía, Siria, Arabia Saudí, Egipto, Libia, Argelia y Marruecos. Pero sobre todo Turquía. No se ha anunciado una nueva fecha.
Pero se han dado grandes pasos. Desde la primera presidencia de España, 1989, año significativo, ha habido notables progresos: en 1995, un decisivo avance hacia la reunificación de Europa; también en aquella segunda presidencia avanzó la agenda transatlántica y se consolidó el Proceso de Barcelona. En la tercera presidencia, 2002, se puso en marcha la convención que redactaría el texto constitucional presidido por Valéry Giscard d’Estaing. Partes menores de su articulado se perdieron. Pero la parte sustancial sobrevivió y está presente hoy en el Tratado de Lisboa, aprobado a finales de 2009. Algunas normas son decisivas, como esta, de solo cinco palabras: la Unión tiene personalidad jurídica.
Lisboa consagra los objetivos de la Unión: promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos (art. 3); delimita las competencias de la UE, regidas por los principios de subsidiariedad y atribución (art. 5); reconoce la Carta de Derechos Fundamentales (art. 6); la ciudadanía de cada individuo integrado en la Unión (art. 9); las instituciones de la Unión: Parla­mento, Consejo, Comisión, Tribunal de Justicia, Banco Central, Tribunal de Cuentas, (art. 13); designa al presidente del Consejo Europeo y al alto representante con funciones legislativa y presupuestaria compartidas con el Parlamento (art. 17 y 18); la competencia de la Unión en Política Exterior y de Segu­ri­dad Común, lo que supone la creación de un Servicio Europeo de Acción Exterior (art. 23); reconoce el compromiso de los Estados y su deber de poner a disposición de la Unión capacidades civiles y militares para alcanzar los objetivos expuestos en el Tratado (art. 42), incluyendo materias de desarme, misiones humanitarias, rescate y prevención de conflictos…
Este entramado jurídico y político ha despegado en el primer semestre de 2010. Y lo ha hecho por el empuje y profesionalidad de la administración española imbricada en Bruselas, París, Berlín, La Haya, Roma, Bar­ce­lona… En estos casos se suele recurrir a un lugar común: ha sido tarea de todos. Pero sin el trabajo de la administración española los objetivos del semestre no se hubieran cumplido.
Esa administración es distinta de la existente a comienzos de los años setenta. Es un progreso y un cambio de signo. Hacia la democracia, pero también hacia la profesionalidad.
En estos primeros seis meses de 2010 ha comenzado a consolidarse el cimiento económico europeo: y no se trata solo de grandes directrices, sino de solucionar la vida diaria de casi 500 millones de ciudadanos. La regulación del sistema financiero comienza a implantarse. Se afirma la ciudadanía europea con las medidas de seguridad interior o el convenio sobre derechos humanos promovido desde el Consejo de Europa. Y, sobre todo, los avances hacia la coordinación de los servicios de inteligencia: junto a Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Holanda, el Centro Nacional de Inteli­gencia español es hoy una buena base.
En junio, último mes de la presidencia, ha dado también sus primeros pasos el Servicio Europeo de Acción Exterior. Hay dudas sobre la nueva alta representante, Catherine Ashton. Pero un servicio exterior no depende solo de quién lo lidera sino de sus integrantes y su presupuesto. Los primeros pasos hacen pensar que la Unión se dotará de un cuerpo exterior eficiente y profesionalizado. La Cumbre UE-América Látina-Caribe  confirma esos indicios. La llamada telefónica del día 21 de junio de Barack Obama al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es un síntoma de interés.
Penúltima obviedad: los españoles no pueden salir solos de la crisis. Tienen poco sentido las acusaciones retóricas. Si España se ha convertido en un protectorado, solo puede haber hecho lo mismo que Alemania, Francia, Reino Unido… Estados que, por cierto, han anunciado subidas de impuestos.
Después de la cuarta presidencia de España, la idea y realidad de Europa ha avanzado. En dificilísimas circunstancias. La España postrada ha dejado ver su coraje y su capacidad de organización.