El año 2009 fue el primero de la sociedad del conocimiento en España, porque el sector de contenidos culturales logró unificar su voz, definir su estrategia y hacer valer su fuerza y papel en el futuro del país. En ese sentido, la Ley de Economía Sostenible marca un antes y un después.

La propiedad intelectual supone el reconocimiento de un derecho particular a favor de un autor u otros titulares de estos derechos, sobre obras del intelecto humano. En los términos de la Declaración Mundial sobre Propiedad Intelectual, votada por la comisión asesora de las políticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el 26 de junio de 2000, ésta es entendida como “cualquier propiedad que de común acuerdo se considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas”.

La propiedad intelectual es un derecho patrimonial de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado para utilizar o explotar de manera industrial y comercial las creaciones, diseños e innovaciones, tales como un producto nuevo, una mejora de maquinaria, obra literaria, musical, videojuegos, películas, etcétera. Y es un hecho indiscutible en cualquier Estado de derecho, que el propietario de la propiedad intelectual tiene la facultad de evitar que otra persona o entidad tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento.

Y es que la obra más banal, el diseño y proyecto más apresurado y comercial, revela la presencia de un autor, con sus gustos y decisiones. Todos los productos en serie se parecen, y a nadie se le ocurre pensar que el profesional que los ha fabricado tiene más o menos talento, pero no sucede lo mismo con una obra musical o escrita, una película o un videojuego.  Detrás de cada contenido hay meses, e incluso años de trabajo e inversión económica que debe ser compensada.

En 1986, a solicitud de Estados Unidos y de otros países desarrollados, la protección de la propiedad intelectual se planteó como un asunto que debía formar parte del sistema del comercio internacional. Los contenidos culturales han generado una industria que ofrece empleo y crea riqueza. Un sector que desempeña un papel muy importante en las distintas economías y que, como en España, alcanza ya el 5% del PIB, y da trabajo a casi medio millón de personas. En EE UU, la industria denominada del entretenimiento, que agrupa no sólo a música, películas o libros, sino también videojuegos, constituye una apartado esencial de la estructura económica que el país se ve obligado a defender con la máxima energía, como sería lógico que también hiciéramos nosotros, al considerarla como parte de la columna vertebral de su economía.

Vivimos en la era del conocimiento y de la información, donde internet desempeña un papel fundamental. Nos sentimos orgullosos de los avances tecnológicos, no sólo por la velocidad de transformación social, sino por la posibilidad que ofrece la red para poner los contenidos culturales al alcance de todos. El viejo mito de la democratización de la cultura hecho realidad. Sin embargo, y al amparo del vacío legal existente, se ha desarrollado, en concreto en España pero también en otros países, una importante y creciente actividad vulneradora de los derechos de propiedad intelectual: la piratería en internet.

Un análisis más profundo nos demuestra que no podemos contar con unas infraestructuras eficaces como las existentes en otros países de nuestro entorno. Además carecemos, por ejemplo, de seguridad jurídica para la inversión de contenidos en la red y, como consecuencia, tenemos todavía una oferta de contenidos legales poco eficiente. Algo que sin duda tiende a mejorar, y que lo hará de forma progresiva en un corto espacio de tiempo, si adecuamos el peaje por acceder a espacios on line a la realidad europea.

Disponemos de la posibilidad de acceder a la red, pero a cambio pagamos unos precios muy por encima de la media europea. Por otra parte, y como una especie de contrapartida mal entendida, tenemos una inmensa oferta de obras copiadas, de pésima calidad, y que vulneran en toda regla las normas y derechos de propiedad intelectual. De esta forma, podemos observar un gran desarrollo de redes gracias a contenidos gratis, pero ilegales, impulsados por una verdadera industria parasitaria que se alimenta del trabajo de otros. Hemos construido la casa por el tejado.

Algunos de los nuevos modelos de producción y de consumo propician la existencia de un cierto culto a la gratuidad, porque se vende la idea, engañosa a la par que con claros tintes de legitimar la ilegalidad, de que es ahí donde se encuentra el progreso y la libertad. Por ejemplo, el P2P, iniciado en el verano de 1999 por Napster, ha conocido una explosión increíble en la música primero, y luego en el cine, y hasta la actualidad sigue experimentado un continuo crecimiento. Consagrada en una etapa inicial en la música, la descarga salvaje se basa ahora en su mayoría en el cine, gracias al incremento de existencias. A título de ejemplo, El Código da Vinci ya circulaba por numerosas redes tan sólo cinco días después de su proyección en el Festival de Cannes. Según algunas encuestas estadounidenses, las películas representan más del 70% de los ficheros descargados ilegalmente en internet. La amplitud y persistencia de la vulneración de derechos obliga a preguntarse a qué se debe esta masiva falta de respeto sobre la propiedad intelectual.

Las descargas ilegales enriquecen a los operadores de la red, mientras los piratas, que no ven más allá del extremo de su ratón, piensan en la gratuidad de los contenidos culturales como el exponente de la democratización de la cultura. No se dan cuenta de que el supuesto universo gratuito de internet no lo es en absoluto. Si los contenidos piratas lo son, las páginas ilegales y que vulneran derechos de propiedad intelectual también, los usuarios de éstas tienen que pagar abonos (registros) a voraces operadores dispuestos a todo para seducirles. Es como si de pronto nos ofrecieran gratis la gasolina, pero tuviéramos que pagar por la caja de cambios. Es algo tan aberrante que los acostumbrados a las descargas ilegales debían darse cuenta de que con su actitud, además de perjudicar a un sector importante para la economía y el empleo, sólo benefician a los grandes operadores: cuantos más ficheros descargados, cuanto más tráfico circule por la red, aunque sea ilegal, más ingresos.

España ocupa uno de los primeros lugares del mundo en vulneración de derechos de autor y propiedad intelectual. Según el último informe de la Oficina de Defensa de los Intereses Comerciales de EE UU (USTR), publicado en el mes de mayo, nuestro país continuará en la lista de vigilancia del mencionado organismo durante 2010 porque, a su juicio, ni la Administración ni la Justicia hacen esfuerzos eficaces para perseguir y acabar con el crecimiento de la piratería en la red. De hecho, la despenalización de las descargas ilegales contribuye, incluso, a que la percepción pública sea que esta actividad es lícita. Ya en el estudio Online Trends & Insights 2008, se afirmaba que España era uno de los países del mundo con una de las legislaciones más laxas en lo que a protección de derechos de propiedad intelectual se refiere. Otros informes basados en estudios de la Comisión Europea y de la OMPI hablan por sí solos: el impacto de la piratería provocó la pérdida de 185.000 puestos de trabajo en 2008 en los cinco países más afectados por este gravísimo problema: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Las compañías del sector registraron, además, unas pérdidas de ingresos superiores a los 10.000 millones de euros. Por otra parte, según los análisis más plausibles, se prevé que el crecimiento de tráfico IP será del 24% hasta 2015, y que la evolución de la piratería seguirá esta lógica tendencia. Si los gobiernos europeos no adoptan medidas de firmeza contra esta lacra, que supone un atentado contra el desarrollo económico del sector y los trabajadores que lo integran, las pérdidas de ingresos para esta industria alcanzará los 56.000 millones de euros en 2015 y se perderán 1,2 millones de puestos de trabajo.

En el estudio elaborado por la consultora estadounidense IDC, a instancias de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, dentro del primer Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, se observa cómo las descargas ilegales en nuestro país alcanzan unas cotas elevadas. Según el estudio, el más exhaustivo realizado hasta ahora en España sobre esta materia, el valor total de los contenidos pirateados asciende a 5.121 millones de euros sólo en el segundo semestre de 2009: más de tres veces el valor del consumo legal. Eso quiere decir que si todos los contenidos consumidos de manera ilícita fueran pagados, el mercado podría ser tres veces mayor que el actual. Por segmentos puede observarse como la realidad es alarmante: En música, el porcentaje de lo pirateado durante el segundo semestre de 2009 fue del 95,6%, con un valor de 2.291 millones de euros; en videojuegos este dato alcanza los 246,2 millones de euros, lo que supone el 52,3% de tasa de piratería; el de las las películas es otro de los sectores más afectados, con un porcentaje del 83,7% y un valor de 2.382,5 millones de euros, y en libros llega al 19,7% y 200,5 millones. Es muy relevante lo que ocurre en este último segmento, el de libros, si se tiene en cuenta que la piratería acaba de comenzar para este sector.

Una situación destructiva para un sector que aporta una buena dosis de riqueza al país, –como he señalado antes, aproximadamente el 5% del PIB– . El valor de lo pirateado en contenidos culturales digitales en España superó los 10.000 millones de euros en 2009. Si hacemos una apreciación modesta, las compañías del sector podían haber captado cerca de la mitad de esa cifra, si hubiera una legislación que de manera contundente pusiera freno a la vulneración de derechos de propiedad intelectual. Al no hacerlo, la Hacienda Pública española ha dejado de percibir, en concepto de IVA e Impuestos de Sociedades, una cifra cercana a los 1.400 millones de euros en ese ejercicio. Reparar esta situación implica, por tanto, no sólo contribuir a evitar la progresiva destrucción de un sector que crea riqueza y empleo, además de los daños morales que se les crea de manera continuada a los autores propietarios también de estos derechos, sino a reducir el déficit público, a mejorar la economía española y a evitar la caída de valor para un país inmerso en una profunda crisis.

El panorama ofrece, sin embargo, algún aspecto positivo. El estudio de IDC  elaborado a instancias de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos deja entrever cierto optimismo de cara al futuro. La investigación muestra como más del 50% de los internautas estarían dispuestos a pagar por contenidos en internet. Si la legislación española fuera firme y contundente contra la piratería y diera paso a un mercado eficiente de contenidos legales, las industrias de contenidos y creadores, propietarios también de los derechos de propiedad intelectual, podrían ingresas casi 3.000 millones de euros.

Es evidente que hasta ahora, el marco legal y regulatorio en España, no sólo no ha favorecido una cooperación entre proveedores de acceso a internet y propietarios de derechos de propiedad intelectual, sino que más bien ha beneficiado a los primeros, a los dueños de las redes, a las empresas de telecomunicaciones, al permitir que aumente el tráfico de contenidos por los que no se paga. Y es que estas compañías desempeñan un papel fundamental en este “negocio”. Son los dueños de las redes por donde todo esto transita. Basta con ver las páginas de contenidos ilegales y observar la publicidad que tienen. Ni son ajenas ni pueden permanecer por más tiempo mirando hacia otro lado sobre lo que ocurre. Les ha interesado que este tráfico aumentase, incluso a costa del consumo de productos que no se pagan. Eso sí, el internauta, el usuario, paga, y más del doble de la media europea, por la conexión a internet. Es también hora de preguntar a los representantes de colectivos que dicen defender los derechos de los usuarios, por qué no se muestran tan activos para exigir tarifas de acceso acordes con el resto de Europa para los internautas y, sin embargo, actúan con singular beligerancia contra los creadores y las empresas de contenidos.

Por ello es, junto a una legislación eficaz, imprescindible y exigible por parte de los propietarios de los derechos de autor y de la industria de contenidos culturales, la autorregulación del sector de telecomunicaciones para contribuir a poner freno a las descargas ilegales: a la piratería y al robo de propiedad intelectual.

Parece que nuestro gobierno ha tomado cartas en el asunto para evitar la caída de una industria, como la de contenidos culturales, que en cualquier país de nuestro entorno es básica en su identidad, su economía y su influencia internacional. La disposición final segunda incluida en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible marca un antes y un después en este escenario. Sin embargo, esta norma es especialmente moderada al no incluir la persecución ni del P2P ni de sus usuarios. De hecho, el estudio sobre Piratería y ábitos de consumo de contenidos digitales, muestra datos reveladores en ese sentido: el 80% de los encuestados reconocía utilizar el P2P como método para llevar a cabo descargas. Un 43% reconoció que también lo hacía a través de sistemas de descargas directas, que son especialmente utilizadas para archivos digitales de mayor tamaño.

Es hora ya de frenar la piratería y la vulneración de derechos de propiedad intelectual, con una legislación que los proteja. Es hora de abandonar las listas negras como país transgresor de los legítimos derechos de un sector que crea riqueza y empleo. La disposición final segunda de la LES, que esperamos sea aprobada en toda su esencia, establecerá un marco legal útil para acabar con la constante y masiva vulneración de los derechos de propiedad intelectual en internet existente en España, a la vez que contribuirá a reducir el efecto económico tan negativo que dichas prácticas producen a los creadores, a las empresas y al empleo.

Una normativa que, pese a sus detractores y críticos, nace con un planteamiento de máxima protección y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque cualquier actuación administrativa ante denuncias de vulneración de derechos de propiedad intelectual deberá someterse a la autorización judicial previa. Dicha autorización judicial garantiza, a su vez, que no se producirá vulneración alguna de los derechos previstos en el artículo 20 de la Constitución. De hecho, son escasos los usuarios y prestadores de servicios, que en la actualidad observan conductas vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual en internet, y que utilicen los servicios de la sociedad de la información también para ejercer sus derechos a la libertad de expresión o de información. En consecuencia, la vía adoptada por el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, y su disposición final segunda, resulta intachable desde el punto de visto jurídico-constitucional.

El proceso no ha sido fácil. El año 2009 se convirtió en el primero de la sociedad del conocimiento, porque durante esos 12 meses el sector de contenidos culturales en España logró unificar su voz, definir de manera clara su estrategia, y hacer valer su fuerza y papel en el futuro del país. Ha logrado ser escuchado, y su voz tenida en cuenta por todos los actores implicados en el ámbito de la propiedad intelectual y de internet. Se han mantenido contactos con las compañías de telecomunicaciones, el gobierno, los grupos políticos, organizaciones de consumidores, sindicatos y empresarios. El objetivo no ha sido otro que el de convencer a todos de que, o frenamos la continua vulneración de los derechos de propiedad intelectual, la piratería, o nos espera un futuro muy desalentador en la sociedad del conocimiento.

Con esta nueva normativa ganarán los usuarios, que disfrutarán de una oferta de contenidos madura, y no de una especie de top manta virtual; ganará la creación de puestos de trabajo: más negocio igual a más oportunidades, y también la Hacienda Pública, con mayores recaudaciones. Ahora queda el lógico trecho parlamentario, donde sufrirá seguro presiones de aquellos que prefieren ver hundirse a un sector estratégico para España a que se convierta en competitivo y crezca, no sólo por una aspiración legítima, sino como necesidad para el país en su conjunto. Se ha dado, sin embargo, un importante paso, porque no podemos salir de la crisis sin catarsis. Y la catarsis supone reconvertirnos sobre la base del respeto de todos los derechos, no sólo de los más “populares”, y dar garantía a aquellos que todavía piensan que en España merece la pena invertir. Con una normativa que acabe con la piratería y defienda de verdad los derechos de propiedad intelectual, seremos muchos los que ganemos y casi nadie perderá.

En efecto hay quien pierde: aquellos que salen adelante con la picardía y la utilización del trabajo de los demás en beneficio propio. ¿Es que no compensa una legislación madura como corresponde a un país desarrollado, que debe velar por el futuro de una industria tan importante como la de contenidos culturales? Si sacamos las lecciones correctas de la crisis, está claro que sí nos compensa, y mucho, construir nuestro futuro sobre bases firmes para no caer en viejos y repetidos errores.