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Protección jurídica internacional para la IED: una visión práctica

Pedro Claros
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España ha suscrito un número considerable de tratados internacionales que dan cobertura jurídica a sus nacionales como inversores extranjeros en otros países. Lógicamente, la red española de tratados bilaterales de protección de inversiones es especialmente tupida en América Latina.

Es difícil sustraerse a la idea de que la Inversión Extranjera Directa (IED) es herramienta principal para el crecimiento económico global y que está llamada a serlo cada vez más. Por otro lado, ese desarrollo económico debe ser justo y sostenible. En 2015, España era la decimocuarta economía de origen de IED y la octava de Europa. Los datos disponibles hoy confirman la recuperación de la IED de origen español, aunque lejos de los niveles alcanzados en 2007 antes de la crisis.

Los sectores de energía, finanzas y seguros, inmobiliario y construcción, y telecomunicaciones, por ese orden, protagonizaron la mayoría de las inversiones de las empresas españolas en el exterior en 2015. Operaciones destacadas son la adquisición por parte de Repsol de la petrolera canadiense Talisman Energy o la del Banco Sabadell sobre la entidad financiera británica TSB.

Desde un punto de vista geográfico, es evidente que la IED española se concentra tradicionalmente en dos ámbitos: países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Latinoamérica. Incluso puede decirse que el stock inversor de España se concentra en la Unión Europea de 15 miembros, Latinoamérica y Estados Unidos. Más en concreto en los últimos años en EE UU, Reino Unido y Brasil.

Por sectores, las inversiones españolas en Europa son más significadas en el financiero e inmobiliario, con protagonismo de las inversiones financieras en Reino Unido. Habrá que ver si el Brexit tiene un impacto o no sobre esta realidad. En Latinoamérica lo son las inversiones en energía y telecomunicaciones.

Con la excepción de Alemania, otros miembros…

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