INFORME SEMANAL DE POLÍTICA EXTERIOR  >   NÚMERO 1019

ISPE 1019. 23 enero 2017

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Al amenazar en su campaña con deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mitad de ellos mexicanos, construir un muro en la frontera con México, que aseguró pagarían los propios mexicanos, y revocar el tratado de libre comercio de América del Norte (Nafta), Donald Trump dejó claro que el país vecino iba a ser objeto de una actitud hostil que podría infligir un serio golpe a su economía.

En su audiencia de confirmación ante el Senado como próximo secretario de Comercio, Wilbur Ross dijo que la renegociación del Nafta será la primera prioridad política de la administración. Mientras que las exportaciones de México a Estados Unidos –casi 300.000 millones de dólares en 2015, el 80% del total– representan el 30% del PIB, para EEUU el comercio bilateral –que ha aumentado un 556% desde 1994, cuando se firmó el Nafta–, solo supone el 3% del PIB, pese a que ronda los 1.600 millones de dólares diarios. Semanas antes de tomar posesión de la Casa Blanca, Trump ya presionó a través de Twitter –en un método que el exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, ha calificado de “extorsivo”– a Ford, GM, Toyota, BMW y FIAT Chrysler, advirtiéndoles de que impondría un arancel del 35% a sus vehículos fabricados en México.

 

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México es el séptimo productor de automóviles del mundo y el cuarto exportador, solo por detrás de Alemania, Japón y Corea del Sur. Las cadenas productivas de la industria en EEUU, Canadá y México están profundamente imbricadas. El 40% de los componentes de los vehículos fabricados en México son Made in USA. Pero Dennis Williams, presidente de United Auto Workers (UAW), el mayor sindicato del sector, sostiene que “las compañías que venden autos en EEUU deben fabricar en nuestro país”.

La posición de Robert Lighthizer,

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