Hace apenas un año, la noticia sobre el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos llevó a que el presidente venezolano, Hugo Chávez, advirtiera sobre los “vientos de guerra” en la región. Otros gobiernos suramericanos, en particular Brasil, también reaccionaron con rabia.

Sin embargo, este acuerdo hoy, bloqueado a mediados de agosto con una votación de seis frente a tres en la Corte Constitucional colombiana, parece casi un vestigio de una era pasada, cuando George W. Bush y Álvaro Uribe eran los dirigentes. El panorama político ha cambiado.

Por cierto el acuerdo está apoyado por los gobiernos de Barack Obama y Juan Manuel Santos. Al fin y al cabo, el acuerdo (que permite a EE UU el acceso y uso de siete bases militares colombianas por un periodo de 10 años para ayudar a combatir el narcotráfico y la insurgencia en Colombia) fue firmado en octubre de 2009, cuando Obama ya era presidente, y Santos, ministro de Defensa.

El gran cambio es que Obama y Santos asignan menos prioridad que sus antecesores a los pactos que, en el intento de protegerse contra agresiones externas, buscan asegurar la relación bilateral en materia de seguridad. Ambos presidentes son más pragmáticos y menos ideológicos que Bush y Uribe. Sus estilos de liderazgo están más inclinados hacia la consulta y la diplomacia. Son más sensibles ante la opinión pública.

Por esa razón es poco probable que hoy se busque el mismo tipo de acuerdo, sobre todo con Santos tratando de calmar las aguas con los vecinos de Colombia. Aunque la cooperación bilateral en materia de seguridad es mutuamente beneficiosa, aún no está claro si el nuevo acuerdo era necesario para cualquiera de las dos naciones. Habría sido posible, y más sabio, simplemente darle una extensión a los acuerdos ya en vigencia.

La administración Obama, que heredó del equipo Bush las negociaciones ya avanzadas, podría haber manejado el asunto con mayor efectividad en dos sentidos. Primero, debió haber revisado las motivaciones de un acuerdo de ese tipo, analizar sus implicaciones estratégicas y políticas, y decidir si se justificaba.

Segundo, si la decisión era seguir adelante, EE UU debió sentar las bases diplomáticas en los niveles políticos más altos de la región, explicando en detalle de qué se trataba el acuerdo y por qué era importante.

Como Brasil había lanzado Unasur y el Consejo Suramericano de Defensa apenas el año anterior, resultaba de particular importancia haber consultado extensamente con el poder regional. En un año en el que otros asuntos –Irán y Honduras, por ejemplo– complicaron las relaciones entre Brasil y EE UU, no haber hecho estas consultas en la región resultó costoso para Washington.

La decisión de la Corte Constitucional colombiana (que tal como lo reveló el fallo en febrero sobre la segunda reelección de Uribe expresa la independencia de las instituciones democráticas del país) significa que la administración Santos tendrá que decidir la mejor manera a proceder. Puede someter el acuerdo al Congreso, modificarlo o simplemente operar basándose en el existente. De una u otra forma, la Corte le ha dado a Santos la oportunidad de demostrar sus prioridades políticas, así como su competencia y estilo propio. De manera similar le ha dado a Obama, con un equipo latinoamericano ahora totalmente establecido, una oportunidad para manejar este asunto con mayor habilidad y sensatez que en 2009.

En Washington y Bogotá no hay deseos de reavivar esa desafortunada controversia que había empezado a calmarse en los últimos meses. El enfoque de la administración Santos hacia la reducción de tensiones con Caracas invita a una aproximación más moderada, aunque firme, en la gestión  de las relaciones con sus vecinos. Esa iniciativa diplomática ha marcado el comienzo de una nueva era, una que Washington debe entender y adoptar.

Michael Shifter es presidente de The Inter-American Dialogue.

Artículo publicado en El Colombiano.

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Artículos de Michael Shifter en Política Exterior.

Tres artículos del número de septiembre-octubre de Política Exterior analizan las complejas relaciones de China con Estados Unidos y la Unión Europea, así como las perspectivas de apertura democrática del régimen de Pekín. Para Xulio Ríos no hay un horizonte de democracia en China pese a las reformas de los últimos años en el ámbito del gobierno local. Precisamente alentar cualquier avance en las prácticas democráticas en la República Popular es la mejor manera para evitar un enfrentamiento entre China y EE UU que, como señala Guillermo Marín, tendría como principales campos de batalla el comercio y las tecnologías de la información. Ahora que la formación de un G-2 entre Washington y Pekín al frente de los asuntos mundiales parece improbable, los europeos necesitan revisar su política hacia China teniendo en cuenta su impacto en toda una serie de cuestiones políticas y en las relaciones con otros países y regiones. En definitiva, la UE necesita lo que el investigador francés François Godement denomina una “política china global”.

A un mes escaso de la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, los dos principales candidatos –Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), y José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)– coinciden en la condición indiscutible del país como “potencia internacional”. Como sostiene Peter Hakim, las diferencias en los próximos años en cuanto a la política exterior estarán, fundamentalmente, en el tipo de relación que Brasil establece con EE UU y en la capacidad para consolidar su liderazgo suramericano. Brasil –junto con México– se ha convertido también para España en el país fundamental a la hora de renovar una política latinoamericana a partir de “ideas y estrategias contemporáneas”, indica Áurea Moltó.

La retirada de las tropas de combate de EE UU en Irak ha intensificado –aún más– el debate sobre la guerra afgana y sus escenarios de salida a medio plazo. En Afganistán –donde el 25 de agosto eran asesinados dos guardias civiles españoles y su traductor español de origen iraní– parece no haber dudas sobre que cualquier solución de paz pasa por un proceso de negociación con la insurgencia. La investigadora Nuria del Viso analiza los riesgos de una estrategia de este tipo, así como la condiciones necesarias para que el diálogo con los insurgentes no suponga un retroceso en los avances –limitados– logrados desde 2001 en la situación del país, en especial la situación de las mujeres.

Política Exterior también ofrece un análisis sobre Oriente Próximo y las “conversaciones de proximidad” entre israelíes y palestinos que, según anunció recientemente la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, serán conversaciones directas a partir de este mes.

La liberación a mediados de agosto de los dos cooperantes españoles secuestrados en el Sahel a finales de 2009 es un nuevo episodio de la actividad terrorista de origen islamista en África. Luisa Barrenechea describe las iniciativas que desde el continente, y a través de sus organizaciones regionales, se dedican a la lucha contra una grave amenaza añadida al desarrollo de los países africanos.

Dos expertos en desarrollo y cooperación, Ariane Arpa, desde Intermon Oxfam, y Mark Raper, desde el Servicio Jesuita al Refugiado, escriben en Política Exterior sobre el impacto de la crisis económica en las políticas de cooperación y en la protección de los más desfavorecidos, en especial los millones de personas desplazadas en todo el mundo en busca de mejores oportunidades de vida o víctimas de inseguridad o persecución en sus países de origen.

La violencia mexicana se extiende.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, ha declarado que la lista de muertes en su país (que avanza hacia las 12.000 personas este año, frente a las menos de 2.200 en 2006, cuando asumió el poder) como producto de la guerra contra el narcotráfico, es solo el “polvo de la limpieza del hogar que está en marcha en México”, y ha pedido un debate nacional sobre la legalización de las drogas como estrategia para romper las estructuras económicas que permiten a las mafias generar sus enormes beneficios. Seis de los posibles candidatos a la presidencia en 2012 han afirmado que México debería legalizar la comercialización de la marihuana si California aprueba en referéndum una medida similar el próximo noviembre.

Pero si México está perdido en un laberinto de difícil salida, el impacto de la guerra mexicana está poniéndo a los débiles países centroamericanos en peligro de convertirse en Estados fallidos. Por los territorios de Guatemala, El Salvador y Honduras discurren algunas de las principales rutas del contrabando de drogas hacia ee uu. Mientras que la tasa de homicidios en México es de 14 por cada 100.000 habitantes, la de esos tres países la cuadriplica. En El Salvador, el país más violento de América Latina tras Venezuela, los homicidios aumentaron un 37% en 2009, hasta 71 por 100.000 habitantes.

La presión sobre los carteles en México ha desplazado a muchos de sus miembros a Centroamérica en busca de un entorno más favorable para sus operaciones, conscientes de la precariedad de los sistemas judiciales y de seguridad de esos países.

Guatemala y Honduras tienen menos de la mitad de policías per cápita que México. Las capturas de alijos de cocaína en la región se cuadriplicaron entre 2004 y 2007, según cifras recientes de las Naciones Unidas. Desde 2007, ee uu ha asignado 258 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico en la región, pero apenas el 9% de esa cifra se ha entregado. En regiones rurales de Guatemala, la banda mexicana de los Zetas, integrada por ex comandos del ejército, ha establecido campos de entrenamiento para reclutar como sicarios a ex militares y policías.

En julio, cuatro cabezas humanas fueron dejadas en las escalinatas del Congreso guatemalteco, en una señal de advertencia característica de los cárteles mexicanos. Según un reciente informe del International Crisis Group, Guatemala se ha convertido en un paraíso para los criminales por los altos niveles de impunidad. Siete de las 22 provincias del país están controladas por criminales. Por los 6.548 asesinatos cometidos en 2009, solo fueron detenidos 423 sospechosos. En los últimos dos años, dos jefes de la policía, el encargado de la lucha contra las drogas y un ex presidente han sido arrestados por cargos relacionados con el narcotráfico y la corrupción.

En Honduras, los carteles mexicanos han establecido centros de operaciones para coordinar los embarques de cocaína por mar y aire a lo largo de las poco controladas costas caribeñas, con frecuencia con la complicidad de las autoridades locales. En diciembre, el “zar” de las drogas hondureño, general Arístides González, fue asesinado cuando intentaba clausurar una pista de aterrizaje que utilizaba el cártel de Sinaloa.

La Fundación Alternativas ha reunido en este volumen cinco informes con las ideas y propuestas de un grupo de expertos españoles para el Comité de Sabios o Grupo de Reflexión creado por el Consejo de la Unión y presidido por Felipe González.

Carlos Westendorp, Nicolás Sartorius y Alfonso Egea de Haro, La Unión Europea antes los grandes retos del siglo XXI. Madrid: Fundación Alternativas, 2010.

Para más información:

Por otra parte, la crisis económica que se inició en Estados Unidos en 2008, al propagarse rápidamente a todo el mundo y convertirse en la “depresión” de 2009, ha puesto de manifiesto el grado de interdependencia que ha generado la globalización, y hasta qué punto se ha debilitado la capacidad de los actores estatales y de las empresas y los bancos para asegurar la estabilidad. La crisis está acelerando y haciendo más visibles los profundos cambios que se están produciendo en la economía política global. En pocos meses, el G-7 ha tenido que ceder el puesto al G-20, y las economías emergentes descubren una realidad paradójica: han sido invitadas a la mesa directiva de la economía y la política mundial, en reconocimiento a que sin ellos, ni contra ellos, hay salida a la crisis. Pero al mismo tiempo constatan que, al igual que ha ocurrido con los países avanzados, la globalización ha mermado su poder e influencia frente a un mercado global tan integrado, como volátil e incierto.

Crisis y cambio aparecen así como fenómenos relacionados que suponen, a la vez, riesgos y oportunidades. Estos son los grandes temas que, con distintos ángulos y enfoques, aborda el anuario 2010-11 de la Fundación Ceipaz. Diversos expertos analizan algunas de las principales tendencias en el sistema internacional, con artículos sobre la crisis financiera como una oportunidad para transformar las dinámicas existentes. Se ofrecen análisis sobre los órdenes políticos híbridos, el cambio climático. Desde la perspectiva regional, se incluyen estudios sobre Estados Unidos, el conflicto palestino-israelí, China, Rusia, India y América Latina.

Manuela Mesa (coord.), Balance de una década de paz y conflictos: tensiones y retos en el sistema internacional Anuario 2010-2011. Barcelona: Ceipaz-Fundación Cultura de Paz-Icaria Editorial, 2010.

“En tiempos de crisis, de enormes desafíos y también de grandes oportunidades, qué mejor que leer sobre una vida rica en propuestas innovadoras, como fue la vida de Raúl Prebisch. Un innovador en el campo teórico, que siempre insistió en la necesidad de que los economistas de la región tuvieran autonomía intelectual, con una enorme vocación por resolver los problemas del desarrollo, que llevó a cabo una tarea incansable en pos de la creación de instituciones, y un hombre de acción en el diseño y la discusión de la política económica. Ésa es la visión que nos entrega Edgar Dosman en su monumental obra sobre la vida y los tiempos de Raúl Prebisch.

Esta entrega llega en un momento muy especial como es la crisis económica que comenzara en 2007 y se potenciara a partir de septiembre de 2008. Una crisis que nos sirve para reflexionar sobre los temas macroeconómicos, del desarrollo y de la gobernabilidad de la globalización y, por ello, para reivindicar a los grandes pensadores en estos campos, los que, como suele pasar con las grandes personalidades, han sido ensalzados y denostados según las épocas. Son los tiempos para reconocer a John Maynard Keynes, en mi opinión el más grande economista del siglo xx y, sin duda, la personalidad más citada en estos tiempos. Junto con él, también es hora, como ha venido pasando últimamente, de reconocer a Raúl Prebisch, sin duda la personalidad más importante de América Latina en el campo económico durante ese siglo”.

Edgar J. Dosman, La vida y la época de Raúl Prebisch, 1901-1986. Madrid: Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá-Marcial Pons, 2010.

Richard Moncrieff (director del proyecto África Occidental de International Crisis Group)

Después de 28 años bajo el gobierno de Paul Biya, Camerún se encuentra en una situación de inestabilidad grave que no sólo podría echar a perder las próximas elecciones presidenciales en 2011, sino que también pone en riesgo su papel como principal pilar de estabilidad en África Central.

Las probabilidades de que Camerún pase a formar parte de aquellos países donde la toma de poder pasa por la fuerza, aumentan cada día: la ambigüedad legal y constitucional, los intentos gubernamentales por controlar el proceso electoral, las rivalidades entre los barones del régimen, el empobrecimiento y la insatisfacción de la población, el estado de frustración del ejército, así como el elevado nivel de corrupción, hacen temer una crisis mayor.

La Alianza Democrática Popular (Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais, RDPC, en francés), partido en el poder, posee el control del aparato administrativo, la justicia y el proceso electoral. La posesión de la mayoría de escaños parlamentarios le ha permitido modificar leyes a su antojo, como el cambio de la Constitución de 2006 mediante la supresión de la limitación del número de mandatos presidenciales. Este hecho generó graves disturbios y la muerte de decenas de personas. El gobierno ha ignorado además las leyes previstas en la Constitución de 1996, que preveían el establecimiento de instituciones como asambleas regionales, un Senado y un Consejo constitucional.

El partido de Biya está cada día más fragmentado. Es consciente de su impopularidad y su fuerte debilidad debido a las rivalidades internas por el control de los recursos naturales –la principal fuente de ingresos de Camerún– o la lucha por el poder para las elecciones. A pesar de mantener la incertidumbre sobre su posible candidatura, es probable que Biya pretenda seguir en el poder más allá de 2011. Sin embargo, la edad del presidente, 77 años, y la posibilidad de una enfermedad prolongada o su desaparición en funciones, parecen cada vez más evidentes. Si ello ocurre, podría desencadenarse un fuerte conflicto.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad, compuestas por el ejército, la gendarmería y la policía, también se encuentran divididas: a pesar de que los cuerpos de élite están bien equipados y entrenados, las unidades ordinarias no cuentan con los recursos necesarios y tienen poca preparación, mientras que el ejército en su conjunto, sufre tensiones generacionales. El rechazo a la jubilación por parte de los generales más veteranos bloquea el relevo de los oficiales jóvenes. Además, numerosos componentes de seguridad son conocidos por sus conexiones con el mundo de los negocios y su implicación en actividades criminales.

En lo que respecta a la población civil, varios son los factores que nutren su descontento: el alto nivel de corrupción, la existencia de un sistema político basado en el clientelismo y la costumbre del gobierno por vigilar permanentemente a sus ciudadanos. La presencia de indicadores de seguridad en las aulas universitarias, los grupos corporativistas o el desfile de milicianos armados en los campus universitarios, podría producir tensiones sociales lideradas por los jóvenes.

Teniendo en cuenta la situación actual, es probable que las elecciones de 2011 den lugar a enfrentamientos, si no se organizan bien o no existe la posibilidad de que se realicen en condiciones democráticas. En ese caso podrían ser los ciudadanos, los miembros de la clase política y del cuerpo de seguridad quienes escojan la violencia como medio para escapar del callejón sin salida en que se hallan. Para evitar posibles catástrofes, es preciso que se tomen medidas a corto y largo plazo.

Lo más importante, es asegurar unos comicios en un entorno tranquilo, libre e igualitario, y garantizar la neutralidad por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno camerunés debería favorecer una mayor transparencia en el proceso electoral, restaurando la independencia del órgano encargado de organizar y supervisar las elecciones. La administración de Biya necesita revisar el código electoral y establecer listas fiables. En cuanto a la comunidad internacional, debería apoyar el proceso electoral, así como la formación de las fuerzas de seguridad, denunciando malas prácticas, y previendo misiones de observación.

A largo plazo, y como objetivo primordial, tanto el gobierno de Biya como los socios internacionales de Camerún –especialmente Francia y Estados Unidos– deberían garantizar el establecimiento de las instituciones previstas en la Constitución de 1996, y que aún no han visto la luz. De este modo, la transición hacia un nuevo gobierno podría realizarse de modo más fluido.

La larga presencia de Biya en el poder, su manipulación de las distintas etnias, la corrupción y la criminalización de las élites han alimentado muchas frustraciones. Los incidentes de 2008, donde se mezclaron reivindicaciones económicas, contestaciones del régimen y manipulación política, dan una idea del riesgo de conflicto. Una situación caótica podría conducir a un golpe de Estado militar, con repercusiones nefastas para un país que, hasta el momento, representa un pilar para la estabilidad de la región.

]]> http://www.politicaexterior.com/2010/08/camerun-conflicto-y-elecciones-en-2011/feed/ 0 http://www.politicaexterior.com/2010/08/nueva-crisis-entre-colombia-y-venezuela/ http://www.politicaexterior.com/2010/08/nueva-crisis-entre-colombia-y-venezuela/#comments Wed, 11 Aug 2010 22:01:47 +0000 amolto http://www.politicaexterior.com/?p=8910 Por Guillermo Pérez.

La ruptura de las relaciones entre Colombia y Venezuela –ante la toma de posesión de Juan Manuel Santos como nuevo presidente de Colombia– es el hecho más importante de política exterior en América Latina después del golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009.

Es una situación muy delicada por las diversas consecuencias que podría generar en la región. Colombia y Venezuela tienen una frontera de 2.200 kilómetro, muy porosa y topográficamente accidentada, difícil de controlar para cualquier gobierno, un factor que puede facilitar un incidente. Esta circunstancia podría ser aprovechada por las guerrillas para recuperar el espacio perdido durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe en Colombia. Como bien lo dijera un editorial de El Tiempo (23 julio) los riesgos de una confrontación armada son altos, “ya que, en las actuales circunstancias, una simple chispa puede iniciar toda una conflagración”. Las guerrillas colombianas quizá intenten explotar esta crisis para reposicionarse políticamente o para provocar un incendio regional e internacionalizar el conflicto.

No es un secreto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están menguadas (aunque no extinguidas) y que su jefe, Alfonso Cano, sufre un acoso militar sin precedentes. Las FARC padecen deserciones gota a gota, y un importante número de mandos medios se ha dado de baja o está preso. Por ello, no es descabellado pensar que intentaran una huida hacia adelante, y la crisis entre Bogotá y Caracas es más que propicia, en razón a la inmensa desconfianza y animadversión que existe entre los dos gobiernos.

Por su parte, el presidente Hugo Chávez vive su propio infierno. La situación económica venezolana es cada día más delicada. La suya es de las pocas economías de la región que continúa contrayéndose. La inflación no cede y la popularidad de Chávez está en caída libre. La crisis con Bogotá puede insuflarle oxígeno político, aunque es de suponer que sabe que hay unas líneas rojas que no puede traspasar. Tiene claro de qué lado estaría Washington en un eventual conflicto, y sabe cuáles serían sus posibilidades reales y los efectos que conllevaría para su gobierno.

Claro que nunca es posible conocer las cosas que pasan por la mente de los gobernantes. Sadam Husein, por ejemplo, no sólo hizo poco para evitar una intervención estadounidense, sino que al parecer la deseaba porque estaba convencido de que en los desiertos iraquíes, Washington cavaría su propia tumba. El llamamiento de Chávez a las FARC para que reconsideren la lucha armada y para que salgan de territorio venezolano es un indicador de que es consciente de los peligros que se ciernen. Pero Chávez y las FARC tienen agendas diferentes, aunque con temas coincidentes. Además, hay multitud intereses ocultos en esta crisis.

En Colombia, la situación tiene otras aristas políticamente. La presencia de guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano no es un hecho nuevo, y nadie puede declararse sorprendido ante esta revelación. El gobierno ha reconocido que tenía esta información desde hace varios años. Incluso, en plena campaña electoral, el candidato Germán Vargas aseguró poseer pruebas documentales de la existencia de campamentos de las FARC en suelo venezolano. De allí que resulte llamativo lo altisonante de las denuncias y el momento en que se producen. No están claras las urgencias de Uribe. Es como si quisiera trazarle la política exterior al nuevo presidente que, valga recordar, fue elegido con su beneplácito y apoyo.

Ahora bien, es verdad que Santos ha tomado decisiones que incomodan a Uribe, como la selección de algunos ministros. Y también que éste no veía con buenos ojos la aproximación que venía gestándose con Chávez, quien ha jugado fino cuidándose de no romper los puentes de un entendimiento con Santos, inclusive se había mostrado dispuesto a asistir a su toma posesión. Pero nada de esto parece suficiente para armar esta tramoya. En cualquier caso estos episodios marcarán un antes y un después en las relaciones bilaterales, y es posible que su resolución tome varios meses.

Este suceso es un desafío para la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Bogotá escogió un escenario diferente para ventilar sus diferencias, la Organización de Estados Americanos (OEA), e insiste en que si va a Unasur es para profundizar sus denuncias. Pero los suramericanos no van a cruzarse de brazos ni desaprovechar la oportunidad para fortalecer esta organización, ni Brasil para ejercer el liderazgo. El secretario general de Unasur, Néstor Kirchner, ha movido ficha y se reunirá con Uribe y Chávez.

No parece que Brasil vaya a permitir que en su más cercana órbita de influencia se incube un conflicto transnacional. Ya en la crisis hondureña, Brasil mostró –aunque sin éxito– hasta dónde estaba dispuesto a llegar para fijarle límites a Washington. Está alerta y tomara acciones. Tiene, además, un interés interno: las elecciones presidenciales del 3 de octubre. Se ha lanzado el bulo de que el Partido de los Trabajadores (PT) está ligado a las FARC y al narcotráfico, lo cual ha introducido un ingrediente explosivo a la campaña. La polémica se da cuando Dilma Rousseff, la candidata del PT, sube en las encuestas de intención de voto hasta empatar con José Serra, el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Las acusaciones de complicidad de Chávez con las FARC podrían tener alguna repercusión importante en las elecciones brasileras dada la sintonía que ha habido entre Lula y el venezolano.

Este trance le complica la vida a Santos. Sus principales retos en política exterior son Caracas y Quito. Hasta ahora ha actuado con bajo perfil. Sin embargo, su vicepresidente, Angelino Garzón, ha sido claro al declarar que hará todo lo posible por recomponer las relaciones con Venezuela.

El asunto requerirá toda la atención. Las cancillerías europeas ya trabajan en el asunto, especialmente la española y la francesa. Washington ha afirmado que Colombia y Venezuela deben buscar el diálogo.

¿Es posible una confrontación militar? En teoría, es posible. Sin embargo, son tantas y tan caras las repercusiones para las partes implicadas (Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Brasil) que muy seguramente neutralicen toda acción militar y prevalezca la cordura. A ninguno de los actores principales conviene un conflicto militar. Es muy posible que la crisis se enfríe con Santos ya en la presidencia.

(Guillermo Pérez es periodista y consultor en asuntos de riesgo político en América Latina.)

La cuenca amazónica contiene el 40% de los bosques tropicales del mundo, y es así la primera línea de batalla en la lucha contra la deforestación y el cambio climático. Solo en 2009, 130.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica fueron deforestados por la tala o los incendios, provocados por agricultores y ganaderos y así despejar terrenos para nuevos cultivos, 10.000 de ellos en Brasil. Se trata de la cifra más baja en varias décadas, pero sigue siendo excesivamente alta.

Un 20% de la foresta amazónica ya ha desaparecido y una cifra similar ha sido dañada. En una escala puramente proporcional, las mayores pérdidas de bosque se han producido en el Estado brasileño de Rondonia. La construcción de la presa hidroeléctrica de Belo Monte, sobre el río Xingú en la amazonía oriental, será la tercera más grande del mundo, detrás de las Tres Gargantas en China y la de Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay, y es una muestra de que la protección medioambiental está subordinada a las políticas de desarrollo del gigante suramericano.

A pesar de las protestas de las organizaciones ecologistas y las etnias indígenas de la región, el gobierno concedió importantes incentivos –créditos blandos y exenciones fiscales– al consorcio ganador de un proyecto que requerirá inversiones por valor de 11.000 millones de dólares. El embalse de la presa inundará 516 kilómetros cuadrados de bosque, lo que forzará el desplazamiento de miles de personas y miembros de la etnia xingú.
Pero dado que la presa generará 11.2000 megavatios, lo que añadirá un 10% a la actual capacidad de generación eléctrica del país, la oposición de la opinión pública brasileña ha sido muy limitada. Los brasileños son conscientes que la alternativa a Belo Monte eran más centrales nucleares o plantas de energía termal alimentadas por carbón.

Ningún grupo está mejor preparado para esa misión que los pueblos nativos de las zonas amenazadas por la deforestación. A lo largo de todo Suramérica, los pueblos indígenas se ven enfrentados a mineros, colonos, campesinos sin tierras, granjeros y a las compañías constructoras, madereras y petroleras que les acompañan. Algunos de esos pueblos están cada vez más organizados y han logrado administrar grandes territorios. Un ejemplo son los cofán ecuatorianos, que controlan un territorio seis veces mayor que el de hace 20 años –de 500 a los 1.700 kilómetros cuadrados actuales– a pesar de que apenas suman 1.200 miembros en Ecuador y medio millar más en Colombia.

En Rondonia, los suruí defienden sus territorios con GPS y Google Earth y quieren entrar en el negocio de intercambiar cuotas de emisión de gases de carbono por preservación de bosques. Los 1.300 miembros de la etnia suruí administran 2.428 kilómetros cuadrados. Con la ayuda de fotografías de alta resolución de satélites, los suruí han conseguido detectar a los taladores ilegales y decomisar toneladas de madera talada ilegalmente. Si sus esfuerzos no se ven acompañados por el éxito, para 2100 todos los bosques de sus territorios corren el riesgo de desaparecer. Pero por 120 millones de dólares podría evitarse que se emitan a la atmósfera 16,5 millones de toneladas de dióxido de carbono.

El 6 de agosto de 1945, a las 8,15 horas, un B-29 lanzó desde 9.600 metros la primera bomba atómica sobre Hiroshima: 70.000 personas murieron abrasadas por la explosión y 70.000 más fallecieron por los efectos de la radiación antes de finalizar 1945. Tres días después, una segunda bomba lanzada sobre Nagasaki, provocó otras 75.000 muertes. El 15 de agosto, el emperador Hiro Hito anunció por radio la rendición incondicional de Japón, firmada el 2 de septiembre a bordo del portaviones Missouri.

¿Estuvo justificado el doble lanzamiento? Persiste la polémica entre los historiadores e incluso los científicos. Unos afirman que el bombardeo aceleró el final de la Segunda Guerra mundial con el consiguiente ahorro de vidas. Otros creen que no era necesario porque la derrota japonesa era irreversible y solo cuestión de unos meses. Los más críticos consideran que Estados Unidos quería comprobar los efectos de la bomba sobre objetivos reales y demostrar a la Unión Soviética su supremacía militar.

En todo caso, los lanzamientos marcaron el inicio de una carrera de armamentos entre las dos grandes potencias. La URSS lanzó su bomba en 1949. Después, Reino Unido (1952), Francia (1960) y China (1964) se unieron al grupo de cinco potencias nucleares, todas ellas miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se inició la larga etapa de la guerra fría que en Asia oriental se expresó con la proclamación por Mao Zedong de la República Popular China (1949) y la Guerra de Corea (1950-53). La disuasión nuclear frenó una Tercera Guerra mundial pero no las guerras convencionales y localizadas, como en el caso de la cruenta guerra de Vietnam (1964-75).

65 años después, en Hiroshima y Nagasaki, convertidas en el epicentro del pacifismo mundial, la campana volvió a sonar en el Parque de la Paz para recordar al mundo hasta dónde puede llegar la barbarie humana y para hacer otra llamamiento en favor del desarme nuclear. Los Hibakushas o supervivientes de los dos bombardeos ayudan a recordarlo, especialmente, a las jóvenes japoneses. El trauma sigue vivo en Japón. En julio de 2007, el ministro de Defensa Fumio Kyuma se vio forzado a dimitir cuando afirmó que las bombas, al provocar el rápido fin de la guerra, evitaron que Japón fuese ocupado por la URSS. Los ideales pacifistas y antinucleares mantienen un gran apoyo en el país. Sin embargo, Japón aún no ha hecho las paces con sus vecinos asiáticos que, como Corea y China, le recriminan que solo se ha disculpado “con la boca pequeña”.

La caída de la URSS acabó con la guerra fría pero no con la proliferación nuclear. A pesar de la aprobación del Tratado de No Proliferación (TNP), en 1968, existen hoy cuatro países nucleares más (Israel, India, Pakistán y Corea del Norte). Otros, como Irán, sortean las presiones y sanciones internacionales para tener armamento nuclear. Las relaciones internacionales siguen marcadas por su tenencia y la voluntad de lograrlas, incluso por parte de varios Estados fallidos. George W. Bush justificó su intervención en Irak por la presunta tenencia por Sadam Husein de armas de destrucción masiva. Pero las amenazas nucleares se acrecientan con la aparición de grupos terroristas internacionales también ansiosos de hacerse con aquellas armas.

Desgraciadamente, el hombre no aprende y olvida pronto las lecciones de la Historia. Y la humanidad seguirá viviendo en medio de una gran tensión nuclear mientras no se reduzcan hasta su eliminación, unas armas nucleares capaces de destruir la tierra varias veces. Barack Obama lanzó un llamamiento a favor del desarme nuclear en Praga el 5 de abril de 2009 y ya ha alcanzado acuerdos parciales con Rusia. Pero su idealismo choca con la cruda realidad de los intereses estratégicos, económicos y energéticos, de cada Estado, empezando con los de EEUU y los de sus competidores, principalmente China.

(Jaume Giné Daví es profesor de la Facultad de Derecho de ESADE).

Para más información:

Joseph Cirincione y Alexandra Bell, “EE UU y el gran pacto contra la proliferación”. Política Exterior 135, mayo-junio 2010.

Deepti Choubey, “Perspectivas para la Conferencia de Revisión del TNP”. Política Exterior 135, mayo-junio 2010.

Joseph Cirincione, “El fin de las armas nucleares”. Política Exterior 125, septiembre-octubre, 2008.

Una de las propuestas centrales de la agenda de cooperación bilateral que presentó el 19 de julio en Islamabad la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, fue la construcción de pantanos para asegurar el suministro de agua potable y la producción de electricidad.
En Pakistán la agricultura representa el 25% del PIB y emplea a la mitad de su población. Por ello, el proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica en la Cachemira india, que podría afectar el caudal de los ríos pakistaníes, ha generado un nuevo foco de tensión entre dos países enfrentados desde la partición del Raj británico en 1947.
Cachemira, una región de mayoría musulmana compartida por ambos países, ha sido el epicentro de todos sus conflictos, por lo que la disputa por el agua puede poner en peligro el proceso de deshielo emprendido por Nueva Delhi e Islamabad en 2004. Los cursos de agua que atraviesan el Punjab pakistaní, la región más poblada y centro de su producción agrícola, son vitales para el país. Por ello, la construcción de una represa en la zona de Bandipore ha generado alarma en Pakistán ante el temor de que India pueda manipular según sus conveniencias los flujos del río Indo.
Pakistán tiene un vasto sistema de irrigación que depende en gran medida del Indo. Si su caudal se reduce, podrían perderse cosechas enteras, sobre todo si la presa se llena durante la temporada seca, cuando la temperatura puede alcanzar los 55º. El proyecto Kishenganga es uno más entre las varias presas que India planea construir para compensar su crónico déficit de energía eléctrica, cuyo suministro no llega al 40% de su población.
La agricultura india, que representa el 20% del PIB y sostiene a las dos terceras partes de una población de 1.300 millones de habitantes, está creciendo por debajo de otros sectores debido a las sequías y a la disminución del caudal de otros grandes ríos que surgen de los deshielos de la cordillera del Himalaya, como el Ganges, el Yangtzé y el Mekong.
En años recientes, Nepal ha sufrido constantes cortes eléctricos debido a la falta de agua en sus represas. Bangladesh sufre problemas similares por la caída del flujo del Brahmaputra e Irak por el paulatino decrecimiento del Tigris y el Éufrates, también represados en sus cabeceras por Turquía.
Varios imanes radicales han lanzado ataques incendiarios contra el proyecto de represar el Indo. El ministro indio de Asuntos Exteriores, Nirupama Rao, asegura que todo es pura propaganda anti-india y que su país no amenaza el acceso al agua de Pakistán. Ambos firmaron en 1960 un tratado sobre el uso común de las aguas del Indo en el que Pakistán salía muy beneficiado al garantizársele el uso del 80% de sus aguas.
Hasta ahora nunca se había planteado ningún problema en su aplicación, entre otras cuestiones porque India nunca había tratado de construir una presa en su curso. La represa de Kishenganga es perfectamente legal según los términos del tratado de 1960, pero plantea ahora un conflicto potencial porque evidencia como nunca la vulnerabilidad de Pakistán. En 1948 India ya detrajo agua de los canales de irrigación del Punjab pakistaní.

El simbolismo político de lo ocurrido el 20 de julio en Kabul fue importante: por primera vez, líderes de 70 países se reunieron en Afganistán para enviar al mundo –y a los talibanes-– un mensaje de compromiso y confianza con el gobierno del presidente Hamid Karzai, fijando la fecha de la transferencia de las responsabilidades de seguridad de las 34 provincias del país a las fuerzas armadas afganas.
Pero aunque lo que vieron los visitantes durante su fugaz estancia en Kabul fue una ciudad fantasma tomada por los militares, quizá fue suficiente para que advirtieran que el plazo fijado –2014– es, sobre todo, una declaración de buenas intenciones. Lo que fue en su momento un esfuerzo multinacional de 40 países ha quedado convertido en una operación militar dominada por EE UU. Holanda y Canadá ya han anunciado que retirarán sus tropas el próximo año.
Pero en Kabul se intentó subrayar los aspectos positivos de la empresa y transmitir la idea de que la normalización avanza, para lo que se fijaron dos objetivos muy ambiciosos: en dos años el gobierno afgano deberá ser capaz de gestionar en solitario el 50% de los fondos de la ayuda al desarrollo que recibe y en cuatro en poder asumir la seguridad del país.
Algunos analistas creen que lo más probable es que después de 2014 las fuerzas de la OTAN se replieguen del sur pastún hacia las más estables zonas tayikas, uzbekas y hazaras del norte y el oeste. Esa misión requeriría la presencia de unas 40.000 tropas, aunque el riesgo que supondrá será la partición de facto del país y la creación de un Pastunistán en el sur.
Las delegaciones participantes se mostraron exigentes con el gobierno de Karzai en materia de transparencia y eficacia. Sobre la mesa estuvieron las propuestas de Ashraf Ghani, ex ministro de Finanzas de Karzai y candidato en las presidenciales de 2009, para aumentar la eficacia de los ministerios y la autoridad de los jueces. La puesta en práctica de sus propuestas debería permitir que en dos años el gobierno afgano sea capaz de gestionar la mitad de la ayuda exterior, frente al 20% que maneja hoy, pero ello exigirá la previa creación y funcionamiento de tribunales anticorrupción, de servicios de control financiero y de otros instrumentos de lucha contra el crimen.
El Programa Nacional de Solidaridad, iniciado en 2003, fue un primer paso en esa dirección, pero el segundo informe sobre la corrupción en el país, que acaba de hacer público el Integrity Watch Afghanistan (IWA), tres años después de la publicación del primero, arroja resultados desalentadores.
Utilizar a los consejos de las aldeas para canalizar fondos ha servido para construir infraestructuras, escuelas y hospitales. Pero los frutos de esa experiencia se ven eclipsados por las grandes sumas que se han dilapidado o han salido directamente del país, sin beneficiar a la población. Cada año se manejan unos 14.000 millones de dólares de ayuda, la mayor parte de ellos canalizados y gestionados por contratistas estadounidenses y europeos ante las crecientes críticas de las autoridades afganas, que ahora quieren fijar ellas las prioridades del gasto y controlar todo el proceso de su empleo. Con todo, una política de desarrollo solo puede funcionar en un marco de seguridad fiable.

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Carlos Carnicero Urabayen, “Obama y los retos de Europa en Afganistán”, Política Exterior Nº129 – Mayo / Junio 2009