A partir de ahora politicaexterior.com ofrecerá de forma regular y en español una selección del trabajo que ICG realiza para gobiernos e instituciones en todo el mundo sobre la prevención de conflictos.

Bosnia-Herzegovina, los retos de 2010.

Srećko Latal (analista para Bosnia, Sarajevo y Herzegovina de International Crisis Group).

Tras 15 años de intensa acción internacional, Bosnia comienza a fracturarse. Los serbo-bosnios amenazan con llevar a cabo un referéndum de independencia, los croatas abogan por formar una entidad separada dentro del Estado, los bosnios musulmanes demandan una nueva Constitución y la crisis económica y social está empeorando. Para evitar la ruptura, los líderes bosnios deben decidir qué clase de país quieren y sus socios internacionales tienen que encontrar un camino más efectivo para ayudarles a llegar a la meta.

El mes pasado, Milorad Dodik, primer ministro de la República Srpska (RS) –una de las dos entidades de Bosnia-Herzegovina– desafió las advertencias internacionales y se comprometió a celebrar un referéndum esta primavera. Pide a los votantes que rechacen la decisión del alto representante, gobernador internacional de Bosnia, de prorrogar los mandatos de los funcionarios internacionales que trabajan en el Departamento Especial de Crímenes de Guerra en Bosnia. En su percepción de cierta debilidad internacional, los dirigentes croatas de Bosnia volvieron a pedir posteriormente el establecimiento de una tercera entidad federal en la que ellos tendrían la mayoría.

Para una inmensa cantidad de bosnios y bosnio-musulmanes, las acciones realizadas por los serbo-bosnios y los croatas han revivido el miedo a los referéndums de independencia, que dividieron al país durante el periodo previo a la guerra de 1992-95. El alto número de bosnios y su presencia dominante en las instituciones estatales, son aprovechados por los líderes serbios para reclamar la necesidad de un referéndum que proteja sus intereses nacionales y por los croatas que buscan una identidad separada. En respuesta a esto, los políticos bosnios tratan de dominar cada vez más las instituciones del Estado y la entidad federal que comparten con los croatas.

Mientras los representantes bosnios que están en los órganos legislativos y ejecutivos sigan tratando de superar en votos a los serbios y croatas, será muy difícil saber si las iniciativas de ambos están motivadas por una auténtica percepción nacional o por impulsos separatistas.

Este discurso nacionalista y divisorio se ve agravado por una profunda crisis social y económica que se espera empeore en el futuro inmediato, y que promete presentar una campaña muy escabrosa para las elecciones generales de octubre. Hoy, todos en Bosnia se sienten vulnerables y tratados de forma injusta. Este sentimiento de persecución lleva a un círculo vicioso de conflictos. Los políticos locales están perdiendo el control sobre la población. Una mayor radicalización política podría traer consecuencias devastadoras.

Los líderes de la RS dicen respetar el Acuerdo de Dayton. No obstante, ésta es una afirmación vacía si la RS ignora la autoridad del Alto Representante para interpretar y proteger el acuerdo de paz. Dayton no es un papel muerto, sino un documento vivo cuyo significado ha evolucionado junto con Bosnia y las competencias del alto representante, forman parte de ella.

Al Estado de Bosnia-Herzegovina, a sus entidades, a los cantones y a los municipios debería permitírseles conocer en detalle la opinión pública, a través de encuestas y referéndums, sobre cuestiones tan importantes como sus respectivas jurisdicciones. La comunidad internacional debe hacer lo posible para evitar darles oportunidad a aquellos en la RS que usan la amenaza del referéndum para provocar la confrontación. La decisión de rechazar las normas del alto representante en el Tribunal del Estado no está entre las competencias de la RS, sino entre los asuntos de Estado. Por esto, el Tribunal Constitucional de Bosnia puede y debe anular rápidamente cualquier medida como esta.

Los líderes de la RS deben entender además que sus declaraciones radicales eclipsan sus verdaderos argumentos y aumentan los temores entre líderes locales e internacionales. Un continuo deterioro de sus relaciones con la comunidad internacional tendría un precio muy alto para los políticos y los ciudadanos de la RS. Sólo dentro de los límites legales y territoriales de Bosnia-Herzegovina tendrán autonomía y la perspectiva de un futuro mediante su integración en la Unión Europea y la OTAN.

Los líderes bosnios y bosnios-croatas tienen también mucho que perder si continúan con la situación actual. Los primeros deben entender que cuando el grupo étnico más grande de un país abandona las buenas prácticas políticas y empieza a ganaren el número de votos a sus vecinos, crea desconcierto y preocupación. Si los bosnios desean un futuro mejor, deben abandonar el victimismo y tener más en cuenta las preocupaciones de las otras comunidades. Ninguna sociedad basada en la regla de la mayoría ni en la implementación forzosa de normas jurídicas puede sobrevivir. No importa cuán buenas sean las reglas. Los puntos de vista de los socios deben ser respetados, cuando reflejan la opinión propia y cuando difieren.

Por su parte, los bosnios-croatas sólo pueden proteger su interés nacional a través de la negociación y un acuerdo mutuo. La proclamación unilateral de una tercera entidad, defendida por algunos, sólo traería más marginación y miseria a una comunidad croata en disminución.

También la comunidad internacional y el alto representante deberían andar con cautela. Al ceñirse a Dayton y equiparar los ataques hacia ellos con ataques contra el propio Estado, la oficina del alto representante se arriesga a que el Estado caiga junto con él. La comunidad internacional debe aceptar que el papel del alto representante, aunque legítimo, ha pasado su fecha de vencimiento y debe cerrarse. La UE, apoyada por la comunidad internacional –entre otros Estados Unidos–, debe garantizar a los bosnios que su país, unido pero descentralizado, sobrevivirá y encontrará su lugar dentro de la familia europea.

La orden de arresto contra Augusto Pinochet en 1998 situó a la justicia española en el centro de la polémica. Le siguieron Guatemala, Tíbet, Guantánamo, Israel… ¿En qué casos pueden los tribunales de un país abrir procesos por hechos cometidos en otro Estado cuando no hay nacionales involucrados? ¿Cuáles son las implicaciones diplomáticas de estos procesos judiciales? ¿Cómo defender una política exterior basada en el respeto de los derechos humanos?

Sin el debate político suficiente pero con gran polémica, el Parlamento español aprobó la modificación del principio de jurisdicción universal en la legislación española. Dos expertos en Derecho Internacional analizan en el número de marzo-abril de Política Exterior las razones detrás de esta reforma. “El cambio se ha realizado cuando ya no eran los ‘miserables’ del mundo en desarrollo, sino gentes de la ‘buena sociedad’, las incluidas en la lista de presuntos criminales”, asegura Antonio Remiro Brotóns. Desde otro punto de vista, Efraim Chalamish concluye: “La controversia se centra en cuál es el modelo preferido de jurisdicción universal a escala nacional, y si los casos recientes de los tribunales españoles ponían efectivamente en peligro la credibilidad y legitimidad de su uso en España y en el resto del mundo”.

Política Exterior también ofrece en su último número el artículo de Pedro Rojo sobre Irak siete años después de la ocupación y ante la formación del nuevo gobierno que gestionará la retirada de las tropas americanas en 2011. Juan José Escobar Stemmann disecciona la “fililial” de Al Qaeda en el Magreb, AQMI, y los riesgos derivados para España y Francia.

Con la reforma sanitaria aún estancada y la popularidad en mínimos, la figura Barack Obama se cuestiona dentro y fuera de Estados Unidos. Según Norman Birnbaum, no se puede esperar que Obama solucione solo todos los errores acumulados en el último siglo. Latinoamérica es una de las zonas donde este descontento es más generalizado. Honduras y el acuerdo militar con Colombia “han minado las expectativas”, asegura Peter Hakim.

La reconstrucción de Haití, de sus ciudades e infraestructuras y de sus capacidades políticas y humanas, es analizada por Amélie Gauthier y Francisco F. Longoria. Pero, ¿cuáles son las raíces de la pobreza de Haití? Luis Esteban G. Manrique indaga en la formación de la primera república independiente de América Latina y en las consecuencias de un proceso de emancipación violento marcado por el odio racial.

El legado de Michelle Bachelet en Chile, los recursos energéticos del Ártico, los problemas de propiedad intelectual en China o las relaciones de Ucrania y la UE son otros de los asuntos tratados en el número de marzo-abril de Política Exterior.

Uno de los primeros asuntos que llegó a manos de Joaquín Almunia tras su toma de posesión como nuevo comisario europeo de Competencia, fueron las demandas de tres empresas europeas contra Google por prácticas monopolísticas. Las tres compiten directamente con el gigante informático en segmentos de mercado específicos.
Una de ellas es la web francesa e-Justice, especializada en búsquedas legales; la otra es la británica Foundem, que compara precios de aparatos eléctricos y otros bienes de consumo; y la tercera es una filial alemana de Microsoft. Todas se quejan de que el sistema de búsquedas de Google no es imparcial porque los resultados que ofrece suelen situar a sus compañías en los últimos lugares, lo que las sitúa en una obvia situación de desventaja.
La Comisión hizo público el 24 de febrero un breve comunicado en el que se limitaba a confirmar que había recibido las denuncias contra Google y que le había trasladado las quejas, añadiendo sus propias preguntas. Tras evaluar las respuestas que reciba, el ejecutivo comunitario decidirá si abre o no un caso contra Google por violación de las leyes de competencia de la UE.
Los abogados de la compañía han restado importancia a las demandas afirmando que esperan convencer a la Comisión de que no tienen fundamento. Google es seguida con creciente atención por los reguladores: el 65% de las búsquedas en Internet en EE UU se hace a través de Google, y en el resto del mundo esa cifra llega al 90%. Google se defiende alegando que el ranking de los links de los productos y servicios que aparecen en su buscador lo establece automáticamente un complicado algoritmo que tiene en cuenta 200 factores y que es actualizado 400 veces al año.
El algoritmo de Google es uno de los secretos industriales mejor guardados del mundo. No es para menos: el manejo de la información se ha convertido en la clave de la era digital. La población mundial generó 150 exabytes (1.000 millones de gigabytes) en 2005 y este año esa cifra llegará a los 1.200 exabytes. Todo el contenido de la Biblioteca del Congreso de EE UU ocupa 15 terabytes (1 terabyte equivale a 1.000 gigabytes).
Según Google, las compañías pueden mejorar su posición en las búsquedas construyendo mejores páginas web y vinculándolas a otras de mayor calidad. Sin embargo, esos argumentos no convencen a las compañías afectadas, que afirman haber realizado cambios en varias ocasiones sin éxito. Foundem, por ejemplo, admite que Google mejoró su posición, pero no porque hiciera cambios en su página sino por tres años de continuas quejas.
El departamento de Justicia de EE UU lleva tiempo tras los pasos de Google. Su división antimonopolios está hoy en manos de Christine Varney, que ha declarado que Google ha creado un “monopolio virtual” en el mercado de los anuncios por Internet.

En el número de marzo-abril de Política Exterior, el arabista y experto en Oriente Próximo Pedro Rojo analiza la evolución del conflicto iraquí y el escenario en el que se producen estas elecciones, así como los principales riesgos para todo Oriente Próximo.

La invasión de 2003, el desmantelamiento del Partido Baaz y del sistema impuesto dictatorialmente por Sadam Husein hasta entonces derivaron, entre 2005 y 2007, en una guerra civil en Irak. La división sectaria –chiíes, suníes y kurdos– sigue siendo el principal riesgo para el país, donde pese a la relativa estabilidad de los últimos años no han dejado de producirse atentados masivos, intensificados en los meses previos a las elecciones del domingo. Las principales fuerzas políticas  que compiten han cambiado sustancialmente respecto a las anteriores elecciones de 2005, y la principal novedad es que cada comunidad no está representada por una sola lista electoral.

Los chiíes de la antigua Alianza Unida Iraquí se han dividido en dos coaliciones: la Alianza Nacional Iraquí, donde se integran, entre otros, el Consejo Supremo Islámico de Irak dirigido por Amar Al Hakim y el Movimiento Nacional Reformista del ex primer ministro Ibrahim Al Yafari; y la Coalición del Estado de Derecho, dirigida por el actual primer ministro, Nuri Al Maliki.

En cuanto a los suníes, el Frente de Acuerdo Iraquí se ha dividido en el Acuerdo Iraquí y la Lista Renovación, dirigida por el vicepresidente Tariq al Hashemi. Renovación se ha unido al Movimiento Nacional Iraquí del ex primer ministro Iyad Allawi y al Frente Iraquí para el Diálogo Nacional de Saleh al Mutlak.

Los kurdos se presentan en dos listas: la Alianza Kurda, integrada por el Partido Democrático del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán del actual presidente de Irak, Jalal Talabani; y el Movimiento por el Cambio.

Estos grandes bloques partidistas determinarán la formación del nuevo Parlamento iraquí, aunque hay pequeñas alianzas, como la Alianza Unida de Irak, de Jawad Bolani, que podrían ser fundamentales a la hora de buscar apoyos.

En estos años Política Exterior ha dedicado una atención permanente a un conflicto con profundas implicaciones en el sistema internacional. La guerra de Irak ha transformado el papel de EE UU en el mundo, ha trastornado la evolución de los conflictos en Oriente Próximo, abriendo enfrentamientos hasta ahora desconocidos entre las distintas comunidades musulmanas. Pero quizá lo más grave ha sido la erosión del sistema de Naciones Unidas, del Derecho Internacional y la oleada de hostilidad de parte del mundo musulmán hacia Occidente. Expertos de múltiples nacionalidades han explicado en Política Exterior las consecuencias económicas, estratégicas, energéticas, religiosas de una guerra cuyas consecuencias desastrosas se anticiparon en esta revista.

Más información sobre Irak en Política Exterior:

Jennifer Daskal (septiembre-octubre 2008),“Guantánamo: de presente a pasado imperfecto”. ¡En abierto!

Peter W. Singer (septiembre-octubre 2008), “Militares privados: beneficios vs política pública”.

Félix Arteaga (enero-febrero 2008), “Cruce de conflictos en el Kurdistán iraquí”.

Juan José Escobar Stemmann (septiembre-octubre 2007), “La nueva Al Qaeda”.

Haizam Amirah Fernández (mayo-junio 2007), “¿Se evitará la cuarta guerra del Golfo?”.

Alfonso Iglesias (marzo-abril 2007), “La ejecución de Sadam Husein”. ¡En abierto!

Richard Haass (marzo-abril 2007), “Recuperar la diplomacia”.

Luciano Zaccara (julio-agosto 2006), “La influencia iraní en Irak”.

Paul Bremer III (mayo-junio 2006), “Empieza una amarga lucha. My year in Iraq”.

Domingo del Pino (marzo-abril 2006), “Tres años después de Irak, democracia para el mundo árabe”.

Alfonso Iglesias (enero-febrero 2006), “Sadam Husein ante la justicia”.

Gema Martín Muñoz (enero-febrero 2006), “La deriva iraquí”. ¡En abierto!

Belén Lara (mayo-junio 2005), “¿Será Irán el próximo Irak?”.

Gema Martín Muñoz marzo-abril 2005), “Irak tras las elecciones: riesgos e incertidumbres”.

Domingo del Pino (enero-febrero 2005), “La guerra de Irak, una visión alternativa”.

Samuel Hadas (noviembre-diciembre 2004), “Oriente Próximo, no hay salida”.

Jaime Ojeda (julio-agosto 2004), “Carta de America: El escándalo de Abu Ghraib”. ¡En abierto!

Jody Williams (julio-agosto 2004), “Globalización, seguridad y la invasión de Irak”.

Norman Birnbaum (julio-agosto 2004), “Después de Irak”.

José Pardo de Santayana (enero-febrero 2004), “¿Habrá intifada en Irak?”.

William Pfaff (noviembre-diciembre 2003), “Los límites del poder americano”. ¡En abierto!

Fernando Díez Moreno (noviembre-diciembre 2003), “La reconstrucción de Irak”.

Gema Martín Muñoz (noviembre-diciembre 2003), “Irak: la impostura de la ocupación”.

Guillermo Medina (septiembre-octubre 2003), “La ONU después de Irak”, ¡En abierto!

Miguel Hernando de Larramendi (julio-agosto 2003), “Irak y los desafíos diferidos”.

Manuel Marín (mayo-junio 2003), “España y la crisis de Irak”.

Antonio Remiro Brotóns (marzo-abril 2003), “La tentación de la agresión”.

Carlos Alonso Zaldívar (marzo-abril 2003), “Invasión de Irak, escenarios negros”.

William D. Nordhaus (enero-febrero 2003), “Consecuencias económicas de la guerra contra Irak”.

L. Paul Bremer, III (noviembre-diciembre 2002), “¿Por qué Irak? ¿Por qué ahora?”. ¡En abierto!

Carlos Alonso Zaldívar (noviembre-diciembre 2002), “Irak, crónica de una guerra anunciada”. ¡En abierto!

Tim Judah (noviembre-diciembre 2002), “En el Kurdistán iraquí”.

Jaime Ojeda (marzo-abril 2002)), “Carta de América: Bush y el ‘eje del mal’”.

Carlos Alonso Zaldívar (marzo-abril 1999), “Irak ¿‘sostenella o enmendalla’?”.

La UpM, nacida en la cumbre de París de julio de 2008 y heredera de los principios y valores del Proceso de Barcelona de 1995, pretende sentar las bases de una asociación más dinámica entre los países de la Unión Europea y sus socios mediterráneos.

La primera tarea de la Secretaría General será poner en marcha los proyectos aprobados en París: descontaminación del Mediterráneo, potenciación de las autopistas del mar entre ambas orillas, diversificación de las fuentes energéticas e intercambios entre universidades.

Pero su prioridad será la organización de la segunda cumbre de la UpM, prevista para el 7 de junio en Barcelona, precedida por nueve reuniones ministeriales. La cumbre será la ocasión para que sus 43 miembros confirmen su compromiso con el proyecto y empiecen a trabajar en los ámbitos del transporte, la energía o el desarrollo sostenible. También para que reiteren su compromiso con la paz, especialmente en Oriente Próximo, principal escollo para el funcionamiento del UpM.

Por otro lado, el 7 de marzo, Granada acogerá la cumbre UE-Marruecos, la primera de la presidencia española. También será la primera entre la UE y el país magrebí, después de que Rabat accediera en octubre de 2008 a un Estatuto Avanzado de asociación.

Más información

- Bichara Khader, “Unión Mediterránea: ¿bonitas palabras o buena idea?“. Política Exterior, núm. 122 (marzo-abril 2008).
- Diego Ojeda, “Unión Mediterránea: de la ambición política a los resultados“. Política Exterior, núm. 122 (marzo-abril 2008).

- Editorial “Expectativas de la presidencia española”, Afkar/deas 24, invierno 2009/2010

- Ridha Kéfi, “UpM: una asociación que respeta las diferencias“, Afkar/ideas 24, invierno 2009/2010

- Para saber más sobre Estatuto Avanzado de Marruecos: Afkar/ideas nº 14, verano 2007

En España es bien conocida la hostilidad de las relaciones entre EE UU y Cuba, pero más allá del embargo, poco se sabe de la complejidad de una política sometida a las presiones de una comunidad de enorme influencia política y fuertemente representada en el Congreso norteamericano. El libro de Daniel P. Erikson, experto en Cuba en  The Inter-American Dialogue, es un brillante repaso a los conflictos y personalidades que marcan los desencuentros ideológicos y psicológicos entre La Habana y Washington. The cuba wars explica, por ejemplo, la dificultad de levantar un embargo que, convertido en ley, necesita la aprobación del Congreso de EE UU, donde hay dos senadores y cuatro representantes de origen cubano. Las divisiones políticas respecto a Cuba traspasan los propios partidos; así, hay senadores republicanos como Richard Lugar favorables a una política de apertura y demócratas como Bob Menéndez que se oponen al levantamiento de la prohibición de los viajes a la isla.

Se trata, además, de unas relaciones paradójicas que se manifiestan, por ejemplo, en la huella de la cultura cubana en barrios y ciudades estadounidenses, o en el hecho de que Cuba sea el único país del mundo que tiene un acuerdo de inmigración con EE UU –y desde la década de los noventa cerca de 250.000 cubanos han emigrado legalmente–, pero no exista un sistema de correo postal entre ambos países.

De especial interés es el detallado análisis de Erikson sobre la comunidad cubano-americana: desde los más férreos opositores a Fidel de Florida y Washington D.C., hasta los nuevos líderes que defienden la transición democrática de Cuba a través de medios diplomáticos, mayor acercamiento económico y contactos más estrechos entre la sociedad civil, de donde saldrán los verdaderos interlocutores.

Con un bagaje intelectual y académico de primer nivel, con la experiencia de decenas de viajes y entrevistas a personajes clave, el libro de Erikson es una referencia fundamental para entender el presente e intuir el futuro de Cuba, un futuro que el autor denomina “the next revolution”: la revolución de las expectativas de una nueva oleada de cubanos que desde la isla, Washington y Miami protagonizarán el cambio.

Daniel P. Erikson, The Cuba Wars. Fidel Castro, The United States and the Next Revolution. New York: Bloomsbury Press, 2009

Con la nueva norma no podría haberse ordenado el arresto de Augusto Pinochet, en 1998, que dio paso a una serie de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo y contribuyó a revisar las leyes de punto final en países como Argentina y Chile. Pero lo importante no es lo que ya no podrá hacerse, sino las posibilidades de acción que todavía existen contra la impunidad y la aportación de la justicia española a esta lucha. Como afirma Reed Brodi, consejero de Human Rights Watch, “la opinión pública española se puede enorgullecer justificadamente del papel que ha jugado su país en promover la justicia”.

Ser miembro de la comunidad internacional significa compartir valores y objetivos, participar en las instituciones multilaterales para reforzarlas, cumplir los acuerdos y tratados firmados, implicarse en su elaboración, trabajar por su cumplimiento. Exige también responsabilidad internacional. España se comporta como miembro de esta comunidad cuando firma, por ejemplo, el Tratado de No Proliferación Nuclear, el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, el convenio de las Naciones Unidas contra la tortura o las Convenciones de Ginebra. Guiado por estos principios la justicia española ha aplicado la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hasta su modificación, en vigor desde el pasado noviembre, la Audiencia Nacional española se ha declarado competente en casos por delitos de genocidio, terrorismo y torturas sucedidos en Guatemala, Argentina, Chile, Ruanda, Sahara occidental, China, Estados Unidos e Israel, entre otros.

Han sido las investigaciones de los jueces españoles sobre la represión en Tíbet (China), los presos de Guantánamo (EE UU) y un bombardeo israelí sobre la población de Gaza los que han acelerado la reforma de la legislación española. Estos países han considerado que se interfería en asuntos internos como la lucha contra el terrorismo, se perturbaban procesos de transición democrática o se ponía en riesgo la estabilidad interna.

El coste diplomático era demasiado elevado para España, que ha visto afectadas sus relaciones bilaterales. Así, el gobierno español, apoyado por la oposición y la mayoría del Congreso, aprobó una modificación que homologa la legislación española a la de otros vecinos europeos. Como escribe Antonio Remiro Brotóns en este número de Política Exterior, “el cambio se ha realizado cuando ya no eran los ‘miserables’ del mundo en desarrollo, sino gentes de la ‘buena sociedad’, las incluidas en la lista de presuntos criminales”.

Pero la reforma también ha obedecido a otras razones. En primer lugar, la redacción original daba lugar a “interpretaciones audaces”, como apunta Remiro. Asimismo, existen obstáculos técnicos, referidos a la capacidad de conseguir pruebas en una jurisdicción extranjera y conceder al acusado las debidas garantías procesales. Efraim Chalamish describe estos inconvenientes en el otro artículo que analiza en este número las interacciones entre justicia, derechos humanos y política exterior.

La justicia resulta a veces incómoda y desestabilizadora pero a largo plazo garantiza la salud de la democracia. La labor de los tribunales españoles ha sido en todo caso positiva: “puede presionar a los tribunales nacionales para juzgar a estos criminales dentro del país, o puede propiciar un cambio político que permita que dichos juicios se celebren”, dice Chalamish; “permite mantener viva la memoria, no sólo histórica, sino judicial, y es un acicate para que más adelante los jueces ‘naturales’ retomen el curso de la persecución y la condena de los criminales”, sostiene Remiro.

Algunos creen que la limitación de la ley española estimulará la acción de la Corte Penal Internacional, el verdadero actor llamado a ejercer la jurisdicción universal. La escasez de recursos y su limitada capacidad para actuar plantean, sin embargo, un futuro poco esperanzador en la lucha contra la impunidad.

En recuerdo de Samuel Hadas y Fernando Rubio

Desde su nacimiento, Política Exterior cuenta con un grupo de extraordinarios colaboradores, amigos de más de dos décadas, que nos enriquecen con su inteligencia. A principios de año perdimos a dos de ellos: el embajador Samuel Hadas, miembro de nuestro consejo asesor, muerto en Jerusalén; y Fernando Rubio, responsable gráfico e ilustrador de las publicaciones de Estudios de Política Exterior, muerto a los 52 años en Madrid. Más allá de los nombres de portada, esta revista la hacen, número a número, personas como ellos. Todos los autores y colaboradores dejan su huella intelectual y van creando el “círculo de reflexión y de ideas” que es Política Exterior. Decimos gracias a Fernando Rubio y a Samuel Hadas. Estarán con nosotros muchos años, mientras exista Política Exterior.

La desilusión que los sondeos arrojan respecto al presidente obedece a varias causas. Ante todo, hay que recordar que la elección de Obama se debió en gran parte al voto juvenil que además de haber aumentado decisivamente en el censo electoral votó en dos terceras partes a su favor. En segundo lugar, la vocación conciliatoria del presidente ha alienado a toda la izquierda del partido, en la que milita el bloque juvenil.

La opinión pública no ha entendido que el salvamento financiero de Wall Street era necesario no ya para las grandes empresas financieras de Nueva York, sino también para la salud de todo el sistema financiero del país.

Las causas de que Grecia haya estado al borde del colapso financiero hay que achacarlas, en primer lugar, a su indisciplina fiscal y presupuestaria, y a un falseamiento premeditado y prolongado de los datos macroeconómicos reales, atribuible al anterior gobierno heleno, ya que el actual –que sólo lleva cuatro meses en el poder– fue el que desveló el fraude. Pero no se ha debido exclusivamente a esa razón, sino también a la crisis económica global –de la cual no se puede hacer evidentemente responsable a Atenas– que ha perjudicado gravemente el equilibrio fiscal de casi todos los países europeos, y además –en este caso particular– a los ataques de los lobos de la especulación financiera internacional, que han olido la presa más débil en la eurozona, quizá como un primer paso para atacar posteriormente otras más jugosas.

A las puertas de las elecciones legislativas del 7 de marzo, varios interrogantes se ciernen sobre estos comicios. Sobre la “libertad”, concepto previo necesario para un buen funcionamiento democrático, sólo apuntar que en Irak hasta 2009 no había libertad de movimiento, ya que la segregación sectaria impuesta tras 2003 hizo que los suníes se jugasen la vida al pasar los controles de policía de las milicias chiíes, o que un ciudadano chií no pudiese cruzar los barrios controlados por Al Qaeda. Aun con la relativa mejora de la seguridad, no hay libertad de movimientos en el “nuevo Irak”, pues cualquier ciudadano no residente en las tres provincias del Kurdistán iraquí necesita una invitación para poder visitar esa región de su país. Esta mejora de la seguridad no ha permitido la vuelta de los cinco millones de desplazados iraquíes, entre internos y refugiados en el exterior, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que sitúan a Irak como el país del mundo con mayor número de personas que han tenido que abandonar sus hogares.

Irak se ha convertido en estos seis años en el país más peligroso de la historia para los periodistas, con al menos 140 muertes y constantes acosos e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad y de las distintas milicias que actúan en su territorio, como denunció el representante de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra a mediados de febrero de 2010. La libertad de cátedra no existe a golpe de asesinato de académicos: 297 desde 2003, se calcula que más de 10.000 han huido del país.

El pluralismo político también se cobra sus víctimas en medio del caos que sigue reinando en el día a día. Según el Observatorio de Derechos y Libertades Constitucionales de Irak, a medida que se aproxima la cita electoral aumentan los asesinatos de políticos y personalidades con peso en el país (46 sólo en la provincia de Nínive). El 13 de febrero murieron cinco personas en distintos ataques contra partidos laicos en Bagdad. En Mosul, Suha Abdlá Yaralá, candidata de la lista no sectaria Al Iraquiya, fue asesinada el 7 de febrero. Este asesinato es un símbolo de los grandes perdedores del nuevo Irak: las mujeres y los grupos no sectarios oprimidos por los partidos islamistas vinculados a Irán y las milicias más radicales que imponen su ley en el caos de las calles iraquíes.

El debate durante los primeros años de ocupación sobre la intencionalidad o no de EE UU de provocar el caos en el país parece superado. Todo indica que la desarticulación que ha vivido Irak en todos sus ámbitos es producto de una mala planificación de la ocupación y un cúmulo de errores en las decisiones tomadas. El primero de estos errores fue la primera ley del gobernador Paul Bremer, conocida como Ley de Desbaazificación, en virtud de la cual se desmantelaron los aparatos de seguridad y se permitió una caza de brujas propia del “macarthismo” contra toda persona vinculada directamente o no con el régimen baazista.

Declaraciones del personal de la embajada estadounidense de aquellos momentos denuncian que la decisión fue tomada sin tener en cuenta los informes y trabajos previos realizados por los expertos que trabajaban a las órdenes de Jay Garner, primer responsable estadounidense de la ocupación hasta la llegada de Bremer. En lugar de seguir con la política de Garner basada en localizar a los oficiales del ejército dispuestos a colaborar con la ocupación y mantener dicha estructura para asegurar cierta estabilidad en la primera etapa de la ocupación, Bremer decidió desmantelar todos los servicios de seguridad e inteligencia del país, en un claro exceso de confianza en la capacidad del ejército estadounidense para controlar el país. La decisión se tomó a pesar de que existían informes militares estadounidenses avisando sobre la insuficiencia del número de efectivos, así como la falta de adecuación del armamento y los vehículos de los que disponían las tropas estadounidenses, pensados para una invasión pero no para una ocupación ni para una guerra no convencional.

También se ha demostrado que se menospreció la capacidad del pueblo iraquí de construir una resistencia armada efectiva, que desde los primeros meses ha condicionado, más que ningún otro factor, la política de EE UU en Irak, por lo menos hasta finales de 2008. Todos los informes y declaraciones de la resistencia apuntan a que la mayoría de los líderes militares de los distintos grupos de la resistencia son antiguos oficiales del ejército desmantelado por Bremer.

La rápida extensión de las acciones de la resistencia contra las tropas estadounidenses y sus aliados obligó no sólo a congelar la retirada prevista de buena parte de las tropas, sino a buscar aliados locales en los que apoyarse para intentar controlar la situación sobre el terreno. Una vez descartado el antiguo ejército para esta labor, sólo les quedaba una opción: las milicias de los partidos chiíes creadas, armadas y entrenadas por Irán en los años ochenta. Una decisión incoherente con la estrategia global, pues entregaba la llave del país a su más feroz enemigo en la zona, pero la única posible a corto plazo porque Washington estaba acuciado por el constante aumento de bajas y la total incapacidad para moverse e iniciar la reconstrucción del país.

Paralelamente, el 13 de julio de 2003 se creó el Consejo de Gobierno Iraquí, en el que se materializó el segundo gran error de la política de la ocupación: la división sectaria del poder en Irak. Siguiendo la lógica de dividir al enemigo para debilitarlo, se llegó a situaciones tan absurdas como contabilizar en la cuota chií del consejo al representante del Partido Comunista Iraquí, Hamid Mayid Musa o a un liberal como Iyad Alawi. Fue un segundo error porque esta división sectaria ha beneficiado sobre todo a un grupo de poder que se escapa del control estadounidense: los chiíes vinculados a Irán. La labor en este sentido de los referentes religiosos chiíes ha sido fundamental para dirigir el voto de las capas más populares de la población chií. La Constitución aprobada el 15 de octubre de 2005 en referéndum otorga rango de ley fundamental del Estado a estos principios sectarios.

La reconstrucción de las fuerzas de seguridad sobre la base de las milicias chiíes proiraníes se ha demostrado rotundamente ineficaz para controlar la actividad resistente. A pesar de la simbiosis contra natura que se ha producido entre los gobiernos proiraníes de Bagdad y el ocupante estadounidense, nunca ha estado entre las prioridades de las nuevas fuerzas de seguridad enfrentarse a los grupos bien organizados de la resistencia (como ocurrió en Nayaf y Faluya en 2004 o en Basora en 2008) que mantienen ocupadas a las tropas estadounidenses impidiendo a Washington controlar el país y gobernarlo a su antojo. Hasta finales de 2006 se repitieron sin éxito distintas operaciones del ejército estadounidense para intentar controlar Bagdad y otras ciudades como Baquba o Faluya.

La lucha contra la resistencia ha sido hasta 2009 la prioridad absoluta de la administración estadounidense, teniendo que desentenderse en buena medida de otras cuestiones más concretas como el control político, económico y administrativo del país, aspecto que ha sabido aprovechar excepcionalmente Irán, como ha quedado patente en la lucha preelectoral de estos últimos meses.

El punto de inflexión para las tropas estadounidenses se produjo a partir de mayo de 2007. Coinciden varios factores en un radical descenso de muertos estadounidenses en combate, ejemplarizado en diciembre de 2009, primer mes desde la invasión de 2003 sin ningún muerto en combate. Las matanzas sectarias que desencadenó el atentado contra la mezquita de Samarra en febrero de 2004 convirtieron Irak en un caos aún mayor. Por una parte, las milicias chiíes, sobre todo las Brigadas Báder (milicia del Consejo Supremo Islámico Iraquí) y el Ejército del Mehdi (bajo las órdenes de Muqtada al Sáder), asesinando suníes si el nombre que aparecía en su carné de identidad sugería su pertenencia a esta confesión; por otra, los grupos vinculados a Al Qaeda, colocando bombas y suicidas en zonas abarrotadas de chiíes.

En este caos generalizado la resistencia iraquí perdió áreas que antes estaban bajo su control, fruto de la limpieza étnica que se produjo. A pesar de que la mayoría de los grupos resistentes denunciaron los ataques sectarios de ambos bandos contra civiles, al igual que hacen cada vez que se produce un atentado indiscriminado, perdieron parte de su base popular en medio de la anarquía que se extendió por todo el país. Los líderes de la resistencia denunciaron que las tropas estadounidenses y los iraníes favorecieron la expansión de grupos fieles a Al Qaeda, que llegaron a controlar barrios como Addamiya o Dora en Bagdad.

La decisión de no combatir a estos grupos radicales, que según distintas fuentes militares estadounidenses nunca han representado más del 5-10 por cien de las fuerzas que se enfrentan a los ocupantes, ha sido el error estratégico más importante de la resistencia. La lógica de no desviar su atención del enemigo principal, el ocupante estadounidense, se ha mostrado errónea a la luz de los acontecimientos, pues habría sido relativamente sencillo para la resistencia neutralizar a los pequeños grupos fieles a Osama bin Laden y hacerse con el control de sus zonas.

EE UU aprovechó este momento de indecisión para crear los Consejos del Sahua o Consejos del Despertar. Apoyándose en jeques de tribus locales reclutó un ejército de casi 100.000 mercenarios al que armó y pagó para luchar contra Al Qaeda, que por entonces había llegado no sólo a asesinar chiíes, sino también a líderes suníes de la resistencia, que en su mayoría han rechazado unirse al autoproclamado Estado Islámico de Irak. Sin duda, se trata de la medida más acertada de la política estadounidense desde 2003 en Irak.

La lucha contra Al Qaeda fue una primera fase para que los jeques locales se hiciesen con el control de áreas donde ni el ejército estadounidense –ni mucho menos el iraquí– podía patrullar. Muchos de los integrantes de estos consejos eran antiguos combatientes de la resistencia, sobre todo procedentes del Ejército Islámico de Irak y de las Brigadas de la Revolución de 1920.

El pacto no escrito de evitar confrontaciones directas entre la resistencia y los Consejos del Sahua ha sido defendido por los primeros con los mismos argumentos de por qué no atacan a las fuerzas de seguridad iraquíes: eso rompería definitivamente la estructura social de Irak. Por su parte, los jefes del Sahua llevaron a cabo una guerra silenciosa desvelando nombres de antiguos compañeros de filas, pero evitando los enfrentamientos armados, pues sabían de la precariedad de su acuerdo con Washington y de la popularidad de la resistencia, ya que una cosa es combatir a Al Qaeda y otra a iraquíes que luchan contra tropas ocupantes. En cualquier caso, el resultado de los Sahua ha sido nefasto para la resistencia que, al no disputarle a Al Qaeda ciertos espacios, terminó perdiéndolos a manos de estos grupos ligados a la ocupación y que a su vez los han entregado a las fuerzas de seguridad iraquíes, en las que se supone que se tienen que integrar 20.000 milicianos de estos grupos.

A raíz de esta nueva estrategia, que el general David Petraeus compaginó con un aumento de las tropas estadounidenses desplazadas en Irak y la firma del Acuerdo de Seguridad (SOFA, en sus siglas en inglés) con el gobierno iraquí, Washington empezó a vislumbrar una posible salida del atolladero iraquí. El calendario de retirada marca el final de 2011 como la fecha máxima para la salida del último soldado de combate estadounidense, aunque se quedarán cerca de 50.000 militares en labores de formación y para la protección de las instituciones estadounidenses en Irak. Esta retirada, en cualquier caso, está planeada para un entorno de mejora real de la seguridad iraquí y una profesionalización efectiva de sus fuerzas de seguridad, así como un gobierno en el que pueda confiar para salvaguardar los intereses por los que Washington se lanzó a la aventura iraquí.

El quinto gobierno de Irak tras la caída de Sadam Husein que saldrá de las elecciones del 7 de marzo será crucial para el futuro a corto y medio plazo del país. Dicho gobierno será el que gestione la retirada de las tropas de combate iraquíes que, si se cumple el calendario impuesto por Barack Obama, tendrán que reducirse de los actuales 98.000 (la cifra más baja desde la invasión) hasta 50.000 soldados para finales de agosto de 2010 y retirada total de las tropas de combate para finales de 2011.

Tras siete años ocupados principalmente en la lucha contra la resistencia armada, los políticos estadounidenses están intentando recuperar el tiempo perdido en el control de las instituciones políticas y administrativas del país. En la actualidad, Washington trata de cambiar el actual modelo de ocupación militar directa por un modelo de neocolonialismo, vinculando los intereses económicos políticos y de seguridad entre Irak y EE UU, reflejado más que en el Acuerdo de Seguridad de 2008 en la Declaración de Principios para una Relación a Largo Plazo de Cooperación y Amistad. Firmado el 26 de noviembre de 2007 entre Bush y Nuri al Maliki, es un acuerdo más profundo y estratégico que el polémico SOFA.

A pesar de que Washington se encuentra es su mejor situación desde que llegó a Irak, el escenario dista de ser el idóneo para lograr su objetivo. Una vez neutralizada parcialmente la resistencia armada, debe hacer frente a las consecuencias derivadas de sus errores, entre ellos la desbaazificación y la sectarización de la política iraquí, así como su principal implicación: la entrega de la gestión del país a sectores vinculados directamente a Irán.

El proceso preelectoral ha sido un constante mercadeo entre los distintos bloques políticos, que se ha traducido en incontables crisis que siempre apretaban sin terminar de ahogar un proceso político que conviene a todas las partes implicadas en él, pero del que todas quieren sacar el mayor provecho a corto plazo ante la imprevisibilidad del futuro. Hay que recordar que Irak es el cuarto país más corrupto del mundo en el ranking de 2009 de Transparencia Internacional.

La discusión de la ley electoral (una revisión de la que rigió los comicios de 2005) duró más de cuatro meses. Tras varios textos ratificados por el Parlamento (el que se aprobó el 5 de octubre de 2009 llegó al Consejo Presidencial pero fue enviado de vuelta al Parlamento ante la amenaza de veto del vicepresidente, Tareq al Hashemi), el 9 de diciembre se aprobó el texto que va a servirá de marco para las próximas elecciones. La fecha es inconstitucional, pues según lo estipulado las elecciones tendrían que haberse celebrado antes de finales de enero de 2010. Estos detalles, una vez asumidos por la clase política, nadie los comenta, como el hecho de que no haya tenido lugar el referéndum para aprobar el Acuerdo de Seguridad con EE UU, que según estipula la ley debería haberse celebrado antes de finales de julio de 2009. La ley aprobada perpetuará, como sostiene Yahya al Kubaisi, del Centro de Estudios Iraquíes de Ammán, “la priorización de la confesión y la etnia frente a la identidad nacional, construyendo un Estado de entidades y no de ciudadanos, pues el sistema político; y con él la construcción del Estado; será gobernado por un sistema de cuotas demográficas y no políticas”.

La batalla por el control del Irak poselectoral se centra actualmente entre las dos listas sectarias chiíes, vinculadas directamente a Irán: la Alianza Unida Iraquí y la Lista del Estado de Derecho (del primer ministro Al Maliki). Frente a ellas están las listas no sectarias apoyadas por EE UU: Al Iraquiya (del ex primer ministro Alawi, Saleh al Mutlak y el vicepresidente Tareq al Hashemi) y la Alianza de la Unidad de Irak (del ministro de Interior Yawad al Bulani).

La batalla preelectoral se ha centrado en torno a un instrumento, un bumerán lanzado por Bremer: la desbaazificación. La Institución Responsabilidad y Justicia (heredera del Organismo de Desbaazificación de Bremer) ha emitido la orden de excluir del proceso electoral a importantes miembros de las listas proestadounidenses, el más destacado de ellos Al Mutlak, parlamentario durante los últimos cuatro años, en los que nadie parece haberse percatado de sus supuestos vínculos con el prohibido Partido Baaz. Las artimañas administrativas, presiones políticas y piruetas judiciales de dudosa legalidad han convertido la etapa preelectoral en un sinfín de incongruencias que han llevado a analistas como Marc Lynch a escribir en Foreign Policy: “La legitimación del proceso electoral y la independencia de las instituciones iraquíes han sido seriamente puestas en cuestión, tanto ante los iraquíes como ante la comunidad internacional”. Este análisis coincide con las recientes declaraciones de los máximos mandos militares estadounidenses en Irak, los generales Petraeus y Odierno, así como los editoriales de los más importantes diarios estadounidenses, lo que es un claro síntoma de que EE UU está perdiendo la batalla política preelectoral y puede que con ella la guerra electoral, pues como ha indicado el parlamentario Mizal Alusi, “esto no son unas elecciones, es una guerra”.

Una guerra en la que no participa la tercera fuerza armada en cuestión: la resistencia armada iraquí, que acusa al proceso político de ser ilegal de acuerdo al Convenio de la Haya de 1907. El proceso de unificación que vive la resistencia política iraquí desde mediados de 2009 converge en un discurso oficial de rechazo de las elecciones, pero de apoyo discreto a la lista de Alawi y Al Mutlak como mal menor. En el supuesto de que esta lista consiguiese suficientes votos para liderar el nuevo gobierno, significaría atajar la sectarización del ejército, lo que necesariamente implica la vuelta de más oficiales del antiguo ejército a puestos de mando (según Al Hayat en la actualidad son ya el 75 por cien de los oficiales, pero sin capacidad de mando real ni cohesión entre ellos). Así se entiende que tanto la resistencia como EE UU, apuesten por esta lista que les garantizaría a los primeros un estamento militar proclive, asegurando a Washington a corto y medio plazo una mayor seguridad para el país y para las tropas estadounidenses, cuyas bases son bombardeadas a diario por la resistencia.

La opción de una victoria contundente de los partidos proiraníes en un entorno de salida de las tropas estadounidenses plantea muchos interrogantes. La resistencia armada ya ha avisado de que podría romper su decisión de no enfrentarse a las fuerzas de seguridad iraquíes ante la previsión de cuatro años más de régimen sectario proiraní. En este escenario será crucial la labor de las tropas estadounidenses, pues como han comentado varios dirigentes de la resistencia iraquí, es la superioridad aérea y tecnológica estadounidense lo que les impide volver a controlar barrios y ciudades iraquíes, además del mencionado compromiso de no combatir contra iraquíes.

Quizá el peor escenario sea el tercero: un reparto de los escaños en los que no haya una fuerza predominante entre kurdos, proiraníes y las listas no sectarias. Se repetiría así un gobierno inoperante como el actual, basado en un reparto de intereses económicos y políticos de cuotas, que mantenga el actual statu quo de calma en la superficie, mientras se sigue ahondando en la segregación sectaria de Irak, convirtiendo el país en una bomba de relojería que nadie podrá controlar cuando estalle.

Ahora bien, la importancia de Ucrania en este contexto no se deriva sólo del calado de su opción europeísta que, como veremos, ni empieza formalmente con el desunido equipo llevado al poder por la “revolución naranja” ni desaparecerá con los vencederos de las elecciones presidenciales de febrero de 2010. Si Ucrania pasa aún casi desapercibida para algunos Estados miembros de la UE, como España por ejemplo, Rusia está aquí para recordarnos que Ucrania importa, y mucho, y no sólo por su condición de país de tránsito para el gas que alimenta a gran parte de Europa.

Es un fenómeno con efectos sobre todo el mundo, desde consumidores de cualquier país hasta empresarios de cualquier nacionalidad, que ven sus activos vulnerados, con independencia de si el producto que ofrecen es ropa bajo una marca determinada, un innovador medicamento protegido por una patente farmacéutica o un CD con 80 minutos de música protegida por derechos de autor. Ante este fenómeno, hay un denominador común año tras año: China es el primer mercado de falsificaciones.