En los años ochenta del pasado siglo los países de América Latina ofrecían un panorama desolador, pero vientos de popa que arrancaban de una coyuntura internacional trepidante borraron no pocos males y trajeron muchos bienes.

Aumento de la demanda mundial de alimentos y materias primas, como primera señal de un cambio de expectativas. La desconfianza de los inversores se transmuta en ansias por establecerse en la región. Los inversores estadounidenses ven llegar a nuevos competidores. Los conquistadores españoles primero y luego otros, hasta la presencia masiva de los asiáticos, capitaneados por China, que necesita imperiosamente materias primas y alimentos.

Desde el año 2000 el PIB de la región avanza a tasas de entre el 3,7% y el 4%, que se aceleran en el quinquenio 2003-2007 hasta niveles anuales superiores al 5%. Brasil y Argentina salen del letargo, México recupera su aliento, Perú asombra por su dinamismo. Mientras Chile mantiene su regularidad, en Colombia y en otros países se respiran aires nuevos. Reestablecidos los equilibrios presupuestarios y financieros, asoma un crecimiento económico que pondría fin a los años perdidos.

Quedan problemas en el camino, naturalmente. Grandes problemas. Pero las desigualdades en la distribución de la renta comienzan a corregirse. Los índices de pobreza se han reducido, a la vez que los gastos sociales aumentaron de manera significativa: por encima de los 1.000 dólares anuales per cápita en Brasil, Argentina, Chile o Costa Rica. La protección social se ha extendido a colectivos no contributivos, y las transferencias alcanzan a los hogares más pobres. Las reivindicaciones indígenas se mezclan con problemas ecológicos, como la construcción de grandes presas en Chile o Brasil, en tanto que subsiste el gran interrogante sobre la región amazónica. Sus bosques distribuidos en un 70% en territorio brasileño y el resto entre Bolivia, Perú y Colombia, generan 8.000 millones de toneladas de vapor de agua que, según los cálculos de las Naciones Unidas, representarían una captura de carbón valorada en 13.000 millones de dólares anuales. Los abusos del pasado están siendo corregidos, pero ahí quedan los interrogantes de los efectos de la carretera interoceánica hasta los puertos del Pacífico.

Baluarte contra la crisis

El impacto de la gran crisis económica que sufren los países industrializados no se ha extendido a América Latina. Los baluartes de defensa estaban sólidamente asentados sobre la solvencia y la liquidez de la región.

A diferencia de lo sucedido en los países periféricos de la eurozona, las primas de riesgo no han registrado grandes oscilaciones, en tanto que las entradas de capital confirmaban la confianza de los inversores internacionales en el presente y en el futuro de América Latina.

La salud financiera de la región es un baluarte que permite el desarrollo de políticas de estímulo a la demanda interna, que le han ganado el pulso al ciclo contractivo. El sector exterior, por otro lado, ha jugado un decisivo papel. Los nuevos países en vías de industrialización, China e India a la cabeza, compran más minerales, más petróleo y sobre todo más alimentos, soja y maíz especialmente. El siempre temido riesgo de los intelectuales latinoamericanos por una excesiva dependencia en las materias primas, no ha sido esta vez una carga, sino lo contrario. Los precios de los productos primarios han aumentado, y con ellos las tierras de cultivo –las más fértiles y productivas a más de 2.500 kilómetros de distancia del Amazonas– así como una importante industria agroalimenticia.

La prosperidad está llena de sorpresas: por ejemplo la aparición de las multinacionales latinoamericanas, más de 500. Un fenómeno que responde a un nuevo entorno de liberalización económica en el que las habilidades gerenciales van a jugar un papel importante, respaldado por la explotación de los propios recursos. Y los importantes hallazgos de petróleo en Brasil y Ecuador, Venezuela, y recientemente en Argentina.

Latinoamérica, pronostican los agoreros del pesimismo ibérico, “corre el riesgo de morir de éxito”. Pero el éxito continúa, aunque la economía brasileña registre tasas de inflación en torno al 7% y el tipo de cambio de su moneda, el real, se rebele contra las normas de la ortodoxia económica y se aprecie sin descanso empujado principalmente por la entrada de capitales exteriores.

Las alertas se parecen a las que suenan en el Occidente industrializado. El mensaje está a la vista de todos los países de América Latina que sufrieron los excesos del endeudamiento y las desidias de políticas fiscales y monetarias tan temerarias que acabaron condenando al estancamiento de sus sistemas productivos.

Retos pendientes

Latinoamérica, se dice en este número de Economía Exterior (invierno 2011-2012), recuerda los errores del pasado y dispone de recursos e instituciones para defenderse de los coletazos que lleguen de la gran recesión, y administrarse de manera que un sobrecalentamiento no acabe en inflación y déficit exteriores.

Sigue pendiente el gran reto de la integración latinoamericana: los intercambios de la región solo llegan al 10% del valor de sus compras y ventas con el resto del mundo. La dependencia de las materias primas es muy elevada y podría aprovecharse para una mayor diversificación de las actividades productivas. La cooperación con las etnias indígenas y ese gran problema medioambiental de la región amazónica, “la última página en blanco del génesis”, solo tendrá una solución permanente y satisfactoria si el crecimiento económico no se detiene.

Queda el problema de la distribución, todavía muy desigual, de las rentas entre ricos y pobres, con las secuelas de violencia demasiado clamorosas a la hora de reclamar una mayor representatividad en los sistemas internacionales.

Para acceder al índice de Economía Exterior 59 (invierno 2011-2012) por favor haga clic aquí.

Como explica Ignazio Angeloni, del think tank Bruegel, en un artículo para Política Exterior 144 (noviembre-diciembre 2011), el G-20 nació dos veces. Primero en 1999, tras la crisis asiática, como foro de ministros de Economía. Y de nuevo tras la caída de Lehman Brothers en 2008, cuando el G-20 ascendió a reunión de jefes de Estado y de gobierno. Desde su primer nacimiento, el foro ha tenido dos vocaciones: la de coordinador político en tiempos de calma y la de gestor de crisis. En la segunda tarea el grupo ha funcionado. En 1999 limitó el contagio desde unas economías emergentes e inestables, y en 2008 tranquilizó a los mercados globales en un momento de riesgo sistémico. En la primera tarea sin embargo, y como explica Angeloni, “el rendimiento del grupo ha sido, en el mejor de los casos, menos convincente”.

En estos tiempos donde la recesión amenaza con torpedear los esfuerzo de los países avanzados por afianzar una lenta recuperación, el G-20 intenta abrirse un hueco en una agenda marcada, de nuevo, por la crisis. Si en 2008 las prioridades las marcó la crisis bancaria en EE UU, en estos momentos el epicentro de los riesgos se halla en Europa. La posibilidad de un contagio financiero desde los sectores soberanos es elevado, más todavía tras los vaivenes griegos y la aparente inoperancia europea.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, prometieron “llegar al G-20 unidos y con los problemas resueltos”. Para ello habían estado trabajando en un plan para fortalecer los bancos de Europa y poner fin a la falta de confianza de los mercados en la zona euro. El anuncio del primer ministro griego, Yorgos Papandreu, de someter a referéndum la aceptación del segundo plan de rescate para su país, amenazó con mandar todo al traste. Papandreu ha reculado, pero las aguas permanecen revueltas.

“La historia dirá si la perspectiva de un desastre en Cannes obligó a los dirigentes europeos a tomar unas medidas lo suficientemente serias para salvar la zona euro”, expone Richard Gowan, del think tank The European Council on Foreign Relations, en un artículo para Política Exterior 144 (en abierto). “Pero, sea cual sea el resultado –añade Gowan–, los historiadores también llegarán a la conclusión de que este episodio ha puesto de manifiesto la falta de influencia mundial de la Unión Europea, y puede que lleguen a la conclusión de que el auge del G-20 ha contribuido al declive de la UE”.

La sexta cumbre del G-20, más allá de la gestión de crisis, tiene dos grandes cuestiones pendientes. Una es la tasa a las transacciones financieras. Estados Unidos mantiene su oposición, pero deja entrever que podría retirar su veto a que se incluya en el comunicado final como una iniciativa a adoptar de forma voluntaria. La otra gran cuestión es el aumento de la dotación de recursos para el Fondo Monetario Internacional y, quizá, la reapertura del debate sobre un reparto de poder dentro de la organización. Para otro momento más propicio parece que quedan la reforma del sistema monetario internacional o el cierre de la Ronda de Doha. Por no hablar de la lucha cerrada contra los paraísos fiscales.

Para más información:

Richard Gowan, “¿Está acelerando el G-20 el declive de Europa?”. Política Exterior núm. 144, noviembre-diciembre 2011.

Ignazio Angeloni, “‘Se busca’: un G-20 efectivo para la economía global”. Política Exterior núm. 144, noviembre-diciembre 2011.

Willy Meyer Pleite (Madrid, 1952) es eurodiputado por España por parte del grupo de Izquierda Unida Europea en el Parlamento Europeo. Ocupa el cargo de vicepresidente de la Comisión de Peticiones y de la Delegación de la Asamblea Euro-Latinoamericana. Es miembro del Comité Ejecutivo del PCE y de la dirección federal de Izquierda Unida (IU). Como experto en temas de seguridad y defensa, ocupó la secretaría de Relaciones Internacionales de IU. Actualmente, ocupa la secretaría de Política Internacional del partido.

¿Cómo percibe el momento que está atravesando la Unión Europea, atacada por una crisis que no termina de gobernarse?

La UE vive un momento crítico, está en una encrucijada, porque el proyecto que nosotros compartimos en origen –un espacio regional y político con un objetivo claro, que era la cohesión social y territorial para contribuir a un mundo en paz– está totalmente en entredicho. La orientación económica que tiene en estos momentos la UE, pactada por socialdemócratas, liberales y los conservadores, está poniendo en riesgo este proyecto, que ya no es común. El objetivo de la cohesión social y territorial es hoy imposible de alcanzar. En el momento que desde el Tratado de Maastricht hasta el de Lisboa lo que se blinda es una Europa que traslade el Consenso de Washington a Bruselas, renunciando la socialdemocracia a sus señas de identidad (intervención de la economía, política fiscal progresiva…), el objetivo pasa a ser que el libre mercado se encargue de organizarnos la vida, que los Estados no tengan capacidad de intervenir en los mercados… Con las consecuencias que todos conocemos.

Existe cierto consenso en torno al eslogan que dice que, para salir de la crisis, necesitamos más Europa. Pero parece que este eslogan, según quien lo pronuncie, significa una cosa u otra, tiene o no un mayor alcance. ¿Qué significa para usted ese “más Europa”?

Esta es una crisis que no tiene límite y la decisión última del Consejo Europeo, hablando de poner más de un billón de euros encima de la mesa, no va a resolver el problema. Desde nuestro punto de vista lo que habría que hacer es tomar nota de que la crisis es una crisis sistémica y como tal necesita de una alternativa en profundidad. Esa alternativa pasa por un rescate de parte del sector financiero para que sea público, es decir, una banca pública europea sobre la base de que el Banco Central Europeo no sea un satélite descontrolado, sino bajo control para que tanto los Estados nacionales como la Comisión, el Parlamento y el Consejo tengan capacidad de intervención en la economía. Eso requiere una política fiscal común, un tesoro europeo y una orientación económica que incentive el rescate de sectores estratégicos de producción que han sido privatizados. El paquete energético: gas, electricidad, derivados del petróleo, deben ser públicos, y rescatar transportes, telecomunicaciones, correos, el sector naval, la siderurgia… para que mediante consorcios europeos se pueda planificar la economía con el objetivo de crear empleo. No se trata por supuesto de eliminar el mercado, pero sí de poner filtros para que el mercado no sea depredador.

Con una mayoría conservadora en la Unión Europea, ¿qué posibilidades hay de tomar el camino que usted indica?

Nos dejan solo un espacio, porque es verdad que la correlación de fuerzas es la que es. No solamente son los conservadores, es que la socialdemocracia, desgraciadamente, ahora es cuando empiezan a rescatar el viejo discurso socialdemócrata. Lo que nos queda es la movilización y la protesta. Nuestra obligación como fuerza política es estar con la gente en la calle.

La crisis ha puesto de manifiesto un cambio en el modo de actuar alemán. ¿Cómo ha de relacionarse España con esta nueva Alemania?

La crisis lo que ha puesto de manifiesto es la ficción de la arquitectura política europea. Solo hay que ver las últimas reuniones, uno insultando al otro; Merkel y Sarkozy se reúnen primero, deciden y después informan… Nosotros nunca hemos compartido la idea de una relación de vasallaje. Merkel ha ido marcando lo que tenía que hacer el gobierno español. Recuerdo su última visita, cuando nada más llegar dijo que la subida salarial hay que aplicarla en función de la productividad, etcétera. No compartimos eso por una cuestión de soberanía nacional, igual que no compartimos que el Banco Central Europeo nos diga que reformemos la Constitución.

Primavera árabe y Mediterráneo

España ha participado en la intervención en Libia con una fragata, cuatro cazabombarderos y otras fuerzas de apoyo. Otros países de menor tamaño y más alejados de la zona de conflicto han prestado una mayor ayuda, como es el caso de Noruega o Dinamarca. ¿Cree suficiente el papel desempeñado por España? ¿Cuál puede ser nuestra aportación para el futuro del país?

Yo creo que es incompatible ser  de izquierdas y progresista con la cultura de la sangre, y lo digo así con rotundidad. Lo que hemos visto en Libia es una resolución del Consejo de Seguridad que implantaba una zona de exclusión aérea y que autorizaba a proteger a la ciudadanía, dejando claro que Gadafi no era un objetivo. Esto ha derivado en la OTAN, siendo cómplice de una ejecución extrajudicial, tortura y asesinato. Esas imágenes que todos hemos visto son repugnantes. No compartimos nada de lo que se ha hecho en Libia. Nos posicionamos con la Unión Africana y con todos los países del mundo que reclamaban que la negociación debía evitar un baño de sangre. La inteligencia norteamericana advertía al principio del conflicto: “Cuidado, que hay una parte armada que son fundamentalistas islámicos relacionados con Al Qaeda”. Cuando a esta parte se le da armamento, tenemos un problema.

Saludamos la “primavera árabe” porque eran revoluciones con una misma lengua, con reivindicaciones universales de derechos, donde no entraba el fenómeno sectario de la religión. Pero ¿qué ocurre? Que las potencias occidentales prefieren en ocasiones apoyar a los fundamentalistas con tal de lograr determinados objetivos. Lo vimos en Afganistán con Bin Laden y ahora lo vemos en Libia. En cualquier caso, nosotros siempre hemos dicho que en Libia, en el caso de Siria, en el de Marruecos, Arabia Saudí o Israel, se necesitan soluciones por la vía diplomática, por la vía de la presión, nunca por esta vía que nos deja un país devastado desde el cinismo más absoluto de potencias que han sido amigas y colaboradoras. Y ahora vamos a ver las consecuencias. Vamos a tener una constitución con la Sharia islámica, vamos a ver cómo se desarma todo lo que se ha armado y vamos a ver en qué acaba Libia.

Bachar el Asad no va a abandonar el poder de manera voluntaria y, según lo visto, seguirá reprimiendo las protestas a sangre y fuego. ¿Cómo debe reaccionar España y la Unión Europea ante una crisis que ya no tiene marcha atrás?

Como hace con Israel y Palestina. Con paciencia, negociación, diplomacia y diálogo. Y mucha cooperación. Yo no me imagino una acción de la ONU contra Israel a pesar de que incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad.

¿No cree que las sanciones sean la vía ahora que se van a empezar a aplicar las que tocan el sector de los hidrocarburos, que podrían debilitar al régimen?

El problema de las sanciones es si afectan o no a la población. Hay otras vías. En Siria se inició un proceso de reformas que en principio pareció que el régimen las iba a aceptar, luego se vio que no. Lo que hay que hacer es que la oposición y el régimen se pongan de acuerdo para que las reformas lleguen e iniciar un proceso de transición para que el pueblo sirio decida en libertad.

¿Cree que El Asad podría ser un interlocutor válido? ¿Un actor en pro de la reforma?

Eso dependerá de su actuación. Ahora mismo lo tiene muy difícil, pero para nosotros lo fundamental es que se permita un debate con todas las garantías. Observadores internacionales, libertad de expresión e información… Pero nosotros le damos tanta importancia a Siria como a Arabia Saudí, Bahréin o Yemen. No tenemos la capacidad que tienen los gobiernos de distinguir. Es decir, se centran en Siria pero con la dinastía saudí hacen negocios, intentando competir para el plan de modernización de sus carros de combate, en una pugna comercial entre España, Francia y Estados Unidos. Eso no nos cabe en la cabeza. Para nosotros es tan importante promocionar la democracia en Siria como en Arabia Saudí.

La adhesión de Turquía a la UE ha quedado paralizada, sin visos de continuidad. La Turquía de Erdogan, mientras tanto, ha seguido su camino, convirtiéndose en un actor clave en Oriente Próximo. España ha defendido la adhesión de Turquía a la Unión, pero sin resultados visibles. ¿Debe alzar su voz en una UE donde Turquía no parece ser una prioridad? ¿España podría liderar en este campo junto a otros socios, Reino Unido por ejemplo?

Estamos a favor de la incorporación, siempre y cuando Turquía cumpla con los criterios de Copenhague. Ahora bien, Turquía tiene un problema muy serio y lo tiene que resolver, si no nunca formará parte de la Unión Europea: está ocupando la parte norte de la República de Chipre con 40.000 soldados. Además, Ankara tiene un programa de colonización a través de los turcos. Estamos justo en el momento crítico de las negociaciones a alto nivel entre las comunidades turco-chipriota y greco-chipriota. Si Turquía no abandona la ocupación militar y pone fin a la colonización, nunca va a poder estar en la UE. Por desgracia, Ankara está trabajando en el sentido contrario. Por ejemplo en la cuestión de las reservas de gas en torno a la isla, cuya extracción está dificultando mediante provocaciones.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha iniciado la senda de la reforma presionado por la “primavera árabe”. Esta reforma no conllevará cambios estructurales a corto plazo, pero sí que puede abrir las puertas a una transición tutelada y gradual. ¿Cómo percibe los últimos movimientos reformistas en Marruecos?

A mí me sorprendió la celeridad, una vez que se conoció el resultado del referéndum, de la Comisión Europea y la señora Ashton para decir que era una situación magnífica y que ya teníamos una Constitución democrática. Yo creo que es una tomadura de pelo. Es verdad que se han eliminado algunos poderes feudales, que siempre se agradece en el siglo XXI, pero es una Constitución que sanciona un poder fundamental al rey. Además se silencia la oposición que está habiendo en Marruecos, con manifestaciones de miles de personas.

¿Cómo puede España desempeñar un papel activo y acompañar una posible transición marroquí?

La relación de España con Marruecos debe tener el cuenta que somos el país que tiene la obligación de garantizar el proceso de administración colonial, con todas sus consecuencias. No puede mirar para otro lado. No puede, ante la crisis del campamento de la dignidad [noviembre de 2010], cumplir un papel de “aquí no ha pasado nada”. El papel español tiene que ser exigente, porque la descolonización no es cualquier cosa. Europa cometió crímenes durante el siglo XIX y XX en África, crímenes contra la humanidad, y tenemos una obligación con ese continente: que la descolonización sea una realidad. España ha jugado el papel contrario. Su planteamiento es el siguiente: “Ceuta y Melilla son sagradas, así que lo que nos digan. Que ocupan el Sahara, qué le vamos a hacer; que reprimen a la gente, bueno”. Es decir, una relación de entrega absoluta.

En estos momentos, Marruecos está inmerso en un proceso que Mohamed VI ha calificado de “regionalización avanzada”, diseñada en un principio para incorporar el Sahara occidental a Marruecos. El tiempo corre en contra de los saharauis. ¿Debe España presionar más a Marruecos para que acepte una solución mediada al conflicto del Sahara?

La ocupación del Sahara occidental es un asunto de España, que afecta al Estado español. España es el gobierno que debía garantizar el proceso administrativo de descolonización conforme al Derecho Internacional. Al no hacerlo abandona al pueblo saharaui y Marruecos se hace de hecho con la propiedad del Sahara Occidental, con sus recursos, a pesar de que hay sentencias de tribunales que niegan la propiedad a Marruecos. Es decir, es un territorio no autónomo que está protegido por el Consejo de Seguridad de la ONU hasta que finalice su proceso de descolonización, y que tiene que ejercer su derecho a la autodeterminación. Por todo ello, nosotros no estuvimos de acuerdo durante la presidencia española del Consejo de la UE de otorgar el Estatuto Avanzado a Marruecos. La diplomacia marroquí nos quiso hacer creer que la solución al conflicto del Sahara sería una administración del Estado parecida a la española, descentralizada. Eso es desconocer cómo es el país. Marruecos no tiene nada que ver con España. Nos querían hacer creer que si se le daba un estatuto de autonomía al Sahara, se salva la autodeterminación y resolvemos el problema.

Miguel Ángel Moratinos ha señalado que existen todavía muchos estereotipos en la sociedad española que no se han superado con respecto a Marruecos. Y reconoce que la acción gubernamental del anterior gobierno no permeó en la sociedad española en parte por culpa de esos estereotipos. ¿Comparte esta percepción?

En España hay una gran solidaridad con el pueblo saharaui y esa solidaridad lo distorsiona todo. Se trata de una solidaridad transversal, no sólo de Izquierda Unida; del PSOE, del PP… de la sociedad en general. Recordemos que aquello fue una provincia: cuando en el colegio nos enseñaban el mapa con las provincias, una de ellas era el Sahara. En la cultura española siempre se nos ha quedado la idea de que aquello lo hicimos mal, de que los abandonamos, y que efectivamente hay una deuda.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, ha solicitado ante la ONU el reconocimiento de Palestina como Estado de pleno derecho. España ha apoyado dicha reivindicación. ¿Cree que son necesarios pasos como este para desatascar un proceso de paz enquistado desde hace décadas?

Aprovecho la ocasión para hablar de un tema importante: el rediseño de Naciones Unidas. Es insostenible que una organización internacional adopte resoluciones en su Asamblea General por inmensas mayorías, casi por unanimidad, y que el veto de un Estado no permita su cumplimiento. Necesitamos una arquitectura que permita un verdadero gobierno democrático. Sobre Palestina, aquí tenemos un problema de la comunidad internacional en relación al nivel de exigencia con el gobierno de Israel. A Israel le sale gratis todo: puede bombardear y ocupar Líbano, puede destrozar Gaza, cometer crímenes… y le sale gratis. Tan gratis que cuando firma acuerdos internacionales como el de Annapolis, en 2010, una hoja de ruta para conseguir una configuración del Estado palestino, el nuevo gobierno con Netanyahu y Lieberman rechaza esos acuerdos. En Derecho Internacional eso no se puede hacer. Además, los asentamientos siguen. Creo que el gesto que ha adoptado la Autoridad Nacional Palestina pone a los pies de los caballos a Israel. El problema es que el lobby judío en Estados Unidos es tan fuerte que el presidente de los EE UU, Barack Obama, dijo hace unos meses que estaba a favor de un Estado palestino, con la capital en Jerusalén este y las fronteras de 1967; a los pocos días llegó Netanyahu, dijo que ni hablar y ya está.

América Latina

América Latina es hoy una región transformada política y económicamente. Esta nueva realidad ofrece para España nuevas oportunidades de relación, pero también supone dificultades, retos, a la hora de defender nuestros intereses. Ante esta transformación, y ante la evidente pérdida de relevancia del sistema de Cumbres Iberoamericanas, ¿cómo deberíamos reorientar la política hacia la región para seguir defendiendo los intereses y nuestra posición?

España debe de jugar un papel importante en las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Nosotros estamos de acuerdo con lo que se aprobó en la cumbre de Viena de establecer una relación estratégica birregional entre la UE y América Latina. Lo que nos preocupa es que detrás de esa relación estratégica la UE lo que persigue es intentar imponer su modelo de integración regional. La diplomacia europea tiene que ser absolutamente respetuosa con el proceso de integración regional latinoamericano. El modelo Europa empezó poniendo la economía al servicio del interés general, como se está haciendo ahora en América Latina y el Caribe, salvando las distancias en cada gobierno. El proceso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es así: busca espacios públicos comunes para que esa integración regional sea una realidad. El problema es que las multinacionales europeas, de la mano de la UE, quieren tener una relación comercial sin tener en cuenta las asimetrías, vía tratados de libre comercio. Estamos en contra de este tipo de relaciones comerciales que no tienen en cuenta las asimetrías, la complementariedad y el comercio justo. América Latina no está en condiciones para que se acabe con su débil tejido productivo. Los españoles debemos ser los máximos defensores de la integración regional, evitar injerencias, malos consejos o actuaciones de tutelaje.

Cuba está inmersa en un tímido proceso de reformas económicas y políticas, cuyos resultados aún no son visibles. En las últimas dos legislaturas, España ha abogado sin descanso por eliminar la posición común sobre Cuba de la Unión Europea. ¿Cree que se cumplen las condiciones para dar ese paso?

Estamos en contra de la posición común de la Unión Europea, un trato de excepción que no tiene con ningún otro país del mundo. Ni con China ni con Vietnam. No lo tenía ni con Ben Alí ni con Mubarak. Nos parece inadmisible. Tiene que haber un trato de igual a igual y discutir agendas, todas: política penitenciaria, derechos humanos… lo que sea preciso. Estamos en contra del bloqueo norteamericano, un acto de guerra tipificado así por el Derecho Internacional; el bloqueo lo distorsiona todo. Creo que las reformas económicas van por el buen camino, están suponiendo una verdadera revolución interna dentro de lo que es la economía cubana que va a facilitar el bienestar de los cubanos.

Misiones internacionales

¿Cómo valora la década de intervenciones en Irak y Afganistán?

Muy mal, nosotros no compartimos esas intervenciones de las guerras preventivas. Decía Bush primero que había armas de destrucción masiva y que Husein estaba con Al Qaeda. Y aparte de esas mentiras interesadas, decía también que la guerra de Irak iba a ser un factor de estabilidad en Oriente Próximo y que bajaría el crudo. Así se nos presentó el producto. Yo creo que esas intervenciones han sido una tragedia. Afganistán es ahora más talibán y los señores de la guerra y el opio campean a sus anchas. Afganistán e Irak nos deberían enseñar que ese no es el camino, igual que Libia. No es tiempo de tambores de guerra, es tiempo de ramos de paz. Necesitamos una arquitectura de seguridad que dé respuesta a lo que realmente crea inseguridad en el mundo. No se trata de garantizar los pasillos de energía; lo que crea inseguridad son esas 70.000 personas que mueren a diario por falta de alimentación.

Kosovo ha sido reconocido como Estado independiente por una gran mayoría de países de la comunidad internacional y goza de un estatus de Estado observador en la ONU. ¿Debe España reconocer ya a Kosovo?

No. A Kosovo no se le puede reconocer como Estado. Si se le reconoce como Estado, volvemos al siglo XII. Es decir, a la aparición de Estados a partir de actos de guerra ilegales. Es como si nos intentarán hacer creer que Cataluña o Castilla-La Mancha es un Estado, por no decir Euskadi. Además, ahora en Kosovo hay un problema añadido y es que el informe elaborado por Martii Ahtisaari señala a toda la dirigencia de Kosovo como criminales de la UCK (Ejército de Liberación de Kosovo).

¿No habría que adoptar algún tipo de actitud mirando al futuro?

Por encima de cualquier corriente de opinión está la posición de dignidad y ética de cada uno. Para mí el tema de Kosovo es innegociable: no existe como Estado.

Cooperación al desarrollo

España se situó en 2008 a la cabeza de los países donantes, escalando hasta el sexto puesto al año siguiente. Los Presupuestos Generales para 2011 han reducido la ayuda al desarrollo en más de 918 millones, lo que sitúa a la cooperación española en cifras inferiores a las de 2007. ¿Habrá que seguir reduciendo las partidas para la cooperación? ¿Cómo seguir haciendo más con menos?

Primero, nuestro homenaje a los cooperantes secuestrados. La cooperación y los cooperantes intentan curar las heridas que los países desarrollados abren. La hambruna no es un fenómeno meteorológico adverso, es el resultado de que en la bolsa de Chicago se juegue con los precios de la alimentación. Incluso desde la ONU hay quien ha tipificado cada muerte de hambre como un asesinato. Estamos de acuerdo. Se deberían crear tribunales internacional especiales para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de estos asesinatos, que son quienes especulan con el precio de los alimentos.

Creo que hay que tomar opciones en política internacional. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no son cualquier cosa. Es lo que más inseguridad crea en el mundo, son armas de destrucción masiva. A esa inseguridad no se le puede anteponer una organización militar armada, como la OTAN, o los 1,63 billones de euros al año en gasto de defensa, de los cuales 268.000 millones son de Europa occidental, donde hemos aumentado el 5,5% en diez años. Al ritmo que se están dando las ayudas, los ODM no se cumplirán en 2015 sino en 2150. Eso es insostenible para el conjunto de la humanidad.

Creemos que ha llegado el momento de plantearse un objetivo fundamental en política exterior: el desarme total. Eso requiere políticas pragmáticas de todos los Estados, que cada paso que se dé vaya en el sentido del desarme. Lo que se ahorre debe invertirse en cooperación y en sostener el Estado del bienestar. La decisión que ha tomado Zapatero, de despedida, de meternos en el escudo antimisiles, va en el sentido contrario. La OTAN no descarta el uso del armamento nuclear. Si renunciásemos a ese uso, se podría entender lo del escudo defensivo. Mientras no se renuncia a atacar, es una tomadura de pelo. Supone la invitación al desorden internacional y al rearme. Todos conocemos la dinámica de la industria militar. Si tú sacas un misil que es capaz de alcanzar los 7.000 kilómetros de distancia, automáticamente el posible adversario tiene que inventar un artefacto que sea capaz de derribar ese misil, y ya tenemos una espiral ascendente que nos lleva al infinito. La eliminación de todos los arsenales sería la mejor noticia del siglo XXI.

¿No se trata de un objetivo utópico?

En plena guerra fría Olof Palme lo tenía claro: la humanidad tiene que trabajar para el objetivo del desarme. La carta de la ONU, después de la experiencia de la Primera y la Segunda Guerra mundiales, plantea avanzar en ese sentido. En Nueva York podemos ver la estatua del revólver con su cañón retorcido. Esa es la filosofía de la ONU, el aprendizaje de las guerras mundiales. Ahora vamos en sentido contrario. Los bárbaros están entre nosotros. El juez Charles Lynch, de Virginia, Estados Unidos, siglo XVIII, ha regresado. Lo hemos visto con las ejecuciones extrajudiciales de Bin Laden y Gadafi. No se les ha puesto frente a un juez porque sus testimonios sacarían a la superficie todas las cloacas de la inteligencia occidental.

Entrevista realizada por Pablo Colomer y Áurea Moltó.

Las posibilidades de que la UE logre apoyos para aplicar globalmente la llamada “tasa Tobin” a las transacciones financieras en la próxima reunión del G-20 (Cannes, 3 y 4 de noviembre) son escasas. A la oposición abierta de EE UU se suma la hostilidad de Reino Unido y la reticencia de Suecia, la República Checa y Canadá.

La propuesta de esa tasa impositiva (de un 0,1% para acciones y bonos y un 0,01% para derivados), auspiciada por Francia y Alemania, fue presentada a finales de septiembre por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. “Es tiempo de que el sector financiero haga una contribución a la sociedad”, dijo. La idea era presentar la tasa al G-20 como una decisión ya tomada por la UE. Sin embargo, el hecho de que el gobierno británico haya anunciado que “vetará” la propuesta, hará inviable su aplicación a escala comunitaria, disminuyendo la posibilidad de que pueda concretarse globalmente, el único modo en que sería realmente efectiva.

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, ha acusado a Londres de impedir que los bancos ayuden a solucionar la crisis financiera. Ante esas posiciones encontradas, lo que se debate ahora es si haría falta una aprobación unánime de los Veintisiete o bastaría con que un mínimo de nueve países implantara un “espacio de cooperación” en el que entrara en vigor la tasa. Pero dado que una medida de ese tipo tendría efectos muy limitados y disminuiría la competitividad de sus mercados financieros, es probable que Francia y Alemania abandonen la idea. La oposición británica a la tasa, que sería aplicable a transacciones de cualquier entidad con sede en la UE, es explicable. La City concentra el 70% de todas las operaciones financieras que se realizan en la Unión. El sector representa además el 10% del PIB británico.

Londres teme que si la tasa entra en vigor, muchas de sus entidades se mudarían a EE UU o paraísos fiscales como Islas Caimán. De hecho, ICAP, una de las mayores casas de bolsa del mundo, ha amenazado con irse de la UE si se aprueba la medida. George Osborne, el ministro de Finanzas británico, ha dicho que Reino Unido solo la consentiría si se aplica globalmente.

Según Peter Cussons, responsable de impuestos de PWC, EE UU cometió un error similar en los años setenta, cuando introdujo una tasa sobre los intereses de los bonos. “Muchos operadores se fueron del país y no volvieron”, advierte. También Suecia, que en los años ochenta intentó introducir la tasa Tobin unilateralmente, tuvo que desistir.

Parte del rechazo de los bancos se explica por los 55.000 millones de euros anuales que la tasa les costaría. Pero tan o más importante es que en un mercado en el que las compraventas se deciden por diferencias del 0,5% en el valor de los títulos y en el que las comisiones pagadas por los grandes clientes no pasan del 0,1% o 0,2%, cargar un 0,1% adicional puede desincentivar ese tipo de operaciones. Sobre todo si son apalancadas, en cuyo caso hay que pagar, además de la comisión, un interés por el préstamo.

La preocupación de Obama es lógica. Más del 40% del total del mercado monetario estadounidense está invertido en papel de bancos y Estados europeos. Su exposición a la banca europea supera los 1,2 billones de dólares. Pero, al mismo tiempo, los argumentos europeos son incontrovertibles.

En los últimos 10 años, el volumen del crédito en EE UU aumentó cinco veces más rápido que la economía real. El dinero barato fue el fertilizante que nutrió todos los excesos del sector financiero, responsable de la burbuja crediticia e inmobiliaria de la pasada década. Pero asignar la culpa a los demás es tan autocomplaciente como contraproducente. El fuego originado en Wall Street no hubiese prendido en Europa si su sistema financiero no hubiese estado propenso a incendiarse. En octubre de 2008, el primer ministro británico, Gordon Brown, advirtió que los bancos europeos estaban mucho más apalancados que los de EE UU y que dependían más de la financiación a corto plazo en los mercados de capitales.

Según el Banco Internacional de Pagos (BIS), en 2009 los activos agregados de sus tres principales bancos equivalían al 406% del PIB holandés; al 336% del británico; al 334% del sueco; al 250% del francés; al 189% del español; al 121% del italiano y al 118% del alemán. En cambio, en Japón esa cifra era del 92% y “solo” del 43% en EE UU. Hoy los pasivos de los bancos de la zona euro equivalen al 350% de su PIB.

En 1965, el gasto público en relación al PIB era del 28% en Europa occidental; hoy esa cifra ronda el 50%. Entre 1945 y 1973 el crecimiento medio de la economía europea fue del 5,5% anual. Tras ese último año, rara vez ha superado el 2,3%. Bélgica representa menos del 1% del PIB mundial, pero la suma de su deuda pública y privada supone el 1,9% de la deuda acumulada por toda la banca mundial. Según Nicolas Verón, investigador del think tank Bruegel, “en Europa todos hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, por lo que el ajuste será largo y doloroso”.

En Grecia solamente 16.000 millones de su economía de 230.000 millones de euros están vinculados a las exportaciones. Es decir, fuera del turismo (15% del PIB), el país prácticamente no tiene nada de valor que ofrecer en los mercados mundiales. Entre el 30%-40% de la economía griega es sumergida, frente al 18% de la media de la UE. A pesar de esto, debido a que Grecia entró en el euro, los bancos le extendieron créditos con el mismo tipo de interés de Alemania, cuando en los años noventa pagaba un 10% más que el bund alemán.

En Irlanda, el desempleo, que hace unos años era del 4%, hoy ronda el 14% debido al desplome de la construcción, que hace unos años llegó a representar el 25% del PIB y a emplear al 20% de la fuerza laboral. El país llegó a construir al año la mitad de casas que Reino Unido, un país con 15 veces más población. Entre 2000 y 2005, el crédito bancario a constructores y promotores pasó del 8% al 28% del total, una suma equivalente a todos los depósitos de la banca irlandesa, una deuda que luego el Estado asumió como propia.

Lo curioso del caso es que todos esos excesos se cometieron con ahorro alemán, un país que se pasó la década pasada ajustando sus cuentas. Según el último informe del BIS, la banca alemana mantiene posiciones de más de 521.000 millones de dólares en Grecia, Italia, España, Portugal e Irlanda.

Para más información:

Fernando Barciela, “La crisis que pudo no haber ocurrido”. Economía Exterior núm. 54, otoño 2010.

Editorial, “Carta a los lectores: recesión, recuperación”. Economía Exterior núm. 54, otoño 2010.

Luis Alcaide, “Lehman Brothers: episodios de una quiebra”. Economía Exterior núm. 51, invierno 2009-2010.

Nicolas Véron, “La Unión Europea y las relaciones financieras internacionales”. Economía Exterior núm. 48, primavera 2009.

Lagarde, de 55 años, rompe un nuevo techo de cristal al ser la primera mujer en ponerse a los mandos del FMI. Actuará como directora gerente de la institución y presidenta de su Directorio Ejecutivo por un período de cinco años. Lagarde sucede al también francés Dominique Strauss-Kahn, quien dimitió antes de culminar su mandato porque afronta un juicio por un presunto delito de agresión sexual en Estados Unidos.

Las novedades se detienen ahí. Desde su creación en 1944, el FMI siempre ha estado presidido por un europeo. Mientras, el Banco Mundial sólo ha sido dirigido por estadounidenses. Todo esto forma parte del trato que las potencias emergentes como China, Brasil o India tratan de modificar. Asistimos a una nueva configuración de orden económico mundial y los BRIC, entre otros, quieren una mayor participación en las instituciones que han de operar en ese nuevo orden, como el FMI o el Banco Mundial.

En el próximo número de Política Exterior, julio-agosto 2011, Federico Steinberg, investigador del Real Insituto Elcano, analiza este “rebalanceo de la economía mundial”. Según Steinberg, “la reforma de la gobernanza interna del FMI (su sistema de cuotas y votos) se convertirá probablemente en el asunto que mejor refleje la ‘batalla’ a la que está dando lugar el cambio en el equilibrio de poder mundial”. El papel del FMI en los próximos años será muy importante, explica Steinberg. Desde el estallido de la crisis financiera en 2008, la institución ha vuelto a ocupar un lugar central en la economía mundial después de años de irrelevancia.

En la cúspide de dicha institución se sitúa ahora Lagarde, que desde 2007 ocupaba el cargo de ministra de Economía. Previamente había sido ministra de Comercio Exterior durante dos años. Licenciada por el Instituto de Estudios Políticos y por la Facultad de Derecho de la Universidad de París X, donde fue profesora universitaria, Lagarde se incorpora al estudio jurídico Baker & Mckenzie en 1981. Allí desarrolla una carrera como abogada especializada en derecho laboral y competencia, hasta ocupar el cargo máximo del estudio jurídico desde 1999 hasta 2005, cuando dio el salto a la administración pública.

A partir del del 5 de julio de 2011, Lagarde dirigirá una institución que ha ido ampliando sus cometidos hasta abarcar toda la problemática de la macroeconomía y del sector financiero que incide en la estabilidad mundial. El FMI cuenta con aproximadamente 2.500 funcionarios procedentes de 160 países. Sus préstamos comprometidos al 25 de mayo de 2011 ascendían 280.000 millones de dólares. ¿Los principales prestatarios? Grecia, Portugal e Irlanda. Largarde ha prometido que “será dura” con los europeos.

La historia de la Islandia anterior a la crisis es un historia conocida, quizá no por haber sido muy seguida, pero sí por familiar. La economía islandesa es atípicamente escandinava: una economía social de mercado que combina una estructura capitalista bajo los principios del libre mercado con un Estado del bienestar amplio. La principal industria ha sido y es la pesquera (el sector representa en la actualidad más del 12% del PIB), aunque tras la entrada en el Espacio Económico Europeo en 1994 la economía islandesa se diversificó enormemente.

Las cifras islandesas a mediados de la primera década del siglo XXI eran envidiables. El alto crecimiento, el bajo desempleo y la baja desigualdad situaban al país en los puestos más altos de los índices de desarrollo humano. El sector financiero del país, tras la privatización de la banca a principios de siglo, se expandía rápidamente y los bancos nacionales salían al extranjero a pescar. Era época de vacas gordas: a la rápida expansión del sector financiero seguía un boom de la demanda interna, que aumentaba a su vez la cifras de crecimiento gracias a un progresivo endeudamiento de la población, tocada por la fiebre consumista. La situación, sin embargo, acabó escapándose de las manos de los banqueros. Los préstamos y otros activos llegaron a representar más de diez veces el PIB del país.

El estallido de la crisis financiera en 2008 encontró al sistema financiero islandés enormemente expuesto. A principios de octubre de ese año, en un par de días, los tres principales bancos del país se hundieron. Islandia entró en bancarrota, pues no había otra opción: cerró la bolsa, la moneda cayó en picado, el PIB se desplomó y la tasa de paro se multiplicó por ocho. Los bancos desaparecieron y otros nuevos fueron creados bajo control estatal. De los viejos se salvó lo imprescindible para que la economía siguiera funcionando: los depósitos de los bancos caídos se traspasaron a los nuevos bancos y paquetes con hipotecas y préstamos a negocios se transfirieron a sus activos. Las inversiones y deudas extranjeras, eso sí, fueron dejadas de lado.

Así, con los bancos islandeses también se hundieron los millones de dólares invertidos en sus filiales por miles de europeos. En concreto, 300.000 inversores holandeses y británicos que utilizaron la filial online del banco Landsbanki, Icesave, que ofrecía una altísima rentabilidad, vieron como su dinero se evaporaba. Holanda y Reino Unido devolvieron a sus ciudadanos el 100% de los depósitos y ahora exigen ese dinero: 4.000 millones de euros. El gobierno de coalición islandés acordó devolver el dinero en un primer momento, pero el presidente del país, Ólagur Grímsson, ejerció su derecho de veto para permitir que sus conciudadanos fuesen consultados sobre dicha cuestión. Dos referéndum después y tras un nuevo acuerdo intergubernamental menos gravoso para Islandia, además de unas elecciones anticipadas, los islandeses siguen diciendo que no.

Algunos de los responsables directos de los desmanes del sistema financiero han sido arrestados. Entre ellos, cuatro exdirectores de Kaupthing, unos de los bancos liquidados, y su expresidente, Sigurdur Einarsson. El ex primer ministro Geir H. Haarde, que dirigió Islandia entre 2006 y 2009 al frente de un gobierno de coalición tumbado en enero de 2009 por las protestas populares, se enfrenta a un tribunal especial acusado de negligencia.

Las perspectivas de la economía islandesa han mejorado, aunque el país ha retrocedido una década en su desarrollo económico, volviendo a la casilla de inicio tras años de locura plutocrática. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que prestó ayuda a Islandia cuando sufrió la bancarrota, dicen que el país crecerá en 2011 más de un 2%. La inflación ha regresado a niveles normales (llegó a alcanzar un 18%), pero el desempleo se mantiene elevado (alrededor de un 8%, cuando antes de la crisis se situaba en un 1%) y las negociaciones de ingreso con la Unión Europea se han estancado, tras el no del segundo referéndum.

La vía islandesa parece que seguirá siendo singular.

Para más información:

Charlemagne, “A parable of two debtors”. The Economist, abril 2011.

Claudí Pérez, “Islandia enjaula a sus banqueros”. El País, abril 2011.

Eduardo Levy-Yeyati, investigador del programa de economía global y desarrollo de la Brookings Institution y profesor de economía de la Universidad Di Tella en Buenos Aires: “La guerra cambiaria está ya en sus primeras etapas, como muestra la escalada verbal y las intervenciones en muchas economías emergentes enfrentadas a una política cambiaria china imperturbable, y en particular, como indica el inminente regreso de EE UU a la política de ajuste cuantitativo, que parece una versión enmascarada de las políticas de empobrecimiento del vecino. Las economías de América Latina han jugado el papel de espectadores inocentes preocupados por la liquidez del dólar, presionando para lograr una mayor apreciación del mismo. Los riesgos asociados a una guerra cambiaria son tres. Primero, está la pérdida de competitividad derivada del mal holandés. Segundo, está el miedo a las burbujas: el ajuste cuantitativo, al exacerbar el flujo de liquidez hacia los mercados emergentes relativamente pequeños, propicia las mismas condiciones para una inflación de los activos como la que se produjo antes de la crisis global. Y por último, pero no por ello menos importante, está la cuestión cronológica: ¿qué sucederá cuando EE UU revoque su ajuste cuantitativo y comience a subir sus tasas de interés? ¿Asistiremos a retiradas de capital masivas y a movimientos abruptos en los tipos de cambio? Si tenemos en cuenta que está posibilidad es real, el mal holandés representa una amenaza seria para la estructura productiva de unas pujantes economías latinoamericanas. Mientras que una coordinación multilateral sería la mejor respuesta, lo más probable es que veamos respuestas nacionales descoordinadas (intervenciones y control de capitales) que deriven en una espiral de represalias, incluso en enfrentamientos comerciales. En esta región, las economías abiertas mal equipadas para sobreponerse a estas caídas cíclicas serán las grandes perdedoras a largo plazo”.

Alberto Pfeifer, miembro del  grupo asesor para América Latina en la escuela de derecho y diplomacia de Fletcher, universidad de Tufts: “En efecto, una guerra cambiaria podría producirse. Pero en un mundo como este tan interdependiente e intervenido (con mercados y sistema financieros unificados) la política de empobrecer a tu vecino supone al final hacerse daño a uno mismo. Muchos gobiernos están reaccionando ante las presiones internas con medidas proteccionistas y restringiendo el capital, aunque la mayoría de esas medidas están aun sin desarrollar. La guerra cambiaria actual todavía no ha comenzado, pero el campo de batalla está ya repleto de víctimas: el fantasma de la deflación anclado en el horizonte, elevados niveles de desempleo y deuda pública en EE UU y Europa, un Japón estancado y las exportaciones chinas aumentando la presión para adoptar medidas restrictivas por parte del resto del mundo. Los exportadores de materias primas están contentos con el ritmo del aumento de los precios gracias a la demanda china y a la búsqueda por parte de inversores de activos reales, pero deberíamos mostrarnos precavidos ante los riesgos a largo plazo que implica este modelo: dependencia tecnológica y vulnerabilidad económica. Además, ¿qué hacemos con las reservas crecientes de dólares americanos, que rinden tan bajo? Un escenario con un dólar depreciado supone vía libre internacional para buscar rendimientos reales. Mercados de capital solventes como Brasil, Chile, Colombia México y, en menor grado, Perú y Argentina, serán terreno de caza para los especuladores. Al mismo tiempo, estos países se beneficiarán de la subida de precios de las materias primas, de una demanda interna creciente y de la inversión directa china. Así, la región puede experimentar un crecimiento económico, pero en la dirección equivocada: sin raíces en la innovación o la productividad, simplemente gracias a los elevados precios de las materias primas. Al final del día, este juego de suma cero generará un cambio en la distribución de poder regional en América Latina: menos EE UU, Europa y México, y más China y Brasil, con un toque de India y países exportadores de petróleo árabes”.

Pablo Heidrich, investigador del The North-South Institute: “Más que inminente, la guerra cambiaria está ya en marcha globalmente, a medida que el gobierno de EE UU imprime dólares por encima de su capacidad de absorción, curando así los excesos en el extranjero mediante flujos financieros a corto plazo. Estos flujos financieros se dirigen principalmente a países en desarrollo, pues las oportunidades de inversión y el diferencial de sus tipos de interés los hace más atractivos. Las economías de América Latina están así implicadas en estos flujos financieros a corto plazo, que se han doblado desde 2008 (la comparación con el año crítico de 2009 no es muy recomendable). El resultado es la apreciación de las monedas nacionales en Brasil, México, Colombia, Chile y muchos otros países latinoamericanos, a pesar de las medidas defensivas que muchos de ellos han empezado ya a adoptar. Las exenciones fiscales para inversiones extranjeras han sido revocadas y pequeños impuestos son aplicados a estos mismos flujos financieros, así como incrementos en la permanencia mínima del capital. Sin embargo, la mayoría de estas medidas son demasiado tímidas o, peor aún, inadecuadas para luchar contra la creciente inflación en las importaciones y la pérdida de competitividad de sus todavía verdes exportaciones manufactureras. A corto plazo, las oportunidades que ofrece esta guerra cambiaria son superficiales para América Latina: por ejemplo, la acumulación de reservas para así no depender del FMI y su condicionalidad en el caso de futuras crisis; o la abundancia en la que nadan actualmente los mercados financieros locales, con créditos baratos para los consumidores de clase media y gobiernos poco rigurosos en cuestiones fiscales. A largo plazo, los desafíos son preocupantes: la apertura financiera de muchos países en América Latina provocará una retirada inmediata y brutal de flujos de capital; la fragilidad fiscal (en la actualidad disimulada) hará más difícil la capacidad de apoyar la demanda interna en un escenario tan dramático; y más importante, el sector privado habrá perdido empleos y capacidades durante el período de apreciación monetaria. Desde un punto de vista latinoamericano, la guerra cambiaria actual se asemeja a aquella crisis del dólar estadounidenses de 1980-1982, que tuvo consecuencias tan desastrosas para esta región, desatando una crisis de deuda y, posteriormente, abocándola a una década perdida. Pronto sabremos si hemos aprendido la lección”.

Haga clic aquí para leer esta noticia en inglés.

Reproducido con el permiso de Latin America Advisor, boletín digital diario publicado por Inter-American Dialogue.

Donde sí que hay diferencias es en el terreno de la diplomacia. En el próximo número de noviembre-diciembre de 2010 de Política Exterior, Julia E. Sweig, investigadora del Council on Foreign Relations, nos habla de la extensa agenda global de Brasil, con múltiples opciones internacionales. Que gane Rousseff o Serra, afirma Sweig, sin duda influirá en la agenda exterior de esta potencia emergente.

La campaña electoral ha mostrado los distintos matices para un mismo modelo de país. Un modelo exitoso, tanto en lo económico y como en lo social, que ningún candidato se atreverá a modificar en lo sustancial. Esta es la tesis de Ricardo Sennes, economista, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Católica de São Paulo, cuyo artículo para el próximo número de Política Exterior reproducimos a continuación.

Un nuevo presidente para un mismo Brasil

En los últimos años, Brasil ha sufrido varios cambios estructurales con importantes impactos en su posición internacional. Parte de ese proceso tiene que ver con las políticas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y de su Partido de los Trabajadores (PT), en particular en los últimos tres años.

En el ámbito interno, dos parecen ser los principales movimientos: un ciclo de alto crecimiento económico con distribución de renta y una redefinición del papel del Estado en la economía. Desde el punto de vista internacional, el mayor cambio es que Brasil ha pasado a adoptar un papel prosistema, asumiendo una creciente responsabilidad global y regional en asuntos de estabilidad política, económica y ambiental.

En las recientes elecciones presidenciales no se ha presentado ningún candidato realmente competitivo que no sea de centro-izquierda, pero aún así se ha abierto un debate profundo sobre el modelo de desarrollo de Brasil, el papel del Estado en la economía y la relación del país con su región y con el mundo. En esos asuntos, las candidaturas de Dilma Rousseff, José Serra y Marina Silva han defendido propuestas con interesantes matices.

Ciclo de crecimiento

En los últimos años, Brasil ha registrado unos patrones de crecimiento económico –en torno al seis por cien del PIB anual– muy por encima de los de las tres décadas pasadas. Ese crecimiento se vio interrumpido temporalmente en 2009, cuando el PIB creció apenas un 0,5 por cien, como consecuencia de la crisis mundial, pero rápidamente se retomó el ritmo en 2010, y se espera un crecimiento cercano al siete por cien para el conjunto del año. La mayoría de las proyecciones económicas apuntan a que Brasil continuará con un nivel de crecimiento cercano al cinco por cien anual durante los próximos cinco años.

Esa tasa de crecimiento ha ido acompañada de una baja inflación, una dirección bastante conservadora de la política monetaria y del mantenimiento de superávit primarios significativos. A lo largo de todo su gobierno, el presidente Lula mantuvo al frente del Banco Central a Henrique Meirelles, un ejecutivo procedente del sector privado –Bank Boston– y de perfil conservador. Por su parte, en el ministerio de Hacienda se han producido ajustes a lo largo del gobierno. El ministro Antônio Palocci, aunque proceda del propio PT, definió estrategias restrictivas en términos de gasto público y de gestión de la deuda interna del país, y llevó a cabo una agresiva política de recaudación de impuestos. No fue hasta 2006 cuando el ministerio empezó a adoptar un perfil más keynesiano y moderado bajo la dirección de Guido Mantega.

Ha sido, por tanto, en el campo de la microeconomía donde el gobierno Lula ha innovado, mostrando su perfil más a la izquierda, en políticas industriales, de crédito e innovación, o en las políticas de redistribución de renta. Desde el primer mandato de Lula, el gobierno se definió por retomar de forma explícita la política industrial, en buena medida articulada con políticas de exportación e innovación. Se seleccionaron sectores estratégicos, se establecieron líneas de crédito subsidiadas, y se aumentaron de forma sustancial los recursos de las agencias de desarrollo federales, con un papel destacado para el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), cuyo desembolso alcanzó los 90.000 millones de dólares en 2009.

También formó parte de esa política la recuperación de las inversiones de las empresas estatales, lideradas por Petrobras, pero también Eletrobras, Infraero y Correos, entre otras, y la derivación de parte de la capacidad de compra de esas compañías a empresas nacionales o con sede en Brasil. El gobierno también fue dinámico en la política de crédito al consumidor, definiendo numerosas medidas de carácter heterodoxo (como el crédito consignado para funcionarios y jubilados) y un amplio y exitoso programa de crédito a la vivienda (el mayor de ellos denominado “Minha Casa, Minha Vida”).

Al mismo tiempo, el gobierno de Lula definió algunas acciones orientadas a la transferencia de renta. Las principales fueron: la política de salario mínimo y el programa Bolsa Família. En lo que respecta al salario mínimo, –en línea con las propuestas tradicionales del PT– el gobierno trazó una política de reajustes anuales sistemáticos muy por encima de la inflación. En Brasil, el salario mínimo afecta tanto a los trabajadores en activo como a los jubilados, por lo que los efectos de esa política fueron significativos y alcanzaron a muchas familias de renta baja. Por otra parte, el programa Bolsa Família, que comenzó con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), se reforzó y amplió con Lula. Se trata de un programa de transferencia de renta para las madres de familias de renta baja, independientemente de que tengan o no empleo formal, siempre que mantengan a sus hijos en el colegio y sigan el plan de vacunación pública y los programas de salud infantil. En la actualidad Bolsa Família llega a cerca de 14 millones de familias, principalmente en bolsas de pobreza tanto en el campo como en la ciudad.

Ese conjunto de políticas, a veces contradictorias, acabó por generar un crecimiento acelerado de la economía brasileña, fuertemente basada en la expansión del consumo interno, el aumento de la capacidad de consumo de los asalariados y la inclusión en el mercado de cerca de 40 millones de nuevos consumidores, combinado todo ello con una baja inflación, unos elevados tipos de interés y el mantenimiento del endeudamiento, así como un alto gasto público, aunque todavía bajo control. Por primera vez en varias décadas, el crecimiento tuvo un fuerte impacto redistributivo, y volvió a situar a Brasil en el escenario económico mundial.

En este contexto en general bastante positivo, la oposición ha realizado algunas críticas. La primera de ellas, relativa a la contradicción en la dirección económica del país. Los críticos –capitaneados en las recientes elecciones por José Serra, el candidato del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB)– afirman que la falta de alineamiento entre la política monetaria conservadora del Banco Central (focalizada en intereses elevados) y la política fiscal expansiva (con crecimiento acelerado del gasto público) ha dado lugar a un endeudamiento público excesivo, que conduce a un tipo de interés muy alto y a la valorización exagerada del real, todo ello incompatible con la sostenibilidad del crecimiento económico. Según estas críticas, el crecimiento económico brasileño está más basado en la expansión del consumo que en la inversión y el aumento de la competitividad. El mantenimiento de un elevado endeudamiento público lleva a una política de tipos de interés altos que desincentiva las inversiones productivas y, al mismo tiempo, atrae capitales externos de corto plazo, lo que aumenta las presiones para la valorización del real. La crítica de la oposición se centra en la incapacidad del gobierno Lula para sacar a Brasil de ese círculo vicioso ya tradicional, mientras que otros lo califican de política populista.

Modelo de desarrollo

Asimismo, han estado presentes en el debate, aunque de manera mucho menos intensa, cuestiones relativas al modelo de desarrollo fomentado por Lula. Algunas de las medidas adoptadas se consideran orientadas a reforzar el papel del Estado en la actividad económica. Comenzaron en la primera legislatura de Lula, pero se hicieron más patentes en los últimos tres años. En este proceso, destacan dos aspectos. Por un lado, se redefinió el espacio de acción de empresas y agencias estatales en algunos sectores considerados estratégicos. Tales medidas se adoptaron sobre la base de la evaluación de fallos estructurales de mercado o de la incapacidad del sector privado para asumir inversiones consideradas fundamentales. Por otro, se articularon varios proyectos centrados en la idea de “empresas líderes nacionales”. Entre los sectores directamente afectados por esas políticas destacan petróleo y gas, petroquímico, energía, telecomunicaciones, naval, cárnico y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Los casos más evidentes son sin duda los del petróleo, el gas y el sector petroquímico. En petróleo y gas, se ha reforzado la centralidad de Petrobras en los últimos años. Incluso antes de los descubrimientos de las reservas del presal, el gobierno Lula trataba a la empresa simultáneamente de tres formas diferentes: por un lado, como pieza fundamental para el posicionamiento de Brasil en el juego de la política energética mundial; por otro, como instrumento de política industrial para el sector; y, por último, como apoyo a la acción internacional de Brasil en Suramérica y otros países. Tras de los descubrimientos del presal, cuando las reservas del país pasaron de 14.000 millones de barriles a entre 70.000 y 90.000 millones, todas esas funciones, sobre todo las dos primeras, cobraron un fuerte impulso. Algunos miembros del gobierno llegaron a sugerir que Brasil debía convertirse en miembro de la OPEP, idea rápidamente descartada.

Sin embargo, los yacimientos de presal sirvieron de estímulo para que el gobierno propusiese cambios importantes en la regulación del sector. En la actualidad, está en fase final de tramitación en el Parlamento un conjunto de iniciativas legislativas que crean una nueva empresa estatal para gestionar las reservas de presal, modifican el régimen de contrato del sector para las concesiones, garantizan que Petrobras tenga al menos el 30 por cien de los consorcios que van a operar esos campos y, por último, autorizan al gobierno a capitalizar Petrobras y crear un fondo para apoyar los programas sociales. Con unas inversiones previstas de 214.000 millones de dólares hasta 2014, Petrobras se sitúa aún más en el centro de las estrategias gubernamentales en el interior y en el exterior.

Pero también en el sector petroquímico se produjo un movimiento de reestructuración importante. En ese caso, Petrobras y el grupo privado Odebrecht se asociaron para crear una de las mayores empresas mundiales de petroquímicos, Braskem. El objetivo es contar con una empresa líder nacional con escala suficiente para competir en un mercado fuertemente oligopolizado y patrocinar una estrategia de expansión mundial. Después de algunas adquisiciones en Brasil, la empresa inició proyectos de expansión en Suramérica y Estados Unidos.

Otro sector que sufrió una fuerte reestructuración fue el de los fertilizantes. Ante un déficit comercial crónico y creciente −principalmente de potasio y fosfato− y un escasísimo control sobre los precios internacionales, el gobierno decidió que era necesario buscar la autosuficiencia en ese campo, a través de una empresa privada nacional o, a falta de ella, una estatal creada para tal fin. Vale −empresa minera con capital controlado por el gobierno y por grupos nacionales– adoptó una agresiva estrategia de adquisiciones de las empresas que actuaban en el país, incluso de Bunge Fertilizantes, combinada con inversiones internacionales −como en Argentina, Perú y Mozambique−, y rápidamente se convirtió casi en un monopolio y se situó en la línea demandada por el gobierno.

En el sector de telecomunicaciones, se produjo un movimiento semejante. El gobierno consideró que la inexistencia de una empresa nacional con escala y capacidad competitiva suficientes para medirse con las grandes compañías multinacionales presentes en Brasil era una vulnerabilidad no deseada. Por eso, se articuló un plan que fomentase la fusión entre algunas empresas del sector, bajo el control de Oi y con fuerte apoyo del BNDES, para lo cual fue necesario modificar algunas cláusulas del régimen que regula el sector. De nuevo, el objetivo era tanto el fortalecimiento de un national champion para actuación nacional −frente a multinacionales como Telefónica y el grupo del mexicano Carlos Slim−, así como la expansión internacional.

En el sector cárnico, también se definieron estrategias con el objetivo de reestructurarlo e internacionalizarlo. En este caso, el principal grupo fue JBS (antiguo Friboi) y, en menor grado, el grupo Marfrig. Ambos, con fuerte apoyo del BNDES, realizaron varias adquisiciones en Brasil y en el exterior. JBS, hoy la mayor empresa de sacrificio de ganado y procesamiento de carne del mundo, compró importantes activos en Argentina, EE UU, Australia y Europa. El principal instrumento para esa expansión fue la aportación de 7.000 millones de reales del BNDESPAR, rama de participaciones del BNDES. Igualmente importante, aunque en menor medida, fue la actuación del gobierno para la creación de Brasil Foods, fusión de Perdigão y Sadia, en el sector de sacrificio y procesamiento de pollo y cerdo.

Además de esos sectores, también hubo movimientos de reestructuración, con fuertes incentivos para la internacionalización, en los sectores de tecnologías de la información (siendo los national champions Totvs y Stefanini), eléctrico (con prioridad, aunque no exclusiva, en las estatales Eletrobras y Furnas) y el sector naval (reconstruido y expandido sobre la base de los pedidos nacionales de Petrobras), entre otros. En todos esos casos, la presencia activa del Estado brasileño fue significativa, ya sea a través de una estatal, un banco público, un fondo sectorial, un programa de gobierno, o uno de los fondos de pensiones de empresas estatales en los que el gobierno ejerce gran influencia.

Ese aparato estatal no se construyó en el gobierno Lula, sino que es resultado de la forma en la que Brasil llevó a cabo las reformas económicas y del Estado en los años noventa, cuya principal característica fue ser altamente selectivas y diferenciadas de sector a sector. Desde los años treinta, el Estado brasileño aplica políticas industriales de diferentes matrices y, por tanto, tiene una burocracia entrenada y habituada. Las reformas de los años noventa solo modificaron parcialmente ese patrón. En muchos sectores, todavía destacan la capacidad de intervención pública en la economía y la calidad de la burocracia.

Lo que el gobierno Lula hizo, principalmente tras su segundo mandato, fue definir una estrategia de coordinación de esos diversos instrumentos –bajo el importante liderazgo tanto de Rousseff como del BNDES– en el sentido de operar cambios estructurales significativos en sectores considerados estratégicos. Esa estrategia consistió en colocar el centro de decisión de nuevo en manos de empresas estatales o de grupos nacionales sólidos, preparar esos grupos en términos de escala y capitalización para competir con los grandes grupos extranjeros, y apoyar su internacionalización tanto en América Latina como en otras zonas del mundo.

Los candidatos de la oposición han realizado multitud de críticas y propuestas alternativas. En el caso de Serra, su programa preveía también la adopción de una sólida política industrial y de innovación, aunque mucho más horizontal que la de Lula y sin mencionar la idea de “campeones nacionales”. Otro contraste, es que el candidato del PSDB consideraba el papel del Estado mucho más orientado a la regulación económica y la inducción, y no a la actuación directa y discrecional, mientras que Rousseff refuerza la línea basada en la acción decisiva de las empresas y agencias estatales en los sectores considerados estratégicos.

Aunque se hayan producido algunas discusiones sobre estas políticas, lo cierto es que la oposición estuvo poco presente y no se dio ningún movimiento verdaderamente contrario a ellas. En el caso de las iniciativas para el sector del petróleo y el gas, las leyes llevadas al Parlamento se aprobaron con amplia mayoría. De esa forma, incluso siendo un asunto de la campaña electoral, esa dimensión de la actuación del gobierno Lula no centró la disputa ni el debate público, aunque refleje cambios fundamentales en el perfil del capitalismo en Brasil y en su actuación internacional.

Búsqueda de liderazgo exterior

El gobierno Lula también ha sido bastante activo en política exterior. Su acción se dio principalmente en tres direcciones: consolidación de Suramérica como área de influencia y presencia destacada, aproximación deliberada de Brasil a los otros emergentes y a países del bloque Sur, y aumento del perfil brasileño en los foros internacionales. Paradójicamente, tal vez en esos asuntos, mucho menos estructurales, los debates hayan sido más intensos durante la campaña. Parece que Rousseff seguirá las líneas principales de Lula, posiblemente aprovechando la mayor parte de las personas de los primeros y segundos niveles de la administración saliente.

En el ámbito suramericano, se han puesto en marcha varias iniciativas bilaterales y regionales. Por un lado, Brasil se ha presentado cada vez más como líder político, principalmente en momentos de crisis. Durante la inauguración del gobierno en enero de 2003, Lula dio el primer movimiento en ese sentido: la propuesta de creación del Grupo de Amigos de Venezuela para apoyar al gobierno electo de ese país y refutar la tentativa de golpe de Estado que se temía. Hubo otras iniciativas en ese sentido, con respecto a Bolivia, Paraguay y Ecuador, entre otros países de la región. Incluso en la difícil aproximación a Colombia, hubo avances destacados. Tras varias tentativas, Brasil fue aceptado como interlocutor y comenzó a apoyar los intercambios de rehenes entre el gobierno colombiano y las FARC. A cambio, logró la entrada de Colombia en los foros suramericanos, incluso en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y en el Consejo de Defensa Suramericano. La propia Unasur fue una propuesta y una negociación liderada por Brasil.

En la esfera económica, se trató de lanzar algunas iniciativas, como la integración de Venezuela en Mercosur, el establecimiento de acuerdos de libre comercio entre Mercosur y la CAN (Comunidad Andina de Naciones), la creación del Fondo para la Convergencia Estructural de Mercosur (FOCEM), así como algunos acuerdos para la integración física y energética en el área.

Con todo, el difícil contexto político en varios de los países suramericanos, sobre todo en Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador, tuvo un reflejó negativo en esas propuestas, en particular con respecto a las inversiones y proyectos brasileños en la región. Además, la “paciencia histórica” que el gobierno Lula adoptó para negociar tanto la nacionalización de las inversiones de Petrobras en Bolivia, como la modificación de los acuerdos de Itaipú con Paraguay, fue considerada por la oposición como una postura equivocada que no defendía los intereses de Brasil. Las mismas críticas se dieron respecto a la postura de Brasil tras el golpe de Estado en Honduras y la utilización de la embajada de Brasil en Tegucigalpa para acoger al presidente depuesto, Manuel Zelaya. Por el contrario, en el ámbito regional, el liderazgo brasileño de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), junto a Chile, Uruguay y Argentina, y los buenos resultados logrados, recibieron muchos elogios y constituyeron uno de los pocos puntos de consenso.

La visión de Serra sobre la política regional de Brasil es bastante crítica. El líder del PSDB ha defendido un considerable desentendimiento por parte de Brasil de los asuntos regionales. Mientras que Lula y Rousseff siempre han considerado estratégica la posición en la región para los intereses políticos y económicos de Brasil, Serra sugiere una política de compromiso selectivo y de baja intensidad política, llegando a sugerir que Mercosur debe dejar de ser una unión aduanera y convertirse en un área de libre comercio, además de mostrar su abierta oposición a la entrada de Venezuela en Mercosur.

Otra crítica respecto a la visión y la actitud en la región está relacionada con la excesiva tolerancia en lo que se refiere a los cambios constitucionales ocurridos en algunos países vecinos, e incluso en la legislación que regula las inversiones y contratos de Brasil con sus vecinos. En estos dos ámbitos, el PSDB ha considerado que las simpatías ideológicas han atenuado las críticas del gobierno brasileño a los procesos antidemocráticos de algunos países suramericanos y han impedido al gobierno negociar de forma más contundente intereses económicos nacionales. Posiblemente sea en el campo de la política regional donde se darían mayores cambios con un gobierno del PSDB.

La segunda dimensión de la actuación del gobierno Lula –ampliamente reflejada en el programa de la candidata Rousseff– fue la aproximación política Sur-Sur y las iniciativas de concertación con otros países medios y con los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). En los últimos años, Brasil ha ampliado de forma significativa el número de embajadas y representaciones, así como de visitas presidenciales y cumbres en países africanos, asiáticos y de Oriente Próximo. Además, diversas agencias gubernamentales de investigación y apoyo técnico abrieron sucursales en algunos de esos países e iniciaron programas de cooperación económica y tecnológica.

Todas estas acciones se han traducido, por un lado, en un importante incremento de las relaciones económicas, en particular de exportaciones brasileñas (en términos relativos, el crecimiento de las exportaciones hacia esos países ha sido el más significativo en los últimos ocho años); y, por otro, en la articulación de esos países en foros como la ONU, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros. Así, en los organismos multilaterales, las alianzas con esos países fueron constantes, aunque su índice de éxito haya sido bastante bajo, entre ellas la tentativa de Brasil, liderando el G-20 en la OMC, de alcanzar un acuerdo para concluir la Ronda de Doha, o incluso de lograr el avance de las negociaciones en la ONU sobre la reforma de la institución.

Asociadas a la relación Sur-Sur, el objetivo de estas iniciativas era en cierta manera articular políticamente los países medios y las economías emergentes, destacando India, China y Suráfrica. Surgió así el grupo IBSA –alianza entre Brasil, India y Suráfrica–, que se reúne dos veces al año para abordar la cooperación política y económica, el propio encuentro de los BRIC o el G-4 –Brasil, India, Japón y Alemania–, orientado a coordinar acciones con respecto a la reforma de la ONU y la ampliación del Consejo de Seguridad.

También en este ámbito, la postura de la oposición y de Serra ha sido crítica, al considerar que se trataba de una orientación ideológica y no pragmática. Para la oposición, la opción Sur-Sur supone un alejamiento de Brasil de socios económicos tradicionales –EE UU, Europa y Japón–, de fuentes de capitales y tecnología, así como de aliados políticos más afines al perfil político y cultural de Brasil. Según el plan de gobierno de Serra, el acercamiento a los países del Sur debe realizarse de acuerdo con su importancia política y económica para Brasil, y de forma combinada con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Lo mismo ocurre respecto a los foros BRIC e IBSA, cuyo compromiso debe darse en la medida en que los intereses sean convergentes, lo que, según la oposición, no ocurre siempre.

La tercera dimensión de la actuación internacional del gobierno Lula se refiere a la creciente participación en foros de gobernanza regional e internacional, en los que la diplomacia brasileña asume un papel cada vez más activo. En cierta forma en oposición al compromiso Sur-Sur y al alineamiento con los BRIC, la participación de Brasil en foros como el G-20 financiero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Cumbre de Copenhague sobre cambio climático, celebrada en diciembre de 2009, han puesto de manifiesto un inusitado apoyo a los esfuerzos de construcción de una agenda global orientada hacia la gestión de asuntos críticos para la estabilidad internacional. En ese campo, al contrario que en los anteriores, existe una considerable convergencia entre los partidos políticos brasileños.

La participación de Brasil en el G-20 financiero se ha considerado positiva dentro y fuera del país. A pesar de que el sector financiero era hasta hace poco uno de los más vulnerables de la economía brasileña, el país posee una estructura financiera sólida y con fuerte participación estatal, por lo que la crisis de 2009 no le ha afectado en exceso. Esa condición favorable, sumada a una ágil articulación entre la presidencia de la república y el ministerio de Hacienda, contribuyeron al éxito de las negociaciones y a que Brasil presentase propuestas con una aceptación razonable en el G-20.

Un ejemplo fue la postura de Brasil en el FMI, con el que hasta hace poco más de 10 años mantenía una relación bastante tensa. En el meollo de las negociaciones del G-20, Brasil, así como algunos otros países emergentes, aceptaron contribuir con aportaciones significativas para apoyar la capitalización de la institución y fortalecerla con el fin de hacer frente a la crisis internacional. Brasil realizó una aportación de 14.000 millones de dólares de derechos especiales de giro.

Otro caso de la nueva posición brasileña en los órganos de gobernanza fue el cambio en las estrategias de negociación en las cumbres sobre calentamiento global, sobre todo en la de Copenhague. Debido a las presiones internas, los motivos electorales y el relativo buen desempeño en el control de la deforestación en el país, Brasil aceptó en esa cumbre definir metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, revirtiendo una tradicional resistencia a asumir responsabilidades en un proceso cuya responsabilidad siempre se ha atribuido a los países desarrollados. En ese caso, el cambio de las posturas de Brasil supuso un desmarque de los demás emergentes, en incluso de los BRIC, que mostraron reticencias en las negociaciones. Tampoco en este ámbito existen divergencias significativas entre el PT y el PSDB.

Cambio de estilo y visibilidad

Las elecciones de 2010 cierran un ciclo de presidentes con gran presencia internacional, como fueron Cardoso y Lula. Tanto Rousseff como Serra carecen del carisma de sus antecesores y de su interés en los asuntos internacionales. No obstante, tras 25 años de estabilidad política y consolidación democrática, 16 años de estabilidad macroeconómica y ocho de crecimiento acelerado con reducción de la pobreza y de la desigualdad, Brasil participa hoy de forma acertada en los principales foros globales, formales e informales. En el ámbito regional, la presencia, importancia y, en algunos casos, el liderazgo del país son todavía más notables. Es poco probable que se produzca un alejamiento del país de esos compromisos y escenarios. Pero la ausencia de liderazgos como el de Cardoso o Lula implicarán cambios de estilo y visibilidad internacional.

Tanto Rousseff como Serra deberán mantener la tradición de nombrar como ministro de Relaciones Exteriores a un miembro de la carrera diplomática. Reconocida institución de gran competencia y patriotismo, en algunos casos de fuerte nacionalismo, el Itamaraty [sede del ministerio de Asuntos Exteriores brasileño] destaca por evitar cambios drásticos o traumáticos en el rumbo diplomático de Brasil, aunque estos hayan sido recurrentes a lo largo de la historia reciente. De esa forma, incluso las grandes discordancias entre los candidatos, principalmente en lo que afecta a las políticas regionales y a la opción Sur-Sur, no se traducirán en iniciativas perjudiciales o de elevado coste político. Es más probable que se lleven a cabo ajustes y arreglos negociados.

Por otro lado, en el campo de las políticas industriales, de fomento de los national champions y preeminencia de las empresas estatales en algunos sectores de alcance internacional, es posible esperar cambios significativos si Serra vence. Es decir, donde más se pueden concentrar los cambios de rumbo, sería en la estrategia de inserción económica internacional, y no en el campo diplomático. Sin embargo, incluso en ese terreno, los avances logrados en los últimos años, algunos de ellos ya muy consolidados, no serán susceptibles de reversiones significativas.

Para más información:

Peter Hakim, “Brasil: decisiones de una nueva potencia”. Política Exterior núm. 137, septiembre-octubre de 2010.

Guillermo Pérez Flórez, “Unasur: la apuesta de Brasil”. Política Exterior núm. 127, enero-febrero de 2009.

Alfonso Daniels, “Brasil, seguridad energética y política regional”. Política Exterior núm. 124, julio-agosto de 2008.

El 25 de septiembre, la convención del Partido Laborista británico que había sido convocada para nombrar nuevo líder tras el fracaso electoral de Gordon Brown, se vio en la inesperada situación de tener que elegir entre dos hermanos: David Miliband, el mayor de ellos, próximo a Tony Blair, hasta hace poco secretario de Asuntos Exteriores y al que casi todos daban como ganador, y Ed Miliband, cuatro años menor y que hizo su carrera política a la sombra de Brown, llegando a convertirse en 2008 en su secretario de Energía y Cambio Climático.

Tras la última votación, saltó la sorpresa: Ed había vencido con el 50,65% de los votos, frente al 49,35% de David. Los testigos hablan de la decepción contenida de éste y de la preocupación de aquél por evitar que la rivalidad política entre ellos afectara a su relación personal. Para comprender la razón de la victoria de Ed, es preciso conocer el complejo sistema electoral utilizado por los laboristas en la votación de un nuevo líder.

El colegio electoral está compuesto por tres grupos: los diputados, los militantes y los sindicatos. David ganó entre los dos primeros, pero cuando los sindicatos se pronunciaron, apoyaron masivamente a Ed. El motivo no es otro que la postergación que los principales sindicatos sufrieron durante la larga etapa del “nuevo laborismo” de Blair, que buscó –y consiguió– apoyos mucho más amplios entre las clases medias, lo que redujo la relevancia política de las grandes centrales sindicales a lo largo de su gobierno.

En su discurso de aceptación ante los delegados, Ed Miliband desmintió la imagen de radical de izquierdas y de rehén de los sindicatos que ha difundido la prensa cercana a los conservadores, llamándole Red Ed (Ed, el rojo). Miliband fue tajante al afirmar que no iba a apoyar “huelgas irresponsables” contra los recortes presupuestarios del gobierno y dijo que pretendía convertir el laborismo en el partido de la pequeña y mediana empresa, aunque criticó la excesiva dependencia de Reino Unido del sector financiero y la desregulación que habían impulsado los gobiernos de Blair y Brown.

En cuanto a política exterior, afirmó que apoyaba el esfuerzo de las tropas británicas en Afganistán, pero en cuanto a Irak, no tuvo reparos en admitir que el gobierno laborista se había equivocado al apoyar una guerra que había dividido “nuestro partido y a nuestro país”.

A pesar de las ofertas de Ed para que fuera su secretario de Economía “en la sombra”, convirtiéndose de facto en el número dos del partido, David prefirió no hacerlo, diciendo que temía un intento permanente de buscar enfrentamientos entre ellos y subrayando que el partido necesitaba un “nuevo comienzo” y que eso sería mas fácil si él también lo hacía.

La apuesta por los títulos hipotecarios, dañados por la crisis de las subprime o hipotecas basura, acabó con este gigante de Wall Street, creado en 1850, testigo de una guerra civil, dos guerras mundiales y el crash de 1929, entre otras catástrofes provocadas por la mano del hombre. “La falta de liquidez provocó una reacción en cadena”, expuso Ian Lowitt, uno de los directores financieros del banco de inversión. Tras acogerse Lehman Brothers a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el índice bursátil Dow Jones se desplomó 500 puntos, su caída más pronunciada desde el 11 de septiembre de 2001.

La sacudida que sufrió el sistema financiero internacional agitó las conciencias de los líderes mundiales a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, han pasado dos años y, como señala Wolfgang Münchau en el Financial Times, el sector financiero en la zona euro sigue siendo frágil. En un primer momento, la estrategia de los gobiernos europeos fue inundar de dinero el sistema. En la actualidad lo que se busca es reformar las reglas de juego para, entre otras cosas, dotar de una mayor capacidad de reacción a los bancos, así como mejorar el sistema de radares necesario para detectar riesgos sistémicos y evitar futuros colapsos del sector financiero a escala continental.

Para enfrentarse al problema de la solvencia de los bancos, surge Basilea III, acuerdo que tiene como objetivo incrementar la capacidad de los sistemas bancarios para absorber pérdidas mediante el aumento de las exigencias de capital, entre otros requisitos. En el área de la prevención, la solución adoptada se basa en el diseño de una nueva arquitectura europea de supervisión de riesgos sistémicos. Se han creado tres autoridades europeas de vigilancia que supervisarán las actividades de los bancos, las aseguradoras y los mercados bursátiles, a las que acompañará una junta europea para la prevención de los grandes riesgos sistémicos. Se busca así, además de detectar a tiempo los grandes riesgos para el sistema, evitar las prácticas abusivas del sector financiero que puedan llevar a una nueva crisis.

El Titanic cambia de radar al tiempo que modera su velocidad. La ruta sigue siendo la misma, plagada de témpanos de hielo.

Para más información:

Luis Alcaide, “Lehman Brothers: episodios de una quiebra“. Economía Exterior núm. 51, invierno 2010.

José Antonio Ocampo, “Una propuesta de reforma financiera internacional“. Economía Exterior núm. 48, primavera 2009.

Francisco Javier Urra, “Por una nueva arquitectura financiera multilateral“. Política Exterior núm. 129, mayo-junio 2009.

En abril de 2007, en el informe World Economic Outlook, que realiza cada seis meses el Fondo Mone­tario Internacional (FMI), se señalaba que los riesgos para la economía global se habían hecho “extremadamente bajos” y que, por el momento, no había grandes preocupaciones. Pocos meses después, se desataba la mayor crisis financiera que había conocido el mundo desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX.

Cuando el organismo internacional encargado de resguardar la economía mundial declara que los riesgos se han desvanecido, no puede haber una indicación más clara de optimismo y confianza. Pero el FMI no fue el único en dejarse llevar por la complacencia. Pocos meses antes, Alan Greenspan, entonces uno de los más prestigiosos presidentes que había tenido la Reserva Federal (Fed), publicó sus memorias (The age of turbulence, 2007), en las que aseguraba que innovaciones financieras como la titulación y empaquetamiento de activos para su comercialización en forma de productos financieros estructurados, como los CDO o los CDS, estaban produciendo “nuevos y mejores modos de dispersar los riesgos”, posibilitando que activos tradicionalmente ilíquidos, como la vivienda, se hicieran más líquidos, con sus obvios efectos positivos sobre el consumo y la demanda.

Greenspan sostenía que el déficit fiscal, que había alcanzado el 6,5 por cien del PIB en 2006, y el aumento de la deuda de las familias y de los precios de la vivienda eran en gran medida el reflejo de una tendencia global más amplia que estaba permitiendo hacer más sostenibles déficit por cuenta corriente mayores que en el pasado. Por su parte, Paul O’Neill, el primer secretario del Tesoro de George W. Bush, argumentó que era “natural” que otros países canalizaran inmensas cantidades de dinero hacia Estados Unidos, debido al elevado crecimiento de la productividad. En su opinión, el déficit por cuenta corriente era un “concepto sin significado alguno”.

El sucesor de Greenspan al frente de la Fed, Ben Bernanke, en un discurso de 2005 dijo que el endeudamiento exterior norteamericano se debía fundamentalmente a “un exceso de ahorro global”, generado por la convergencia de una serie de factores fuera del control de las autoridades económicas y monetarias del país. Entre ellos, mencionó el deseo de muchas economías emergentes de resguardarse frente a futuras crisis económicas como las que habían padecido los países asiáticos y latinoamericanos a finales de los años noventa y principios de la nueva década. Todos esos factores habían producido una vasta reserva de capitales en busca de un refugio simultáneamente seguro y dinámico: EE UU.

Sin embargo, hacía mucho que las señales rojas se habían disparado debido a las subidas del precio de la vivienda, los masivos flujos de capitales extranjeros baratos a Wall Street y la permisiva desregulación del sistema financiero. Entre 1996 y 2006, el año en que la burbuja inmobiliaria alcanzó su apogeo, el aumento del precio de los bienes inmuebles fue del 92 por cien, más de tres veces el aumento acumulado entre 1890 y 1996. A principios de 2008, el valor de todas las hipotecas del país equivalía aproximadamente al 90 por cien del PIB.
Entre 2004 y 2006, EE UU estaba absorbiendo las dos terceras partes del ahorro mundial. Como resultado, entre otras cosas, el tamaño del sector financiero había pasado del cuatro por cien del PIB en los años setenta a casi el ocho por cien en 2007. Los directivos de los cinco bancos de inversión más importantes se habían repartido bonificaciones por valor de 36.000 millones de dólares en 2007.

Tampoco habían faltado las voces de alerta. El 7 de septiembre de 2006, Nouriel Roubini, economista de la Universidad de Nueva York, dio una conferencia en la sede del FMI en Washington en la que advirtió que en los siguientes meses y años EE UU se enfrentaría a una “tormenta económica perfecta”, que comenzaría con una crisis hipotecaria que arrastraría al sistema financiero global, secando los mercados de capitales, hundiendo la confianza de los consumidores y provocando, al final, una profunda recesión.

Dado que entonces la inflación y el desempleo estaban bajos y la economía seguía creciendo, el auditorio acogió sus palabras con escepticismo, e incluso algunas risas. Roubini se ha convertido hoy en un asiduo invitado del Congreso de Estados Unidos y del Foro Económico Mundial de Davos, y es asesor de bancos centrales de todo el mundo.

El premio Nobel de Eco­nomía Robert Lucas aseguraba que era ingenuo tratar de predecir los efectos de un cambio en las políticas macroeconómicas sobre la base de las relaciones observadas en registros históricos, especialmente si estos eran datos históricos altamente agregados. Según la “crítica de Lucas”, los cambios en el entorno económico hacen que cada crisis sea única.

Pero si algo no cambia en la historia económica es la naturaleza humana. En su clásica historia sobre las crisis financieras, Manias, panics and crashes (1975), Charles Kindleberger señala que para los historiadores cada acontecimiento es único. En cambio, sostiene, los economistas detectan patrones históricos que les llevan a inducir que acontecimientos similares son proclives a provocar desenlaces similares: “La historia es particular; la economía es general. Los ciclos económicos son un rasgo inherente a la economía de mercado”.

Según sus tesis, el hecho de que la estabilidad genera inexorablemente inestabilidad es una de las paradojas del capitalismo. De hecho, no fue la complejidad inherente a los productos financieros estructurados, que permitieron el explosivo crecimiento de las hipotecas subprime, la principal causa de la crisis actual. Fue más bien la disposición de los inversores, supuestamente sofisticados, a subestimar los riesgos subyacentes en esos instrumentos.

A mediados de la pasada década esa percepción era comprensible. Entre 2003 y 2007 la economía mundial creció a niveles sin precedentes desde los años sesenta, los precios de las materias primas estaban en pleno auge y los tipos de interés en niveles muy bajos, lo que abarató el crédito. La inflación parecía desterrada incluso en muchos países emergentes donde el descontrol de los precios había sido endémico. A medida que la exuberancia racional se transformó en irracional, algunos analistas predijeron incluso el fin de los ciclos económicos y el advenimiento de una “nueva economía” de crecimiento perpetuo. Desde 1982 en EE UU solo se habían producido dos recesiones moderadas, la de 1990-91 y la de 2001.

Pero como demuestran en This Time is Different Kenneth Rogoff, profesor de la Universidad de Harvard y ex economista-jefe del FMI, y Carmen Reinhart, de la Universidad de Maryland, las cuatro palabras más peligrosas en economía son las que dan título a su magnífica investigación sobre las crisis financieras mundiales de los últimos ocho siglos: “Esta vez es diferente”. Nunca lo es.

Entre 1800 y 2009 hubo en el mundo 250 episodios de suspensión de pagos de deuda externa soberana y al menos otros 68 casos de default de deuda pública interna, tres de ellos solo en Argentina desde 1980. Tras su independencia en 1830, Grecia ha pasado la mitad de su historia en default. Según estadísticas del FMI, entre 1975 y 1997 hubo 158 crisis de tipos de cambio y 54 crisis bancarias en 52 países industrializados y 31 países en desarrollo; 32 de ellos las vivieron simultáneamente. En los últimos 100 años, una burbuja inmobiliaria precedió a 21 grandes crisis bancarias.

Y aunque los episodios más numerosos han ocurrido en países en desarrollo, ninguno se ha visto libre de ellos. Los centros financieros más importantes –Reino Unido, EE UU y Francia– han sufrido, 12, 13 y 15 crisis bancarias, respectivamente, desde 1800. Solo Austria, Bélgica, Portugal y Holanda lograron evitar crisis bancarias entre 1954 y 2007. Pero en 2008, incluso tres de esos cuatro países tuvieron que efectuar rescates públicos masivos de sus bancos para impedir la quiebra.

El patrón de los ciclos de auge y caída (boom-bust) es fácilmente reconocible. Los factores que dan lugar a un boom de liquidez se deben por lo general a un gran avance tecnológico (electricidad, aviación, Internet); una victoria militar (las guerras mundiales, la guerra del Golfo de 1991); reformas estructurales (desregulación, nuevos métodos de valoración de los activos) que generan un crecimiento relativamente sostenido en el tiempo, todo lo cual crea una atmósfera de optimismo que reduce la aversión al riesgo.

Al principio, los flujos de capital fortalecen la moneda y el crecimiento, lo que refuerza las decisiones de inversión iniciales. A su vez, la fortaleza de las monedas locales y la desregulación del sistema financiero hacen crecer el consumo, las importaciones, el crédito y las burbujas especulativas. Pero después de los años de “vacas gordas”, las presiones inflacionarias, el exceso de producción y las crisis bancarias subsiguientes secan los flujos de liquidez, lo que aumenta la volatilidad de forma dramática, obligando a los gobiernos a subir los impuestos y recortar el gasto público para compensar la menor recaudación tributaria.

Cuando estalló la burbuja crediticia e inmobiliaria en 2008, quedaron en evidencia los límites de la velocidad del crecimiento. Los periodos de alto endeudamiento pueden durar un lapso muy prolongado. Pero las economías altamente endeudadas, especialmente aquellas que financian el pago de sus deudas con más apalancamiento y mediante la renegociación de los plazos de sus vencimientos, difícilmente pueden evitar una crisis una vez que comienza la inevitable etapa bajista del ciclo. Entonces, los gobiernos que dependen de prestamistas extranjeros sobre los que tienen poco control y mantienen tipos de cambio excesivamente rígidos se convierten en víctimas fáciles de ataques especulativos.

El argumento fundamental de los autores es que las crisis financieras pueden asumir diversas formas, pero nunca surgen de misteriosos movimientos subterráneos: casi siempre son consecuencia de procesos que pueden ser detectados a tiempo –e incluso controlados– si los políticos y reguladores saben lo que están buscando. Las subidas del precio de las viviendas y el aumento de la ratio de la deuda en relación a los ingresos privados y públicos son señales inequívocas de esos peligros.

A diferencia del enfoque “narrativo” de Kindleberger y Edward Chancellor, Rogoff y Reinhart adoptan una perspectiva fundamentalmente empírica, apoyada en una abrumadora recopilación de datos, plasmados en estadísticas y gráficos sobre default soberanos que se remontan a la Europa medieval y la China del siglo XII, pero que se concentran en los últimos dos siglos de la historia económica de 66 países de los que se tienen datos fiables.

El resultado es un modelo de claridad de análisis cuantitativo. Para tratarse de un libro sobre un asunto árido y basado en números y estadísticas, su lectura resulta absorbente por su originalidad y la enorme relevancia de las lecciones del pasado para la actualidad. Esas analogías y precedentes son esenciales para mejorar el sistema financiero internacional y reducir los riesgos de futuras crisis.

Pero lo más importante es que el estudio del pasado permite a los autores trazar escenarios plausibles del futuro inmediato. Y lo que descubren no es alentador, sobre todo cuando se sobrepasa el 60 por cien de ratio deuda pública/PIB (los default de México, en 1994, y Argen­tina, en 2001 ocurrieron con ratios del 47 y 50 por cien, respectivamente).

En la fase inmediata posterior a las crisis financieras, los precios de los activos caen drásticamente. El precio de las casas desciende un 36 por cien de media a lo largo de un periodo de seis años y los de las acciones un 56 por cien en un lapso de tres años y medio. El desempleo tiende a aumentar en siete puntos porcentuales durante la fase bajista del ciclo, que como media dura cuatro años. La deuda pública aumenta un 86 por cien y el PIB cae un nueve por cien como promedio. Por lo general, se tardan 10 años en recuperar los niveles anteriores a la crisis.

Rogoff y Reinhart no esperan una pronta recuperación esta vez, porque no creen que sus recomendaciones –el fortalecimiento del FMI y la creación de un regulador financiero mundial– sean atendidas. Al final, todo parece reducirse a una fatal combinación de arrogancia, codicia, euforia y amnesia.

Probablemente la sentencia más lapidaria sobre todo este asunto la dio Isaac Newton, quien tras descubrir la ley de gravedad, perdió una fortuna (20.000 libras de la época) en 1720 invirtiendo en la famosa burbuja de la South Sea Company: “Puedo calcular los movimientos de los cuerpos celestiales, pero no la locura de la gente”.