Los paraísos perdidos

Según un informe del FMI, en 2000 el 19,5% de los centros ‘offshore’ se encontraba en América Latina. Se calcula que en Panamá están registradas 400.000 empresas y corporaciones. En 2007 su sector financiero aportaba el 7,5% del PIB y empleaba al 15% de la población activa.

Los paraísos fiscales nacieron a principios del siglo XX, aunque recibieron un impulso importante en plena guerra fría como una respuesta frente al peligro latente del ascenso de gobiernos socialistas hostiles a la propiedad privada, o simplemente progresistas, no demasiado amigos de las empresas y los capitales particulares. Comenzaron a crearse en la propia Europa (Luxemburgo, Andorra, Liechtenstein, Mónaco), siguieron en el Caribe (Islas Caimán, Las Bahamas, Islas Vírgenes), luego América Central (Panamá y más recientemente Costa Rica); en Asia (Singapur, Hong Kong, Macao); y en Oriente Próximo (Líbano, Bahréin, entre los principales).

Se instalaban, por lo general, en pequeños países sin mayores recursos ni economía propia, pero relativamente cercanos a los grandes centros de la riqueza mundial: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, países petroleros y, más recientemente, China e India.

Sus principales atractivos han sido, desde su nacimiento, la protección del capital privado, el no cobro de impuestos (o el de impuestos muy bajos), la garantía del secreto bancario, el nulo control sobre el movimiento de capitales y las facilidades extremas para constituir razones sociales diversas y ocultar identidades. Con el debilitamiento de la Unión Soviética, la conversión de China y la consolidación del capitalismo a nivel mundial, la primera razón perdió peso, aunque se mantuvieron vigentes las otras.

Como es previsible, no hay información oficial, ni definitiva, sobre los paraísos fiscales (también conocidos con el nombre de offshore financial centers), por su propia naturaleza secreta y su falta de transparencia. Se sabe que a principios de los años setenta había 25 en todo el mundo y hoy existen cerca de 75. Si existen en total 192 países reconocidos por las Naciones Unidas, el 39% está involucrado en este tipo de actividad financiera.

La cantidad de dinero oculto en paraísos financieros se conoce sólo parcialmente. Hay varias investigaciones hechas con metodologías y alcances diferente, que tratan de averiguar cuánto dinero se mueve en ellos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de 1,7 billones de dólares invertidos a través de estos territorios en 2000. Según la Tax Justice Network (TJN) son 11,5 billones de dólares en activos mantenidos offshore por los individuos en 2005. El cálculo más reciente es del Oliver Wyman Group, que arroja ocho billones de dólares en riqueza offshore de los individuos más ricos del mundo (High-Net-Worth Individuals).

El estudio del FMI indicaba que la proporción entre las diversas regiones en las que operan los centros offshore es la siguiente: 19,5% en la zona del Caribe (incluyendo Panamá y Costa Rica), 21,7% en Asia y  58,6% en Europa y el resto del mundo.

James Henry, ex economista de McKinsey Co. y actual funcionario de Oxfam, calcula que cada año se dejan de pagar 124.000 millones de dólares en impuestos por parte de los particulares que tienen su dinero en estos paraísos fiscales. Un monto al que hay que añadir las cifras que las empresas sacan fuera de los países en los que operan, muchas veces vía estos centros offshore: entre 200.000 y 300.000 millones de dólares.

Según Jeffrey Owens, analista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Reino Unido podría recuperar 10.000 millones de dólares en impuestos e intereses; Italia acaba de dar una amnistía a los capitales offshore, recuperando 102.000 millones de dólares para el sistema financiero nacional; y el gobierno de Suráfrica ha perdido 9.100 millones de dólares por la fuga de capitales hacia los centros offshore.

La edad de oro

Esta danza de millones fue aceptada de alguna u otra manera por los gobiernos, pues durante mucho tiempo los paraísos fiscales han sido vistos con buenos ojos por la opinión pública. Tenían la imagen de proteger a los ciudadanos de la voracidad de los Estados izquierdistas, populistas o excesivamente benefactores. La propaganda para atraer los capitales en algunos de estos paraísos, se centraba en resaltar los peligros que acechaban a las personas económicamente poderosas, expuestas por ejemplo a la extorsión o al secuestro.

Al argumento de la protección del dinero “bien habido” se sumó otro de mayor peso, la llegada de la ideología neoliberal en los años noventa: la libertad absoluta sobre las riquezas generadas por individuos o empresas.

Economistas neoliberales como Daniel Mitchell del CATO Institute afirman que los paraísos fiscales son muy beneficiosos. Que mientras más bajos sean los impuestos, mayor será la inversión y el empleo; y que los centros offshore presionan a los gobiernos para que bajen los impuestos. “La economía de hoy (2008) es mucho más fuerte (sic) que la de 1970, en parte gracias a los paraísos financieros y a las leyes que son menos hostiles al trabajo, los ahorros y la inversión”.

La situación en América Latina

En este boom de los paraísos fiscales entraron varios países de América Latina. Panamá es el más antiguo y el más importante. Se creó siguiendo el ejemplo de sus vecinos, los países del Caribe, como las Islas Caimán y las Bahamas, luego vinieron Costa Rica, Uruguay y finalmente Chile. En cualquier caso, el peso de América Latina en el mundo de los paraísos fiscales es bastante reducido, tanto por el volumen de las transacciones realizadas, como por la cantidad de instituciones financieras involucradas.

El nacimiento de Panamá como paraíso fiscal, en 1916, estuvo relacionado con su dependencia de EE UU, sobre todo mientras tenía a su cargo la administración del canal de Panamá (1914-99) y una gran presencia militar en el país. En el ámbito económico tomaba la forma de facilidades fiscales para particulares y empresas norteamericanas. Panamá se convertía en un mercado financiero de natural “confianza” para los capitales del norte.

No hubo mayores innovaciones en las facilidades que daba a los capitales extranjeros, salvo quizá que promovía la inversión en dos sectores: financiero y de bienes raíces y construcción. Con el tiempo Panamá se fue haciendo un hueco en el mundo de los paraísos fiscales, sobre todo explotando un servicio muy apreciado: el secreto, el anonimato.

Según el FMI, en 2007 Panamá tenía 73 bancos, dos estatales, 37 privados nacionales y 34 internacionales. Su sector financiero aportaba el 7,5% del PIB, unos 1.000 millones de dólares anuales.3 Otra fuente señala que el sector financiero da empleo al 15% de la Población Económicamente Activa (PEA). Es considerado por muchos el sector más dinámico de la economía panameña. Se calcula que existen 400.000 empresas y corporaciones registradas en el país.

Las firmas que más utilizan esta plaza para realizar sus operaciones financieras son las norteamericanas. Un estudio reciente de la Oficina de Transparencia del Congreso Norteamericano (GAO, siglas en inglés) muestra que 83 de las 100 mayores empresas estadounidenses que cotizan en bolsa tienen filiales en alguno de los 50 países donde resulta más fácil burlar el pago de impuestos federales, incluyendo a Panamá. La firma que aparece con mayor número de filiales en estos paraísos fiscales es Citigroup, con 427, de ellas 17 en Panamá y 19 en Costa Rica. Sólo en Hong Kong tiene 40 sucursales. (Cualquier conclusión apresurada que se pueda sacar respecto de su papel en la crisis financiera internacional seguramente no estará muy descaminada).

Las conclusiones del informe del FMI señalan que el sistema financiero panameño cumple razonablemente bien los principios de Basilea, pero también revela un marco regulatorio y de supervisión “subdesarrollado”, que brinda la posibilidad de infringir la ley sin mayores dificultades. Reconoce que las medidas para evitar el lavado de dinero y la defensa contra la utilización del sistema financiero por parte del terrorismo y el narcotráfico están operativas, aunque ciertamente se pueden hacer mejoras.

Costa Rica es la segunda plaza de América Latina que atrae inversiones gracias a sus bajos impuestos. Su legislación no distingue entre negocios locales y negocios offshore, residentes y no residentes. Los impuestos son de tipo territorial: se cobra al ingreso obtenido en Costa Rica, no al obtenido fuera.

La política del gobierno es atraer las inversiones a determinados sectores, como las “zonas francas” para la exportación e importación. En ellas se dieron al principio incentivos para actividades industriales y agrícolas, pero rápidamente se extendieron a actividades de servicios y de procesamiento. Los incentivos en estos casos consisten en la exoneración de impuestos al ingreso hasta por 12 años, con la posibilidad de una extensión adicional de hasta seis años. A ésta se añaden las exoneraciones para importación de maquinaria y equipos, materias primas y tarifas aduaneras. Como Costa Rica es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), algunos de estos incentivos sufrirán modificaciones hacia 2015.

El sector turismo también ha recibido este tipo de incentivos de forma reiterada, además del beneficio de una depreciación acelerada. Estos mismos incentivos se pueden trasladar a las operaciones de aviones, barcos de carga y alquiler de vehículos.

Pero en los últimos años Costa Rica se ha centrado y con muy buenos resultados, en desarrollar un sector de alta tecnología. Sin mucho aspaviento, el país pudo atraer inversiones muy importantes de empresas de tecnología como Intel, Hewlett-Packard y Microsoft. Por ello el calificativo de paraíso para Costa Rica es dudoso. Mientras que Panamá es considerado como un paraíso fiscal para las transnacionales norteamericanas según las tres fuentes consultadas por la GAO –la OCDE, la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas y las citaciones judiciales del Servicio de Rentas Internas (IRS)–; Costa Rica sólo aparece como tal para el IRS, que aplica un novedoso criterio.

En cuanto a Uruguay, si bien es considerado por algunos un paraíso fiscal, lo es sobre todo por la libertad económica de que tradicionalmente ha gozado, acompañada de una tradición de libertad política reconocida. Desde el punto de vista macroeconómico ha actuado de manera bastante ortodoxa desde los años ochenta. Esto supuso que pronto recibiera una muy buena calificación de riesgo por las agencias como Moody’s y Standard & Poors, con el menor riesgo entre todas las economías del Mercosur. Esta situación de privilegio le permitió ofrecer costes financieros muy bajos a los inversores y ahorradores de fuera de la región.

Uruguay mantiene un régimen de libre flujo de capitales, tanto de ingreso al país como de egreso, con un mercado de libre cambio de divisas. Aproximadamente el 90% de los depósitos en el sector financiero son denominados en moneda extranjera, más de la mitad de ellos propiedad de no residentes en el país. Su mercado financiero cuenta con 32 bancos, la mayoría privados y extranjeros; 17 empresas de seguros, 14 de ellas extranjeras. Es uno de los pocos países con una legislación offshore con más de 50 años de existencia. Ha creado instituciones como las Sociedades Anónimas de Inversión (SAFI), Instituciones Financieras Externas (IFE), y Sociedades Anónimas Zona Franca (SAZF), que dan mayores posibilidades para los ahorros e inversiones del exterior.

El sistema impositivo es uno de los más bajos de la región, con tratamiento favorable para el capital extranjero. Existen incentivos especiales para las inversiones en turismo, forestal, minería e industria naval. El popular y controvertido congresista norteamericano, Ron Paul, es un gran partidario de Uruguay como destino de los ahorros y capitales de su país.

Sorprende encontrar a Chile en la lista de paraísos fiscales de la OCDE del 2 de abril de 2009, aunque sea en su sección “gris”. A diferencia de Panamá, que siempre ha alardeado de su condición (aunque ahora algunos lo nieguen), o de Costa Rica y Uruguay, que han tenido políticas explícitas de atracción de capitales basadas en una menor tasa impositiva, Chile no ha tenido tales intenciones, tradición ni políticas.

De hecho no aparece en las primeras listas de paraísos fiscales confeccionadas por la OCDE en 1998, el FMI en 2000, o la TJN en 2005.  Es decir, la propia OCDE no la consideraba ni un paraíso financiero, ni un OFC, hace menos de 10 años.

Chile fue uno de los primeros países de América Latina en adecuarse al Consenso de Washington durante la era Pinochet. Abrió su economía, privatizó buena parte de las empresas estatales, redujo la presencia del Estado, estabilizó sus variables macroeconómicas y abrió sus puertas al capital extranjero. Con la llegada del gobierno democrático de la Concertación (1990) dio el paso siguiente: inició una agresiva política de exportaciones que lo llevó a implementar reformas en muchas áreas de su economía para convertirse en un país competitivo.

Desde hace varios años figura como el número uno de América Latina en el Indice de Competitividad del World Economic Forum (WEF). En el último informe se ubica en el puesto 28, por encima de varios países europeos, incluyendo España. Para lograrlo desarrolla agresivas políticas en capital humano, innovación, investigación científica y tecnológica, capital de riesgo, apoyo a las pymes, fomento al asociacionismo y los clusters regionales. Que se sepa, ni ha tenido ni tiene entre sus prioridades convertirse en un paraíso fiscal.

Las siempre presentes “nubes negras”

Casi desde sus inicios, los paraísos fiscales fueron utilizados por el narcotráfico y el terrorismo. Dos actividades delictivas que en los últimos años se han transformado radicalmente, convirtiéndose en narcotráfico global y el terrorismo internacional. Por ello, la utilización de los paraísos financieros como instrumentos operativos de estos dos movimientos pusieron en alerta a la mayoría de países civilizados, que crearon una serie de mecanismos para combatir el lavado de dinero en el sistema financiero mundial.

En esta actividad, los organismos internacionales y los países comprometidos con la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo, han tenido éxitos parciales, y la mayoría de países en donde existen paraísos fiscales y centros financieros offshore, colaboraron con las medidas. Este éxito parcial (y total en algunos casos) sumado a la ambigüedad de algunos países desarrollados (en el caso del narcotráfico) y de algunos países en desarrollo (en el caso del terrorismo), hizo que se llegara a un cierto equilibrio de fuerzas que auguraba una larga vida a los paraísos fiscales. Pero duró poco, pues vino la crisis financiera mundial.

La sentencia de muerte

Uno de los casos más emblemáticos de la crisis financiera fue el de Bernard Madoff, un conocido financiero de Wall Street, respetado y hasta admirado internacionalmente, que manejaba el dinero de las mayores fortunas del mundo y de muchas instituciones públicas y privadas. Su esquema Ponci de 50.000 millones de dólares, nombre técnico de la vulgar pirámide financiera, fue la mayor estafa de todas las que se registraron en este proceso. Cuando se descubrió que Madoff utilizaba cuentas secretas en la sociedad financiera Clearstream del paraíso financiero de Luxemburgo, como desveló el periodista francés Denis Robert, para realizar todas sus maniobras, los reflectores del mundo apuntaron a los paraísos fiscacles y empezó su cuenta atrás.

Ya no era cuestión de unos cuantos ricachones que dejaban de pagar impuestos, de unos cuantos narcotraficantes que blanqueaban su dinero, o de unos terroristas que financiaban sus operaciones. Se trataba de que en la oscuridad de los paraísos fiscales, donde la falta de regulación es absoluta, se podían gestar las peores desgracias para la economía mundial. Porque no es poco tener la capacidad de desatar la mayor recesión desde la crisis de 1929. Los países más desarrollados no podían seguir tolerando la existencia de estos desagües financieros. Mientras sólo despedían mal olor de vez en cuando, no pasaba mucho, pero si se comprueba que tienen la capacidad de paralizar al planeta entero, la cosa cambia.

Muchas voces de la sociedad civil, entre las que destaca Oxfam Internacional,4 que desde hace años viene señalando este problema, habían planteado la conveniencia de regular, o eventualmente cerrar, los paraísos fiscales por varias razones. Entre ellas la evasión de impuestos, la pérdida de recursos para financiar la lucha contra la pobreza, el empeoramiento en la distribución del ingreso, la financiación de actividades perniciosas como la drogadicción, la prostitución, la trata de niñas y niños, entre otras. No tuvieron mucho éxito: hizo falta la crisis financiera para que se reaccionara a escala global.

No faltarán los gobiernos y los políticos que sigan planteando que los paraísos son necesarios y convenientes, que representan la libertad económica, la defensa del individuo frente a la voracidad fiscal, aunque esperamos que sean pocos. Y que ninguno esté en América Latina.

Dos de las grandes lecciones de esta crisis fueron planteadas por sendos premios Nobel. Joseph Stiglitz demostró que la teoría del trickle down (bajar los impuestos y dar todas las facilidades a los ricos para que generen desarrollo) es un completo fracaso. Paul Krugman demostró que el sector financiero desenfrenado (sin regulación) no crea valor, lo destruye. Justamente los principales argumentos a favor de los paraísos fiscales (atraer los capitales de los ricos y fortalecer los sectores financieros desregulados).

Si a pesar de estas evidencias, algunos gobiernos y políticos insisten, tendremos todo el derecho a pensar que no son los valores ni el bienestar general sus consejeros, sino el dinero y la corrupción.