Llevamos un año escaso perteneciendo “de iure” a las Comunidades Europeas a través de los Tratados correspondientes. El viejo anhelo de muchos sectores de nuestro sistema político ha sido con vertido en realidad institucional. Fue complejo el proceso de acercamiento; el de las relaciones comerciales, con su normativa bilateral; la gestión exploratoria iniciada en los primeros días de la instauración de la Monarquía; y resultó difícil y fatigosa la negociación definitiva con sus “parones” y sus obstáculos que parecían insuperables. Pero la carga política que conllevaba el ingreso de España y Portugal, dos naciones del sur europeo incorporadas al contexto democrático de Occidente después de un extenso período de gobiernos autocráticos, inclinó la balanza de forma favorable por encima de los recelos y prejuicios que, sobre todo en el caso de España, parecían frenar el ingreso peninsular. Fue la propia magnitud de nuestra economía la que despertó temores en diversos países miembros que veían en nuestros productos un riesgo de competencias lesivas para sus intereses. Ahora resulta todo ello historia pasada, y lo que nos importa, es participar con eficacia en el desarrollo y organización de la Comunidad Económica en sí misma y aportar nuestras ideas y criterios en su andadura hacia la integración final.

El Acta Única Europea ha sido recientemente ratificada por el Congreso de los Diputados. No han faltado opiniones discrepantes y críticas sobre el contenido de dicho documento, dentro y fuera de España. En general, se le acusa de ser escasamente comprometido con la construcción europeísta llevada a sus últimas consecuencias. Se le reprocha ser un texto vago, ambiguo y poco clarificador. Y, por supuesto, de no conceder al Parlamento Europeo las facultades legislativas necesarias para servir de motor a la dinámica unificadora del conjunto comunitario. El recién fallecido Altiero Spinelli, autor del proyecto de Tratado…