CARGANDO

Alrededor de 400 personas rescatadas de un total de 629 fueron transferidas desde el Aquarius a dos barcos de la marina italiana. KENNY KARPOV/SOS MEDITERRANEE/MSF

Pregunta-Respuesta: sobre inmigración y refugio

Agenda Pública y Política Exterior | 28 de junio del 2018

¿En qué consisten los centros cerrados de acogida propuestos por Alemania, España y Francia?

¿Qué resultados ofrecen los diferentes acuerdos en materia migratoria con Turquía, Libia y Marruecos?

 

El 24 de junio los líderes europeos celebraron una cumbre informal en Bruselas con un solo asunto en la agenda: migración. El Consejo Europeo del 28 y 29 de junio vuelve sobre la materia, con una propuesta de Alemania, España y Francia sobre la creación de “centros cerrados de acogida” y “plataformas regionales de desembarco”. Preguntamos a seis expertos cuáles son los riesgos y las ventajas de estas propuestas, y qué resultados ofrecen a la Unión Europea las relaciones con Turquía, Libia y Marruecos en materia migratoria.

 

Gil Arias Fernández | Asesor del Comisario General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía. Director ejecutivo adjunto de Frontex entre 2006 y 2015

En los primeros borradores preparados para la llamada mini cumbre de jefes de gobierno del 24 de junio se manejó el concepto de “centros cerrados de acogida”, sin embargo este concepto no aparece en el borrador de conclusiones para el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio. En el centro del debate sí permanecen las llamadas “plataformas regionales de desembarco” para las personas rescatadas en el Mediterráneo. La particularidad de la propuesta hispano-francesa respecto de la inicial consiste en que estas plataformas se establezcan en puertos situados en territorio europeo (no en terceros Estados), que tengan carácter europeo y no nacional, así como que las personas rescatadas sean inmediatamente trasladadas a otros centros donde se determinaría si pueden o no beneficiarse de alguna forma de protección internacional (a este fin de contaría con la participación del ACNUR y la OIM). Ello evitaría las reticencias mostradas por algunos Estados miembros de la UE a acoger a dichas personas, como ha sucedido con el barco Aquarius y esta sucediendo con el Lifeline. La ventaja más notable de esta idea, entre otras, es el reparto de la carga de la acogida, que no recaerá únicamente en los Estados de primera llegada del sur de Europa. En principio, y a falta de un desarrollo más detallado sobre su funcionamiento, no se aprecian riesgos más allá de las dificultades que implique el alcanzar acuerdos para establecer cuotas de acogida de esas personas, que obviamente han de ser redistribuidas entre los miembros de la UE.

Por el momento, acuerdos sobre refugiados existen solamente con Turquía, el denominado “Statement” de marzo de 2016. Los resultados son muy positivos, no solamente por los refugiados que han sido reasentados de forma ordenada en Europa desde Turquía, sino también por el gran número de inmigrantes irregulares readmitidos por Turquía desde las islas griegas y los otros muchos a los que se les ha impedido inmigrar irregularmente desde territorio turco hacia dichas islas, evitando al mismo tiempo pérdida de vidas humanas. Desde la fecha del acuerdo, las cifras de entradas irregulares en la UE (así como las de naufragios en el mar Egeo) han ido decreciendo sin cesar hasta un 95% menos (comparando las cifras de 2015 y las de 2017).

Los acuerdos con Libia se circunscriben a ayudas de la UE a la Guardia Costera de ese país, y en correspondencia una mayor cooperación de esta en la lucha contra las redes de traficantes y en la prevención de salidas dese territorio libio hacia Europa.

En cuanto a Marruecos, el acuerdo es bilateral con España y comprende diferentes aspectos de cooperación policial, siendo calificado por las autoridades españolas como muy positivo.

 

Carmen González Enríquez | Investigadora principal del Real Instituto Elcano

En la confusión de estos días se mezclan varios conflictos: uno relativo al espacio europeo de asilo y otro a la inmigración irregular económica. El primero es el que preocupa a Alemania porque es el principal destino de los llamados “movimientos secundarios”. El segundo es el que preocupa especialmente a Italia, pero también a España: cómo frenar la llegada de inmigrantes económicos irregulares. La decisión de Italia de impedir el desembarco del Aquarius ha forzado a la UE a buscar una solución urgente para abordar este tipo de inmigración, pese a que originalmente lo que estaba previsto para el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio era solo la reforma del sistema de asilo.

La UE o algunos de sus miembros han propuesto ya en el pasado en varias ocasiones la creación de centros fuera de territorio comunitario en los que acoger a los inmigrantes y separar a los que tienen posibilidades de recibir refugio de los que no. Esas propuestas –inspiradas en el modelo australiano– se han encontrado siempre con grandes dificultades parar avanzar, de tipo jurídico y práctico. Pero ahora, ante la actitud italiana frente a las ONG de rescate marítimo, es cada vez más probable que la UE o un grupo de países por su cuenta pongan en práctica esta medida, aunque sea de forma experimental. También hay sobre la mesa otra propuesta, la de crear centros de este tipo en suelo europeo. Sin embargo, nadie ha explicado aún cómo resolvería eso el principal problema: la imposibilidad de devolver a la mayoría de los que no tienen derecho al refugio.

 

Gonzalo Fanjul | Director de investigaciones de la Fundación porCausa (@GonzaloFanjul)

Los “centros cerrados de acogida” son la penúltima entrada del diccionario de eufemismos en el que se ha convertido la catastrófica respuesta europea a una crisis humanitaria. Limbos de detención, clasificación y deportación como el de Lesbos, creados para impedir la llegada de inmigrantes y, en el mejor de los casos, engrasar el reparto de responsabilidades entre los miembros de la UE. El hecho de que, además, algunos países estén tratando de colocarlos al otro lado del Mediterráneo es perfectamente coherente con la lógica de “externalización” que ha seguido la política migratoria europea desde la crisis de los cayucos de 2005-06: comprar o forzar la colaboración de semidemocracias en el trabajo sucio que algunos votantes con más escrúpulos que los de Matteo Salvini todavía se resisten a aceptar.

Cientos de miles de personas sufren o mueren como consecuencia de este juego obsceno en el que Europa ha apostado la naturaleza de su cooperación para el desarrollo, su legitimidad internacional y sus intereses económicos en el largo plazo. Un juego tan inmoral como idiota.

Pedro Sánchez se enfrenta a un dilema simple: jugar a los símbolos e incorporar matices a la narrativa encanallada que se ha impuesto en la UE, o abrir una conversación completamente diferente (como sospecha Angela Merkel, la historia también premiará a los que hablan solos). Si se trata de proteger y acoger, la respuesta son cuotas obligatorias, visados humanitarios o solicitudes en origen. A partir de ahí, ampliar el foco político para gobernar un fenómeno que va infinitamente más allá del desplazamiento forzoso.

Viendo lo que ocurrió en la cumbre informal del 24 de junio, témanse lo peor.

 

Amparo González Ferrer | Científica titular adscrita en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Coordina el proyecto europeo TEMPER (@orapmagon)

A falta de más detalles a los ofrecidos por los adalides de la propuesta, las posibles ventajas son casi evidentes: serían financiados con fondos europeos y operados por personal de y bajo la supervisión de ACNUR y/o OIM, con las garantías que en principio ambas organizaciones ofrecen por experiencia, profesionalidad y respeto al procedimiento y los derechos fundamentales. Por otra parte, pretenden ser centros de identificación y clasificación rápida, que hagan posible la derivación a otros Estados miembros de los migrantes que se estimen potencialmente merecedores de protección internacional. Esto debería minimizar el coste que el acogimiento implica para los Estados que albergasen dichos centros. Por último, y quizá lo más importante, serían centros ubicados en suelo europeo, lo que debería constituir una garantía añadida no solo en términos de protección de derechos fundamentales y respeto al procedimiento, sino también por la mayor vigilancia que las organizaciones de la sociedad civil podrían ejercer sobre las condiciones en que los mismos se regentan. Optar por su apertura en la UE supondría un paso, por fin, en la dirección correcta, tras los acuerdos con Turquía y Libia, que antepusieron el control fronterizo a la defensa de los valores fundamentales de la Unión.

Sin embargo, son muchos los riesgos asociados a este tipo de instalaciones. Quizá el más importante tiene que ver con el hecho de que su aceptación y viabilidad dependerían fundamentalmente de lo que ha fallado hasta ahora: un compromiso serio y creíble entre los Estados miembros para acoger a quienes sean merecedores de protección internacional. Los precedentes y la propuesta del presidente Donald Tusk para el Consejo Europeo no son halagüeños. Por otra parte, la efectividad del sistema se basaría en la rapidez y efectividad de los procedimientos de identificación, clasificación y devolución. La experiencia de los hotspots en Grecia e Italia tampoco ofrecen el mejor precedente.

Más allá de los riesgos de sobreocupación y carencia de normas comunes para la gestión de este tipo de instalaciones, la evaluación de una solicitud de asilo está reñida con la celeridad. Un verdadero respeto al derecho al asilo y nuestra obligación de protección pasa por un estudio personalizado de las solicitudes, especialmente cuando las personas proceden de países que no son los “habituales”. Por último, el carácter cerrado de los centros solo parece aceptable si realmente la estancia de las personas desembarcadas es breve, lo que de nuevo dependerá del verdadero compromiso, buena fe y confianza mutua de todos los participantes en el sistema.

Así, la propuesta parece una buena noticia, pues pretende garantizar el respeto a la regla de desembarco en el puerto seguro más próximo, evitando en el futuro continuos episodios como el del Aquarius y el Lifeline. Pero los desafíos son los mismos de siempre: la falta de compromiso entre los Estados para la verdadera protección de derecho de asilo y el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Sin sanciones a quienes incumplen dichos compromisos, la confianza de los que quieren cumplir parece inalcanzable.

Los resultados de los diferentes acuerdos de la UE y de algunos de sus países miembros en materia migratoria son una reducción progresiva de las llegadas por vía marítima a Grecia e Italia y, por tanto, una sensación momentánea de control de los flujos migratorios, que sirve electoralmente a los gobiernos de turno. Ojos que no ven, corazón que no siente, y así hasta los ciudadanos y votantes más concienciados y vigilantes acaban olvidando las atrocidades que sus gobernantes hacen o ayudan a hacer, simplemente porque ocurre más allá de nuestras fronteras.

De todos modos, tanto el acuerdo con Turquía como con Libia para el apoyo a su Guardia Costera tienen abiertas dos vías de agua importantes: por un lado, el desplazamiento de las rutas hacia regiones vecinas y, a menudo, más peligrosas; por otro, en relación con ello, los beneficios de los traficantes que, en contra de lo que se afanan en contarnos, no disminuyen sino lo contrario, pues siguen sin existir alternativas. Y a medio plazo, seguramente el resultado más grave para la UE y sus ciudadanos: el descrédito de sus democracias y el riesgo que para todos –también los europeos– representa optar conscientemente por no cumplir nuestras obligaciones internacionales y proteger los derechos humanos. Los resultados, de hecho, ya los estamos viendo.

 

Sergio Maydeu-Olivares | Analista Internacional (@maydeuO)

La propuesta de los “centros cerrados de acogida”, lejos de ser una novedad, viene a replicar los llamados hotspots creados en Grecia y, posteriormente, Italia, para gestionar la llegada de miles de personas a las costas de ambos países en los últimos años. Aunque la idea original –facilitar la identificación– tuviera sentido para poder ofrecer refugio a aquellas personas que lo necesitaran, separándola del migrante económico, el no cumplimiento de los acuerdos de reubicación suscritos por los gobiernos europeos los ha convertido de facto en centros de detención. Nada hace prever que esta situación vaya a cambiar si se crean nuevos centros, más bien lo contrario. Se acentuaría el rechazo de varios gobiernos europeos y se generaría, además, un problema humanitario en los mismos.

Respecto al resultado de los acuerdos de la UE con terceros países en materia migratoria, con Marruecos el más evidente ha sido una reducción sustancial de la llegada de migrantes a las costas europeas. Pero la otra cara de la moneda muestra que estos acuerdos una vez se han ido alcanzando, han generado una presión extra sobre otras rutas migratorias existentes, siendo actualmente la que desemboca en España la principal afectada por los cierres de Turquía y, en menor medida, Libia. A esto hay que añadir la capacidad limitada de incidencia de la UE en políticas de resolución de conflictos y gestión de crisis humanitarias en los países de origen, en especial en aquellas zonas afectadas por crisis políticas, violencia o impacto climático. Si no se da una respuesta global en este campo, la dependencia hacia Marruecos, Turquía o Libia irá en aumento, continuando los flujos migratorios hacia el Mediterráneo.

 

Gemma Pinyol | Directora de Migraciones en Instrategies. Investigadora asociada del GRITIM-UPF. Experta del Consejo de Europa en el proyecto Intercultural Cities (@gemma_pinyol)

Una de las (muchas) derivadas de la securitización de las migraciones –entendiendo así el convertir a las mismas en un fenómeno percibido como amenazador por parte de la ciudadanía– es la externalización del control fronterizo. Así, en las últimas décadas, muchos países de la OCDE han apostado por “colaborar” con países vecinos para delegarles el control de sus fronteras, en un intento de reducir la presión migratoria (habitualmente sobreestimada) y no responsabilizarse de la protección de derechos de las personas migrantes. La externalización del asilo que planea estos días entre los socios UE encaja en este escenario, pero no es ninguna novedad. La política del asilo off-shore se lleva implementando en Australia hace años (en Nauru y Manus, por ejemplo), con unos resultados deplorables en términos de protección de derechos humanos y vulneración del Derecho Internacional Público.

La colaboración con los países de origen y tránsito migratorio es necesaria e imprescindible para corresponsabilizarse en la gestión de flujos. Pero la mayoría de las personas que llegan a las costas europeas lo hacen por dos razones: porque no existen vías regulares para hacerlo (y ahí sí debería estar innovando la UE) o porque huyen de conflictos que se cronifican.

Que los países UE quieran plantearse este neo-refoulement, que sin retornar (a priori) a las personas que solicitan refugio a sus países de origen puede obligarlas a malvivir en un espacio impreciso por tiempo indeterminado en una situación de retención, con sus derechos reducidos cuando no vulnerados, es un paso atrás de consecuencias irreparables (y si sucede en suelo europeo, recuérdese el fracaso de las reubicaciones desde los hotspots). Es normalizar la necropolítica que acuñaba Mbembe, en la que unas vidas valen y otras no. Y supone no solucionar nada en el medio y largo plazo, pero destrozar un poco más el marco de derechos comunes que nos deben proteger a tod@s.

 

Te interesará leer en Agenda de Política Exterior, “Inmigración, Europa y el día de la marmota”, de Ruth Ferrero Turrión.

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