El 8 de diciembre, Joseph Kabila, presidente de la República Democrática del Congo (RDC), formó el gobierno de cohesión nacional que había anunciado 14 meses antes. Este movimiento busca ser una respuesta a las tensiones entre las diferentes fuerzas políticas del país, ya que un gobierno cohesionado podría enfrentar de manera más eficaz los conflictos que vive el Estado desde hace décadas. Sin embargo, los críticos opinan que la verdadera intención de Kabila es fortalecer su propia posición y debilitar a la oposición bajo una apariencia integradora, a la vez que retrasa las elecciones. La primera decepción llegó cuando tan solo un día después de la formación algunos de los ministros nombrados de la oposición fueron excluidos.
La presidencia de Kabila, que comenzó en 2001, ha sido pobre en resultados, no siendo capaz de mejorar la frágil situación del Congo. Este país, que obtuvo la segunda posición en el Índice de Estados Fallidos 2013 de Foreign Policy, está dominado por distintas milicias que compiten con el gobierno por el control del territorio o que directamente se benefician económicamente de la ausencia de un Estado de Derecho.
RDC ha recibido desde el año 2000 alrededor de 27.000 millones de dólares en cooperación al desarrollo, siendo según Foreing Policy uno de los mayores receptores de ayuda internacional, solo superado por Afganistán. Aún así, el gobierno es incapaz de recomponer un Estado que hoy en día ocupa la posición 186 en el Índice de Desarrollo Humano, solo por detrás de Níger. Las causas de esta situación son, por un lado, la falta de un sentimiento nacional y la lealtad tribal generada por grupos con intereses propios alejados del interés común; por otro, la ausencia de una ley sobre la titularidad de la tierra, que propicia el comercio ilegal de los recursos y la lucha por el control de los mismos. Además, los países vecinos se benefician de este comercio, explotando el vacío de seguridad y poder y asociándose con las diferentes milicias. Mientras, los países occidentales no prestan atención a la zona por no ser geopolíticamente relevante.
El estado de violencia llega a un punto en que son muchos los que sin pertenecer a ninguna guerrilla se convierten en mercenarios, vendiéndose al mejor postor. El gobierno, como única respuesta, trata de ofrecer las mejores condiciones para poder reclutar a la mayor cantidad de guerrilleros posibles, y ha promulgado una ley de amnistía para los integrantes de las milicias que depongan las armas.
La batalla contra los insurgentes
Hace un año, el optimismo invadió el país cuando el 12 de diciembre, la principal milicia congoleña, el Movimiento 23 de Marzo (23M), firmó con el gobierno las declaraciones de Nairobi. La atención se desvió entonces hacia la Fuerza Democrática de Liberación de Ruanda (FDLR), la mayor de las guerrillas extranjeras en el Congo; se estima que cuenta con entre 1.500 y 2.000 guerrilleros. La comunidad internacional le dio a la FDLR un plazo para rendirse, que finalizó este 2 de enero. La FDLR manifestó su desconfianza, afirmando que aquellos que se han rendido están viviendo en condiciones deplorables en campos de refugiados y que su milicia es la única protección y representación de los 200.000 ruandeses que viven en RDC.
En estos momentos, el pesimismo se cierne sobre el país, tras ignorar la FDLR el ultimátum. El ejército congolés y la misión de la ONU, Monusco, que cuenta con 20.000 efectivos, se preparan para lanzar un ataque. «La misión de la ONU ha posicionado sus tropas y está habilitada para apoyar operaciones ofensivas contra la FDLR, en concordancia con su mandato», afirma el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric. Al rechazo de la FDLR se suman los rumores de que el 23M vuelve a estar activo, ya que se está retrasando la implementación de las condiciones del acuerdo de paz.
En el improbable caso de que el gobierno de RDC y los mediadores tuvieran éxito y se produjera el desmantelamiento de ambas milicias, a Kabila aún le queda hacer frente a muchos otros grupos, como la organización musulmana ADF o los Mai-Mai. Es cuestión de tiempo ver cuánto resiste el gobierno de Kabila. Y hasta qué punto podrá mantener el apoyo de la comunidad internacional.

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