La ratificación del Tratado de la Unión Europea o de Maastricht por España constituye una cuestión de enorme complejidad porque en ella se mezclan no solamente aspectos de carácter constitucional, como ocurre con cualquier tratado internacional, sino porque además se ve acompañado de una serie de connotaciones tanto sociales como políticas. Todo ello sin necesidad de contemplar las importantes consecuencias que para el futuro de nuestro país, tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista de supervivencia como nación, pueda tener aquel tratado.

El origen de esta complejidad se encuentra en el art. R del propio Tratado de la Unión Europea o de Maastricht, que establece que su ratificación por las altas partes contratantes se hará “de conformidad con sus respectivas normas constitucionales”. Habrá que determinar, por tanto, cuáles son las normas constitucionales españolas para ratificar el tratado. Y es aquí, precisamente, donde comienza la complejidad, porque aun admitiendo por despejadas algunas dudas, y teniendo en cuenta el proceso ya conocido y que se ha seguido, se plantean las siguientes actuaciones posibles:

1. Si el Tratado de la Unión Europea contenía alguna estipulación contraria a la Constitución, era preciso modificar esta con carácter previo a su ratificación (art. 95.1 de la Constitución).

2. Si la modificación de la Constitución se hacía por uno de los procedimientos previstos en la misma, esto es, el más débil, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras podría haber pedido que, además de la aprobación de la reforma por las Cortes Generales, se sometiese a referéndum nacional (art. 167.3).

3. Si el Tratado de la Unión Europea supone, además, la transferencia de competencias derivadas de la Constitución a una organización o institución internacional, la ratificación de dicho tratado podrá hacerse por ley orgánica, lo que exige…