La firma del Tratado de Lisboa por los jefes de Estado y de gobierno de los 27, el 13 de diciembre, señala el principio del fin de la crisis política que la Unión Europea ha sufrido durante los tres últimos años a causa del fracaso de la ratificación del Tratado Constitucional (TCE).

Este nuevo tratado es en realidad una reforma de los Tratados de la UE que nació en Maastricht y sus modificaciones en Amsterdam y Niza y del constitutivo de la Comunidad Europea –el Tratado de Roma, que pasa a llamarse Tratado sobre el Funcionamiento de la UE–. Deberá ser ratificado por todos los Estados miembros en el curso de 2008, de modo que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2009, antes de las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar en la primavera de ese año.

La ratificación parece en esta ocasión mucho más probable después de que tanto los países en los que el TCE fue rechazado en referéndum –Francia, Holanda– como aquéllos en los que la ratificación por ese sistema podría ser más problemática –Reino Unido, Dinamarca– hayan declarado su intención de hacerlo por vía parlamentaria, aduciendo la desaparición del carácter “constitucional” que tendría el TCE, y después del cambio en Polonia a un gobierno de carácter más europeísta. No obstante, aún podría haber algún problema, por ejemplo en Irlanda que tiene que someterlo a referéndum por ley y ya rechazó en una primera consulta el Tratado de Niza, aunque después lo ratificara. También podrían producirse retrasos que impidieran su entrada en vigor en la fecha prevista. Este podría ser el caso de Bélgica, sumida desde hace siete meses en una crisis política sin precedentes que amenaza con romper definitivamente en dos el país, donde tendrá que ser ratificado por siete parlamentos diferentes,…