El 1 de enero de 2026 se han cumplido cuarenta años de la entrada de España en la Unión Europea. Pese al auge de cierto relato euroescéptico, el dato sigue mostrando un claro apoyo a la pertenencia. El Eurobarómetro más reciente (nº 104, otoño de 2025) señala que el 83% de la ciudadanía española se identifica también como europea, el 74% cree que el futuro del país será mejor dentro de la UE, el 77% defiende transferirle más poderes y, en fin, la confianza que inspiran las instituciones supranacionales dobla a la de las nacionales. Ese fuerte sentimiento proeuropeo, bastante por encima de la media de los Veintisiete, es también hegemónico entre las élites sociales o intelectuales y se traslada al programa de los dos partidos de gobierno que, por lo demás, están aparentemente distanciados en casi todos los otros asuntos de la agenda pública.

No se trata de un europeísmo sin causa. Según el Banco Mundial, el PIB per cápita en términos reales y constantes ha crecido un 83% en estas cuatro décadas (frente al 66% en Alemania, 60% en Francia, o 41% en Italia) y el FMI calcula que hoy el poder de compra español ronda en promedio el 80% del alemán, 85% del francés y 90% del italiano. Eso supone una convergencia desde 1986 de unos diez puntos porcentuales con las dos primeras economías de la UE y de más de veinte con la tercera. Los beneficios económicos han sido, desde luego, múltiples: el mercado interior ha mejorado la competencia, la productividad empresarial y el marco de estándares regulatorios para la población. Los fondos (estructurales, cohesión, recuperación) han permitido una inversión pública realmente transformadora; y el euro ha aportado estabilidad.

El europeísmo como preámbulo

Pero, en términos históricos, casi ha sido más importante…