Enorme pancarta en la esquina de la Plaza de la Revolución. 2 de marzo de 2026. GETTY.

El largo camino hacia la guerra con Irán

Las explicaciones de política interna sobre la decisión de la administración Trump de ir a la guerra con Irán corren el riesgo de ocultar causas más profundas. La decisión final solo pareció repentina: las estrategias de Estados Unidos, Israel y los países del Golfo llevaban casi una década convergiendo.
Carla Norrlöf
 |  5 de marzo de 2026

A medida que el conflicto con Irán redefine los supuestos de seguridad global y los mercados energéticos, el debate en Estados Unidos se ha centrado en gran medida en una cuestión: por qué el presidente Donald Trump optó por la guerra. ¿Fue por motivos de política interna, por el deseo de proyectar fuerza, por un error de cálculo o por alguna otra razón?

Estas explicaciones pueden tener su mérito, pero corren el riesgo de ocultar las causas fundamentales. La guerra no fue tanto una decisión repentina como la culminación de procesos geopolíticos que, con el tiempo, fueron eliminando las alternativas a la confrontación. Cuando comenzaron a caer las bombas, muchas de las decisiones clave ya se habían tomado tras años de deliberaciones estratégicas.

Una de ellas fue la retirada, en 2018, de la primera Administración Trump del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el acuerdo alcanzado con Irán en 2015 para limitar su programa nuclear. En aquel momento, Trump argumentó que abandonar el acuerdo permitiría negociar uno más sólido gracias a la presión económica. Estados Unidos intentó obligar a Irán a volver a la mesa de negociación mediante la paralización de su economía.

Las sanciones, sin embargo, no eran nuevas. Incluso bajo el PAIC, Irán se enfrentaba a importantes restricciones por sus vínculos con el terrorismo, el desarrollo de misiles balísticos y las violaciones de derechos humanos. Esa presión mantenía abierta la posibilidad de negociar un alivio adicional.

Tras la salida del acuerdo, sin embargo, las sanciones continuaron sin una estrategia diplomática paralela. En lugar de ampliar el margen de negociación, lo redujeron. Las medidas punitivas debilitaron la economía iraní, pero también alteraron la percepción estadounidense sobre lo que era posible conseguir.

A medida que la presión económica aumentaba sin provocar una capitulación ni un cambio de régimen, los responsables políticos se enfrentaban a un abanico cada vez más reducido de opciones creíbles. Cada intento fallido de coacción reforzaba la percepción de que la presión económica, por sí sola, no resolvería el problema.

Al mismo tiempo, las percepciones de amenaza de Estados Unidos se acercaban cada vez más a las de Israel. Para ambos, la mera latencia nuclear —la capacidad de producir un arma— empezó a percibirse como un riesgo inaceptable. El resultado no fue una marcha inmediata hacia la guerra, sino una redefinición gradual de lo que Trump terminó considerando estratégicamente inevitable.

La política iraní también redujo las posibilidades de moderación. Aunque las negociaciones mostraban signos de vida y los mediadores informaban de avances, la lógica estratégica que impulsaba la confrontación se fue endureciendo. Tras el colapso del PAIC, Irán continuó desarrollando su programa nuclear y redujo el acceso de los inspectores internacionales.

Esta estrategia buscaba aumentar su capacidad de negociación sin cruzar abiertamente el umbral de la construcción de un arma nuclear. Sin embargo, el efecto estratégico fue el contrario al que Teherán pretendía. Cada avance reforzó la percepción israelí de que el tiempo se agotaba y fortaleció en Washington el argumento de que la diplomacia estaba perdiendo credibilidad. Las medidas destinadas a preservar capacidad negociadora aceleraron así una convergencia estratégica que ya estaba en marcha.

El camino hacia la guerra también pasaba por la política israelí. Durante décadas, la doctrina de seguridad de Israel se ha basado en impedir que los Estados hostiles alcancen el umbral nuclear. Desde la destrucción del reactor iraquí de Osirak en 1981 hasta las operaciones encubiertas periódicas contra instalaciones iraníes, Israel ha favorecido sistemáticamente la acción preventiva frente a la disuasión a largo plazo.

Esta lógica está marcada por la geografía, la historia y la búsqueda del dominio militar regional. Incluso con una clara superioridad militar y el respaldo de Estados Unidos, la doctrina de seguridad israelí ha tendido a tratar los riesgos emergentes como intolerables más que como negociables.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha defendido este enfoque durante décadas. Para él, un Irán con capacidad nuclear representa una amenaza existencial, no un problema manejable. Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior campaña israelí contra sus redes regionales, evitar un enfrentamiento con el Estado que las respaldaba resultó cada vez más difícil.

La expansión de la infraestructura nuclear iraní —cada vez más dispersa y protegida bajo tierra— reforzó esa lógica. La prevención empezó a parecer cada vez más difícil, independientemente de las intenciones de Irán. En el pasado, retrasar el programa iraní mediante operaciones militares o encubiertas suponía una ganancia estratégica para Israel. Con el avance tecnológico de Irán y el estancamiento de las negociaciones, esa ventaja fue desapareciendo.

La política estadounidense terminó alineándose con la doctrina israelí. Lo que antes se percibía en Washington como un problema diplomático empezó a parecer una cuestión de plazos de seguridad. El camino hacia la guerra también pasó por los Estados del Golfo. La rivalidad entre Irán y Arabia Saudí ha marcado durante décadas la seguridad regional. Los ataques de 2019 contra las instalaciones petroleras saudíes de Abqaiq y Khurais evidenciaron la vulnerabilidad de la infraestructura energética del Golfo.

Posteriormente, los misiles y drones hutíes alcanzaron los aeropuertos saudíes de Abha y Yeda, instalaciones de Saudi Aramco y, en 2022, depósitos de combustible en la zona industrial de Musaffah, en Abu Dabi. Informes de Naciones Unidas concluyeron que los hutíes habían utilizado componentes de armas compatibles con la fabricación o transferencia iraní, en violación de los embargos internacionales.

Irán negó su implicación, pero el daño estratégico ya estaba hecho. La seguridad energética del Golfo había quedado en entredicho. En respuesta, varios Estados del Golfo avanzaron hacia una alineación estratégica con Israel mediante los Acuerdos de Abraham de 2020. El acercamiento reflejaba una preocupación compartida por la influencia regional de Irán.

Una confrontación directa con Irán seguía siendo demasiado arriesgada para economías dependientes del comercio global y de flujos energéticos estables. Sin embargo, la cooperación con Israel y la dependencia de las garantías de seguridad de Estados Unidos permitieron a los gobiernos del Golfo respaldar una estrategia de contención sin asumir los costes directos de la confrontación.

Cuando comenzaron las hostilidades, los líderes del Golfo se encontraron ante una elección incómoda: aceptar una confrontación definida por el poder militar estadounidense o adaptarse a un equilibrio regional cada vez más condicionado por las capacidades iraníes.

Con el tiempo, la guerra empezó a parecer menos una escalada que el camino de menor resistencia. La convergencia estratégica entre Estados Unidos e Israel, combinada con la gestión prudente de riesgos del Golfo, hizo cada vez más difícil mantener la moderación.

A medida que se ampliaban los ataques estadounidenses e israelíes, la respuesta iraní se dirigió contra ciudades israelíes, centros energéticos del Golfo como Ras Tanura y Jebel Ali, bases estadounidenses y el tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz. El conflicto se transformó rápidamente en una guerra que abarca todo el teatro regional. Las consecuencias nunca iban a quedar confinadas al ámbito local. La estrategia de disuasión de Irán se articula precisamente en torno al estrecho de Ormuz, el estrecho paso que conecta el conflicto regional con la economía mundial.

Las repercusiones globales reflejan factores que nunca fueron exclusivamente regionales. Por eso las explicaciones centradas únicamente en la política interna estadounidense resultan insuficientes. Los incentivos presidenciales pueden influir en el momento en que los líderes actúan, pero rara vez crean por sí solos las condiciones geopolíticas. La alineación estructural de intereses entre aliados y actores regionales ya había reducido el abanico de alternativas disponibles para los responsables de la toma de decisiones. La decisión final solo pareció repentina porque la trayectoria hacia la confrontación llevaba años acumulándose.

Copyright: Project Syndicate (2026). www.project-Syndicate.org

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