El cambio de mayoría en las dos cámaras del Congreso estadounidense –una circunstancia que solo se ha producido cuatro veces en unas elecciones de mitad de mandato desde 1945– no modificará de inmediato la política de Donald Trump hacia América Latina. Sí introducirá, sin embargo, mecanismos de fiscalización parlamentaria que apenas se habían ejercido desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Al presidir los comités de ambas cámaras, los demócratas podrán abrir investigaciones, convocar audiencias, exigir documentación y supervisar nombramientos y partidas presupuestarias. Ese control puede poner el foco en posibles conflictos de intereses, irregularidades y abusos de poder.

El control de los comités de asignaciones presupuestarias también les permitirá examinar los gastos militares y condicionar su financiación. Existen precedentes de enfrentamientos entre el Congreso y la Casa Blanca por operaciones en el exterior: en 1973, el legislativo recurrió a restricciones presupuestarias para forzar el final de los bombardeos estadounidenses en Camboya ordenados por Richard Nixon.

La Casa Blanca podría resistirse a entregar documentos o facilitar comparecencias. En ese caso, el enfrentamiento institucional se trasladaría a las citaciones y a eventuales procedimientos por desacato al Congreso.

Uno de los programas sometidos a examen podría ser el Escudo…