Desde hace años, la minería ilegal prolifera alrededor de los ríos amazónicos, cuyas cuencas concentran la mitad de los bosques tropicales existentes. Un estudio de 2016 de la Universidad Externado de Bogotá estimó que el negocio del oro arroja 180 toneladas de residuos tóxicos cada año, causando daños cerebrales, abortos, anomalías reproductivas y defectos de nacimiento en la población aledaña a las minas.

Las minas auríferas clandestinas deforestan y contaminan con mercurio, cianuro, ácido nítrico, sulfúrico y otros químicos y metales pesados usados para amalgamar el oro. Los frutos del negocio se lavan después con relativa facilidad, como el dinero del narcotráfico, en los cercanos paraísos fiscales del Caribe.

Hasta 1991, en Colombia la única entidad autorizada a comprar el preciado metal era el banco central. La liberalización desató una fiebre del oro que no ha menguado desde entonces. Al contrario. En el tercer trimestre de 2020, la producción legal del metal aumentó un 58%, hasta las 14,2 toneladas. En diciembre de 2017, según cifras oficiales, existían en el país unas 7.000 explotaciones clandestinas que empleaban a unos 133.000 mineros artesanales, los llamados barequeros. La fundación InSight Crime estima que el negocio mueve en Colombia unos 2.400 millones de dólares…