El fallo del Tribunal Supremo estadounidense canceló los “aranceles recíprocos” impuestos por la Administración Trump a más de 160 países. Poco después, la Comisión Europea anunció que congelaría la convalidación del acuerdo bilateral, al considerar que Estados Unidos ya no puede cumplir los compromisos asumidos.

Además de alterar la planificación económica del Ejecutivo, el fallo supone un revés a la forma de hacer política de Trump. El presidente ya no puede amenazar a países concretos con aranceles, ya que carece de potestad para imponerlos de manera discrecional: es el Congreso quien debe establecer tarifas específicas sobre productos o países. Tras conocerse la decisión judicial, Trump anunció un arancel general del 10% para todos los países y productos –con algunas excepciones–, amparándose en un poder temporal previsto en la Ley de Comercio. En cualquier caso, estas medidas tienen una duración máxima de 150 días; a partir de entonces, requieren el respaldo del Congreso.

Aunque la Administración llevaba tiempo asegurando que una sentencia adversa no alteraría su hoja de ruta, lo cierto es que no parecía existir un plan alternativo sólido. La primera reacción fue anunciar un arancel del 10%, pocas horas después elevarlo al 15% y, finalmente, mantener el 10% como única medida efectiva. Paralelamente, se han ido anunciando nuevas iniciativas, lo que refuerza la impresión de improvisación y ausencia de un plan de contingencia.

A partir de ahora, el principal perjudicado es el entorno empresarial de los países avanzados. En primer lugar, porque la incertidumbre comercial vuelve a intensificarse. Si Trump quiere evitar el filtro del Congreso, el margen para actuar vía aranceles es muy estrecho, por lo que la Casa Blanca explora otras herramientas de presión. Entre ellas, el endurecimiento en la concesión de licencias a empresas extranjeras, lo que podría desembocar en litigios por trato discriminatorio. Otra posibilidad…