La condena de la expresidenta Añez a 10 años de prisión por acusaciones de haber ocupado de forma ilegal el poder tras la renuncia forzada de Evo Morales en 2019 ha dejado fracturada a la polarizada sociedad boliviana. Según Morales y el oficialista MAS, la pena es “benigna” frente al daño que Añez causó a la democracia. La oposición considera el juicio ilegítimo de principio a fin. La defensa ha dicho que apelará dentro y fuera del país, con lo que el conflicto seguirá latente.

La principal víctima del proceso es el propio sistema judicial. Añez llevaba 15 meses en “detención preventiva” en condiciones penosas y no pudo defenderse ante el tribunal que la juzgaba por incumplimiento de deberes y por tomar resoluciones contrarias a la Constitución entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019. El tribunal dictaminó que no se cumplió el procedimiento constitucional de sucesión, desechando…