Además de Comey y James, entre las figuras que podrían estar más afectadas por esta deriva se encuentran George Soros, fundador de la Open Society Foundation, a quien Trump ha amenazado con encarcelar pese a sus 95 años; el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, ambos opositores al despliegue de tropas federales en su estado, bastión tradicional de los demócratas.

En los medios afines al movimiento MAGA, Soros, que entre otras cosas financia la red mundial de periodistas de investigación (GIJN, por sus siglas en inglés), aparece en caricaturas que lo dibujan con facciones estereotipadas, ejerciendo de titiritero de todo tipo de personajes e intereses siniestros.

Según escribe Thomas Edsall en el New York Times, la judicialización de la política es un elemento central en la estrategia de Trump para reforzar su poder, debilitar las filas demócratas y aumentar su control sobre el mundo corporativo. Según ese análisis, el Departamento de Energía estaría revisando o podría paralizar inversiones por unos 7.500 millones de dólares en 321 proyectos concedidos a estados con gobernadores o senadores demócratas –California, Delaware, Hawái, Nueva York, Oregón, Massachusetts– o en los que ganó Kamala Harris.

Pritzker denuncia que las presiones de Trump para enviar a prisión a representantes electos constituyen, en sus palabras, un paso más hacia un “autoritarismo desmesurado” del poder ejecutivo.El gran jurado de Virginia que imputó a James y Comey por fraude bancario, lo hizo después de que la fiscal Lindsey Halligan, exabogada de Trump, volviera a presentar personalmente el caso. El titular anterior, Erik Sieber, lo había archivado al considerar que no existían indicios suficientes para formular cargos penales contra Comey.

Conviene recordar que Joe Biden había propuesto eliminar los cargos vitalicios de los jueces del Tribunal Supremo…