Desde la pandemia, la llamada economía “colaborativa” está creciendo a tasas exponenciales en la región, donde en torno a 47 millones de personas, de una población activa de 330 millones, trabajan ya de ese modo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sus ocupaciones ofrecen independencia y horarios flexibles. Quien, por ejemplo, trabaja para Uber o Rappi elige cuándo y cuánto tiempo quiere trabajar. En las aplicaciones, jóvenes sin experiencia, inmigrantes con dificultades para convalidar títulos, madres solteras y muchos otros encuentran una forma rápida y fácil de generar ingresos evitando los filtros y regulaciones del empleo formal. Varias plataformas ofrecen trabajos para nómadas digitales de países ricos que eligen vivir en Medellín o Montevideo para duplicar –o triplicar– su poder adquisitivo en relación a Boston, San Francisco o Milán. 

Sus críticos denuncian, sin embargo, que la “gig economy” –que según el Banco Mundial emplea a 435 millones a escala global– es una nueva forma de precarizar el empleo: sin vacaciones, contratos, seguro social, bajas médicas… Según la OIT, en la región el 40% de la fuerza laboral de la “gig economy” no cotiza en ningún tipo de sistema de seguridad social. Brasil, Uruguay y México, entre otros, están tratando…