Las protestas que comenzaron en septiembre entre estudiantes de secundaria se han extendido por todo el país y han desembocado en bloqueos de centros educativos y manifestaciones multitudinarias. El origen está en el deterioro de la educación pública: falta de profesores, escasez de sustitutos, aulas masificadas, edificios deteriorados y problemas con el sistema de acceso universitario. Los estudiantes reclaman al menos 10.000 millones de euros adicionales para educación. El 8 de octubre, más de 71.500 personas participaron en las movilizaciones, 24.500 de ellas en París.

El conflicto ha adquirido una dimensión económica más amplia. Los sindicatos se han incorporado a las movilizaciones reclamando aumentos salariales, revalorización de pensiones y prestaciones sociales, mejores servicios públicos y medidas de apoyo al empleo y la industria. Las reivindicaciones llegan, sin embargo, en un momento especialmente delicado para las cuentas públicas francesas, lo que limita la capacidad del Estado para responder mediante más gasto.

Francia cuenta con uno de los sectores públicos más amplios del mundo desarrollado, pero también con una de las mayores cargas fiscales. Los impuestos equivalieron al 43,5% del PIB en 2024, frente al 34,1% de media de la OCDE, lo que situó al país en el segundo lugar entre sus 38 miembros. La Comisión Europea calcula que en 2025 la presión fiscal ascendió al 44,3% del PIB, frente al 39,9% de la Unión Europea.

La elevada presión fiscal convive, además, con problemas estructurales que limitan el crecimiento. La OCDE señala que el PIB per cápita francés continúa por debajo del…