Casi cuatro semanas después de la crisis en la frontera de Ceuta, el episodio sigue vivo en dos frentes. Uno está en Ceuta, donde varios miles de personas permanecen a la espera de que se tramiten las devoluciones. El otro se ha trasladado al interior de Europa: Italia y España mantienen controles recíprocos en sus conexiones aéreas y marítimas, llevando una crisis en la frontera exterior al corazón del espacio Schengen.

La entrada masiva del 30 de julio no se tradujo en un movimiento significativo de personas desde Ceuta hacia la Península ni hacia otros países europeos. La ciudad tiene un régimen fronterizo singular: quienes viajan en barco o avión hacia el territorio continental deben superar un segundo control policial. Entrar irregularmente en Ceuta no confiere el derecho a trasladarse a la Península ni a circular por Europa.

Estas circunstancias no disiparon las reservas de varios socios europeos, especialmente Italia, que introdujo desde el 1 de agosto controles en sus conexiones aéreas y marítimas con España. La notificación remitida a la Comisión los mantiene hasta el 1 de septiembre. España exigió su retirada y, tras recibir de Roma la respuesta de que Italia no aceptaba “ultimátums”, respondió imponiendo controles a los vuelos y conexiones marítimas procedentes de Italia entre el 8 de agosto y el 7 de septiembre.

Alemania, que ya mantiene controles en sus fronteras terrestres, aprovechó la coyuntura para anunciar que los prolongará más allá de septiembre. Friedrich Merz reclamó a España que recuperase el control de la frontera exterior y recordó que todos los Estados miembros están obligados a protegerla.

El 1 de agosto, Italia y Dinamarca impulsaron una carta suscrita por 22 gobiernos europeos que reclamaba a las instituciones de la UE una reunión urgente. Cuestionaron que las decisiones migratorias de un Estado puedan tratarse como…