Entre los visitantes del CECOT –prisión y, al mismo tiempo, una muestra del poder de Bukele– estuvieron el expresidente costarricense Rodrigo Chaves y, en enero, el entonces presidente electo chileno José Antonio Kast.

Tras recorrerlo, Kast aseguró que Chile necesitaba “importar buenas ideas”. Ya en el poder, trasladó 400 reclusos a una cárcel de alta seguridad inaugurada unos meses antes. El atractivo del modelo parte de un resultado difícil de ignorar. Con métodos expeditivos y prescindiendo de importantes garantías judiciales, El Salvador redujo su tasa de homicidios de 54 por cada 100.000 habitantes en 2019 a apenas 1,9 en 2024. Para gobiernos enfrentados a niveles elevados de violencia, la tentación de reproducir la fórmula es evidente.

También lo son sus costes. Según Socorro Jurídico Humanitario, al menos 554 salvadoreños han fallecido bajo custodia del Estado. Unos 118.000 salvadoreños, alrededor del 2% de la población adulta y más del doble de la capacidad carcelaria, están encarcelados, muchos de ellos sin sentencia y con un acceso limitado a abogados y familiares.

Desde marzo de 2022, el régimen de excepción se ha prorrogado más de 50 veces. El CECOT está concebido para mantener a sus internos bajo un régimen extremadamente restrictivo y durante periodos muy prolongados.

La tasa conjunta de población penitenciaria en Centroamérica, Suramérica y el Caribe supera los 400 reclusos por cada 100.000 habitantes, frente a menos de 200 en Europa occidental. En 2025, sus cárceles registraron más de 17 homicidios por cada 100.000 presos; en Europa fueron dos….