Ante el bloqueo de la situación política, Petro ha optado por una fuga hacia adelante, proponiendo abrir un proceso constituyente y denunciando un presunto golpe de Estado urdido por la derecha “heredera del esclavismo”, mencionando varios apellidos tradicionales –“Ospinas, Pastranas, Santos…”– de la alta burguesía conservadora colombiana.

En una reciente gira por barrios populares de ocho de las mayores ciudades del país y en los que arrasó en 2022, Petro anunció una ley que “estimulará” la inversión de los bancos en la “economía popular” y la reducción de las tarifas eléctricas. En sus discursos populistas, reiteró que se había lanzado un proceso golpista en su contra al investigarlo por la financiación de sus pasadas campañas.

La única forma de frustrarlo, dijo, era que el pueblo se “constituyera en poder constituyente”, pero sin más precisiones. La democracia “entra en emergencia”, advirtió y que su gobierno respondería “con la fuerza del pueblo”.

Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral, integrado por nueve miembros elegidos por el Congreso, han presentado una ponencia para formular cargos en contra de Petro por irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022. “Ha comenzado el golpe blando”, escribió Petro en su cuenta de X.

Según explicó, mientras algunas donaciones de sindicatos se presentan como irregulares, las de grandes grupos empresariales no reciben objeciones, poniendo como ejemplo a la española Keralty, dueña en Colombia de Sanitas, que financió campañas de congresistas en contra de la reforma sanitaria.

Si el CNE aprueba la ponencia se formularían cargos, el primer caso de un proceso largo y complejo porque sus decisiones pueden ser recurridas ante el Consejo de Estado. En Colombia el 94% de los delitos denunciados no dan lugar a una condena, una de las tasas más altas de la región con la de México.

Muchos analistas creen, por…