Desde la Guerra Fría, Estados Unidos mantiene presencia militar en la isla, amparada por acuerdos bilaterales entre EEUU y Dinamarca, socios de la OTAN. Esa arquitectura jurídica ofrece un amplio margen para reforzar la presencia aliada sin alterar la soberanía danesa ni el derecho de autodeterminación groenlandés. De ahí la alarma europea ante las reiteradas amenazas de Donald Trump de hacerse con el control de la isla.

Trump justifica su presión alegando una supuesta incapacidad europea para proteger Groenlandia frente a Rusia y China. Según su narrativa, el aumento de la actividad militar y económica en el Ártico exigiría un control directo estadounidense.  Groenlandia encaja en un patrón más amplio: una política exterior unilateral y transaccional, que erosiona las normas e instituciones que Washington promovió durante décadas. El mensaje es claro: si los aliados no satisfacen las demandas estadounidenses, Estados Unidos actuará por su cuenta y, llegado el caso, no descarta el uso de la fuerza. La lógica del imperialismo y de las esferas de influencia reaparece, mientras la UE trata de adaptarse al cambio de era.

Durante semanas, las capitales europeas optaron por minimizar las declaraciones de Trump, temiendo que una reacción airada les otorgara mayor protagonismo. Ahora la estrategia ha cambiado. Dinamarca ha activado una intensa ofensiva diplomática, mientras el asunto se aborda ya tanto a nivel de la UE como de la OTAN.

En la Alianza Atlántica, los embajadores han comenzado a debatir cómo reforzar la seguridad en el Ártico: más ejercicios militares, mayores capacidades de vigilancia y un despliegue reforzado de medios. El objetivo es ofrecer a Trump una “salida” que atienda sus preocupaciones sin cruzar la línea de la soberanía. Paralelamente, la UE ha cerrado filas políticamente en torno a Dinamarca, subrayando que cualquier decisión sobre el futuro de Groenlandia corresponde exclusivamente a Copenhague…