El objetivo político es evidente: reducir los contrapesos internos y reconfigurar la Administración de acuerdo con las prioridades del movimiento MAGA.

La Casa Blanca se ha movido con una rapidez inusitada para imponer sus criterios en departamentos que considera excesivamente liberales, hostiles o proclives a filtrar información a los medios. Funcionarios acostumbrados a considerarse servidores públicos al margen de los cambios políticos describen un clima de sospecha y temor a las represalias.

Las sacudidas han alcanzado incluso a figuras inicialmente elegidas por Trump. Pam Bondi fue destituida como fiscal general y Kristi Noem relevada al frente de Seguridad Nacional. Tulsi Gabbard abandonó posteriormente la Dirección Nacional de Inteligencia alegando motivos familiares, después de meses de tensiones con la Casa Blanca. Pero es en la política exterior y de seguridad donde la ofensiva presidencial contra lo que Trump denomina el “Estado profundo” resulta especialmente visible.

Más de la mitad de las embajadas estadounidenses carecen de embajador, entre ellas las de Alemania y Arabia Saudí, mientras que las vacantes afectan de manera especialmente acusada a África. La Administración también ha acentuado el recurso a nombramientos políticos: de los 113 contabilizados hasta el 10 de agosto por la American Foreign Service Association, solo 20 –el 17,7%– correspondían a diplomáticos de carrera.

El Departamento de Estado ha perdido el 20% de su personal, unos 3.000 empleados. En el de Justicia, el número de abogados ha caído un 20% y el de fiscales, un 40%. El 20% de los 14.000 agentes del FBI están hoy dedicados a cuestiones migratorias. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que contaba con alrededor de 2.000 empleados al comienzo del segundo mandato de Trump, ha reducido su plantilla a menos de 1.300. La propia Gabbard presumió de haberla recortado en torno a un 40%, mientras que su sucesor interino,…