Los  intentos por estabilizar la República Democrática del Congo (RDC) han sido numerosos, ya sea para frenar los conflictos con algunos de sus vecinos o para contener los de carácter interno.  En este último ámbito, además, resulta difícil identificar con precisión a la miríada de grupos armados no estatales que, a lo largo de los años, se han enfrentado a las fuerzas gubernamentales (FARDC).

El propio M23 nació como consecuencia del incumplimiento de acuerdos previos. Se constituyó en 2012 y adoptó su nombre en referencia al pacto firmado el 23 de marzo de 2009 entre el gobierno y el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP). Sus líderes denunciaron entonces que Kinshasa había vulnerado lo acordado. Desde entonces, el grupo ha operado fundamentalmente en el este del país. Ha financiado su actividad mediante el control de explotaciones mineras ilegales en las provincias de los Kivu y ha contado, según numerosas denuncias –incluidas las de la ONU–, con el apoyo de Ruanda, acusación que Kigali rechaza de forma sistemática. Esa combinación le ha permitido resistir las ofensivas de las FARDC.

Los enfrentamientos sucesivos, impulsados por actores armados con distintos sustratos sociales y motivaciones, pero con un interés común…