Durante su visita a España, el presidente argentino, Javier Milei, defendió los resultados de su programa económico como prueba de que la disciplina fiscal y la reducción de la intervención estatal pueden devolver la estabilidad a una economía castigada durante décadas por la inflación y los desequilibrios presupuestarios.

El principal logro de su Gobierno ha sido el saneamiento de las cuentas públicas. Argentina ha conseguido mantener un superávit primario equivalente al 1,6% del PIB, después de años de déficits recurrentes. El ajuste del gasto, la reducción de las subvenciones y la contención de las transferencias a las provincias han permitido equilibrar las finanzas del Estado, aunque con importantes costes sociales y políticos.

La desaceleración de la inflación constituye el segundo gran argumento del Ejecutivo. En septiembre, la tasa interanual se situó en torno al 33%, muy por debajo de los niveles alcanzados durante la crisis que precedió a la llegada de Milei al poder. La estabilización de los precios ha contribuido a recuperar cierta previsibilidad económica, pero no ha eliminado las dificultades de los hogares para afrontar el coste de la vida.

La evolución del consumo muestra los límites de la recuperación. Tras el repunte inicial que siguió a la estabilización, la demanda interna ha perdido dinamismo. El poder adquisitivo continúa condicionado por el ajuste de los ingresos reales y por la persistencia de una inflación todavía elevada en comparación con la de otros países de la región.

También la actividad económica ofrece señales contradictorias. El producto interior bruto retrocedió un 0,6% en el segundo trimestre respecto al anterior, mientras que la tasa de desempleo alcanzó el 7,9%. Estos datos cuestionan la solidez de una recuperación que depende, en buena medida, de la capacidad del Gobierno para transformar la estabilización macroeconómica en crecimiento sostenido y creación de empleo.

El sector exterior presenta una evolución más favorable. Las previsiones apuntan a un superávit comercial superior a los 24.000 millones de dólares en 2026, apoyado en las exportaciones agroindustriales y energéticas y en la contención de las importaciones. Sin embargo, un saldo comercial positivo no garantiza por sí solo la estabilidad financiera, especialmente en una economía con elevadas necesidades de financiación externa.

El principal punto débil sigue siendo la posición del Banco Central. Aunque las reservas internacionales brutas han mostrado cierta recuperación, la situación es mucho menos favorable cuando se descuentan los compromisos y pasivos de la autoridad monetaria. Las reservas netas continúan siendo negativas, lo que limita la capacidad de intervención ante episodios de tensión cambiaria.

A ello se añade el calendario de vencimientos de deuda. Argentina necesita mantener el acceso a financiación exterior y atraer capitales para afrontar sus obligaciones sin comprometer la estabilidad alcanzada. La confianza de los inversores dependerá tanto de la continuidad del ajuste fiscal como de las perspectivas de crecimiento y de la sostenibilidad política del programa económico.

El Gobierno presenta la reducción del déficit y de la inflación como las condiciones necesarias para iniciar una nueva etapa de prosperidad. Sus críticos sostienen, por el contrario, que la estabilización se ha apoyado en una fuerte contracción del gasto y de la demanda, cuyos efectos sobre la actividad y el bienestar todavía no se han superado.

La experiencia argentina demuestra que ordenar las cuentas públicas es una condición importante para recuperar la estabilidad, pero no basta para garantizar el desarrollo. El desafío de Milei consiste ahora en convertir sus avances macroeconómicos en inversión, empleo y mejoras sostenidas de los ingresos. Hasta que eso ocurra, el balance de su modelo seguirá siendo más discutible de lo que su discurso triunfalista sugiere.