El enfrentamiento se agravó la noche del 30 al 31 de octubre, cuando la policía intervino la sede del tribunal y el presidente Karol Nawrocki accedió al edificio en medio de empujones. Es el episodio más reciente de un conflicto iniciado en 2015, cuyas consecuencias van más allá del ámbito judicial. Tras la llegada al poder de Ley y Justicia (PiS), en 2015, la nueva mayoría parlamentaria anuló los nombramientos de cinco magistrados del Constitucional realizados por la legislatura anterior, tres de los cuales fueron declarados válidos por el propio tribunal. El Gobierno se negó a acatar sus decisiones y emprendió una reforma de la justicia que fue mucho más allá del Constitucional: afectó también al Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios y el Consejo Nacional del Poder Judicial, con medidas que erosionaron su independencia y reforzaron el control político sobre los jueces.

Durante años, las instituciones europeas trataron de frenar esa deriva. La Comisión abrió en 2016 un procedimiento de diálogo con Polonia y, ante la falta de resultados, activó en 2017 el artículo 7 del Tratado de la UE. El Tribunal de Justicia dictó numerosas sentencias contra las reformas judiciales y Bruselas bloqueó miles de millones de euros de…