El resultado en la Eurocámara marca un punto de inflexión tanto en el rumbo regulatorio verde de la UE como en las dinámicas de poder dentro del Parlamento. La decisión confirma una tendencia ya visible en los últimos meses: el “cordón sanitario” que tradicionalmente aislaba a las formaciones de extrema derecha en Bruselas ha perdido fuelle.

La clave del debate estaba en la revisión de la Directiva de Diligencia Debida Empresarial (CSDDD, por sus siglas en inglés), aprobada en 2024 y considerada un hito para reforzar la responsabilidad de las grandes corporaciones en materia medioambiental y de derechos humanos. El texto vigente obliga a las empresas a identificar y corregir los impactos negativos –deforestación, contaminación o trabajo forzoso– generados en sus cadenas de suministro globales.

La nueva mayoría ha impulsado cambios importantes. En primer lugar, el umbral de aplicación de la ley se eleva de manera significativa: de empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación, a aquellas que superen los 5.000 trabajadores y los 1.500 millones de euros. Esto excluirá de los requisitos a alrededor del 90% de las compañías inicialmente cubiertas. Además, desaparece la obligación de elaborar planes de transición climática y se suprime el régimen europeo de responsabilidad civil armonizada, dejando esta cuestión en manos de cada Estado miembro.

Desde el Partido Popular Europeo (PPE), su líder Manfred Weber defendió la reforma como un compromiso con la reducción de cargas administrativas: “Prometimos cortar la burocracia innecesaria y hoy lo hemos hecho”, afirmó. El negociador del grupo, el sueco Jörgen Warborn, insistió en que los cambios aportarán “mayor previsibilidad” y mejorarán la competitividad de la industria europea en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos y China.

La lectura desde los grupos de centroizquierda es distinta. Los negociadores socialdemócratas y…