Para Bruselas, que considera a Serbia un socio esencial para la estabilidad de los Balcanes, las protestas son un recordatorio de la tensión permanente entre la búsqueda de estabilidad regional y la defensa de los valores democráticos que inspiran el proyecto europeo.
El gobierno declaró entonces un día de luto nacional y prometió una investigación. Pero las familias de las víctimas, respaldadas por miles de ciudadanos y estudiantes, denunciaron que el siniestro no fue un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema corroído por el clientelismo, la falta de rendición de cuentas y la manipulación de las instituciones. Un año después, el juicio sigue sin celebrarse, pese a las imputaciones de varios funcionarios. La tragedia, y la falta de justicia que la siguió, se han convertido en un símbolo de la desconfianza de la sociedad hacia un Estado percibido como opaco y ajeno a los ciudadanos.
Durante estos meses, el movimiento ciudadano ha madurado. Al principio espontáneo y descentralizado, el liderazgo pasó a manos de jóvenes universitarios que convirtieron las vigilias por las víctimas en una plataforma política de oposición. Los estudiantes, apoyados por profesores, profesionales y figuras públicas como Novak Djokovic, emprendieron marchas de 16 días –una por cada víctima– que culminaron en una multitudinaria concentración en Novi Sad el pasado 1 de noviembre. El lema era simple y contundente: “Esto es suficiente.”
Aleksandar Vučić intentó neutralizar el descontento ofreciendo adelantar los comicios legislativos previstos para 2027, sin concretar fecha. Este movimiento representa una maniobra táctica más que una concesión genuina. El presidente serbio trata de ganar tiempo y recuperar el control. Su partido, el SNS, ha gobernado más de una década apoyado en una red de medios afines y en el debilitamiento progresivo de las instituciones judiciales y electorales.
Pese a ese dominio, la erosión de…
