Calificado por la ONU como la crisis humanitaria más grave del planeta, el conflicto responde, más que a diferencias ideológicas, a una lucha descarnada por el poder entre el general Abdelfatah al Burhan, al frente del Consejo Soberano y de las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS), y Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, vicepresidente del mismo órgano y líder de las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Ambos, antiguos colaboradores de Al Bashir, frustraron primero la transición democrática pactada en 2021 y, desde abril de 2023, han sumido al país en una guerra abierta.

El impacto humano es devastador. Más de 50 millones de sudaneses –de los que el 64% tiene menos de 25 años– viven en un contexto de pobreza generalizada, colapso institucional y carencias estructurales en infraestructuras, servicios y capital humano. La vida nacional está altamente subsidiada y la corrupción es generalizada, resultado de 30 años de una dictadura depredadora y clientelar.

Desde el inicio del conflicto, se estiman más de 150.000 muertos y unos 14 millones de desplazados, de los cuales cerca de cuatro millones han huido a países vecinos que desbordan la capacidad de acogida de Estados como Chad o Egipto. Las operaciones militares de ambos…