La adhesión no fue automática ni fruto del azar. Fue un proceso político deliberado, impulsado por unas élites decididas a modernizar al país. La transición democrática y el europeísmo avanzaron de la mano, impulsados por un consenso social y político excepcional. Los grandes hitos de la etapa –el referéndum para la reforma política de 1976 y el constitucional de 1978– consolidaron una orientación clara hacia la democracia, el Estado de derecho y la integración europea. Europa no era un simple mercado; era la garantía de que la democracia llegaba para quedarse.

El camino no fue fácil. La apertura económica obligó a una profunda reconversión industrial, la modernización del sector agrícola y a competir en un mercado en el que muchas empresas partían en desventaja. Todo coincidió con una crisis económica internacional y con una inestabilidad política interna aún latente. Pero la dirección nunca se puso seriamente en cuestión.

España ingresó con una democracia recién estrenada, una población de 38 millones de habitantes y un PIB per cápita muy inferior al europeo. Hoy es la cuarta economía de la Unión, se acerca a los 50 millones de habitantes y ha multiplicado varias veces su renta per cápita. Los más de 185.000 millones de euros recibidos en fondos europeos financiaron infraestructuras, desarrollo regional, empleo e innovación, acelerando un proceso de modernización que habría sido mucho más lento sin ese respaldo.

Pero reducir la integración a una historia de ayudas sería superficial. España contribuyó de forma decisiva a moldear la Unión. La ampliación al sur se considera una de las más exitosas, en buena medida por la actitud constructiva y comprometida de España y Portugal. Otros países, como Hungría, muestran que no todos los miembros del club están igualmente comprometidos con el proceso de integración y que algunos utilizan su posición dentro de…