El endurecimiento de la política migratoria en la UE ha entrado en una nueva fase. El giro refleja la ambición política del momento: ofrecer respuestas rápidas a una presión social creciente y responder al avance de las fuerzas políticas que han hecho del control fronterizo su principal bandera electoral.

El acuerdo alcanzado por los ministros de Interior introduce tres cambios centrales. El primero es la posibilidad de establecer hubs de retorno en países fuera de la UE, donde los migrantes rechazados podrían ser detenidos temporalmente antes de su deportación. Modelos previos –como los centros impulsados por Italia en Albania– habían encontrado obstáculos legales. Ahora, la nueva legislación pretende despejar ese camino.

En segundo lugar, la UE modifica la figura del “tercer país seguro”. Hasta ahora, para denegar una solicitud de asilo por este criterio era necesario demostrar un vínculo significativo entre la persona migrante y el país al que se la devolvería. Con el nuevo paquete normativo, este requisito se relaja sustancialmente: bastará con que el solicitante haya transitado por ese territorio o que exista un acuerdo bilateral entre un Estado miembro y un país tercero. La consecuencia práctica es que las inadmisiones de solicitudes de asilo podrán aumentar significativamente.

La lista de “países seguros” aprobada por los ministros incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez. Organizaciones de derechos humanos alertan de que algunos de estos Estados no garantizan condiciones adecuadas de protección, señalando prácticas represivas documentadas.

El tercer pilar del nuevo enfoque es la ampliación de las obligaciones para los migrantes en situación irregular. A partir de ahora, quienes hayan recibido una orden de retorno deberán permanecer a disposición de las autoridades, entregar documentos de identidad o permitir la toma de datos biométricos. La falta de cooperación podrá acarrear sanciones administrativas o incluso penales, y en…