La presencia excepcional de Volodímir Zelenski en Londres, París y Bruselas la semana pasada, en el segundo desplazamiento al exterior del presidente de Ucrania desde que comenzó la guerra, sigue recordándonos el clima bélico que empapa la agenda política en Bruselas. La respuesta europea al programa de ayudas verdes estadounidense, enmarcado en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en inglés), no es una excepción. Los Estados miembros de la UE apelan a una respuesta común, unitaria, frente a lo que consideran una amenaza a su política industrial. Sin embargo, los recelos ante el liderazgo franco-alemán y los temores a la fragmentación del mercado único tensan la cuerda entre los Veintisiete.

Después de años de dudas y titubeos sobre la necesidad de tejer un plan industrial para hacer frente al cambio climático, Washington ha tomado el toro por los cuernos. Los 369.000 millones de dólares incluidos en la IRA es un bazuca en toda regla para revitalizar la industria nacional y garantizar así su competitividad en la nueva economía verde, mientras mantiene a raya a su gran competidor global chino. El cambio en EEUU es profundo y va más allá de una nueva ley, de hecho. Hay una nueva concepción de la política industrial. El plan de infraestructuras (1,2 billones de dólares), la Ley CHIPS y Ciencia (280.000 millones) y la IRA tienen en común la fuerte intervención estatal, con dos objetivos primordiales: hacer de EEUU un país menos dependiente de la cadena de suministro china (en especial de productos clave como paneles solares, equipos de energía verde o semiconductores) y “nacionalizar” o acercar la producción de bienes estratégicos.

El cambio en la industria estadounidense ya está en marcha con grandes proyectos inversores en las industrias del automóvil, los fabricantes de chips y las empresas dedicadas a las nuevas energías…