La ONU estima en 6.700 millones de dólares los daños directos del seísmo –equivalentes al 8% del PIB– y en 6,76 millones los afectados, dos millones de ellos en Caracas, cuyos parques y plazas se han llenado de tiendas de campaña para acoger a los desplazados. Según la reaseguradora Aon, las pérdidas aseguradas representan solo una fracción del total. El gobierno contabiliza unos 3.000 fallecidos y un número indeterminado de desaparecidos. Venezuela no ha realizado un censo oficial en 15 años.

Caracas apenas dispone de reservas fiscales, arrastra una deuda equivalente al 240% del PIB, padece una inflación crónica y unas instituciones cuya legitimidad sigue profundamente cuestionada. Los saqueos registrados en La Guaira, la zona más afectada, son poco habituales tras un desastre natural y pueden interpretarse como un síntoma de un deterioro social previo más que como consecuencia del terremoto.

Equipos internacionales de rescate han denunciado intentos de las autoridades de obstaculizar su labor en complejos de viviendas construidos durante los años de  Hugo Chávez (1999-2013), muchos de los cuales se derrumbaron debido a la baja calidad de los materiales, a deficiencias en el diseño y a la ausencia de estudios geotécnicos en terrenos de sedimentos blandos.

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