Para llegar hasta aquí ha sido necesario superar varios obstáculos, empezando por las reticencias de Washington a romper su propio “estándar de oro”, que exigía que cualquier país beneficiario de la cooperación estadounidense en materia nuclear renunciara al enriquecimiento de uranio y al reprocesamiento del combustible utilizado en sus reactores civiles. Lo que sí se exigió a Emiratos Árabes Unidos en 2009, cuando firmó un “acuerdo 123” con Estados Unidos para construir la central nuclear de Barakah con ayuda surcoreana, ya no parece exigirse en el caso saudí. Todo indica que Riad podrá desarrollar ambas actividades.

Conviene recordar que el denominado “acuerdo 123” –en referencia a la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos– solo permite a las empresas estadounidenses colaborar con un país que desarrolle un programa nuclear si este renuncia al uso militar de la energía atómica y acepta las inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Sin embargo, esa regla parece flexibilizarse con Arabia Saudí. No se le exige adherirse al Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación (TNP) –que establece mecanismos de inspección mucho más intrusivos que los previstos en el tratado original– ni renunciar al enriquecimiento de uranio,…