Ambas iniciativas, aún en distintas fases de desarrollo, señalan una misma dirección: la voluntad de reducir vulnerabilidades externas. La decisión sobre el gas ruso, acordada por negociadores del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, constituye un avance clave. En su punto álgido, Rusia llegó a suministrar alrededor del 40% del gas que consumía la UE. Tras la invasión de Ucrania en 2022, ese vínculo se ha debilitado, pero, Rusia sigue recibiendo miles de millones anuales por ventas de gas y GNL a Europa.

El acuerdo fija un calendario preciso: las importaciones de gas natural licuado quedarán suspendidas progresivamente a lo largo de 2026, con el objetivo de que dejen de formar parte de la mezcla energética europea hacia finales de ese año, mientras que el gas por gasoducto deberá desaparecer de la ecuación energética europea en el otoño de 2027.

El nuevo régimen sancionador establece multas de hasta el 3,5% de su volumen de negocio global para las empresas que incumplan. Para evitar fraudes, los importadores deberán presentar certificados de origen, aunque tanto empresas como expertos advierten de que rastrear con total certeza la procedencia del gas puede resultar técnicamente complejo.

El acuerdo no estuvo exento de tensiones. Hungría y Eslovaquia, todavía muy dependientes de los suministros rusos, lograron introducir un mecanismo que permitiría retrasar ligeramente la entrada en vigor del veto –hasta noviembre de 2027– si existieran problemas para llenar las reservas europeas. Además, en caso de una emergencia energética, los Estados miembros podrán solicitar la suspensión temporal del embargo, algo que deberá evaluar y aprobar la Comisión.

Bruselas defiende que este paso es necesario para cerrar definitivamente la puerta a lo que describe como “chantaje energético” del Kremlin. Tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como el comisario de Energía, Dan Jørgensen…