El telón tejido sobre petrodólares sigue amenazado en el reino saudí, sacudido por movimientos de protesta en países vecinos que dejan entrever una realidad camuflada desde hace 111 años, la de un reino autocrático fundado en los hidrocarburos.

El 23 de abril, un tribunal de la ciudad de Al Buraydah (350 kilómetros al noreste de Riad), ordenó la encarcelación de Abdul Karim Yusef al Khoder, profesor de Jurisprudencia Islámica en la Universidad Al Qassim y miembro fundador de la Asociación saudí de Derechos Políticos y Civiles (Acpra), proscrita semanas antes. Su delito, una serie de cartas publicadas a lo largo de 2012 en las que criticaba las prácticas inquisitoriales de la dinastía Al Saud, denunciaba la represión política y la intimidación policial, pedía el establecimiento de una comisión independiente que investigara el arresto veleidoso de decenas de opositores y ofrecía un listado con 20 métodos para protestar de forma pacífica en un reino que, desde hace décadas, encabeza la lista de países predadores de los derechos humanos.

Su arbitrario encarcelamiento –ordenado antes de que concluyera el proceso iniciado en enero de 2013 por desacato al rey, incitación a la desobediencia civil y suministro de información falsa a grupos extranjeros– supuso el penúltimo acto de intimidación del régimen saudí a una disidencia que, lejos de dejarse amedrentar, crece de forma sostenida y se hace cada vez más visible en un país hermético y desconocido, estable en apariencia y retrógrado en su concepto. Pese a su riqueza petrolera, Arabia Saudí camina sobre el filo de la navaja, sacudido por una peculiar “primavera árabe” que el régimen se afana en ocultar y Occidente interesadamente prefiere ignorar.

El 9 de marzo, las autoridades ilegalizaron Acpra, ordenaron su disolución y condenaron a 11 y 10 años de prisión a dos de sus precursores: Mohammad Fahad…