En la gran y abigarrada familia de países afectados por la ampliación de la Comunidad Europea (CE) al Reino Uni do, Irlanda y Dinamarca en 1973, figuraba España incó modamente incrustada en la categoría de país mediterrá neo con acuerdo preferencial. Esta clasificación no añadía nada a nuestro brillante pasado histórico y ni siquiera definía acertada mente nuestra solvencia económica, muy por encima de los otros inquilinos de la misma categoría. Simplemente estábamos allí por circunstancias políticas que nos mantuvieron fuera de Europa en 1957 y que persistían en 1972.

En febrero de 1973, el director general de relaciones exteriores de la Comisión Europea, Helmut Sigrist, definía nuestra situación indirectamente en una entrevista que concedió al corresponsal de La Vanguardia en Bruselas, Andrés Garrigo:

“Es costumbre de la Comunidad dejar a los demás países que piensen y decidan por sí solos si están mejor o peor dentro o fuera”.

Es cierto, seguíamos fuera de la Europa comunitaria, mezcla dos con otros países mediterráneos para los que se elaboraba un enfoque que aparentemente unía nuestros destinos. Tan mezcla dos estábamos que recuerdo que, en alguna ocasión, nuestra nego ciación quedó trabada porque no avanzaban las de Marruecos, Ar gelia, Túnez o Israel, o viceversa. Incluso en las negociaciones se nos negaban concesiones por lo que pudieran pensar o exigir los países del Magreb o Israel que, por definición, nunca iban a ser miembros de pleno derecho del Mercado Común. Todo esto era un hecho: nadie nos obligaba a estar fuera de la Europa comunitaria y a que nuestra suerte estuviese unida a la de otros países medite rráneos, pero Sigrist conocía muy bien las razones políticas que lo explicaban.

La política exterior española estaba condicionada claramente por la política interior. Un agudo comentarista político, Santiago Nadal, citó lúcidamente un conocido pasaje…