La Franja de Gaza llega al final de una guerra, reconocida como genocida por las organizaciones no gubernamentales e internacionales competentes, en un estado de destrucción material y humana que ni siquiera los observadores más pesimistas habían anticipado. Las evaluaciones de la ONU y del Banco Mundial convergen: más del 70% de los edificios están destruidos o gravemente dañados, la economía local ha quedado literalmente pulverizada y cerca de dos millones de habitantes (de un total de algo más de 2,2 millones) han sido desplazados al menos una vez. El número de muertos directos e indirectos de la guerra aún no se conoce con exactitud, aunque se suele citar la cifra de 67.000 muertos. La destrucción no es únicamente material: es también social y política. Los hospitales, que constituían uno de los pocos sectores relativamente eficientes en Gaza antes de la guerra, así como las infraestructuras sanitarias, han quedado reducidos a la nada o casi. El colapso de las redes de agua y electricidad sitúa a la población en una dependencia total de la ayuda externa.

La reconstrucción, valorada en 53.000 millones de dólares, según la previsión de la Liga Árabe, se convierte en sí misma en un campo de batalla. Los donantes (Estados del Golfo, Unión Europea, agencias de la ONU) no quieren financiar una Gaza donde las estructuras de Hamás sigan activas y sin un horizonte político, mientras que una parte de la población gazatí rechaza la idea de una reconstrucción impuesta desde el exterior. A esta contradicción se suma la ausencia de un dispositivo logístico estable: carreteras destruidas, accesos controlados por Israel, puntos de entrada limitados.

Esta guerra también ha acelerado dinámicas que superan ampliamente el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Ha puesto de manifiesto la fragilidad de la arquitectura regional: Egipto, bajo la presión humanitaria;…