El 21 de septiembre pasado, por fin, Boris Yeltsin se decidió a cortar el nudo gordiano de la situación que había sumido a la Federación Rusa en una total crisis institucional, de dualidad y contraposición entre la presidencia y el Parlamento, entre el centro y periferia, convirtiéndose en los últimos meses en una arena de lucha política sin cuartel. Si se nos permite establecer un símil con el proceso español de transición, podríamos decir que el presidente había optado, definitivamente, por la ruptura con el régimen anterior.

La antinomia venía inscrita en la propia Constitución. Cuando en 1989 Mijail Gorbachov decidió crear la institución de presidente para sustraerse a la influencia del Partido Comunista, del que era secretario general, dejó en evidencia el sistema que había ideado Lenin y que consistía en un sistema piramidal asambleario o de soviets, en el que el Soviet Supremo era considerado “el órgano supremo del Estado” mientras el presidente tan sólo sería “el más alto agente público”, y sus poderes quedaban claramente subordinados al Parlamento, en la cúpula del cual un nuevo Congreso de Diputados Populares que se había de reunir, al menos, una vez al año, coronaba el sistema institucional del Estado. Gorbachov consideraba, entonces, que el nuevo sistema podría favorecer su política.

Paralelamente, en la entonces República Socialista Federal Soviética de Rusia se iba destilando la misma revisión constitucional y se establecía idéntico sistema, que era el que desde diciembre de 1992 había entrado en crisis insoluble y definitiva y que, a partir de ahora, ha pasado a ser objeto de la historia.

Se ha producido cierta controversia sobre la naturaleza de la acción de Yeltsin del 21 de septiembre. Para algunos fue, tajantemente, un golpe de Estado de carácter anticonstitucional. Para otros, estaba justificada por la legitimidad de que gozaba el…