Tras más de seis décadas de conflicto con el Estado, el futuro de Baluchistán depende de la voluntad de los líderes de Pakistán. El 20 de abril de 2015, el gobierno firmó con China el Corredor Económico Pakistán-China (CEPC); un plan para la construcción de una red de infraestructuras de transporte y energéticas que puede mejorar la deficitaria provisión de electricidad de Pakistán. Pero lo que debería ser una oportunidad para todo el país está agravando el conflicto existente con la insurgencia en la provincia de Baluchistán. Desde la firma del CEPC, el ejército pakistaní ha lanzado la mayor ofensiva militar de los últimos años, cuyas consecuencias se desconocen, debido al vacío informativo impuesto.

Las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales (Pakistan Human Rights Commission, Human Rights Watch y Amnistía Internacional) han documentado casos de violaciones de derechos humanos en la provincia, la mayoría cometidos por las fuerzas armadas. Las denuncias de desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales son demasiado numerosas. El gobierno civil se muestra incapaz de controlar a las fuerzas de seguridad, que justifican su brutalidad bajo el paraguas de la lucha antiterrorista. Asimismo, el control de los medios de comunicación y la propaganda contra el nacionalismo baluchi ha difundido la idea de que tras esta insurgencia se encuentran los gobiernos de India y Afganistán, lo cual pretende justificar la represión ante los ojos de la población.

A lo largo de la historia, las raíces del conflicto de Baluchistán han sido fundamentalmente dos: el no reconocimiento de la autonomía provincial y la extracción de recursos sin repartir la riqueza generada. Baluchistán ocupa el 43% del territorio de Pakistán, pero se estima que su población está en torno al 5%. La orografía de la provincia es árida, con poca tierra cultivable, pero llena de recursos minerales y…