INFORME SEMANAL - ISPE 983. 25 abril 2016
#ISPE: El viacrucis de Dilma Rousseff
La rotunda votación de la Cámara de Diputados (367/137) a favor del impeachment a Dilma Rousseff no es el final de su gobierno, pero casi. El Senado aún debe dar luz verde al proceso y después votar su destitución. Por lo menos 41 de los 81 senadores tendrán que dar ese primer paso y entonces se abrirá el juicio político. Entre la aceptación de la Cámara del impeachment hasta la votación final, la presidenta deberá dejar el poder temporalmente, un lapso que puede durar hasta seis meses.
La batalla en el Senado se librará entre el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados y la oposición, encabezada por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), hasta hace poco socio del PT. El paladín del PT en ese duelo será Luiz Inácio Lula da Silva, su alfil supremo, y el del PMDB el vicepresidente Michel Temer, que asumiría la presidencia mientras prosiga el juicio político. El PMDB tiene 17 senadores mientras que su actual aliado, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tiene 16. El PT apenas cuenta con ocho, por lo que el destino de Rousseff parece sellado, aunque solo sea por el hecho de que nadie cree que pueda gobernar con una mínima eficacia en los 32 meses que le quedan de mandato.
El impeachment es un procedimiento constitucional supervisado por el Tribunal Supremo Federal, pero dado que se están utilizando argumentos jurídicamente endebles para sacarlo adelante –irregularidades contables en la elaboración del presupuesto, algo que difícilmente entra en los “delitos de responsabilidad” contemplados en la Constitución–, el PT sostiene que se trata de un “golpe de Estado parlamentario”, lo que muestra el carácter traumático que ha adquirido el proceso pese a que el 60-70% de los brasileños lo apoya.
De hecho, uno a uno los diputados brasileños que votaron el 17 de abril dieron las razones más inverosímiles para aprobar el juicio: el 33% lo hizo en nombre de Dios, el 36% de la familia, el 25% por Brasil y uno incluso lo hizo por el golpe de Estado de 1964.
Desde la recuperación de la democracia en 1984, el éxito de un gobierno en Brasil ha dependido de la capacidad de un presidente para entablar alianzas en el Congreso, que hoy, con sus 25 partidos, es el más fragmentado del mundo. Rousseff organizó su gabinete con 39 ministros de 10 partidos distintos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Hoy el PT tiene 58 diputados sobre 513: sin sus aliados no es nada. Y Rousseff nunca logró manejarse en ese sistema por su escaso tacto político y aspereza en el trato personal.
Pero las principales razones políticas y económicas del fracaso de su gobierno son estructurales. El PMDB, que fue aliado del PSDB y luego aliado pasivo y activo del PT, es un partido sin ideología que cogobernó mientras pudo obtener ventajas y dejó de hacerlo cuando comenzó la crisis.
El PT, desprestigiado por su implicación en la trama corrupta de Petrobras, no tiene ya medios ni ideas para salir de la recesión, la más dura desde 1992, el año del impeachment de Fernando Collor de Mello. La suma de corrupción y recesión ha sido fatal para Rousseff. En otras circunstancias, la tolerancia de los brasileños hacia la corrupción de la clase política –hoy un 60% de los congresistas federales está siendo investigado– no habría dejado que las cosas llegaran tan lejos. Pero la “hipercorrupción” sacada a la luz pública por la operación Lava Jato, ha volatilizado los avances logrados durante los dos periodos de Lula y revelado la fragilidad de su modelo de desarrollo.
La proporción de las materias primas en las exportaciones pasó del 46 al 67% entre 2000 y 2015 mientras que la participación de la industria en el PIB cayó del 18% en 2004 al 9% en 2015. El gasto público equivale al 41% del PIB, una cifra similar a la de Alemania, en un país cuya renta per cápita es el 16% de la de EEUU. La presión fiscal es del 35%, la más alta de los mercados emergentes. En los últimos 15 años el coste de las pensiones ha aumentado del 3 al 7% del PIB. Lo que está en juicio, por ello, no es un gobierno, sino un sistema.
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